No hay acuerdo sobre en qué gastar el dinero. El no acuerdo de los representantes en la asamblea norteamericana sobre el presupuesto para el año 2014 ha generado el cierre parcial de las oficinas del gobierno generando una cesantía provisional de su personal.
Cerca de 800 mil empleados públicos no recibirán sueldo. Asimismo, algunos funcionarios podrán acudir a trabajar pero no tienen asegurado un sueldo por este tiempo de servicios. Legalmente no puede pagarse a estas personas y los únicos que tienen asegurado su salario serán los militares. El gobierno ha garantizado que no se afectará a los servicios públicos esenciales.
A pesar de que son muchos los empleados federales que no tendrían que presentarse a trabajar, no ocurriría lo mismo para los controladores de tráfico aéreo, manipuladores de residuos peligros, ni para los inspectores de alimentos y el servicio postal. Estos empleados tendrían que cumplir con su labor sin que se les pague al menos por unos días, aunque luego recibirán el salario retroactivo por las horas trabajadas.
Los demócratas señalan que se debería poner énfasis en programas sociales mientras que los republicanos señalan que no. Hace 17 años que no se producía una parálisis de la administración norteamericana.
Era una contrarreloj incierta de la que pocos se atrevían a predecir el resultado. El tira y afloja de republicanos y demócratas mantenido a caballo entre la Cámara de Representantes y el Senado se ha traducido finalmente en el ‘cierre’ parcial del Gobierno federal, el primero desde 1995. Para oficializarlo, la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca ha emitido una circular interna en la que ha ordenado a los distintos departamentos que ejecuten los planes “para llevar a cabo un cierre ordenado del Gobierno”. La Casa Blanca tendrá que echar la persiana de algunos departamentos e interrumpir varias actividades no esenciales al no conseguir el Capitolio un pacto para aumentar el techo de deuda que contentase a todos.
Estaba previsto que este 1 de octubre el Tesoro de Estados Unidos superara irremediablemente el límite de endeudamiento público, fijado en 16,7 billones de dólares, cayendo así en una nueva crisis de liquidez que podía llevar al cierre de la administración pública. Para evitarlo era necesario que republicanos y demócratas se pusieran de acuerdo en el Congreso para ampliar el límite de endeudamiento público hasta los 988.000 millones de dólares, garantizando así el funcionamiento del Gobierno hasta la elaboración de los nuevos presupuestos generales.
La oposición republicana había elaborado un plan según el cual se comprometía a apoyar una ampliación del límite de endeudamiento público a cambio de nuevos recortes en el gasto público, centrados en la reforma sanitaria del Gobierno, a la que se conoce popularmente como ‘Obamacare’. Con el objetivo de imponer su plan, la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, aprobó el sábado un proyecto de ley para aplazar un año la aplicación de la reforma sanitaria a cambio de entregar más fondos al Gobierno, pero el Senado, de mayoría demócrata, lo rechazó.
A última hora del lunes, la Cámara de Representantes volvió a aprobar -por 228 votos a favor y 201 en contra- otro proyecto de ley con el mismo contenido y el Senado lo volvió a rechazar -con 54 votos en contra y 46 a favor-, haciendo casi inevitable el cierre del Gobierno. En un último intento conciliador, la Cámara de Representantes propuso celebrar una “conferencia legislativa” para crear una comisión bicameral en la que resolver este asunto, pero el Senado se negó. “No iremos con una pistola apuntando a nuestras cabezas”, dijo su presidente, Harry Reid.
Un “impacto real”
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha estado negociando hasta última hora del lunes para forzar un acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso, advirtiendo de que el cierre del Gobierno tendrá un “impacto real” en la economía del país norteamericano. En una comparecencia pública, ha instado a los líderes políticos a “actuar de forma responsable”, subrayando que el Congreso tiene como principales responsabilidades “aprobar un presupuesto y pagar las facturas a tiempo”.
Además, ha llamado por teléfono a todos los lideres del Congreso: el republicano John Boehner y la demócrata Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes, y el demócrata Harry Reid y el republicano Mitch McConnell en el Senado, para persuadirles de que limaran sus diferencias. “Es hora de dejar los juegos políticos y de aprobar un presupuesto claro que evite el cierre del Gobierno”, escribió la Casa Blanca a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, cuando ya se alejaba la posibilidad de acuerdo.
Primer cierre desde 1995
Se trata del 18º cierre de la administración pública estadounidense desde 1976. El último precedente se remonta a la Presidencia de Bill Clinton. Entonces, el bloqueo presupuestario se prolongó entre el 5 de diciembre de 1995 y el 6 de enero de 1996.
Aunque, de momento, se desconoce la dimensión de las consecuencias del cierre del Gobierno, la Casa Blanca calcula que dejará en sus casas a 700.000 funcionarios y que costará unos 7.800 millones de dólares semanales a la economía estadounidense. Desde el Gobierno han garantizado que no afectará a los servicios públicos esenciales. Obama ya ha firmado un proyecto de ley para garantizar los pagos a los miembros de las Fuerzas Armadas y, con ello, la seguridad del país.
En este contexto, la Casa Blanca, al formalizar el cierre del Gobierno, ha vuelto a instar al Congreso a “actuar rápidamente para proporcionar un puente a corto plazo que garantice el tiempo suficiente para aprobar un presupuesto para lo que queda de año fiscal”. Siguiendo este consejo, la Cámara de Representantes ha formalizado su petición de una “conferencia legislativa”. El Senado la discutirá a las 9.30 horas (15.30 horas en España), pero Reid ya ha adelantado que, salvo cambios imprevistos, será rechazada.
En: hoy.es
Ver: Diez preguntas clave sobre el cierre del gobierno de EEUU
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