Las aplicaciones de Google Drive ponen en riesgo la seguridad del usuario

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El lanzamiento de Google Drive, el ‘disco duro virtual’ del gigante de Internet, vuelve a poner de manifiesto los posibles riesgos legales de almacenar archivos en Internet, en la llamada ‘nube’. ¿Qué pasa con los derechos sobre nuestro material?

Esta pregunta se la han hecho en el sitio web especializado The Verge. En todos los servicios de almacenamiento en red, como Google Drive, Dropbox o Skydrive, de Microsoft, el usuario mantiene los derechos sobre su material salvo en algunas ocasiones, que cede derechos de uso, modificación, reproducción y distribución del material sobre todo para ‘garantizar’ el funcionamiento del servicio.

Esta cesión de derechos se produce con la aceptación de las condiciones de uso de los servicios, algo que sucede con el mero hecho de darse de alta en los mismos. En España, la Ley de Propiedad Intelectual establece que para ceder derechos de autor ‘inter vivos’ es necesario el consentimiento escrito (artículos 43 y siguientes).

“El problema”, comenta Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en tecnología y autor del blog Jaque perpetuo, “es que la aceptación se realiza mediante un simple clic, pocos se leen las condiciones de servicio y esto puede generar indefensión al autor”.

Condiciones de Google

Así, el recién estrenado Google Drive se acoge a las condiciones generales de Google, bastante generosas a la hora de delimitar la licencia que el usuario concede al gigante de la Red sobre su propio material (vídeos, fotos, textos…).

Las condiciones del servicio de Google dicen, literalmente: “Algunos de nuestros servicios te permiten enviar contenido. Si lo haces, seguirás siendo el titular de los derechos de propiedad intelectual que tengas sobre ese contenido. En pocas palabras, lo que te pertenece, tuyo es”. Queda claro que uno retiene la propiedad intelectual de lo que suba.

Sin embargo, al subir contenido a sus servidores “concedes a Google (y a sus colaboradores) una licencia mundial para usar, alojar, almacenar, reproducir, modificar, crear obras derivadas (…), comunicar, publicar, ejecutar o mostrar públicamente y distribuir dicho contenido”. “Google”, puntualiza, “usará los derechos que le confiere esta licencia únicamente con el fin de proporcionar, promocionar y mejorar los Servicios y de desarrollar servicios nuevos”.

En este caso, puntualiza Almeida, lo que plantea el gigante de Internet es “casi un contrato de edición encubierto en forma de términos de uso”, por lo que “con arreglo a la legislación de consumo en España se deberia de tomar estas cláusulas como no puestas”.

Mientras, la compañía insiste en que “no reclamama la propiedad o control sobre el contenido que el usuario almacena en Google Drive”, según una nota, en la que vuelve a defender sus condiciones de uso. “Aconsejamos leer en su totalidad nuestros términos de uso”, insiste. “En ellos se especifica que los usuarios que deciden compartir sus archivos con otros, previamente nos han dado el permiso para mostrar esos archivos a otros y gracias a ese permiso nosotros podemos dar la ayuda técnica (alojamiento, almacenamiento, traducción, etc.) y el formato adecuado, en función de las distintas pantallas donde se vayan a mostrar esos archivos”, puntualiza.

Otros servicios en la ‘nube’

Dropbox es quizá más específico a la hora de subrayar que uno tiene todos los derechos sobre lo que sube a sus servidores. “Usted conservará la plena propiedad de sus pertenencias, no nos atribuimos la propiedad de ninguna de ellas”, afirma en sus condiciones de uso. “Las presentes Condiciones no nos otorgan ningún derecho sobre sus pertenencias ni ninguna propiedad intelectual, con excepción de los derechos limitados que son necesarios para administrar los servicios”.

Este servicio estima que “es posible que necesite autorización para realizar las actividades que el usuario solicite con sus pertenencias, por ejemplo, alojar sus archivos o bien compartirlos a su criterio”, tales como vistas previas de documentos o copias de seguridad. Y este permiso se extiende “a terceros de confianza” a los que subcontratan espacio de almacenamiento, como Amazon. Estas excepciones se mencionan específicamente.

Por su parte, Skydrive de Microsoft también respeta los derechos de autor del material que los particulares suben a la ‘nube’, con similares excepciones. “Microsoft no reclama la propiedad del contenido que usted proporcione en el servicio, excepto de aquél cuya licencia le haya concedido. El contenido seguirá siendo de su propiedad”, se puede leer en las condiciones de servicio de Microsoft.

Asimismo, añade que el usuario “entiende que Microsoft puede necesitar usar, modificar, adaptar, reproducir, distribuir y mostrar contenido publicado en el servicio exclusivamente hasta el límite necesario para prestar el servicio, y por la presente concede a Microsoft estos derechos”.

Box tiene unas condiciones de uso similares. “Al registrarse para utilizar los servicios”, se puede leer en el texto, “usted entiende y reconoce que Box y sus contratas mantienen una licencia irrevocable, libre de ‘royalties’, aplicable globalmente, para utilizar, copiar y mostrar públicamente el contenido con el único propósito de proporcionar a los servicios para los que tiene registrado”, aunque el usuario “sigue manteniendo todos los derechos de propiedad sobre cualquier contenido que proporcione”.

Otros servicios de almacenamiento remoto de datos, como Rapidshare o Minus ni siquiera recogen en sus condiciones de uso apartado alguno sobre los derechos de propiedad de los contenidos, lo que se entiende como que el propietario los conserva todos y no está obligado a ceder ninguno por defecto.

En cualquier caso, Almeida cree que el consejo más efectivo para evitar futuros problemas de propiedad es la realización de ‘backups’ o copias de seguridad fuera de la Red.

La facilidad que ofrece Google Drive a la hora de acceder a archivos y sincronizarlos con nuestros equipos puede ser un arma de doble filo. El servicio de alojamiento en la nube de Google recibe nuevas críticas tras conocerse sus polémicas condiciones de uso.

Apenas llevaba unos días en la Red y ya se topó con dos piedras en el zapato. Tras abrirse las puertas de Google Drive surgió la primera polémica al conocerse las condiciones de uso en las cuales la compañía especificaba que podía tener acceso e incluso utilizar los contenidos que los usuarios albergasen en su disco duro virtual. Días más tarde, Bitelia informa sobre los problemas derivados de la plataforma al intentar facilitar su uso a los usuarios.

El problema es debido a que los archivos generados en Google Docs no se sincronizan directamente con el ordenador. En su lugar se crean accesos directos a éstos, de modo que al abrirlos se inicia el navegador por defecto que el usuario tenga en su equipo y si éste no ha iniciado la sesión en su cuenta de Google, el programa lo hace automáticamente en su lugar. Así pues, ejecutar uno de estos archivos provoca que no sea necesario introducir nuestro login y contraseña.

Una vez cerrado el documento, la herramienta puede seguir funcionando en segundo plano y esto puede traer un problema para la seguridad del usuario, puesto que si alguien tiene acceso al equipo, tendrá plenos poderes para editar cualquier contenido alojado en Drive o Docs así como utilizar los servicios de Google como YouTube, Gmail o Google+. Es preciso cerrar de forma manual la sesión en el navegador puesto que ésta permanecerá abierta aunque la aplicación del escritorio haya sido cerrada. Los riesgos para la seguridad de la privacidad del usuario son evidentes, especialmente si utiliza el servicio en un equipo compartido o público (aunque en este último casi siempre es recomendable cerciorarse de haber cerrado todas nuestras sesiones).

Es probable que Google tome nota y modifique su servicio en poco tiempo para evitar posibles problemas. Uno de sus rivales, Microsoft, ya tuvo una situación similar cuando integró su servicio de correo electrónico, Hotmail, en Windows Live Messenger. Por este motivo, el servicio de alojamiento de la compañía, SkyDrive, sí pide al usuario introducir su nombre y contraseña para acceder al disco duro virtual si no se ha hecho previamente. No obstante, Google Drive no es el único que tiene este problema, puesto que Dropbox también lo tiene. Su “ventaja” en este caso es que no tiene detrás un ecosistema de servicios como el de Google.

Con este panorama es recomendable que no guardemos nuestra contraseña en la aplicación de Google Drive para que no se inicie la sesión de forma automática, aunque esto no resuelve el problema al 100%, puesto que recordamos la necesidad de cerrar la sesión de forma manual en el navegador si queremos evitar posibles intromisiones en nuestras cuentas.

Por: J Gómez
En: ADSL Zone

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Cuando un tercero ajeno a Facebook tiene tu usuario y password: Cuidado con el Facebook view tracker:

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Engañosa imagen enviada a los contactos de Facebook para seguir pescando incautos. Práctica fraudulenta.

Como toda aplicación fraudulenta que te pide el usuario y password para poder acceder a ella se ha venido extendiendo la aplicación “Facebook view tracker”. La gracia de Facebook es justamente no saber quién te visita o cuantas veces sucede ello.

Esta aplicación juega en apariencias con el usuario brindándole al ansioso datos al azar que no pueden ser confirmados porque justamente Facebook, a través de sus condiciones de uso, prohibe este tipo de intrusiones en las cuentas.

Estas falsas aplicaciones no sirven a su finalidad y son la vía perfecta para la transmisión de virus subrepticios. Lo que es peor es que puedan ser de propiedad de hackers o piratas informáticos, acosadores y hasta extorsionadores quiene utilizarán nuestra información gracias a que les brindamos nuestra información de usuario y password a través de la aplicación. Así, tendrán total acceso a nuestros datos de Facebook y utilizarlo para sus fines.

Puedes conocer más sobre las aplicaciones de Facebook y sus principales disclaimers en: http://www.facebook.com/help/?faq=14357

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Proyecto de ley de nuevo servicio civil abarca a 500 mil trabajadores

Presidente ejecutivo de SERVIR, Juan Carlos Cortés, precisó que propuesta considera a servidores públicos de regímenes laborales de los DL 276, 728 y CAS, que representan al 40% de trabajadores estatales. Iniciativa, que estará lista en el último trimestre del año, no incluirá las carreras especiales.

Por: Rocío Maldonado y Francesca García

La reforma del Estado es un tema pendiente para el Gobierno y esta no será posible mientras no se enfrente el problema de los recursos humanos del sector público, como lo reconoció el propio presidente Ollanta Humala durante su último mensaje de Fiestas Patrias.

En la actualidad existen 15 regímenes laborales en las entidades del Estado, entre generales y especiales, lo que inevitablemente favorece el desorden en la administración pública, pues cada uno de ellos contempla distintos derechos y deberes para los servidores públicos.

Tres son los regímenes laborales generales y los más conocidos: carrera administrativa (Decreto Legislativo 276), régimen de la actividad privada (Decreto Legislativo 728) y Contratación Administrativa de Servicios – CAS (Decreto Legislativo 1057); los cuales agrupan al 40% del alrededor de millón 300 personas que emplea el Estado.

Sin embargo, la mayoría (59%) se encuentra con las carreras especiales, que agrupa a los profesores, los profesionales de la salud, los magistrados, fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios, militares y políticos, entre otros. El restante 1% lo constituyen los gerentes públicos, quienes se rigen por el Decreto Legislativo 1024, así como quienes están en la planilla del PNUD.

Además, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) ha identificado que existen más de 500 normas sobre el servicio civil, más de 102 escalas remunerativas en 82 entidades del Poder Ejecutivo, más de 400 reglas diferentes que regulan el pago a los servidores públicos y más de 198 conceptos de pago, entre remunerativos y no remunerativos.

Un nuevo servicio civil

Frente a este caótico panorama, el jefe de Estado aseguró que su administración impulsará la Reforma del Servicio Civil, para lo cual, dijo, se está elaborando un proyecto de ley para una nueva carrera pública que estará basada en la meritocracia y la evaluación de desempeño.

Al respecto, el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), Juan Carlos Cortés, explicó que la propuesta que se trabaja y que estaría lista para el último trimestre de este año, se enfoca en los regímenes laborales generales (DL 276, 728 y CAS) y no en las carreras especiales.

“Es básicamente para el ámbito administrativo: ministerios, gobiernos regionales y locales, que son aproximadamente 500 mil personas”, precisó.

Cortés resaltó que el proyecto de ley que se trabaja es más que una nueva carrera pública porque no solo comprenderá a los profesionales y técnicos, sino que regulará también a los funcionarios, empleados de confianza, directivos y personal de apoyo, quienes actualmente no están comprendidos en la carrera administrativa.

Además, dijo que la idea de esta reforma en el servicio civil es integrar los regímenes laborales generales e incorporar el tema remunerativo, aspecto que no fue considerado en anteriores intentos de reforma.

“Vemos las diferencias salariales que hay entre los tres regímenes y puede ser que dos personas que están trabajando igual, desarrollando las mismas funciones tengan remuneraciones distintas. Eso tenemos que regularlo de manera diferente”, dijo.

El funcionario aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene la voluntad de hacer este cambio fundamental, tal como lo ha demostrado en las reuniones de la comisión encargada de elaborar el proyecto de ley del nuevo servicio civil.

El grupo de trabajo se reúne desde febrero de este año y está integrado por la Secretaría de Gestión Pública (PCM), el MEF, el Ministerio de Trabajo y SERVIR, que tiene a su cargo la secretaría técnica.

Cortés señaló que todavía no se ha estimado la inversión que demandará implementar la nueva ley de servicio civil, pues recién en los próximos dos meses se ha previsto realizar el mapeo de costos.

Reforma progresiva

Elena Alvites, especialista en temas de reforma del Estado de la Universidad Católica, observó que uno de los grandes obstáculos que podría enfrentar la reforma del servicio civil es que pueda ser asumida dentro del presupuesto público.

“Una reforma de los recursos humanos en el Estado tiene que ser progresiva porque no necesariamente nuestros recursos financieros alcanzarán para hacerlo en un año. Entonces se podría empezar por algún tipo de nivel de servidores”, indicó.

Alvites consideró también que la ley del servicio civil debe establecer remuneraciones que sean competitivas en relación al sector privado para atraer a profesionales con méritos al Estado.

“La línea de carrera debe estar basada en la meritocracia(…)A largo plazo eso puede garantizar un servicio civil mucho más eficaz e institucionalizado que llegue a donde tiene que llegar en los tres niveles de Gobierno”, refirió.

Subrayó que cambiar a directivos y funcionarios en cada gobierno no hace sostenible políticas públicas en educación o salud, por lo que la reforma del servicio civil en el país es necesaria y urgente.

Por su parte Sinesio López, ex asesor de la PCM en temas relacionados a la reforma del Estado, consideró que ordenar la administración pública es el primer paso en la reforma del Estado.

“Si se hace una buena reforma en el servicio civil es un avance porque todas las decisiones del Estado pasan por la administración pública”, dijo.

Sostuvo que la reforma clave debe estar orientada a los ministerios sociales, que en su opinión no funcionan, a diferencia del MEF; BCR, la Sunat, que son “islas de modernidad”.

Además, López consideró fundamental incrementar la presión tributaria a fin de tener los recursos necesarios para iniciar cualquier reforma.

Los intentos de reformar el servicio civil en el Perú

SERVIR da cuenta de cuatro iniciativas dirigidas a ordenar el servicio civil en el país a partir de 1990. Así el primer intento lo constituye el cierre de la carrera administrativa (DL 276) durante el gobierno fujimorista. Se producen despidos masivos y crean nuevas modalidades de contratación y formas de ingreso a la administración pública (DL 728 y Servicios no Personales).

El segundo comprende de 1995 a 1997. Se desactiva el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Se inicia el proceso de modernización del Estado.

El tercer intento de reforma va de 2000 al 2006. Se trata de establecer la institucionalidad pública y las normas sobre ética e integridad pública. Se aprueba la Ley Marco del Empleo Público (28175).

El cuarto se inicia con la creación de SERVIR, como rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Se cambia el término empleo público por el de servicio civil.

En cifras

42 mil : personas ingresan a trabajar al Estado cada año.

40% : servidores estatales están en los regímenes DL 276, DL 728 y CAS.

102 : Es el número de escalas remunerativas en 82 entidades del Poder Ejecutivo.

Claves

Cerrado. En la actualidad no existe carrera pública en el Perú, pues el Decreto Legislativo 276 fue cerrado en los años 90 durante el gobierno fujimorista.

Sin ascenso. El DL 728 ni el CAS contempla el ascenso, pues el servidor público que aspire a otro puesto y mejor remuneración debe renunciar al cargo que desempeña.

En: Larepublica.pe

Sepa más: El Servicio Civil Peruano