Sérgio Moro, un juez federal al que todos miran en Brasil.
Sérgio Moro era un juez desconocido en gran parte de Brasil hasta hace poco, aunque ya había mostrado su estilo en casos recientes de lavado de dinero o en una singular subasta de bienes de un narco mexicano.
Pero las cosas han cambiado desde hace unos meses para este magistrado de 42 años, que casi por azar se topó con lo que hoy llaman el “mayor escándalo de corrupción” que Brasil haya conocido.
Moro es el juez clave de la investigación de sobornos en la petrolera estatal Petrobras y del consiguiente arresto de varios ejecutivos de grandes firmas constructoras brasileñas, algo que dejó a muchos de boca abierta.
El caso aún está en etapa de investigación, pero expertos anticipan que puede marcar un mojón en materia de delitos de cuello blanco en este país y complicarle el segundo mandato a la presidenta Dilma Rousseff.
Quienes lo conocen dicen que Moro es discreto y le gusta ir en bicicleta al trabajo. Pero su nombre ahora está día tras día en los medios de información y es señalado como ejemplo por activistas anticorrupción.
“Está conduciendo (el caso) de una forma perfecta”, dice Gil Castello Branco, un economista al frente de la ONG brasileña Cuentas Abiertas que conoció a Moro tiempo atrás en un evento de Transparencia Internacional.
“Tal vez en Brasil sea uno de los jueces más preparados para situaciones de este tipo”, añade en diálogo con BBC Mundo.
Sin embargo, otros lo ven con más dudas y hasta sugieren que sus acciones podrían llegar a ponerlo al margen de la ley.
Lavacoches
Basado en Curitiba, ciudad del sureste brasileño donde también da clases a estudiantes de Derecho, Moro es especialista en lavado de dinero, un tema sobre el que recibió formación en Estados Unidos.
Una mayoría de brasileños cree que la presidenta Dilma Rousseff es responsable por el escándalo en Petrobras, según una encuesta.
En los últimos años ha conducido varios casos relacionados a ese delito, promoviendo como pocos antes la cooperación internacional con Brasil para detectar cuentas bancarias en el extranjero.
Uno de esos procesos fue contra el mexicano Lucio Rueda Bustos, al que sentenció por lavar dinero del narco en Brasil, subastando el año pasado inmuebles y autos de lujo de su propiedad por más de US$6 millones. Todo un récord para Brasil.
Fue en un caso de delitos financieros que Moro indagó a Alberto Youssef, un cambista que figuraba entre sus acusados. El juez dijo que entonces descubrió “incidentalmente” el vínculo de Yousseff con Paulo Roberto Costa, exdirector de Petrobras.
Así cobró forma el operativo policial “Lava Jato” (Lavacoches), denominado de ese modo porque se lanzó en marzo en una estación de gasolina donde, según los investigadores, enviaban dinero al exterior de forma clandestina.
Hoy Youssef y Costa son delatores primordiales en el escándalo de sobornos de Petrobras, tes cerrar un acuerdo con la justicia para contar lo que saben a cambio de recibir penas menores.
Sus denuncias indican que empresas constructoras pagaban sobreprecios para obtener jugosos contratos con Petrobras, y que el dinero ilícito financió al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y a otros grupos políticos.
Es “el mayor escándalo de corrupción de nuestra historia”, sostuvo el procurador general de la República, Rodrigo Janot, que se apresta a acusar por lavado de dinero y otros delitos al menos a 11 ejecutivos de las principales constructoras del país.
Castello Branco coincide con esa afirmación y evoca cálculos según los cuales el caso envuelve valores equivalentes a unos US$4.000 millones, lo que empequeñecería un gran escándalo previo de compra de votos en el Congreso, denominado “Mensalão”.
Paulo Roberto Costa: el exdirector de Petrobras aceptó colaborar con el juez Moro para reducir su pena.
Pero Moro sospecha que el esquema de fraude de licitaciones y sobornos puede ir “mucho más allá” de Petrobras, ya que los investigadores descubrieran que Youssef tenía una planilla con 750 obras públicas en Brasil y la región.
La estrategia
Apoyado por la evidencia recogida por la Policía Federal y fiscales brasileños, Moro ha seguido en este caso el rastro del dinero y evitado hasta ahora ir directamente detrás de políticos.
La razón de eso es que, si fueran procesadas autoridades, congresistas y dirigentes partidarios, el caso pasaría al Supremo Tribunal Federal (STF), al que compete juzgar a esos políticos.
Lo que Moro procura es que cuando se llegue a esa instancia “los crímenes ya estén bien configurados y las chances de escapar de los políticos sean mucho menores”, explica Castello Branco.
Así, se ha concentrado en obtener testimonios de delatores como Youssef, Costa y exejecutivos que aceptaron colaborar y devolver decenas de millones de sobornos.
Al mismo tiempo mantiene en prisión preventiva desde el mes pasado a altos cargos de las constructoras OAS y Camargo Corrêa, dos de las mayores empresas privadas de Brasil.
Abogados defensores se han quejado de esta forma de proceder de Moro, argumentando que intenta arrancar confesiones de los indagados para que puedan eludir la prisión.
Luiz Flávio Gomes, un jurista y exjuez brasileño, sostuvo que Moro corre el riesgo de adoptar medidas “en conflicto con el Estado de derecho”, por ejemplo deteniendo indagados sin que sean un peligro para la sociedad.
“Tiene coraje y es trabajador”, dijo Gomes a BBC Mundo. “Es un juez que presta un servicio público relevante, pero tiene que tener cuidado de no transformarse en un Estado policíaco”.
De lo contrario, advirtió, puede dejar margen para que el proceso sea anulado más adelante por errores cometidos por él o la policía, como ha ocurrido en otros casos en Brasil.
Petrobras, la mayor empresa de Brasil, sacudida por la investigación judicial.
Eso causaría frustración en una sociedad que parece sospechar que el escándalo de Petrobras llega hasta el tope del poder.
Una encuesta de la empresa Datafolha divulgada el domingo indicó que 68% de los brasileños responsabiliza a la propia Rousseff por este caso. La presidenta presidió el consejo administrativo de Petrobras entre 2003 y 2010, pero ha negado que conociera las irregularidades investigadas.
De cualquier forma Moro, que hoy es candidato a ocupar una silla vacante en el STF, máximo tribunal de justicia de Brasil, ha advertido que “la corrupción no tiene colores partidarios”.
“No es monopolio de agremiaciones políticas o gobiernos específicos”, escribió en agosto en el diario Folha de S.Paulo. “Combatirla debe ser bandera de la izquierda y la derecha”.
En: BBC
