“No somos militantes, somos profesionales”, afirman argentinos despedidos del sector público

Cientos de empleados con contratos temporales que no fueron renovados esta semana por el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri en un emblemático centro cultural del kirchnerismo, protestaron el jueves indignados contra lo que denominan una campaña de desprestigio al tildarlos de “militantes”.

“No somos ni militantes ni ñoquis”, tararearon contra el término despectivo usado en Argentina para los empleados con cargos ficticios, dentro de un sistema corrupto y ampliamente usado en el sector público.

La marcha de los “despedidos” se realizó en las afueras del Centro Cultural Kirchner (CCK), una obra monumental inaugurada en mayo de 2015 que convirtió el Palacio de Correos del siglo XIX de Buenos Aires en un moderno centro de cultura, museo y sala de conciertos.

Con secciones aún en construcción, el espacio ofreció en menos de un año obras gratis para todo público entre salas que enaltecían a la mítica figura peronista Eva Perón (1919-1952) y también exponía memorabilia del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esta semana el ministro de Medios Públicos de Macri, Hernán Lombardi anunció que se ponía fin a la renovación de 600 de los 700 contratados de este centro.

Todos los trabajadores habían sido contratados en 2015, coincidiendo con la fecha de inaguración del CCK a principios de ese año.

En algunos casos, indicó Lombardi, se hicieron contrataciones en diciembre, cuando estaba por asumir la nueva administración de derecha, después de 12 años de gobiernos de centroizquierda de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).

Entre pancartas que decían “La cultura no es un gasto” y cánticos en tono futbolero contra Lombardi y Macri, Mateo Aguilar, quien trabajaba en la producción técnica del CCK desde hacía seis meses repudió la medida.

“Aquí la mayoría somos trabajadores que cumplimos tareas diarias en función de nuestras respectivas formaciones”, se defendió el técnico de 31 años.

Su mayor lamento es que buscaron “desde que ganaron las elecciones formas para dialogar, para saber cómo se daría continuidad laboral a toda la planta que tenía contratos hasta el 31 de diciembre. Pero me tuve que enterar por twitter que perdí mi laburo”, dijo.

“En el CCK el 81% de las designaciones fue efectuada durante 2015. Sin concursos y por medio de universidades”, escribió Lombardi el martes en esa red social.

Según el ministro, los trabajadores que se siguieron contratando hasta horas previas al cambio de gobierno en diciembre ingresaban por convenios con tres universidades estatales vinculadas a la militancia kirchnerista.

La manifestación del jueves siguió a otra realizada en el Congreso por otros despidos en ese gremio. Insisten que la mayoría cuentan con profesiones y oficios idóneos para las tareas que venían desarrollando.

La semana pasada, previo al fin de año, miles de personas habían marchado al ministerio de Trabajo, convocados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), luego que el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunciara que se revisarían cerca de 64.000 contratos en la administración pública, cuya plantilla temporaria creció 50% en tres años, según indicó.

Además Macri instruyó por decreto a todos los ministros y autoridades de organismos descentralizados del Estado “a revisar los procesos concursales y de selección de personal”.

En este marco, la vicepresidenta Gabriela Michetti anunció el lunes el despido de 2.035 empleados del Senado y advirtió que en varios ministerios habrán despidos de “militantes” nombrados en casi todos en 2015.

Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), presente en la manifestación del CCK, calificó estas bajas de empleados que ya vienen aceptando de hace varios años “contratos precarios en el sector público”, como “acciones arbitrarias e ilegales”.

“El gobierno está utilizando la figura del ‘ñoqui’ para demonizar. Quieren mostrar ésto como una limpieza de corruptos y la verdad es que es una gran mentira porque son trabajadores. Siempre los gobiernos neoliberales tienden a desprestigiar al estado, al sector público”, dijo a la AFP.

“Creo que estos conflictos van a ser como un globo de ensayo, si ven que tienen un costo político relativamente bajo se van a multiplicar”, opinó.

pb/hov

En: lainformacion.com

Macri modifica por decreto la Ley de Medios

El Gobierno argentino modificó hoy a través de un decreto la Ley de Medios aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Mauricio Macri, presidente de Argentina. Imagen: DW

Mauricio Macri, presidente de Argentina. Imagen: DW

El Gobierno argentino modificó el lunes (4.1.2016) a través de un decreto la Ley de Medios aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), disolvió organismos regulatorios y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), pese a que un juez había dictado una medida para frenar cambios.

El decreto firmado por el presidente Mauricio Macri fue publicado ayer en el Boletín Oficial, pero con fecha 29 de diciembre, antes del fallo judicial en su contra. El juez de La Plata Luis Arias dictó el 30 de diciembre una medida precautelar que frena el decreto que modifica la ley de servicios de comunicación audiovisual y la fusión de entes regulatorios que había sido anunciado horas antes por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, antes de su publicación, pero su resolución debe ser ratificada por la Justicia Federal.

La norma difundida el lunes dispuso la creación de una comisión para elaborar el proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de la ley de servicios de comunicación audiovisual y la ley Argentina Digital.

“Circunstancia excepcional”

Según el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, “la crítica situación del sector de las telecomunicaciones y los medios” determina, entre otras cosas, “la imperiosa necesidad de efectuar la reorganización y modificación normativa proyectada, configurando una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.

En respuesta a las críticas por apelar a un decreto, el Gobierno sostuvo que “esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida”.

El objetivo del Gobierno que aún no lleva un mes en funciones es impulsar la convergencia tecnológica entre medios y telecomunicaciones, caracterizada por la competencia entre diversas tecnologías en los servicios de video, telefonía -voz- y banda ancha -internet-.

En este contexto, consideró que “entra en crisis el régimen de regulación económica sectorial preexistente, con regulaciones y reguladores separados para las empresas de medios, por un lado, y para las telecomunicaciones, por el otro” ya que “puede generar una dispersión de criterios en su aplicación, produciendo así no sólo ineficiencias y distorsiones sino también inseguridad jurídica”.

Planes de Macri “buscarían beneficiar al grupo Clarín”

Los críticos del plan de Macri sostienen que el cambio en las regulaciones buscaría beneficiar a los grupos de medios obligados a desprenderse de numerosas licencias por la ley de medios aprobada por el Congreso durante el kirchnerismo, entre ellos el Grupo Clarín.

El decreto cambia el artículo 41 de la ley de medios que restringía la venta de medios audiovisuales, algo que ahora se permite, y facilita la integración de cadenas privadas de radio y televisión, lo que hasta ahora estaba muy restringido, precisó el diario “La Nación”. Tampoco habrá topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable, que hasta ahora era de 24, que además pasarán a regirse por la ley de telecomunicaciones.

Además, se eliminan las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable y radio y TV abierta; y los actuales licenciatarios de TV y radio podrán pedir la extensión del plazo de licencia por 10 años, sin importar cuándo sea su fecha de vencimiento actual.

Según la abogada Graciana Peñafort, una de las autoras de la ley de medios, el decreto de Macri viola la ley por varias razones, entre ellas por crear un organismo descentralizado, cuando para ello es necesario que se aprobado por el Congreso. “El esquema no cumple los estándares internacionales en libertad de expresión”, sostuvo Peñafort en su cuenta de Twitter.

“Más concentración, más oligopolios, menos controles estatales, menos federalismo, menos participación ciudadana, incumplimiento de leyes. Incumplimiento de orden judicial, adulteración de fecha en documento publico, delitos varios”, aseveró la experta.

En: DW