Primeras contrataciones en el Estado bajo el régimen Servir podrían empezar a fin de año

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Un primer grupo de 18 entidades públicas ya se encuentran casi listas para convocar a concursos de plazas bajo el régimen Servir, informó Juan Carlos Cortés, presidente de esta entidad. En primera instancia solo podrán concursar actuales empleados del Estado y solo si no se cubre la plaza podrán postular trabajadores externos.

Juan Carlos Cortes, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Imagen: diariogestion

Juan Carlos Cortes, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Imagen: diario gestion.pe

José Carlos Reyes
jose.reyes@diariogestion.com.pe

Si bien la meta oficial de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) es iniciar las contrataciones en el Estado bajo este nuevo régimen antes de que culmine el actual Gobierno (Gestión 05.08.2015), la fecha de los primeros concursos y contratos se podría adelantar hacia fines de este año.

El presidente ejecutivo de Servir, Juan Carlos Cortés, refirió que un primer grupo de 18 entidades del Estado ya se encuentran en la última fase del tránsito hacia el nuevo régimen.

“Están a punto de tener la resolución de inicio, que es un hito que se hace en el tránsito. Esto se dará en las próximas semanas. Luego tendrán su cuadro de personal de entidad, el perfil y valorización de los puestos, y en ese momento tendremos las primeras contrataciones”, señaló Cortés a Gestion.pe.

El funcionario no descartó que tras la resolución de inicio dada por Servir, algunas entidades empiecen a realizar los concursos y contrataciones a fin de año. “No quiero decir una fecha concreta, de repente damos una sorpresa antes. Estamos trabajando para lograrlo lo más pronto posible”, anotó.

Las 18 entidades más avanzadas en el tránsito hacia el régimen Servir corresponden al Gobierno Central. Figuran cinco ministerios (Economía, Defensa, Energía y Minas, Cultura y de Justicia) y varias OPDs.

Concursos cerrados
Cortés también aclaró que los primeros concursos para los contratos bajo la ley Servir serán ‘cerrados’ a nivel del Estado. Es decir, solo podrán participar funcionarios públicos de cualquier entidad. “Queremos reconocer a las personas que están en el Estado en este momento y tienen la experiencia y conocimiento suficiente”, indicó.

En caso no se cubra la plaza, recién se establecerá un segundo concurso ‘abierto’ también para las personas que no trabajen en el estado.

Por otro lado, el funcionario recordó que en el caso de los trabajadores de los regímenes 276 y 728 el pase al régimen Servir es voluntario, mientras que los trabajadores CAS sí estarán obligados a postular a una plaza bajo el régimen Servir si quieren mantenerse en la administración pública.

Finalmente, Cortés también reconoció que en algunas plazas a concursar bajo el régimen Servir la remuneración podría ser menor a la que recibe el actual funcionario que ejerce esa función.

“Podría ganar menos si es que el puesto estaba sobrevalorado. Pero no será la mayoría de casos. Al contrario, la mayoría tendrá más beneficios con una CTS mayor y una gratificación mayor”, apuntó.

Destacan avances en reforma del servicio civil

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En los últimos cuatro años, el Perú registró un desempeño notable en las mejoras del marco que rige el servicio civil en el país, que regula las condiciones de las personas que trabajan al servicio del Estado, y avanzó más que otros países de América Latina, resaltó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El país mejoró su calificación, que pasó de 29 a 41 puntos entre 2011 a junio de este año, según el estudio Diagnóstico institucional del servicio civil en América Latina: Perú.

Promedio

De esta manera, el país superó el promedio regional de 38 puntos y subió 12 puntos en solo cuatro años, teniendo en cuenta que el promedio de la región aumentó 8 puntos en diez años.

“La emisión de la Ley del Servicio Civil ha sido el cambio más significativo, pues se revertió la historia previa de tres intentos frustrados de reforma integral”, indicó la experta en gestión pública del BID, Mercedes Iacovello.

En: elperuano

Banco Interamericano destaca el avance del servicio civil en el Perú

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En los últimos cuatro años, Perú registró un avance significativo en cuanto a mejorar el servicio civil al pasar de 29 a 41 puntos, sobre una escala de 100, según el reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “Diagnóstico institucional del servicio civil en América Latina: Perú”.

La Ley del Servicio Civil fue el cambio más significativo, pues se revirtió la historia previa de tres intentos frustrados de reforma integral.

“Se logró aprobar la nueva ley, fue reglamentada de inmediato y está en plena implementación. Esto representa un avance notable y contrasta con los moderados avances que la región tuvo en la última década”, dijo la experta en gestión pública del BID Mercedes Iacovello.

El gasto en personal sigue en niveles “muy razonables”, en relación con la capacidad fiscal del Estado, los niveles de empleo y la masa salarial de otros países de la región.

En: larepublica

“Gobernanza Pública en Perú: El Servicio Civil y los estándares de la OCDE en la Gestión de Recursos Humanos”

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La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR inauguró el 3 de setiembre el Seminario Internacional “Gobernanza Pública en Perú: El Servicio Civil y los estándares de la OCDE en la Gestión de Recursos Humanos” en el que participaron expertos internacionales de los países que se encuentran en camino a ingresar y miembros de la organización OCDE.

Los invitados internacionales que participaron en este seminario fueron: Daniel Gerson – Project Manager – Public Employment and Management. Directorate for Public Governance and Territorial Development de OCDE; Mariano Lafuente (Banco Interamericano de Desarrollo – BID), Mercedes Iacoviello (Banco Interamericano de Desarrollo – BID), César Osuna (Titular de la Unidad de Políticas de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal – Secretaría de la Función Pública – México), Eduardo Abarzúa. (Consejero del Consejo de Alta Dirección Pública (Dirección Nacional del Servicio Civil- Chile); y, Liliana Caballero (Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública – Colombia).

Cabe señalar que SERVIR dispuso que todas las actividades del evento fueran transmitidas vía streaming en simultáneo, y comentadas en Twitter por el hashtag #SERVIRylaOCDE

Mas información: SERVIR

Kim Davis and the law: Q&A in clerk standoff

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Q. Why hasn’t Kim Davis been fired for refusing to issue marriage licenses and defying court orders?

A. She is an elected official and can only be removed from office for impeachment.

How would she be impeached?

The Kentucky House of Representatives would have to charge her with an impeachable offense and the Senate would then try her.

Is that likely?

The Kentucky Equality Federation, a gay rights group, has called for Gov. Steve Beshear to call a special session of the General Assembly to pursue impeachment. But Beshear, citing costs, has already declined to convene a special session to consider emergency legislation that would accommodate Davis and other clerks by having state government issue marriage licenses. Also, Bluegrass Polls show most Kentucky voters oppose gay marriage and support accommodating Davis.

“The legislature has placed the authority to issue marriage licenses squarely on county clerks by statute, and I have no legal authority to relieve her of her statutory duty by executive order or to remove her from office,” Beshear said in a statement Tuesday.

Can Davis be charged with a crime?

After being denied a license four times, a gay couple has asked the Rowan County attorney to charge her with official misconduct, a misdemeanor punishable by up to a year in jail. But citing a conflict of interest — he is defending the county in suits naming Davis — he referred the request to the attorney general’s office, which is deciding whether to appoint a special prosecutor.

What happens next?

The two gay and straight couples who sued Davis have asked U.S. District Judge David Bunning to find her in contempt of court. A hearing is set for 11 a.m. Thursday in Ashland.

What punishment could she get for that?

Bunning could jail or fine her, but the plaintiffs are seeking only monetary penalties, apparently to avoid engendering sympathy for her in jail. Bunning could order her to pay the fines out of her own pocket, rather than with taxpaper money.

Does Davis have any options left?

She can still pursue her appeal in the 6th Circuit Court of Appeals, but her bids to delay compliance ran out on Monday night when the Supreme Court denied her a stay.

Could local officials try to remove her?

Kentucky law allows a commonwealth’s attorney to indict county judges-executives, justices of the peace, sheriffs, coroners, surveyors, jailers, county attorneys and constables for malfeasance in office or willful neglect in the discharge of official duties, for which they can be fined up to $1,000 and removed from office upon conviction. But for some reason lost to history, the statute doesn’t include county clerks.

What are Davis’ grounds for refusing to comply with court orders?

She says that to issue a marriage license to same-sex couples, on which her name would be signed, conflicts with God’s definition of marriage and would violate her conscience. She says her religious liberty should be protected under the Kentucky and U.S. Constitutions and the Kentucky Religious Freedom Act.

Sources: Kentucky Constitution and KRS. University of Kentucky law professors Allison Connelly and Scott Bauries.

In: courierjournal

La Junta de Portavoces del Congreso de la República del Perú

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La Junta de Portavoces

Artículo 31-A. La Junta de Portavoces está compuesta por la Mesa Directiva y por un Portavoz por cada Grupo Parlamentario, quien tiene un voto proporcional al número de miembros que componen su bancada. Le corresponde:

1. La elaboración del Cuadro de Comisiones, para su aprobación por el Consejo Directivo y, posteriormente, por el Pleno del Congreso.

2. La exoneración, con la aprobación de los tres quintos de los miembros del Congreso allí representados, de los trámites de envío a comisiones y prepublicación. En caso de proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente, estas exoneraciones son aprobadas por la mayoría del número legal de los miembros del Congreso allí representados.

3. La ampliación de la agenda de la sesión y la determinación de prioridades en el debate, todo ello con el voto aprobatorio de la mayoría del número legal de los miembros del Congreso allí representados.

4. Las demás atribuciones que le señale el presente Reglamento.

En: Reglamento del Congreso de la República del Perú

Kim Davis Ordered Jailed in Kentucky Gay Marriage Dispute

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Kim Davis, the clerk of Rowan County in Kentucky, after refusing to grant a marriage certificate to Robbie Blankenship and Jesse Cruz on Wednesday. Credit Ty Wright/Getty Images

Kim Davis, the clerk of Rowan County in Kentucky, after refusing to grant a marriage certificate to Robbie Blankenship and Jesse Cruz on Wednesday. Credit Ty Wright/Getty Images

ASHLAND, Ky. — A federal judge here on Thursday ordered a Kentucky clerk jailed for contempt of court because of her refusal to issue marriage licenses to same-sex couples.

The clerk, Kim Davis of Rowan County, was ordered incarcerated after a hearing here before Judge David L. Bunning of Federal District Court. The contempt finding was another legal defeat for Ms. Davis, who has argued that she should not be forced to issue licenses that conflict with her religious beliefs.

“The court cannot condone the willful disobedience of its lawfully issued order,” Judge Bunning said. “If you give people the opportunity to choose which orders they follow, that’s what potentially causes problems.”

David L. Bunning. Image: enquirer.com

Judge David L. Bunning. Image: enquirer.com

Judge Bunning said Ms. Davis would be released once she agreed to comply with his order and issue the marriage licenses.

On Monday, the Supreme Court turned down Ms. Davis’s appeal of an Aug. 12 ruling by Judge Bunning directing her to issue marriage licenses. The justices’ decision was expected to clear the way for same-sex marriages in Rowan County. But on Tuesday, the clerk and her employees again refused to issue licenses in Morehead, the seat of Rowan County.

Within hours lawyers for the couples who had initially sued Ms. Davis asked Judge Bunning to hold her in contempt. “Because Davis cannot show either that she is unable to comply with the Aug. 12, 2015, order or that she has taken all reasonable steps to comply,” the lawyers wrote, “this court is left with no choice but to hold her in contempt.”

The lawyers, who argued that Ms. Davis “continues to collect compensation from the Commonwealth for duties she fails to perform,” asked Judge Bunning to fine the clerk, but not to jail her.

On Wednesday, when Ms. Davis again turned down a gay couple’s request for a license, the clerk’s lawyers argued that she should not be held in contempt, in part because it would breach her right to due process. They asked Judge Bunning to grant an injunction pending another appeal.

Supporters and opponents of Ms. Davis gathered outside the federal courthouse here hours before she was due to appear. One man waved a rainbow flag — a symbol of the gay rights movement — while another clutched a flag that said, “Liberty.”

“We’re supporters of the rule of the law,” said David Wills, a computer programmer from West Virginia who was first in line and said he had arrived at 4 a.m. for a hearing scheduled to begin seven hours later. “It’s just really important to me that people be treated equally, fairly.”

Ms. Davis’s supporters, prepared with an ice chest filled with water, also gathered ahead of a hearing they called critical to protecting religious liberty in Kentucky and elsewhere.

“They’re taking rights away from Christians,” Danny Kinder, a 73-year-old retiree from Morehead, said of the courts. “They’ve overstepped their bounds.”

He declined to predict the outcome of Thursday’s hearing and what would happen to Ms. Davis.

“I’ve been praying about it, and we just have to turn it over to the Lord,” he said. “She has got to stand for what she believes, and I have to stand for what I believe, and I’m behind her 100 percent.”

In: nytimes

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USA same sex marriage: Kim Davis, Kentucky Clerk, Held in Contempt and Ordered to Jail

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Image: gannett-cdn.com

Image: gannett-cdn.com

Image: nydailynews

Image: nydailynews

A federal judge has ordered a Kentucky clerk to jail after she refused to issue marriage licenses to same-sex couples.

Kim Davis, a clerk in Rowan County, was found in contempt of court on Thursday morning. She has said granting marriage licenses to gay and lesbian couples would “violate God’s definition of marriage” and infringe on her personal beliefs as an Apostolic Christian.

Davis, in tears, said on the stand that she could not comply with the judge’s order. U.S. Marshals later took her into custody.

“Thank you, judge,” Davis said as she was being led out.

District Court Judge David Bunning has said Davis is bound by an oath of office to perform her duties under the law, and ordered that she be jailed until she complied with his order to grant licenses.

Bunning has upheld the Supreme Court’s decision in June to legalize same-sex marriage nationwide, and wrote last month after the contempt lawsuit was filed that the state is merely forcing her to do her job within the law.

Before the hearing, dozens of protesters on both side of the issue clashed outside of the federal courthouse in Covington, some in support of Davis for standing up for her beliefs.

While clerks in other states have made similar refusals, Davis’ defiance is the most prominent — leading GOP presidential candidates to weigh in and casting a spotlight on her personal life, too.

It was revealed this week that she was divorced three times and had children out of wedlock before a religious awakening became a turning point in her life.

Davis, a registered Democrat, had worked as a deputy clerk for 27 years before voters in Rowan County elected her as clerk last November.

As an elected official, she can only be removed in a vote by state legislators, who don’t reconvene in the State House until January.

Despite her political leanings, she’s likely to get much support from Republicans lawmakers.

In: nbcnews

Renuncia el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina

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Pérez Molina renunció a la presidencia de Guatemala para hacer frente a un juicio por corrupción en su contra / Reuters

Pérez Molina renunció a la presidencia de Guatemala para hacer frente a un juicio por corrupción en su contra / Reuters

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, presentó su renuncia al cargo.

La razón: el escándalo por corrupción que desde hace meses sacude a Guatemala.

La decisión fue hecha pública este jueves en horas de la madrugada por el portavoz del mandatario, Jorge Ortega, a través de un comunicado.

Aunque, según Ortega, Pérez Molina envió su carta de renuncia al Congreso de la República antes de la medianoche del miércoles.

“En la situación actual y teniendo en cuenta por sobre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y por lo tanto presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal”, explicó Pérez Molina en la misiva, fechada 2 de septiembre.

“Con la convicción de hacer lo correcto, me dirijo a usted y al honorable Congreso de la República para presentar mi renuncia al Cargo de Presidente de la República de Guatemala”, se lee en la carta.

Poco antes, la Fiscalía había emitido una orden de captura en contra del presidente.

Los delitos por los que la Fiscalía requiere a Pérez Molina son: asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, los mismos por los que su exvicepresidenta Roxana Baldetti fue encarcelada.

La renuncia del mandatario será efectiva una vez la acepte el Congreso, que se prevé lleve a cabo una sesión extraordinaria en las próximas horas.

El periódico guatemalteco Prensa Libre informó que en la tarde, la instancia legislativa juramentaría al actual vicepresidente, Alejandro Maldonado, un abogado conservador y expresidente de la Corte de Constitucionalidad, quien asumiría la presidencia de manera interina.

Maldonado se quedaría en el cargo hasta el 14 de enero del próximo año, cuando debía terminar el período original de Pérez Molina.

La primera ronda de las elecciones guatemaltecas, en las que se elegirá a un nuevo mandatario, están previstas para este domingo 6 de septiembre.

“El momento más difícil de mi vida”

En declaraciones ofrecidas a Radio Sonora y que reproduce Prensa Libre en su página web, el exmandatario dijo que su renuncia y el proceso judicial al que se someterá es el “momento más difícil” de su vida.

“Pude haber salido del país, pude haber pedido asilo político pero elegí el camino de cualquier hombre que quiere hacer algo bueno por el país. Tuve miles de herramientas a la mano, entre ellas expulsar a la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y preferí enfrentar las cosas con valentía, con honor y con dignidad, como considero deberíamos hacer los guatemaltecos”, señaló el expresidente.

Pérez Molina también dijo que el verdadero fraude está en la evasión de impuestos. Los empresarios son los “que por tradición no han pagado impuestos” y por eso no hay recursos para educación y salud, indicó.

El exmandaario dijo que seguirá luchando por Guatemala y agradeció a las personas que los apoyan. “Estoy con la frente en alto, estoy pasando momentos difíciles”, señaló.

“La justicia divina siempre llega”, añadió.

“Ciudadano ordinario”

Pérez Molina siempre ha protestado su inocencia y negado cualquier vinculación con la red de corrupción que es objeto de investigación por parte de la Fiscalía, conocida localmente como “La Línea”.

El general retirado acudió incluso a la Corte Constitucional guatemalteca para pedir que su juicio quedara sin efecto a través de dos amparos.

Los cinco altos magistrados de dicha instancia, sin embargo, rechazaron los recursos.

El martes, con el voto de 132 diputados, de los 105 necesarios, Pérez Molina se quedó sin inmunidad —la primera vez que un presidente guatemalteco sufre esa situación.

Esa votación despejó el camino para que el exmandatario de 64 años enfrente la justicia.

La fiscal general, Thelma Aldana, había indicado que luego de haberse retirado la inmunidad el presidente sería “sometido a los tribunales del país, como un ciudadano ordinario”.

“Nunca imaginé y nunca hubiera querido iniciar un antejuicio contra el presidente, sin embargo, la evidencia hizo imperativa hacer esta solicitud”, aseveró en esa oportunidad Aldana.

“Niego en forma terminante los señalamientos de haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera”, fue, sin embargo, la reacción del presidente.

“Mi conciencia en ese sentido, está tranquila. Daré la cara y demostraré frente a la institucionalidad que en ley corresponde mediante el debido proceso, que no he sido parte y mucho menos receptor de esos fondos mal habidos en perjuicio del pueblo de Guatemala”, prometió el pasado 23 de agosto.

Y Pérez Molina también le pidió perdón a los guatemaltecos, porque “no puedo dejar de reconocer que esto ha acontecido en mi gobierno y por funcionarios cercanos o a los que designé”.

“La Línea”

El presidente fue acusado el 21 de agosto por la fiscalía y por la Cicig, un organismo avalado por Naciones Unidas, de liderar una mafia de corrupción aduanera que defraudó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La estructura criminal fue desmantelada en abril.

Y el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, aseguró que en las más de 80.000 escuchas telefónicas realizadas en el marco de la investigación y en los más de 5.000 mensajes de correo electrónico revisados existían referencias a “el uno” y “la dos”, que corresponderían a la participación de Pérez Molina y de su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.

La red era presuntamente manejada por el ex secretario privado de la exvicepresidenta Baldetti.

“Uno de los temas sustanciales era el contrabando y en general con la defraudación en un país tan necesitado de recursos”, señaló Velásquez.

Aunque no se conoce el monto total de lo defraudado, en dos semanas un miembro del grupo delictivo fue capaz de recaudar 2,5 millones de quetzales (unos US$330.000), de acuerdo a la pesquisa oficial.

En: BBC

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