Así es la hoja de ruta económica para desconectarse de España
El (pasado) lunes se vot(ó) en el Parlamento de Cataluña la declaración independentista que han pactado Junts Pel Si y la CUP y que PSOE, PP y Ciudadanos han denunciado ante el Constitucional. Las dos formaciones que promueven la “desconexión” de España incorporaron el viernes dos enmiendas a la declaración que constituyen una hoja de ruta económica de cómo se va a financiar Cataluña fuera de España.
El primer tira y afloja con Hacienda se produjo a principios de semana, cuando el Ejecutivo presidido por Mas no hizo efectivo el pago de la deuda con las oficinas de farmacia y reclamo a Hacienda el pago de los 2.300 millones que quedan por devolver del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Fue el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el que subrayó que esos fondos no servían para financiar “veleidades independentistas”, sino servicios públicos, y remarcó que las decisiones sobre el FLA recaían en manos de Rajoy. Una decisión que ligaba el pago de esos recursos a la evolución del proceso independentista.
El segundo episodio se producirá a partir del lunes, coincidiendo con el debate en el Parlamento por la resolución a favor de la independencia, en la que se ha incluido un plan social: lucha contra la pobreza energética, contra los desahucios, sanidad pública y gratuita para todas las personas, rechazo a la ley mordaza y a la ley local que limita las competencias de los ayuntamientos y una mayor acogida de refugiados.
Un plan cuya financiación requerirá una liberación de recursos que procederán de tres vías. La primera, tal y como figura en la enmienda, establece que “la Generalitat establecerá vías de negociación para reducir la deuda en el conjunto del gasto público”. Los últimos datos del Banco de España, correspondientes al segundo trimestre del año revelan que Cataluña es la autonomía más endeudada, con 67.855 millones de euros, lo que supone un 27% del total del pasivo regional. Una deuda que se ha duplicado desde 2010 y que obliga al Ejecutivo autonómico a destinar una parte importante del presupuesto al pago de intereses. En concreto para este año está previsto un desembolso de 1.783 millones de euros.
La segunda tratará de dar una vuelta al sistema de financiación de la obra pública en Cataluña, basado en concesiones a largo plazo o en peajes en la sombra (la obra se le concede a una empresa que recupera la inversión a través de un canon anual). El Ejecutivo catalán baraja revocar ese sistema, lo que podría provocar una litigiosidad sin precedentes con las empresas concesionarias, o renegociar las condiciones de la concesión.
La tercera afecta a la banca y se trata de renegociar las condiciones de los préstamos suscritos antes de que la economía catalana fuera rescatada por el Estado a través de los pagos del Fondo de Liquidez Autonómica, que puede devolver a largo plazo y que tiene un tipo cero de interés.
Las tres vías servirían para lograr recursos con los que financiar las garantías de ese plan de choque contra la pobreza, como dar servicios básicos a todos los ciudadanos que no tengan recursos, pisos sociales para aquellas personas que sean desahuciadas de su residencia habitual, la paralización de la externalización en la gestión de los ambulatorios y la ampliación de la sanidad pública y gratuita a todos los colectivos, sin necesidad de que estén empadronados.
En: cincodias.com