Estando ad-portas de un nuevo proceso eleccionario previsto para el primer cuatrimestre del próximo año, la lucha política se ha encarnizado mucho más, y se está volviendo un cachascán de todos contra todos, donde lo que abunda son acusaciones y, ciertamente, la judicialización de la política.  En defecto de la Fiscalía o del Poder Judicial, saltan de inmediato las comisiones investigadoras de los unos contra los otros, procurándose con ello posicionarse del mejor modo ante el futuro electorado y lograr su favor político en el resultado eleccionario.

Sin embargo, hay cosas que no vemos: (i) Se debe hacer todo lo posible para que todo el estamento político del Estado garantice elecciones limpias, libres, democráticas y trasparentes.  Estamos trabajando en todos los frentes, menos en ese; (ii)  Se deben crear las condiciones necesarias para que desde el estamento del gobierno ese resultado electoral se respete de modo pleno, bien sea en la primera vuelta, bien sea en la segunda; (iii) Se debe llegar a un acuerdo, o consenso mínimo, de que el mandato presidencial concluya al medio día del 28 de julio de 2016, ni un minuto antes y ni un minuto después; y, (iv) Se deben crear las condiciones necesarias –con los acuerdo suficientes- para que la banda presidencial se entregue ese 28 de julio quien resulte elegido por la mayoría del electorado, sea quien sea, como manda la Constitución y las bases esenciales de una democracia representativa.

Parece que no nos damos cuenta de la situación en la que estamos, del bienestar y regularidad constitucional que se ha alcanzado, al punto que a veces, en esta lucha fratricida y cainita quisiéramos echar todo por la borda y volver a épocas pasadas de autoritarismos, golpes de Estado, paros nacionales, huelgas indefinidas y conflictos sociales permanentes (sin hablar del terrorismo).  Y no reparamos que si el año que viene se produce –como quisiéramos y como debe hacerse- el recambio constitucional, institucional y democrático a un nuevo presidente de la república, sería la primera vez en la historia del Perú que habríamos logrado una cuarta alternancia constitucional consecutiva, sin que en más de 20 años se haya presentado –felizmente- ninguna interrupción antidemocrática o autoritaria o ilegítima que se haya pretendido dar al margen de la Constitución.  Si el actual gobierno cumple su mandato, serían 20 años de normalidad constitucional consecutiva, más el año de gobierno transitorio del presidente Paniagua.  Algo inédito en nuestra república. No es poca cosa.

Sin embargo,  a veces parecemos cangrejos.  Nos esforzamos en ir hacia atrás y en tratar de destruirnos los unos a los otros.  Si no tienes con qué atacar, inventa una denuncia, promueve a un fiscal, moviliza a un juez o crea una comisión investigadora, y de ese modo vas haciendo la política.  Y cuando uno pretende defenderse, un naif sale con el “manual del culpable” con el que se impide el derecho de defensa, que es un derecho fundamental.  El mensaje es escalofriante: todos somos presuntos culpables y todos deberemos probar nuestra inocencia y, para eso, deberemos dejarnos apabullar por la arbitrariedad de las autoridades –por venales, por poco preparadas o simplemente por prepotentes en el ejercicio de su poder- por que cuando utilicemos las herramientas que el derecho constitucional y los derechos humanos nos dan, seremos acusados de ser más culpables y la presunción correrá en nuestra contra. Para demostrar nuestra inocencia, deberemos dejarnos aplastar y hasta purgar carcelería, con todo el daño y oprobio que eso conlleva, ya que eso es lo que se espera de uno y eso sería lo “políticamente correcto”.  Es mensaje no solo peca de antijurídico, sino que es inmoral desde la óptica del derecho e, inclusive, desde el cristianismo.

Necesitamos empatar nuestro desarrollo económico, tecnológico, social y cultural con un necesarísimo desarrollo político, de evolución política en todos los lados, en todos los bandos y en todos los lares, sin excepción.  Lo que es bueno para uno, debería ser bueno para todos y no solo para algunos.  “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley” se dijo con cinismo desde principios del Siglo XX. La moral no debería tener doblez y debería ser entera.  Sin diálogo, sin una mínima concertación para nuestra convivencia nacional, nunca llegaremos lejos, ni nos perfilaremos como la gran nación que el Perú exige.