Nuevamente los procuradores hacen noticia. Tal parece que el figuretismo y la publicidad son parte esencial de su quehacer.  Por otro lado, resulta candoroso escuchar a un siempre mediático exprocurador reclamar que las defenestradas procuradoras no dieron la talla porque habían sido nombradas por el dedito de la Ministra de Justicia, sin haber ganado concurso alguno, cuando él mismo, y todos sus sucesores igualmente mediáticos, también figurettis y también marketeros de su carrera abogadil -con defensas y asesorías privadas- con el “título” de “ex procurador anticorrupción”, bajo cuyo paraguas opinan, denuestan, pontifican y determinan lo que está más allá del bien y del mal, quienes son los buenos (ellos) y quienes los malos (los otros).

Dos son los temas que enfrenta la problemática de los procuradores públicos: (i) muchos creen que son “autoridades públicas”, como los jueces y fiscales (que sí hacen carrera pública, ingresan por concurso público y tienen un nombramiento de la nación), cuando no son más que funcionarios públicos son nombrados para la defensa judicial del Estado, cualquiera sea su materia (civil, penal, administrativo, arbitral, etc.); y, (ii) ser designados, todos ellos, a dedo, sin concurso de méritos, muchas veces donde los patas llaman a sus patas, o  sus socios, como en el caso del candoroso exprocurador.  Entonces se presenta una contradicción: exigen públicamente que los altos cargos del Estado sean provistos por concurso, pero ellos entran por la puerta falsa.  El doble estándar o la doble moral.

Así como hay un exfiscal superior que habla como bueno marketeándose como exfiscal supremo, cuando jamás recibió tal título del Consejo Nacional de la Magistratura al reprobar su examen de conocimientos, hay una magistrada que pasa por severa y carcelera que jamás ha logrado aprobar un examen de ascenso; así también hay funcionarios públicos que sin mérito alguno que acceden a cargos sensibles para los cuales ni están preparados, ni dan la talla suficiente. Por eso suplen sus falencias con el escandalete público, con conferencias de prensa, con la alimentación mediática, con el denuesto hacia sus ex jefes. Dime de que te jactas en público y te diré de qué careces.

Mucho habrá de costarle a la Ministra de Justicia la irreversible decisión que ha tomado.  Pero no debe olvidar que élla misma causó esta situación al nombrar sin concurso a quien evidentemente no era leal, permitiendo que se nombre a otros procuradores(as) sin concurso de méritos y, quizás por ello mismo, sin merecerlo y sin las cualidades necesarias para esos puestos públicos tan sensibles.

De manera explosiva en la política peruana, se ha ordenado la detención preventiva (o provisional) del exPresidente OHT y de su -no menos influyente-  cónyuge dentro de un proceso judicial, antes de que se cumpla un año de haber dejado las mieles del poder.  La pregunta es si tal medida es razonablemente justificada, criterio diferente de la evaluación política e, inclusive, de la mediática.

La detención durante un proceso penal, o antes de este, es una típica medida cautelar que tiene por finalidad asegurar que el objetivo del proceso se cumpla verdaderamente, que no se diluya por el paso del tiempo –inevitable insumo en todo proceso- obviando que su dilación traiga abajo su finalidad: la represión y justa sanción por hechos probados considerados como delitos.

Es una excepción al principio constitucional de que nadie es culpable hasta que no reciba una sentencia firme en que se ratifique esa culpabilidad y al derecho a asistir en libertad al proceso hasta que no haya condena final.  ¿Qué justifica esa excepcionalidad?  La propia ley responde señalando que tienen que conjugarse  tres elementos esenciales: (i) pronóstico de pena mayor a 4 años de prisión efectiva por la gravedad de los hechos y el aporte probatorio, (ii) pronóstico de fuga para eludir el fin de la justicia,  y (iii) posibilidad de afectar el bagaje probatorio del proceso.

Hemos escuchado que hay graves y posiblemente contundentes pruebas en otro proceso penal que han sido extrapoladas a esta investigación haciéndose una simple inferencia: si en el otro proceso se alteraron pruebas, es posible que en este también. Pero lo que no resiste ningún análisis serio es que se diga que hay obstrucción a la justicia porque se faltó a una citación fiscal, cuando la ley permite solicitar reprogramación.  Tampoco es sostenible que se alegue que hay “peligro de fuga” porque el procesado da poder para permitir el viaje de 2 de sus 3 hijos (el poder es un acto lícito de representación normado por el código civil) ni,  menos aún, que el viaje de estudios de dos hijos sea un razonable pronóstico de fuga, cuando los actos de los menores no son punibles y los actos de educación de esos menores no pueden tomarse en perjuicio de los padres. Menos aún el que los menores hijos tengan ahorros con sumas de dinero para garantizar sus estudios superiores.  Y, ciertamente, ni el fiscal ni el juez aludieron a la situación del tercero de los hijos, ni se sabe qué pasará cuando las hijas, pretexto de la supuesta fuga, regresen en agosto.

Si bien los Fiscales justifican su accionar en la necesaria interdicción de la impunidad y el principio de la igualdad ante la ley, eso no habilita a que se proceda contra el principio de interdicción de la arbitrariedad ya sancionado por el Tribunal Constitucional.

(Foto: Trome)

Finalmente la lideresa de la mayoría parlamentaria de oposición y el Presidente se reunirán a conversar sobre los altos intereses del Estado, ante una evidente situación de entrampamiento en el gobierno motivado por el resultado electoral: por un lado el resultado mismo en la segunda vuelta donde la lideresa perdiera la presidencia por muy poco; y, por el otro, el que por ello la lideresa obtuviera una abrumadora mayoría en el Congreso y PPK una magra y variopinta representación.  La primera es cerrada y monolítica y la segunda más bien dispersa, con más ganas de figuretear en el Ejecutivo que trabajar en el Congreso.

Hace mucho tiempo que diversos analistas reclamaban casi unánimemente ese necesario diálogo.  Tuvieron caer de tres ministros por efecto de esa mayoría (el cuarto renunció por amor) y amenazar al propio premier por las indignas grabaciones del defenestrado exContralor, para que los actores políticos decidieran hacer aquello que en una democracia representativa es esencial: conversar, dialogar, pactar. Es decir, ponerse de acuerdo sobre aquello que son los altos intereses de la Nación, cuya representación todos claman pero que en verdad está verdaderamente desplazada por las inquinas personales, por las filias y las fobias que abundan en la política.

Habla bien de la lideresa el haber tomado la iniciativa ganándole la mano a PPK, a pesar de que sus ayayeros hayan querido minimizar ese acto.  Habla mal de PPK el no haber anticipado la jugada y el evidente hecho de que su principal interlocutor político –el premier- sea en verdad peso ligero en la política peruana y no haya logrado los necesarios vasos comunicantes con la mayoría de la oposición, sumado al hecho de que la minoría en el congreso no ha ayudado para nada, antes bien, se la ha puesto muy difícil.

Qué se puede esperar de su resultado: nada malo, pues si no pasa nada, del piso no pasaremos. Nada cambiará y seguiremos cuesta abajo.  Por el contrario, todo lo que se logre será ganancia absoluta.  Ojalá que los principales líderes del país estén lúcidos para aprovechar del mejor modo la oportunidad que se ha abierto.

El pronóstico es reservado. Ha sido perturbador e impertinente de parte y parte mezclar el tema con el malhadado indulto presidencial para AFF, tanto por quienes lo imploran como por quienes lo manosean en diversas formas y estilos.  La última, el eufemismo de PPK para referirse al indulto llamándolo “perdón médico” que muy prestigiados galenos harían en 6 meses(¿?).  Ni los médicos están para perdonar nada, ni famosos galenos tendrían que tardar tanto para un verdadero diagnóstico.  Nada sabe bien si PPK carece de verdaderos asesores, o si teniéndolos simplemente no les hace caso.

(Foto: Presidencia)

Los vaivenes del pretendido indulto para AFF es un verdadero parteaguas en la política nacional que ha divido al país en partes iguales: que abogan por el indulto –humanitario o no- y los que se niegan a aceptarlo alguno llamando a las calles a la protesta general.  Desde la carta abierta de un artista plástico, hasta la comunes opiniones de comunicadores sociales.  Desde el ruego de la familia (o la imposición, según se vea), pasando por los prematuros agradecimientos de júnior, hasta la cerrazón absoluta de quienes creen que lo correcto es que AFF entregue lo que le queda de vida al servicio de su prisión.

Es este crispado contexto, hasta se ha recordado al expresidente Leguía, muerto en prisión preventiva antes de que comparecer a su ajusticiamiento. PPK se encuentra en una encrucijada política: si concede el indulto, es posible que logre una mayor gobernabilidad, el abuenamiento con la mayoritaria bancada de oposición que le tiene a mal traer, recibiendo aire fresco para su alicaído gobierno. A contramano, se embroncará con el sector oenegero, los defensores de DDHH y con los medios de comunicación antifujimoristas. Se le irá la MINJUS.

Como ya se había previsto, tal indulto será judicialmente cuestionado,  cuando no directamente acusado a la Corte Interamericana de DDHH señalándosele el ser una contravención a las sentencias de “La Cantuta” y “Barrios Altos”, de manera que el asunto llegaría, en una suerte de per saltum, directo y sin escalas al tribunal supranacional.  Su resultado: pronóstico reservado,  ya que nunca sabríamos cuál sería la posición final de la CIDDHH, sobre todo cuando el gobierno de AFF, y sus asesores, enemigos acérrimos de la CIDDHH.  El riesgo sería que por sentencia judicial, o internacional, se anule el indulto y se ordene nuevamente el encarcelamiento del indultado, con el descrédito político del indultante. Pero si se alegase con inteligencia, tal vez la papeleta pueda ser salvada en la CIDDHH.

Chile recién ha autorizado el juzgamiento de AFF por delitos de lesa humanidad. Si eso es así: ¿Cómo pudo condenársele por esos delitos hace más de 10 años cuando tal autorización no existía?

La otra posibilidad –como lo habíamos adelantado- es que el gobierno haga la consulta a la propia CIDDHH, pues esa es una de sus competencias, sujetándose a lo que esta opine en forma vinculante: si dice que sí, será sí y todo el mundo acatará; y si dice no, pues será no, y estará fuera de las manos de PPK.

Esta dicotomía enfrenta, desde el punto de vista moral, entre lo justo en un Estado de derecho y la misericordia como intenso valor cristiano de compadecimiento con el dolor ajeno y su correlato en el perdón. Es una opción absoluta pues entre lo uno y la otra no hay punto medio.

Se produjo la irremisible renuncia del ex ministro Thorne luego de que el Congreso le rehusara la cuestión de confianza solicitada.  Fue la mejor manera, dentro de lo malo, de cumplir con la papeleta luego de que la censura era una amenaza inminente a raíz del traspié político incurrido en la celada del Contralor General de la República al grabar traicioneramente su conversación y luego propalarla en la prensa.

El Congreso podría haberle perdonado el evidente error. Sin duda. No era un tema cualitativo sino un tema cuantitativo: cantidad de votos.  El gobierno, sus ministros y asesores no han terminado de asimilar que tienen una clamorosa minoría que es –además- dispersa, variopinta y desunida por los más disímiles intereses.  Así jamás podrían pasar con éxito por las horcas caudinas del Congreso.

Fagocitado Thorne, momentáneamente el Congreso se ha dado por satisfecho y el Ejecutivo ha sentido que le han birlado dos alfiles (Saavedra y Vizcarra), un peón (González) y una reina (Thorne). Ciertamente el tablero político no pinta bien y la estrategia debería redirigirse en 360 grados si es que no quieren acercarse al jaque mate antes del tiempo reglamentario.

Así como fue desleal inaugurar restaurantes privados la víspera de la interpelación a Saavedra, ha sido clamorosa la ausencia de uno de los aúlicos voceros del ppkausismo, que ni siquiera se asomó a la votar en el Congreso. Así, jamás Thorne tendría ninguna oportunidad.

La mayoría en el Congreso le ha mostrado el músculo al Gobierno.  Ha demostrado que ese músculo no duerme.  Y ha evidenciado que pretende usar ese músculo durante todo el periodo de este Gobierno, lo que casi podría llevarle a la inacción absoluta, la crisis política, económica y el favorecimiento de condiciones absurdas para el 2021 para que termine favorecido un outsider de izquierda y, como el cangrejo, volver a retroceder otros veinticinco años. Y, de nuevo, volver a empezar.

En la mayoría del Congreso la inicial idea de compartir las responsabilidades de gobierno en el Ejecutivo ha sido descartada absolutamente. Pero, ello que puede ser un cálculo político partidario, puede terminar afectando a todo el país en su conjunto.

Sin embargo, es aún tarea pendiente el tender los necesarios puentes de entendimiento básico entre Ejecutivo-Legislativo. Se requieren de hábiles líderes políticos con verdadero liderazgo (no con frases altisonantes o insultantes que se consideren “inteligentes”). De no hacerse, seguiremos asistiendo a la tómbola política en que el juego de “tumbalatas” se irá trayendo abajo, uno a uno, a sus ministros.