Contra viento y marea la nueva ley universitaria se ha aprobado por escaso margen en el Congreso de la República. Está pendiente de promulgación por el Presidente de la República. Ya hemos dicho que no deja de ser curioso que un ex militar haya sido su principal impulsor desde la Comisión de Educación del Congreso, y que para ello haya contado con el respaldo y socorro de la bancada oficialista que da soporte al Gobierno, presidido por otro militar.
Llama la atención que, al final, hayan sido los ex militares los que, con una visión vertical, pretendan hacer la necesaria reforma del sistema de la universidad peruana. Por eso el título de esta colaboración, parafraseando la célebre frase ¡Qué me mira, cadete….! de la película “La ciudad y los perros”. Dicho sea al paso, tal frase no se encuentra en el texto de la novela de Mario Vargas Llosa, pero quedó inmortalizada en el guión de la película basada en la misma. Algunos la han buscado infructuosamente en el libro, sin hallarla. Esa frase no corresponde al libro, sino a la disciplina cotidiana en el Colegio Militar Leoncio Prado, cuando los cadetes estén en formación, y lo más probable que haya saltado al guión por iniciativa del “Jaguar”, magistralmente interpretada por Juan Manuel Ochoa, quien transitara por el Colegio Militar en la XIX promoción (1972-1974).
Nadie duda que parte del sistema universitario esté colapsado, y que requiere de una reforma urgente. De lo que se duda es que esta sea la reforma que se necesita, y que de pronto el remedio no sea peor que la enfermedad.
Por ejemplo, la Superintendencia con que se quiere reemplazar a la Asamblea Nacional de Rectores ha sido ubicada como apéndice del Ministerio de Educación; es decir, como parte del Poder Ejecutivo, lo que colisiona frontalmente con la autonomía que la Constitución reserva para la universidad. El pretexto es que el Tribunal Constitucional había sugerido que se creara tal Superintendencia, lo que es verdad, pero lo que el Gral. Mora no ha querido entender es que el Tribunal Constitucional no había dicho, ni sugerido, que la misma sea parte del Poder Ejecutivo. Ese es un exceso de su directa autoría.
Se ha consagrado el grave peligro de llevar el sufragio universal a todas las universidades para la elección de sus máximas autoridades, ya no bajo el actual sistema de colegios electorales o de representación electoral, sino por un sistema general en aras de su presunta democratización. El actual sistema garantiza una democracia esencial en la universidad, la representatividad proporcional de los estudiantes y sus profesores y aleja la posibilidad de que los movimientos de extrema izquierda (sobre todo en las universidades nacionales) las tomen por asalto trocándolas en bastiones de los movimientos terroristas que perviven aletargados y que no han sido aún del todo erradicados. En el mejor de los casos, convertirá a los candidatos a rectores en dependientes de la masa estudiantil y de la politiquería que tanto daño hace a nuestra sociedad.
La universidad no se mueve sin dudas ni murmuraciones. Todo lo contrario, avanza con dudas y murmuraciones permanentes que es lo que la necesidad de investigación y el saber científico impulsa la creatividad todos los días. Esa es la clave de lo que es una universidad democrática, libertaria y que irradie su saber a la comunidad en la formación de sus mejores cuadros profesionales, con el liderazgo en la investigación y con el desarrollo su potencial de creatividad.
Es difícil esperar que el Presidente de la República observe (mediante el veto parcial que la Constitución le reserva como privilegio), y que con ello fuerce a que el Congreso de la República repiense, re-debata y vuelva a votar la misma con un mayor consenso y discusión, sobre todo superando los impasses constitucionales que frontalmente le afectan. Quedará, entonces, la esperanza de que el actual Tribunal Constitucional, recientemente renovado, acoja la inmediata Acción de Inconstitucionalidad contra esta malhadada ley y corrija los excesos con los que ha sido lamentablemente aprobada. Para bien de nuestra democracia, la Constitución le pone al Congreso ese control constitucional como necesario contrapeso.