Se ha reiterado desde el Tribunal Constitucional (TC) una grave anormalidad: cuando un magistrado ve perdida la votación de un caso en el Pleno, la filtra a la prensa al lado de su voto discrepante con la finalidad de que sus colegas arruguen y cambien su voto motivados en las tres razones del Oidor.
El año pasado, en un caso tributario entre la todopoderosa administración tributaria (que tiene por especialidad ahorcar a los contribuyentes al llamado de combatir la evasión) y dos universidades privadas, su votación fue filtrada junto con el voto discrepante de su autora. Lo curioso de aquello es que la fundamentación discrepante no solo rebatía punto por punto a la mayoría, contrariando el sentido lógico del caso, pareciendo más un alegato de defensa del perdedor, sino que sin ambages censuraba, denostaba y acusaba el proceder de sus colegas que tenían una posición mayoritaria en el TC.
Eso motivó la protesta de sus colegas y no faltó quien -sintiéndose legítimamente agraviado- solicitase una sanción. Finalmente la sangre no llegó al río, la magistrada morigeró su posición retirando los agravios y el ofendido recibió excusas. A continuación, retiró su pedido de sanción.
Ahora ha ocurrido lo mismo: se vota en el TC un caso tributario entre el inefable ente tributario y un Banco por la devolución de más de 400 millones de soles que indebidamente le hizo desembolsar hace muchos años. Corresponde su devolución porque fue una exacción confiscatoria amparada en poderes casi omnímodos del ente tributario. Perdida la votación, nuevamente se filtra el tema a la prensa y se llama a escándalo acusándoseles de “regalarle” dinero que sería del Estado y de todos los peruanos.
Ciertamente este es un proceder pernicioso y perverso: lo que no se logra democráticamente en el Pleno del más alto tribunal de la constitucionalidad, se pretende lograr al susto con graves acusaciones antojadizas. El problema es que la deuda inventada era originalmente diez veces menor, a la cual se llega por la sumatoria de “intereses moratorios” generados por la propia demora del ente tributario. Es decir, yo me demoro, tú me pagas. Más me demoro, más me pagas. Por lo tanto el negocio está en demorar para lograr una mayor recaudación. Y cuando el sistema jurídico-constitucional corrige tan grave anomalía que afecta a todo el sistema económico, se acusará los magistrados de estar vendidos a los ciudadanos, o las empresas, tan solo por hacer aquello que la ley y la Constitución indican hacer. El mundo al revés.
