Giovanni Berti es Coordinador de la Comisión Nacional de Desarrollo de El Salvador y distinguido colaborador de varios Medios de Comunicación

Existe una percepción bastante generalizada entre la población de que la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos se ha convertido en la regla general, en el comportamiento común y en el modo de ser de la mayoría de funcionarios públicos. Esto es sumamente peligroso, porque al mismo tiempo que genera impunidad estimula, en otros, los deseos de aprovechar sus posiciones de poder para hacer crecer su patrimonio, aún a costa de lo ajeno.
También existe la idea de que la justicia sólo funciona para sancionar al pobre, al pequeño, al que no posee conexiones o influencias que puedan servirle de tabla de salvación. Si bien es cierto que el show mediático montado alrededor del ex presidente de ANDA sirvió para calmar algunas voces que pregonaban por una justicia más equitativa, también es cierto que una sola golondrina no hace verano, y que desde entonces el interés por asegurar el uso probo y eficiente de los recursos públicos ha dejado de ser una prioridad entre nuestros gobernantes.
El fenómeno de la corrupción y del abuso del poder, especialmente en el desempeño de las funciones públicas, se ha convertido en un auténtico cáncer social, en una de las principales debilidades de nuestro sistema político, en la mayor flaqueza de la estructura institucional del país y, como consecuencia, en el peor lastre de nuestro proceso de desarrollo. Dicho de manera sencilla, la falta de ética en el ejercicio del poder genera mucha desconfianza social, y este sentimiento de desconfianza puede terminar siendo muy dañino para la consolidación de la democracia.
El abuso del poder no tiene que ver únicamente con la sustracción ilegal de fondos públicos. En ocasiones, el solo hecho de conducir un automóvil con placas nacionales durante el fin de semana o esconderse en el fuero constitucional para atentar contra el honor de otros ciudadanos, son mensajes suficientemente peligrosos para poner en entredicho la dignidad y honestidad de nuestra clase gobernante. Con estas actitudes, los dirigentes y líderes políticos nos están diciendo que se puede actuar fuera de la ley sin que esto genere algún tipo de castigo o consecuencia negativa; y nos están llevando a hacernos una pregunta tan simple como aterradora: si lo hacen ellos ¿nosotros, porque no?
A todos los buenos salvadoreños nos debe interesar revertir esta tendencia degradante y crear el escenario para que tengamos un auténtico Estado de Derecho, con condiciones y oportunidades para todos, en un ambiente de legalidad y honestidad, donde todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley y donde la ética y el poder pueda coexistir de manera armoniosa en función del bien social.
Pero en este contexto electoral, a quien más debería interesarles la recuperación de la dignidad de la función pública, es precisamente a quienes aspiran a ocupar esas posiciones de poder durante los próximos 3 o 5 años. Sus cargos, sean de elección popular o por nombramiento, provienen del pueblo y su ejercicio está delimitado por la ley. Por lo tanto su primera tarea es respetarla y adecuar sus actuaciones a los requerimientos éticos.
Lamentablemente esto no está sucediendo. El uso de recursos municipales para apoyar actividades proselitistas, los crecientes rumores que al menos una parte de la campaña del partido oficial está siendo financiada con fondos públicos, y la negativa de todos los partidos a transparentar el origen de los fondos de campaña, son señales que generan poca confianza entre los votantes y nos llevan a dudar sobre el concepto de cambio que todos nos quieren vender. El poder, y las atribuciones que este les confiere, pueden perder su legitimidad si no son ejercidos éticamente, y esto es algo que no deben olvidar quienes pretenden gobernarnos.
Al final de cuentas el cambio, el verdadero cambio, nace del interior de los seres humanos y de su absoluta convicción de que sus actuaciones deben estar siempre guiadas por su compromiso con la ética y con el ejercicio justo del poder. De lo contrario, podrá o no cambiar el partido en el gobierno, pero la desconfianza en la autoridad, el desprestigio de la función pública y la tentación de emular la corrupción oficial seguirán permeando las percepciones ciudadanas en detrimento de la democracia y de la estabilidad social.
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