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Reguladores y supervisoras critican limitaciones de Ley Servir
Cuestionaron restricciones introducidas en reforma del servicio civil. Aseguran que se ha debilitado su institucionalidad
Participantes. Los presidentes de Osinergmin, Sunass, Osiptel, Indecopi, OEFA, el vicepresidente de Ositrán, y catedráticos de Centrum y la PUCP participaron en el coloquio. (Foto: Juan Ponce). ElComercio
Centrum organizó el coloquio Institucionalidad Regulatoria, en el que se discutió la problemática que enfrentan los organismos reguladores, supervisores y fiscalizadores del país en relación con su autonomía e independencia.
Participaron en la mesa redonda altos representantes de Indecopi, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y los reguladores de infraestructura de transporte (Ositrán), de energía y minería (Osinergmin), telecomunicaciones (Osiptel) y agua y saneamiento (Sunass).
En una parte del coloquio se criticó las limitaciones impuestas a partir de la promulgación de la Ley del Servicio Civil (Servir), que, a decir de estas instituciones, les restan atractivo para atraer capital humano capacitado y, por ende, debilitan su institucionalidad.
SIN ATRACTIVO
Jorge Cárdenas, vicepresidente de Ositrán, afirmó que las limitaciones impuestas al presupuesto para la capacitación del personal de las instituciones resultan sumamente perjudiciales. “Si el profesional no es capacitado constantemente, difícilmente podrá cumplir la función válida en el proceso regulatorio”, indicó.
Cárdenas también criticó la disminución de remuneraciones que se ha dado, pues consideró que así el sector público deja de ser atractivo para los profesionales.
El presupuesto máximo para las capacitaciones ha sido fijado en 1 UIT (S/.3.850) para aquellos casos en los que la entidad pública no migre al régimen Servir, cuando antes podía financiarse hasta una maestría, y por tanto, funcionaba como un incentivo para atraer capital humano.
Sin embargo, Hebert Tassano, presidente del Indecopi, reconoció la importancia de Servir. “Es la reforma que el Estado necesita para modernizarse y avanzar al ritmo de un país desarrollado”. Pero el funcionario también identificó algunos aspectos negativos surgidos a partir de este régimen. “No podemos competir con salarios del sector privado. La gran herramienta que tenemos es capacitar y poder mandar [al personal] a actividades en el extranjero. Hoy esas dos situaciones las tenemos limitadas”, señaló Tassano, en relación con el límite de 1 UIT. El funcionario agregó que la especialización requerida en la mayoría de los casos no es brindada en la educación universitaria.
Jesús Tamayo, presidente de Osinergmin, también cuestionó el impacto de la Ley Servir en su entidad. “En lugar de igualar a las entidades hacia arriba, las ha igualado hacia abajo”, señaló.
MÁS LIMITACIONES
Gonzalo Ruiz, presidente del Osiptel, criticó que los límites máximos se han impuesto a la permanencia en el cargo de los funcionarios.
Por último, Fernando Momiy, presidente de Sunass, cuestionó que la Sunat no estuviera obligada a pasar al régimen de la Ley Servir. “No entiendo por qué la Sunat está excluida. Con ese mismo criterio, los organismos reguladores también deberíamos estarlo”, afirmó.
PARA SERVIR
Consultado por este Diario, Juan Carlos Cortés, presidente de Servir, indicó que la limitación presupuestaria impuesta para las capacitaciones es temporal hasta que la institución pública migre al régimen Servir –lo que implica para los reguladores dejar el régimen laboral privado–.
En relación con la disminución de los montos de las remuneraciones en el sector público, señaló que esta se dio en el gobierno anterior. Agregó que el esquema remunerativo también será definido una vez que las entidades migren al régimen Servir y se abran las convocatorias para los puestos específicos.
Con respecto a la exclusión de la Sunat del régimen Servir, señaló que esta fue una decisión del Congreso.
Asimismo, explicó que el límite a la permanencia en el cargo público responde al objetivo de evitar que los directivos se queden en los puestos por comodidad. “Lo que se busca es que no exista una situación de confort”, indicó Cortés.
DIRECTORES Y MULTAS
El coloquio también trató la existencia de directorios incompletos y cuestionó si el hecho de que las multas financien a las instituciones funciona como un incentivo perverso para estas.
Cárdenas, de Ositrán, opinó que los requisitos excesivamente altos y la reducción de las dietas dificultan que se completen los directorios. Tassano consideró que era necesario mejorar los incentivos para postular a los consejos directivos, teniendo en cuenta, por ejemplo, las restricciones que se le imponen a estos funcionarios una vez que dejan el cargo.
En cuanto a las multas, Eduardo Quintana, profesor de la PUCP, opinó que en la medida que la metodología para calcularlas sea clara, objetiva y predefinida no cabría espacio para cuestionamientos sobre esa forma de financiarse.
En: elcomercio
Perú: Gobierno entrante decidirá futuro de 221 mil trabajadores CAS
Hasta el momento ningún trabajador estatal ha sido contratado vía el régimen laboral del Servicio Civil (Servir)
La Autoridad Nacional del Servicio Civil estimó que son 221,000 los trabajadores contratados a través del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) de un universo de un 1’300,000 empleados para el Estado.(Foto: Archivo El Comercio)
La Autoridad Nacional del Servicio Civil estimó que son 221,000 los trabajadores contratados a través del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) de un universo de un 1’300,000 empleados para el Estado.
En ese sentido, de acuerdo al diario Gestión, el próximo gobierno tendrá que tomar la decisión de contratar a dichos trabajadores CAS; cambiar la legislación, o no hacer nada, con lo cual el futuro de estos es incierto.
El laboralista Jorge Toyama dijo que la ley no fijó plazos máximos para su implementación, por lo que la transición del trabajador CAS a Servir pasa por una decisión política y económica del Ejecutivo.
“Nada impide al próximo gobierno desconocer esta reforma que se inició hace casi 15 años con el gobierno de Toledo. Y existe también el candado económico de mejorar en al menos 25% del sueldo de los trabajadores CAS que pasen al Servir”, añadió.
PROCESO LENTO
Vlado Castañeda, secretario de Coordinación de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), dijo que solo el 10% de las entidades públicas se encuentran en proceso de transición al Servir.
Juan Carlos Cortés, presidente del Servir, señaló no se siente pesimista en los avances de la implementación de la reforma del empleo público, ya que se encuentran en tránsito diversas entidades como Reniec, ONPE, ONP, entre otros, que en esta etapa ya cuentan con un compromiso de mejora continua de atención.
Fuentes del gobierno indicaron al diario Gestión que de implementarse el Servir en este gobierno los más adelantados en el tránsito son los organismos reguladores como Ositran, Osinergmin, entre otros, pero ningún ministerio; y que casi el 100% los trabajadores CAS de estas entidades optarían por el nuevo régimen laboral del Servir.
DATO
El régimen laboral del Servicio Civil, aceptado voluntariamente por los trabajadores, mejora básicamente al régimen CAS y al del Decreto Legislativo N° 276, otorgando dos gratificaciones legales equivalentes a un sueldo; y con el pago de una Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), equivalente a una remuneración.
En: elcomercio
En primer trimestre del 2016 unas 18 entidades públicas pasarán a Ley Servir
Si bien unas 200 entidades públicas se encuentran en pleno tránsito hacia el nuevo Servicio Civil, 18 de estas son las que tienen más probabilidades de que en el primer trimestre del 2016 puedan tener a los trabajadores (que decidan entrar) en este nuevo régimen laboral del Estado.
Ello lo informó Juan Carlos Cortés, presidente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), quien precisó que entre estas entidades se encuentra el propio Servir, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, entre otros.
“Esas entidades ya están en la etapa de dimensionamiento (de las plazas) y con posibilidades de tener ya la resolución de inicio. Hay un segundo grupo de entidades que están avanzando bastante rápido, entonces lo que estamos viendo es que luego de hacer todo este proceso estaríamos en el 2016 comenzando con los concursos en función de la estrategia de cada entidad”, detalló.
Cortés explicó que una vez que se abran los concursos el funcionario (sea del Decreto Legislativo 276, DL 728 o CAS) decidirá si es que postula o no, con los beneficios del propio régimen del Servicio Civil.
“El tema es que cada persona verá en el casillero al cual está postulando cuánto va a ser su remuneración y cuáles serán sus beneficios. La idea es ver cómo simplificar y mejorar la planilla del Estado”, aseguró.
No obstante este último aspecto, el titular del Servir aseveró que no significa una reducción de trabajadores, sino una manera diferente de dotación de los servidores públicos.
“Si una institución tiene ‘x’ servidores, lo más probable es que no estén todos sincerados y como consecuencia del mecanismo del mapeo de procesos sabremos dónde se necesita un mayor número de servidores. Es una reorganización de servidores”, apuntó.
En: larepublica
Así es la hoja de ruta económica para desconectarse de España
El (pasado) lunes se vot(ó) en el Parlamento de Cataluña la declaración independentista que han pactado Junts Pel Si y la CUP y que PSOE, PP y Ciudadanos han denunciado ante el Constitucional. Las dos formaciones que promueven la “desconexión” de España incorporaron el viernes dos enmiendas a la declaración que constituyen una hoja de ruta económica de cómo se va a financiar Cataluña fuera de España.
El primer tira y afloja con Hacienda se produjo a principios de semana, cuando el Ejecutivo presidido por Mas no hizo efectivo el pago de la deuda con las oficinas de farmacia y reclamo a Hacienda el pago de los 2.300 millones que quedan por devolver del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Fue el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el que subrayó que esos fondos no servían para financiar “veleidades independentistas”, sino servicios públicos, y remarcó que las decisiones sobre el FLA recaían en manos de Rajoy. Una decisión que ligaba el pago de esos recursos a la evolución del proceso independentista.
El segundo episodio se producirá a partir del lunes, coincidiendo con el debate en el Parlamento por la resolución a favor de la independencia, en la que se ha incluido un plan social: lucha contra la pobreza energética, contra los desahucios, sanidad pública y gratuita para todas las personas, rechazo a la ley mordaza y a la ley local que limita las competencias de los ayuntamientos y una mayor acogida de refugiados.
Un plan cuya financiación requerirá una liberación de recursos que procederán de tres vías. La primera, tal y como figura en la enmienda, establece que “la Generalitat establecerá vías de negociación para reducir la deuda en el conjunto del gasto público”. Los últimos datos del Banco de España, correspondientes al segundo trimestre del año revelan que Cataluña es la autonomía más endeudada, con 67.855 millones de euros, lo que supone un 27% del total del pasivo regional. Una deuda que se ha duplicado desde 2010 y que obliga al Ejecutivo autonómico a destinar una parte importante del presupuesto al pago de intereses. En concreto para este año está previsto un desembolso de 1.783 millones de euros.
La segunda tratará de dar una vuelta al sistema de financiación de la obra pública en Cataluña, basado en concesiones a largo plazo o en peajes en la sombra (la obra se le concede a una empresa que recupera la inversión a través de un canon anual). El Ejecutivo catalán baraja revocar ese sistema, lo que podría provocar una litigiosidad sin precedentes con las empresas concesionarias, o renegociar las condiciones de la concesión.
La tercera afecta a la banca y se trata de renegociar las condiciones de los préstamos suscritos antes de que la economía catalana fuera rescatada por el Estado a través de los pagos del Fondo de Liquidez Autonómica, que puede devolver a largo plazo y que tiene un tipo cero de interés.
Las tres vías servirían para lograr recursos con los que financiar las garantías de ese plan de choque contra la pobreza, como dar servicios básicos a todos los ciudadanos que no tengan recursos, pisos sociales para aquellas personas que sean desahuciadas de su residencia habitual, la paralización de la externalización en la gestión de los ambulatorios y la ampliación de la sanidad pública y gratuita a todos los colectivos, sin necesidad de que estén empadronados.
En: cincodias.com
Rajoy: “Pretenden acabar con la democracia y no lo permitiré”
El presidente explica que la resolución supone una “insumisión” al orden constitucional. El Gobierno recurre la declaración de secesión ante el Constitucional. DESCARGABLE La declaración del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy
Ver propuesta de Resolución: Catalunya esdevingui un estat independent i amb una àmplia majoria sobiranista en vots
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado este miércoles, tras convocar un Consejo de Ministros extraordinario y firmar y presentar el recurso contra la resolución de independencia y desobediencia de la Cámara catalana, que los independentistas pretenden “quebrarlo todo” y “devolvernos a la arbitrariedad del poder y retroceder a otros tiempos que la España constitucional ha dejado atrás definitivamente. Cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia. Pretenden acabar con la democracia y el Estado de Derecho y no lo vamos a permitir”.
Rajoy ha comparecido en La Moncloa para explicar el contenido del recurso que hoy mismo a las 12.10 ha presentado la Abogacía General del Estado contra la declaración de independencia que el Parlamento de Cataluña que entiende como una insumisión al Estado. “Me gustaría que hubiera una rectificación”, ha dicho el presidente, quien ha explicado cuál es su objetivo con las acciones que está tomando el Gobierno con el respaldo del PSOE y otros partidos y agentes constitucionalistas: “No voy a aceptar que unas personas liquiden las normas que nos hemos dado entre todos”.
El Ejecutivo espera una respuesta urgente del Tribunal Constitucional, que se reunirá ya esta misma tarde para empezar a estudiar el recurso. Fuentes oficiales de La Moncloa explicaron que el tribunal puede admitir a trámite el recurso de inmediato, y por lo tanto paralizar cualquier efecto pretendido de la resolución. El tribunal tendrá que dar luego, antes de tomar una decisión definitiva sobre el fondo del asunto, 20 días hábiles (sin contar domingos y festivos nacionales) a las partes afectadas para presentar sus alegaciones. Esos plazos, y la previsión de que el asunto requerirá un debate de fondo y una redacción de la sentencia escrupulosa y detallada, hacen prever al Gobierno que el pronunciamiento definitivo no se producirá antes de las elecciones generales previstas para el 20 de diciembre.
El presidente del ejecutivo ha atacado duramente la decisión aprobada en el pleno del Parlamento catalán el pasado lunes, porque sostiene que “niega el orden constitucional vigente en su conjunto” y porque defiende que “todas las decisiones del poder deben quedar sujetas a la norma fundamental sin espacios libres de impugnidad” para nadie y menos aún para los gobernantes y responsables públicos. Rajoy se agarró al informe preceptivo del Consejo de Estado, aprobado ayer por unanimidad en el máximo órgano consultivo del país, para sostener que este recurso de inconstitucionalidad no es una cuestión únicamente del Gobierno ni una opinión sino la respuesta que se da desde “la esencia de la democracia” con el respaldo, además, de los principales agentes sociales y partidos políticos del país.
En el texto del recurso redactado por la Abogacía del Estado y sus expertos se específican una decena de artículos de la Constitución que podrían haber sido vulnerados por la resolución independentista. El objetivo del Gobierno con su réplica no es solo detallar por apartados los aspectos que suponen una quiebra de la soberanía nacional, la unidad de España y el sorteo de la ley y la Constitución. La pretensión de los recurrentes es añadir otra pata fundamental contra todas las pretensiones de los promotores independentistas que puedan suponer una violación del funcionamiento democrático del país e incluso del Estatuto de Autonomía.
Rajoy ha insistido en que los independentistas de Cataluña pretenden “arrebatar a los españoles su principal conquista: la democracia”, así como la soberanía nacional. El presidente ha subrayado que lo que se busca con lo que el Parlamento catalán aprobó el lunes es “privar a la mayoría de los españoles a decidir qué es su propio país”.
“La resolución liquida la Constitución española, donde se fijan las normas de convivencia, con una resolución que dice que no se va a respetar la legalidad vigente, que dice que lo que diga el Constitucional no se cumple (…) están quebrando todo”, ha dicho Rajoy. “Sin respeto a la ley, cualquier poder, cualquier Gobierno pierde su legitimación”, ha asegurado también el presidente.
El líder del PP ha añadido: “Se pretende liquidar la soberanía nacional, privar a los españoles de toda España, y a muchísimos de Cataluña, de decidir lo que es el país; eso no sucede en ningún país del mundo y menos en el siglo XXI, por eso es comprensible la indignación y el hartazgo a los que se les habla de sentimientos y se les ofende en sus sentimientos”.
El jefe del Gobierno ha remarcado el mensaje de que las decisiones independentistas están causando “indignación y hartazgo” en todos los ciudadanos. El presidente ha señalado que el recurso presentado ante el Constitucional es la “prueba máxima” de un Estado de derecho que “cree en sus leyes y que las defiende” para que los españoles “puedan seguir confiando en las instituciones”.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este miércoles al recurso de inconstitucionalidad contra la resolución del Parlamento catalán para comenzar el proceso para independizarse de España. La abogada general del Estado, Marta Silva de Lapuerta, ha registrado a las 12.10 el texto ante el Tribunal Constitucional.
El recurso solicita al Tribunal Constitucional que se notifique “personalmente” la providencia de suspensión a la presidenta del Parlamento de Cataluña y de la Mesa, Carmen Forcadell, al secretario general del Parlamento, y al presidente en funciones, Artur Mas, y sus consejeros, así como también a quien sea nombrado “como consecuencia del acto de investidura por el Parlamento catalán recién constituido”. También reclama que sean informados otros 19 cargos, entre miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y los miembros del Gobierno de la Generalitat en funciones. El objetivo con esas notificaciones personales es por un lado que los altos cargos y funcionarios sientan el “vértigo” de la responsabilidad que asumen y para que sean conscientes de que en este caso no pueden ni deben ser neutrales si se les plantea acometer alguna acción no permitida por el Constitucional.
Rajoy confirmó que este mismo sábado acudirá a Barcelona para participar en un mitin para la presentación pública de todos los candidatos del PP que le acompañarán en las elecciones del 20-D y que allí mandará un mensaje a los catalanes. El presidente aclaró que el rey Felipe VI está absolutamente informado de todos los pasos y acciones previstas por el ejecutivo y admitió que está preocupado como el resto de los españoles ante “este desafío en toda regla a la ley que juega con los sentimientos de todos los españoles”.
En: elpais
CNM: Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura renunció por fallo que favorece a Quispe Pariona
Pablo Talavera presentó su renuncia luego de que el CNM por mayoría favoreciera al consejero Quispe Pariona, acusado de cometer negocios irregulares con el rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
Luego de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) fallara por mayoría de votos a favor de reincorporar al suspendido consejero Alfredo Quispe Pariona, el presidente de dicho organismo, Pablo Talavera, renunció en protesta.
De los seis miembros del CNM, solo Pablo Talavera votó en contra de favorecer a Quispe Pariona.
Fuertes acusaciones
Como se recuerda, un audio revelado por el diaro Perú21 demostró que dicho magistrado coordinaba negocios para favorecer la gestión de Luis Cervantes Liñán como rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
Asimismo a este personaje se le atribuye haber realizado acoso sexual en dicha casa de estudios, razón por la cual el CNM concluyó en primer momento que debía ser vacado del cargo de consejero.
http://dai.ly/x2yilaf
En: larepublica
Vea además:
Guido Águila, quien votó a favor Quispe Pariona asumió presidencia del CNM
Alfredo Quispe Pariona: CNM hizo peritaje a audio que lo incrimina