Día: 17 junio, 2011

México DF. Que mujeres víctimas de violencia sexual tengan acceso integral a los servicios de salud, los cuales deben incluir anticoncepción de emergencia e interrupción legal del embarazo, así como promover la denuncia y las sanciones administrativas, civiles y penales en contra de servidores públicos que cometan violencia de género institucional, fueron algunas de las exigencias que se dejaron escuchar la tarde de ayer durante la Marcha de las Putas.

Al grito unísono de “Escucha, baboso, yo elijo a quien me cojo” y “Escucha, acosador, no me gusta el arrimón”, cerca de 2 mil 500 personas se manifestaron, desde la Glorieta de la Palma y hasta el Hemiciclo a Juárez, para erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que demandaron acciones afirmativas y políticas públicas integrales, pues “las mujeres no somos objetos, somos humanas, con derechos que merecemos sean respetados, tanto por particulares como por gobierno”.

Como parte de un pronunciamiento emitido al término de la movilización, Yuriria Rodríguez, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), exigió a las autoridades federales y estatales la aplicación e implementación de la Norma Oficial Mexicana 046 sobre Violencia Familiar y Sexual contra las Mujeres, la cual, dijo, a dos años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es ignorada de manera sistemática.

“Esta disposición es producto de una larga lucha para garantizar el acceso legal a servicios de salud cuando las mujeres son víctimas de violencia sexual, cuando quedan embarazadas y requieren de un aborto, casos en lo que el Estado debe proporcionarles atención urgente y de manera inmediata”.

De acuerdo con Rodríguez, la Secretaría de Salud federal reporta que al año se realizan 120 mil violaciones de mujeres, de estas, 65 por ciento tienen entre 10 y 20 años de edad, a las que, en su mayoría, no se les proporcionan servicios integrales de salud.

En materia de feminicidio, la activista señaló que de enero 2009 a junio 2010 fueron reportados mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados del país, la mayoría de los cuales quedaron sin resolver debido a la impunidad de las autoridades.

Por su parte, Gabriel Amezcua, representante de Atrévete DF, espacio virtual donde las personas comparten sus historias de acoso en las calles, hizo un llamado para dejar de perpetuar el estereotipo de que los hombres son incontrolables por naturaleza y las mujeres tentadoras y provocativas.

“Intervengamos cuando seamos testigos del abuso sexual, informémonos, respetemos, promovamos el diálogo y la sexualidad informada, libre y sana, visibilicemos las cosas que nos suceden a diario, atrevámonos a alzar la voz, a romper prejuicios y a decir ‘este cuerpo es mío’; ninguna ocupación, vestimenta o actitud, vuelve a una mujer una puta”.

Al respecto de la marcha, Minerva Valenzuela, una de las organizadoras, manifestó sentirse satisfecha por la cantidad de gente que participó, y dijo que, con marchas o sin marchas, seguirán en la búsqueda de nuevas acciones para transformar la realidad de las mujeres mexicanas, pues “estamos ya muy dolidas de seguir perpetuando estereotipos”.

La activista reconoció la importancia de que la mayoría de las mujeres que participaron no asistieron precisamente con escote y minifalda, pues en este país “incluso en pants, con rímel corrido, en fachas o con moscas revoloteándote, eres acosada”

NOM 046 sobre Violencia Familiar y Sexual contra las Mujeres

Esta norma, publicada en 2009, permite a los médicos suministrar la anticoncepción de emergencia e interrumpir el embarazo de las mujeres víctimas de una violación.

Se trata de la solución que el Estado mexicano realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Paulina, menor de edad víctima de una violación, y a quien el estado de Baja California no le permitió realizarse un aborto.

A raíz de esto, el Estado mexicano se comprometió a establecer garantías de no repetición con el propósito de evitar que otra mujer víctima de violencia sexual se enfrentara a los mismos obstáculos que Paulina, compromiso que, afirman las activistas, carece de una implementación efectiva.

Fuente: http://www.vanguardia.com.mx/enlamarchadelasputasnivaginasnipechossolomujeresqueexigensusderechos-745508.html Leer más

Causa preocupación la actual situación del Estado de Derecho en el Perú si tomamos en cuenta los últimos sucesos acaecidos en Lima con el dirigente Aymara Walter Aduviri y su refugio en el local de Panamericana TV. Cientos de aymaras estuvieron fuera de las instalaciones del canal de TV por más de 34 horas. Aduviri se había negado a abandonar dicho local para acudir ante la justicia, que lo requería para responder por los hechos de violencia registrados el pasado 26 de mayo en la ciudad de Puno, en el marco de la huelga indefinida que iniciaron el 9 de mayo los pobladores de la zona sur de la región para eliminar todo “peligro” de inversión minera en la zona.

Considero que esta situación crea un mal precedente para próximas situaciones parecidas. La violencia será gratuita, se bloquearán carreteras, se cometerán delitos comunes, se saquearán y quemarán instituciones públicas y entidades privadas en nombre de una “manifestación” o reclamo público. Una manifestación pública requiere necesariamente una coordinación previa, un permiso legal. Creo que estos manifestantes deberían ser procesados como cualquier persona que comete un delito contra el patrimonio (lo evidencian los videos donde se ve como queman locales, se llevan artefactos eléctricos, queman documentos estatales, etc). Considero que la jueza María Morales Segura, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno, dictó el mandato de detención contra Ayuviri cumpliendo casi todos los requisitos que la ley establece. Sin embargo, el Poder Judicial y la policía tuvieron que ceder ante la presencia de dos congresistas que fungieron de escudos del dirigente Aymará. Como consecuencia de ello, se revocó la orden de captura por comparecencia a favor de Aduviri.

Ahora, bajo el rótulo de “problema social” se da pase libre a la comisión de delitos comunes (delitos contra la seguridad pública, asesinatos como sucedió en Bagua) mezclados con interferencia política y vivas por la autonomía. En este caso, creo que le sacaron la lengua y se burlaron del Poder Judicial. Leer más