El Gobierno español aprobará sus medidas anticorrupción y la reforma del Código Penal este viernes

Aquí y allá: en un país por muchas medidas que se tomen, si no cambia el modo de comportarse de la gente no pasará nada, no es cuestión de medidas sino de actitud. Eso es más ADN público que otra cosa. La noticia es interesante y demuestra que es una situación que se presenta en todos lados.

Asimismo, la Ley de Transparencia será sujeta a modificaciones por el financiamiento de los partidos políticos.

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Mariano Rajoy y Vicepresidenta española Soraya Saenz de Santamaría

 

El Consejo de Ministros tramitará este viernes el informe con las medidas que el Gobierno pretende poner en marcha para hacer frente a la corrupción y que espera consensuar con los grupos, y aprobará los proyectos de ley de reforma del Código Penal y del sector eléctrico.

La reunión del Gabinete estará presidida por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y a ella asistirán todos sus miembros excepto la titular de Fomento, Ana Pastor, quien se encuentra de viaje oficial en Panamá.

El informe para la regeneración democrática, redactado por la comisión de expertos creada al efecto, incluye unas cuarenta iniciativas contra la corrupción que conllevan la modificación de diez leyes y responde al anuncio realizado por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, en el último debate sobre el estado de la nación.

El Gobierno prevé una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que dotará de más medios al Tribunal de Cuentas para desarrollar su labor y regulará la gestión de los tesoreros de los partidos.

Además, habrá una ley reguladora del ejercicio de las funciones públicas que creará un Estatuto del Cargo Público que regule el ejercicio y las funciones de los políticos y que incluirá un control de sus declaraciones patrimoniales.

También se pretende una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los procedimientos y, con ello, la persecución de los delitos de corrupción, y una ley de Contratos del Sector Público para introducir mayores controles en la contratación con la administración pública.

El Gobierno ha emplazado a la oposición a negociar estas medidas y espera que el PSOE rectifique su negativa a llegar a acuerdos con el Ejecutivo.

Reforma del Código Penal
Algunas de las iniciativas para la regeneración democrática, como el endurecimiento de las penas por corrupción y la creación de un nuevo delito de financiación ilegal de partidos, estarán incluidas en el proyecto de ley de Código Penal que también está previsto que hoy apruebe el Consejo de Ministros.

Pero esta reforma implica modificaciones más allá del ámbito de la corrupción, como el agravamiento de las penas por provocar incendios forestales y el establecimiento de la figura de la prisión permanente revisable.

Esta nueva pena podrá ser impuesta únicamente en supuestos como asesinatos especialmente graves, homicidio del jefe del Estado o de su heredero o de jefes de Estado extranjeros, y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad.

La prisión permanente revisable no supone la renuncia a la reinserción del penado, según el Ministerio de Justicia, ya que una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal deberá valorar de nuevo las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal.

También se prevé que el nuevo Código Penal aumente las penas por piratería y que la edad mínima del consentimiento sexual quede fijada en 16 años (actualmente está en los 13).

Proyecto de ley del sector eléctrico
Además, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley del sector eléctrico, que incluye un ajuste de 4.500 millones de euros.

La disminución de esa cantidad provendrá de un ajuste de 2.700 millones de euros procedentes de la reducción de costes de las actividades reguladas (transporte, distribución y retribución a las renovables), 900 millones se fijarán en los próximos presupuestos generales del Estado y otros 900 provendrán de los peajes.

El Gobierno aprobará igualmente hoy la tarjeta sanitaria única individual e interoperable, que permitirá la identificación del paciente en todo el territorio nacional, según acordaron en su día el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

En: rtve

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Ley del Servicio Civil no busca despidos, reitera ministra de Trabajo

Es necesario un reordenamiento o reforma de las reglas de empleo público peruano, pues el país ha crecido a pesar de no tener las mejores instituciones ni un personal verdaderamente calificado para afrontar ese crecimiento económico.

Ello con la finalidad de hacerlo más eficiente tanto en capacidad para atraer inversiones, de gasto y fiscalización en los distintos ámbitos, entre los que se encuentra primordialmente la ciudadanía, que demandan un bien o servicio de calidad por parte del Estado.

No se puede duplicar o triplicar la riqueza y el bienestar del país si no se asume el desafío de elevar la calidad de las instituciones públicas y su personal, que son las que permiten que las inversiones operen con calidad, eficiencia y transparencia. Es necesaria una urgente reforma del Estado, este es un asunto neurálgico que ha tenido varios intentos de reforma sin éxito desde hace 20 años. Esta es la oportunidad para el país.

Sin las personas correctas no se podrá avanzar, así tengamos las mejores leyes, por eso debe exigirse la Meritocrácia en el ingreso, la evaluación de desempeño y la capacitación permanente del trabajador, el incremento de sus salarios, remuneraciones que sean traducidas en jubilaciones justas y rentables al momento de su retiro, etc.

Se debe garantizar la coexistencia de los derechos y deberes del trabajador público en un sistema ordenado que genere un buen servicio al ciudadano, con un personal que tenga una verdadera vocación de servicio y demuestre capacidad e institucionalidad acorde con el contexto económico que estamos viviendo.

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“Se apunta a un reordenamiento y buscar eficiencia en el servicio”, subrayó Nancy Laos

La ministra de Trabajo, Nancy Laos, reiteró que el proyecto de Ley del Servicio Civil no busca reducir personal, ni despidos, sino reordenar los diferentes regímenes laborales en la administración estatal para mejorar los beneficios para quienes no lo tienen.

“Lo importante es que se entienda que con esta reforma del Estado no se apunta a que haya despidos, la norma no contiene ninguna posibilidad de salida, ni incentivos de renuncias, nada. Se apunta a un reordenamiento y buscar eficiencia en el servicio”, subrayó.

Refirió que en la administración pública coexisten tres regímenes laborales, los decretos legislativos 276, 728 y el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con remuneraciones diferentes, situación que no genera el mejor clima para trabajar, porque genera enfrentamiento y desigualdades.

AVAL DEL MEF
Asimismo, la titular de Trabajo señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) avala la reforma del Estado y le da la sostenibilidad a través de un equilibrio presupuestario, con una etapa progresiva en un plazo de siete años.

“Se prevé que por lo menos debe requerirse unos tres mil millones (de soles), es un tema con una progresividad que es la que necesitamos, para darle la sostenibilidad” declaró en Canal N.

Indicó que la escala salarial todavía no está definida, y que esta va a ser aprobada técnicamente por Servir, se busca que las remuneraciones estén acorde con el talento y que el personal no se vaya a la actividad privada.

“No podemos desperdiciar esta oportunidad de tener finalmente una carrera civil ordenada, que la ciudadanía además reclama para tener una calidad de servicio en el Estado” subrayó. En ese sentido, señaló que el 84 por ciento de la población apoya el proyecto de la Ley del Servicio Civil, según encuestas realizadas.

Además, indicó que se trata de un proyecto sumamente técnico, elaborado durante un año por una comisión multisectorial con expertos de las Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de Servir, y aportes de académicos nacionales e internacionales.

En: Elcomercio

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Un 84% aprueba que la meritocracia se aplique a trabajadores del Estado

Encuesta de Ipsos Perú reveló que el 62% considera que la ley de servicio civil debe defender a los trabajadores

Poco más de la tercera parte de la población en el Perú (36%) conoce o ha oído hablar sobre la reforma del servicio civil. Es decir, de la ley que reordenará la situación laboral de los trabajadores del sector público. Según una encuesta de Ipsos Perú, la mayoría de este grupo aprueba la reforma.

Cabe precisar que esa aprobación crece entre el total de encuestados –*llega al 84%*– luego de ser informados sobre la reforma.

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Si bien uno de los aspectos de la ley busca que mejore la atención a los ciudadanos, esto no sería una prioridad, ya que la mayoría del total de entrevistados (62%) respondió que el objetivo principal de la reforma del servicio civil debe ser defender los derechos de los trabajadores. Mejorar la atención a los ciudadanos fue la respuesta del 32% de encuestados.

“Los ciudadanos se identifican más con los trabajadores del sector público sector público –en el que muchos no tienen sus derechos laborales completos– antes que con su propia condición de usuarios del sector público. Es decir, que *la población no tiene suficiente conciencia de sus derechos como ciudadanos*”, opinó Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú.

Pese a esa cifra, el 79% del total sí considera que la reforma tendrá un impacto positivo en los servicios que brinda el Estado.

PUNTOS A FAVOR
Según los resultados, la meritocracia [que las remuneraciones y los ascensos estén en función del desempeño de los trabajadores peruanos* es ampliamente aceptada como base de la reforma del servicio civil*. “La encuesta refleja la necesidad de incorporar la meritocracia. Hace treinta años el Estado no cambia su régimen laboral y esta reforma sí permite introducir reales modificaciones”, opinó el abogado laboralista Jorge Toyama, del estudio Miranda & Amado.

Otras de las razones de desaprobación de la reforma son que se afectarían las condiciones laborales de los trabajadores y la posibilidad de que ocurran despidos.

En:
Elcomercioperu

Diario gestión

Encuesta de ipsos Perú muestra importante respaldo a Ley del Servicio Civil

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Proyecto de ley de nuevo servicio civil abarca a 500 mil trabajadores

Presidente ejecutivo de SERVIR, Juan Carlos Cortés, precisó que propuesta considera a servidores públicos de regímenes laborales de los DL 276, 728 y CAS, que representan al 40% de trabajadores estatales. Iniciativa, que estará lista en el último trimestre del año, no incluirá las carreras especiales.

Por: Rocío Maldonado y Francesca García

La reforma del Estado es un tema pendiente para el Gobierno y esta no será posible mientras no se enfrente el problema de los recursos humanos del sector público, como lo reconoció el propio presidente Ollanta Humala durante su último mensaje de Fiestas Patrias.

En la actualidad existen 15 regímenes laborales en las entidades del Estado, entre generales y especiales, lo que inevitablemente favorece el desorden en la administración pública, pues cada uno de ellos contempla distintos derechos y deberes para los servidores públicos.

Tres son los regímenes laborales generales y los más conocidos: carrera administrativa (Decreto Legislativo 276), régimen de la actividad privada (Decreto Legislativo 728) y Contratación Administrativa de Servicios – CAS (Decreto Legislativo 1057); los cuales agrupan al 40% del alrededor de millón 300 personas que emplea el Estado.

Sin embargo, la mayoría (59%) se encuentra con las carreras especiales, que agrupa a los profesores, los profesionales de la salud, los magistrados, fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios, militares y políticos, entre otros. El restante 1% lo constituyen los gerentes públicos, quienes se rigen por el Decreto Legislativo 1024, así como quienes están en la planilla del PNUD.

Además, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) ha identificado que existen más de 500 normas sobre el servicio civil, más de 102 escalas remunerativas en 82 entidades del Poder Ejecutivo, más de 400 reglas diferentes que regulan el pago a los servidores públicos y más de 198 conceptos de pago, entre remunerativos y no remunerativos.

Un nuevo servicio civil

Frente a este caótico panorama, el jefe de Estado aseguró que su administración impulsará la Reforma del Servicio Civil, para lo cual, dijo, se está elaborando un proyecto de ley para una nueva carrera pública que estará basada en la meritocracia y la evaluación de desempeño.

Al respecto, el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), Juan Carlos Cortés, explicó que la propuesta que se trabaja y que estaría lista para el último trimestre de este año, se enfoca en los regímenes laborales generales (DL 276, 728 y CAS) y no en las carreras especiales.

“Es básicamente para el ámbito administrativo: ministerios, gobiernos regionales y locales, que son aproximadamente 500 mil personas”, precisó.

Cortés resaltó que el proyecto de ley que se trabaja es más que una nueva carrera pública porque no solo comprenderá a los profesionales y técnicos, sino que regulará también a los funcionarios, empleados de confianza, directivos y personal de apoyo, quienes actualmente no están comprendidos en la carrera administrativa.

Además, dijo que la idea de esta reforma en el servicio civil es integrar los regímenes laborales generales e incorporar el tema remunerativo, aspecto que no fue considerado en anteriores intentos de reforma.

“Vemos las diferencias salariales que hay entre los tres regímenes y puede ser que dos personas que están trabajando igual, desarrollando las mismas funciones tengan remuneraciones distintas. Eso tenemos que regularlo de manera diferente”, dijo.

El funcionario aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene la voluntad de hacer este cambio fundamental, tal como lo ha demostrado en las reuniones de la comisión encargada de elaborar el proyecto de ley del nuevo servicio civil.

El grupo de trabajo se reúne desde febrero de este año y está integrado por la Secretaría de Gestión Pública (PCM), el MEF, el Ministerio de Trabajo y SERVIR, que tiene a su cargo la secretaría técnica.

Cortés señaló que todavía no se ha estimado la inversión que demandará implementar la nueva ley de servicio civil, pues recién en los próximos dos meses se ha previsto realizar el mapeo de costos.

Reforma progresiva

Elena Alvites, especialista en temas de reforma del Estado de la Universidad Católica, observó que uno de los grandes obstáculos que podría enfrentar la reforma del servicio civil es que pueda ser asumida dentro del presupuesto público.

“Una reforma de los recursos humanos en el Estado tiene que ser progresiva porque no necesariamente nuestros recursos financieros alcanzarán para hacerlo en un año. Entonces se podría empezar por algún tipo de nivel de servidores”, indicó.

Alvites consideró también que la ley del servicio civil debe establecer remuneraciones que sean competitivas en relación al sector privado para atraer a profesionales con méritos al Estado.

“La línea de carrera debe estar basada en la meritocracia(…)A largo plazo eso puede garantizar un servicio civil mucho más eficaz e institucionalizado que llegue a donde tiene que llegar en los tres niveles de Gobierno”, refirió.

Subrayó que cambiar a directivos y funcionarios en cada gobierno no hace sostenible políticas públicas en educación o salud, por lo que la reforma del servicio civil en el país es necesaria y urgente.

Por su parte Sinesio López, ex asesor de la PCM en temas relacionados a la reforma del Estado, consideró que ordenar la administración pública es el primer paso en la reforma del Estado.

“Si se hace una buena reforma en el servicio civil es un avance porque todas las decisiones del Estado pasan por la administración pública”, dijo.

Sostuvo que la reforma clave debe estar orientada a los ministerios sociales, que en su opinión no funcionan, a diferencia del MEF; BCR, la Sunat, que son “islas de modernidad”.

Además, López consideró fundamental incrementar la presión tributaria a fin de tener los recursos necesarios para iniciar cualquier reforma.

Los intentos de reformar el servicio civil en el Perú

SERVIR da cuenta de cuatro iniciativas dirigidas a ordenar el servicio civil en el país a partir de 1990. Así el primer intento lo constituye el cierre de la carrera administrativa (DL 276) durante el gobierno fujimorista. Se producen despidos masivos y crean nuevas modalidades de contratación y formas de ingreso a la administración pública (DL 728 y Servicios no Personales).

El segundo comprende de 1995 a 1997. Se desactiva el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Se inicia el proceso de modernización del Estado.

El tercer intento de reforma va de 2000 al 2006. Se trata de establecer la institucionalidad pública y las normas sobre ética e integridad pública. Se aprueba la Ley Marco del Empleo Público (28175).

El cuarto se inicia con la creación de SERVIR, como rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Se cambia el término empleo público por el de servicio civil.

En cifras

42 mil : personas ingresan a trabajar al Estado cada año.

40% : servidores estatales están en los regímenes DL 276, DL 728 y CAS.

102 : Es el número de escalas remunerativas en 82 entidades del Poder Ejecutivo.

Claves

Cerrado. En la actualidad no existe carrera pública en el Perú, pues el Decreto Legislativo 276 fue cerrado en los años 90 durante el gobierno fujimorista.

Sin ascenso. El DL 728 ni el CAS contempla el ascenso, pues el servidor público que aspire a otro puesto y mejor remuneración debe renunciar al cargo que desempeña.

En: Larepublica.pe

Sepa más: El Servicio Civil Peruano

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