PACTO POLÍTICO, CONSTITUCIÓN, DESARROLLO Y GOBERNABILIDAD: PERÚ FRENTE A LAS ELECCIONES DE ABRIL 2021

Efraín Gonzales de Olarte

En la actual coyuntura política se ha puesto en cuestión la actual Constitución. Algunos la quieren reformar y otros cambiar. Lo cierto es que la constitución vigente, aprobada por el régimen fujimorista en 1993 después del “auto-golpe de estado”, dio el marco al funcionamiento de la economía basada en la empresa privada y a un rol subsidiario del estado, acorde con la corriente ideología neo-liberal de los años 90 del siglo pasado.

El así llamado modelo neo-liberal, generó un crecimiento inédito hasta más o menos el 2014, redujo la pobreza, pero no la desigualdad, sin embargo, no hubiera obtenido estos resultados si la coyuntura económica y financiera internacional no hubiera sido tan favorable. Por otro lado, la reducción del estado no permitió que los recursos fiscales fueran suficientes para compensar las desigualdades y deficiencias generadas por el modelo económico.

El Perú es uno de los países con menor presión tributaria de América Latina, hoy entre 13 y 14% del PBI, y con un gasto público que llega al 20% del PBI. A todas luces insuficientes para reducir las desigualdades, la pobreza, mejorar la educación, la salud e incrementar la inversión pública, además de la limitada capacidad de gestión del Estado, como se ha demostrado durante la pandemia del COVID 19.

Está claro para una gran parte de la población, que el modelo económico neoliberal más un estado chico e ineficiente son culpables de las desigualdades vigentes, de la informalidad, de las carencias en salud, del alto subempleo, de los déficits en infraestructura etc. Que algo debería cambiar con el próximo gobierno.

En virtud de esta realidad, para varios sectores políticos, el medio para resolver los problemas generados por el modelo neoliberal y la pequeñez e incapacidad del estado, es cambiar o reformar la Constitución fujimorista.

La diferencia entre reformar y cambiar la constitución es equivalente a reformar el pacto social existente o crear uno nuevo. Hay que recordar que la constitución es el resultado de un pacto social, a través de la deliberación de las fuerzas políticas representativas de la población, que se plasma en un conjunto de normas esenciales para el funcionamiento de la sociedad, la política y la economía, dentro de un sistema democrático.

Los inclinados a la reforma de la constitución son aquellos partidos y movimientos políticos que parten de la idea que el modelo neoliberal puede perfeccionarse si se hacen los ajustes. Su inspiración se basa en la experiencia de otros países y en la doctrina constitucional que propone “enmiendas” periódicas, en la medida que los problemas socio-económicos van cambiando con el tiempo.

Los que proponen una nueva constitución argumentan por su reemplazo, postura que es promovida por sectores de izquierda que creen que una nueva constitución podría cambiar el modelo económico y el tamaño y el rol del estado. De alguna manera, proponen la refundación del orden jurídico y económico. En esta corriente hay mucho de voluntarismo y, hasta cierto punto, de demagogia. Proponer un drástico cambio de la constitución requeriría de una muy amplia mayoría para que la nueva constitución tenga la legitimidad y pueda realmente funcionar. Situación que en el Perú no existe, dada la atomización no sólo de la política sino de la sociedad.

En los momentos actuales, en el que se juntan varias crisis: sanitaria, económica, política e institucional, la mayoría de los peruanos están esperando que el próximo gobierno comience a resolver los problemas más acuciantes: oxígeno, agua, bonos, alimentación y empleo. Una nueva constitución no resolvería estos problemas en lo inmediato. Su cambio tomaría por lo menos dos años, mientras tanto hay que actuar con lo que se tiene y desde donde estamos.

Bajo estas circunstancias, lo urgente y sensato es que las fuerzas de la derecha, centro e izquierda se pongan de acuerdo sobre los ajustes que requiere la constitución para llevar a un modelo económico con equidad y sostenibilidad y a un estado igualador de desigualdades. Para ello se requiere de un “pacto de desarrollo y gobernabilidad democrática” que deberían suscribir todos los partidos y movimientos participantes al término de la primera vuelta de las elecciones. Creo que este es uno de los pocos caminos para salvarnos de un colapso social al que nos dirigimos.

De esta manera, el próximo gobierno tendría posibilidades de manejar la salida de la profunda crisis en que estamos. En este momento, ninguna propuesta particular de los partidos que compiten en las elecciones es suficiente. Se requiere de un verdadero “acuerdo político”, sobre algunos puntos esenciales: manejo de la crisis sanitaria, reactivación económica, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y reducción de las desigualdades. Es sobre estos puntos que se podría establecer una agenda del cambio/reforma de la Constitución, que el propio Congreso futuro podría trabajar. En consecuencia, estaríamos forjando un nuevo pacto social sin polarización ni fragmentación, de lo contrario el Perú será ingobernable.

Lima, marzo 2021.

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VACUNAS, ESTADO, ÉTICA Y COMPORTAMIENTOS

Efraín Gonzales de Olarte

Los peruanos estamos consternados por el comportamiento de un grupo de personas que -teniendo poder político, poder administrativo, información privilegiada o “vara”- han utilizado vacunas aún no certificadas por la DIGESA, para inmunizarse, antes que comience el proceso oficial de vacunación.

La pregunta que quisiera plantear es: ¿por qué lo hicieron?, o de manera más general ¿por qué nos comportamos de cierta manera, en determinadas circunstancias? Tratando de responder a estas preguntas quizá es posible entender lo difícil que nos ha sido construir una sociedad civilizada durante los 200 años que tratamos de ser una república peruana moderna.

Siempre es importante entender primero el contexto en el que nos desenvolvemos. En primer lugar, estamos dentro de una pandemia mortífera de nivel mundial, con una primera ola fatal, una segunda más recia y quizás una tercera o más. En segundo lugar, una crítica situación económica que ha reducido el empleo y azota a los más pobres. Luego, una crisis política que debilita progresivamente al precario Estado que tenemos y, encima, un proceso electoral con dieciocho candidatos, con poca o ninguna credibilidad, todo un record de dispersión política. Nos movemos en este ambiente de atomización social y política, de debilidad de las instituciones y de incertidumbre general, es decir no podemos prever lo que pueda suceder mañana o pasado.

En este contexto nos comportamos en función de nuestros instintos, nuestros principios éticos, las instituciones y las normas legales existentes.

El instinto básico es el de sobrevivencia, el del miedo a la muerte y a la enfermedad, que nos lleva a un comportamiento primario. Este instinto lo tienen igualmente los pobres y los ricos, los débiles y los poderosos. Nuestra primera actitud es: ¿cómo me salvo?, primero yo y luego mi familia o algún amigo íntimo.

Sin embargo, tenemos códigos de comportamiento social que provienen de la ética, es decir, de algunos principios como: la confianza, la verdad, el altruismo, la solidaridad, la caridad, que son propios de los humanos. Principios forjados en el proceso de la convivencia social a partir de nuestra parte racional e inteligente, como personas. La naturaleza humana oscila entre el egoísmo y el altruismo, influidos por los comportamientos primarios y por las reglas éticas y por las normas legales.

Las costumbres, en nuestro caso los códigos de comportamiento social, son la fuente del Derecho. Es decir, nos organizamos como sociedad formalizando y legislando sobre la base de nuestras costumbres y proyectando nuestra cultura hacia una convivencia basada en los principios éticos señalados. Esto nos lleva a tener un estado que nos organiza como país y a un gobierno que maneja el estado. El estado nos permite reducir muchas incertidumbres y poder comportarnos aminorando los temores primarios. Es importante entender que el estado -más allá de su organización, sus reglas, sus procedimientos- lo llevamos en la mente, es decir, asumimos que nos proveerá de su seguridad, justicia, identidad y en los estados modernos: salud, educación y servicios básicos, y si no lo hace tenemos un estado débil, en el que confiamos poco. Pero para ello, también debemos tener la obligación de pagar impuestos y cumplir las normas.

Nosotros tomamos decisiones basados en nuestros instintos primarios, nuestra moral cotidiana, las normas establecidas y en la capacidad y calidad del estado que tenemos. Por ello, si bien el instinto es igual de una alemán, un peruano o un nigeriano, su comportamiento, según observamos suele ser distinto. En Alemania nadie se muere de hambre y el que no tiene empleo tiene un seguro de desempleo, es decir las necesidades básicas están aseguradas, por otro lado, la ética protestante es parte de la cultura alemana, decir la verdad es un imperativo moral, pagar los impuestos es una obligación social, pero también recibir bienes y servicios del estado es un derecho que se verifica diariamente, es decir, el estado de derecho y de bienestar funcionan como un reloj. Por ello, sería muy difícil que en Alemania Angela Merkel se vacunara a ocultas y sin decirle a la población que lo está haciendo, pues lo hará como parte de la vacunación de toda la población, sin distinciones.

Nuestro caso es, desafortunadamente muy distinto. Por un lado, la pandemia nos ha mostrado que un país con muchos pobres y con grandes desigualdades sociales el instinto de sobrevivencia está a flor de piel sobre todo de los sectores vulnerables. Frente a la pandemia, nuestro estado se ha mostrado enormemente débil en la gestión: las dificultades de repartir bonos, alimentos, la falta de oxígeno, y, sobre todo, su incapacidad de hacer cumplir las normas.

Las dificultades para conseguir vacunas a nivel internacional, en buena parte por la falta de información y la falta de precaución hicieron que la adquisición de vacunas fuera y seguirá siendo una tarea que no garantiza que todos los peruanos sean vacunados. Si a esto incorporamos la cultura peruana que privilegia el interés propio, sobre todo por razones de sobrevivencia, y la escasa confianza en el Estado peruano – el estado como pacto social no ha entrado en nuestro disco duro-, en consecuencia, no tenemos ninguna seguridad de lo que podamos recibir de él. El resultado es nuestro código de comportamiento social que se expresa en las frases cotidianas: “sálvese quien pueda”, “Pepe el Vivo”, “sólo los cojudos hacen cola”, “el que no corre vuela”, “no seas lorna”. Además, la justicia para penalizar a los infractores funciona tarde o nunca. La falta de efectividad de las reglas, que no han servido para bajar la curva de contagios. Que cada vez hay más enfermos y muertos, que el miedo va en aumento, esto promueve el “sálvese quien pueda”. Lo que lleva a una pugna entre las reglas establecidas por el gobierno durante la pandemia y los comportamientos que no las cumplen. Total, un estado tan débil tampoco me va a aplicar la justicia.

Si todo esto se da en el contexto descrito, no hay que sorprenderse que los involucrados en el “vacuna-gate” se hayan comportado como lo han hecho. No justifico su comportamiento, pero habría que preguntarse si cualquiera de nosotros no habría hecho lo mismo en su lugar. Es probable que los principios morales hayan caído frente a los temores primarios.

Obviamente, los gobernantes y los que tienen posiciones de responsabilidad, deberían observar un código moral más estricto. No es lo mismo el presidente o un ministro que cualquier hijo de vecino o algún Pepe el Vivo. El poder que tienen debería ser utilizado para el bien común y no para el bien propio o de sus allegados.

Aquí es donde aparecen las razones de fondo de dichos comportamientos, que tienen que ver con la poca credibilidad que tiene el Estado que tenemos y que no hemos logrado integrarlo en nuestras mentes, como un pacto social, que supeditaría el egoísmo al altruismo, y que por ejemplo nos asegurara una salud pública y una jubilación decente. No creemos en el Estado que tenemos y, más bien lo asediamos, pues no es nuestro, es del que se lo apropia. El resultado: no confiamos en que todos recibiremos la vacuna.

Luego vienen: nuestra cultura, nuestra ética y nuestros comportamientos, que oscilan entre los instintos primarios (yo como funcionario de salud de primera línea tengo alta probabilidad de infectarme con la COVID19 y de morir, entonces me vacuno) y las normas formales que te dicen que tu turno vendrá de acuerdo al plan de vacunaciones, pero tú no le crees, pues no crees en nuestro estado y tienes un amigo o conocido en el ministerio que te puede ayudar a conseguir la vacuna.

El otro componente de nuestra situación, que es una herencia colonial, es que si tienes algo de poder en el estado lo vas a utilizar en tu provecho. Esta es la historia de la corrupción tan bien documentada por Alfonso Quiroz. La corrupción es parte de nuestros códigos de comportamiento social, que son sólo contrarrestados si se tiene fuertes convicciones cívicas, una moral religiosa o política que piense en el otro y en el bien común.

La triste celebración de nuestro segundo centenario de la independencia es que no hemos logrado construir un estado de todos y para todos, una república con la cual nos identifiquemos colectivamente y no nos comportemos primariamente, con la desconfianza como norma de relacionamiento social y con la incapacidad cumplir las normas legales que tenemos.

Quizás la mejor manera de conmemorar el bicentenario sea promover la reconstrucción del estado, el desarrollo económico basado en un balance adecuado del bienestar individual y del bien común y, sobre todo, promover una ética social capaz de convertirse en ideología del desarrollo humano.

Febrero, 2021

THE CONSTITUTION, DEVELOPMENT AND DEMOCRACY IN PERU

Efraín Gonzales de Olarte 

At the current political crisis, the Peruvian Constitution has been put in question. Some want to reform it and others want to change it. The truth is that the current constitution, approved by the Fujimori regime in 1993 after the “auto-coup d’Etat”, gave the framework to the operation of the economy based on private enterprise and a subsidiary role of the State, in accordance with the current ideology neo-liberal of the 90s of the last century.

The so-called “neo-liberal model”, one hand, generated unprecedented growth until more or less 2015, reduced poverty, but not inequality. However, it would not have obtained these results if the international economic and financial evolution had not been so favorable. As soon as world economic growth began to decline, the Peruvian economy, dependent on prices and international demand for raw materials and agricultural products, began to decline and to worsen inequalities and the increase in poverty levels. On the other hand, the reduction of the state by the neo-liberal reforms did not allow fiscal resources to be sufficient to compensate for the inequalities generated by the economic model. It is very important to understand that neoliberalism generates growth with inequality, only correctable if, for example, the tax burden is greater than 20% of GDP, in the Peruvian case.

Consequently, it was assumed that the inability of the model to favor all Peruvians more or less evenly. In addition, the income and well-being of social groups belonging to 10% rich of the population grew at rates clearly higher than 50% poor. This enequality, it was an unquestionable reality. In addition, it is obvious that the neoliberal model and the Peruvian State do not have the ability to reverse the effects of the international economic and financial cycle.

Due to these factors, it has been deduced that part of the problem is the current Constitution that has reduced the capacity and quality of the state – as we have verified during the COVID19 pandemic – consequently, it is necessary to change or reform it. The truth is that the Fujimori Constitution has been functional while the international economic situation was favorable, now that the time of the lean cows is coming, it seems that it is no longer so.

It is important to take into account that: the difference between reforming and changing the constitution is equivalent to reforming the existing social pact or creating a new one. It must be remember that the constitution is, in the first place, the result of a social pact, through the deliberation of the political forces representing the electoral population, which shape the agreements in the form of a set of essential norms for the functioning of society, politics and the economy, within a democratic system.

The supporters of the reform of the constitution are those parties and political movements that start from the idea that the neoliberal model can be improved if the necessary adjustments are made. Its inspiration is based on the experience of other countries and on the constitutional doctrine that proposes periodic “amendments”, as the socio-economic and political problems change over time.

Those who propose a new constitution argue for its replacement, a position promoted by sectors of the left who believe that a new constitution could help change the economic model and the size and role of the state. In some way, they propose the re-foundation of the legal and economic order. In this vision there is a lot of voluntarism and, to some extent, demagoguery. Proposing a drastic change to the constitution would require a very large majority for the new constitution to have legitimacy and to really work. Situation that does not exist in Peru, given the atomization not only of politics but of society as well.

Those who think that the change of constitution is to return to the statist model, to the Chavismo that has failed, are also not correct, it is an ideological opposition from those who support neoliberalism. Given the structural changes that have occurred in Peru in the last thirty years, there are some structures that it is not easy or desirable to change, for example: having a macro-economic policy that maintains low inflation, low fiscal deficits and a strong currency. On the other hand, the entrepreneurial culture is an important asset for development, the opening of the economy and globalization is part of the daily perspective of people.

Today, Peruvian society and economy operate based on these parameters, consequently, I presume that those who want to change the Constitution would have to take these factors into account. Some innovative proposals should be made starting from the current situation, for example, reduce social and regional inequalities, reorient the role of the state. Consequently, the change of the constitution is, in practice, a reform in a much more social direction and of more equitable growth.

At this point in the 21st century, there is nothing else but to propose a more productive and, above all, a much more equitable economic system. To achieve this, the best thing would be for the forces of the right, the center and the left to agree on the adjustments in the constitution that would lead to development with equity and sustainability. For this purpose it is needed a “Social Pact for Development and Democracy” prior to a Constitutional Reform in order to generate legitimacy, social cohesion and promote human development in the long term.

VACUNAS, ESTADO, ÉTICA Y COMPORTAMIENTOS

Efraín Gonzales de Olarte

Los peruanos estamos consternados por el comportamiento de un grupo de personas que -teniendo poder político, poder administrativo, información privilegiada o “vara”- han utilizado vacunas aún no certificadas por la DIGESA, para inmunizarse, antes que comience el proceso oficial de vacunación.

La pregunta que quisiera responder es: ¿por qué lo hicieron?, o de manera más general ¿por qué los peruanos nos comportamos de cierta manera, en determinadas circunstancias? Tratando de responder a estas preguntas quizá es posible entender lo difícil que nos ha sido construir una sociedad civilizada durante los 200 años que tratamos de ser una república peruana moderna.

Siempre es importante entender primero el contexto en el que nos desenvolvemos. En primer lugar, estamos dentro de una pandemia mortífera de nivel mundial, con una primera ola fatal, una segunda más recia y quizás una tercera o más. En segundo lugar, una crítica situación económica que ha reducido el empleo y azota a los más pobres. Luego, una crisis política que debilita progresivamente al precario Estado que tenemos y, encima, un proceso electoral con 19 candidatos, todo un record de atomización política. Nos movemos en este ambiente de atomización social y política, de debilidad de las instituciones y de incertidumbre general, es decir no podemos prever lo que pueda suceder mañana o pasado.

En este contexto nos comportamos en función de nuestros instintos, nuestros principios éticos, las instituciones y las normas legales existentes.

El instinto básico es el de sobrevivencia, el del miedo a la muerte y a la enfermedad, que nos lleva a un comportamiento primario. Este instinto lo tienen igualmente los pobres y los ricos, los débiles y los poderosos. Nuestra primera actitud es: ¿cómo me salvo?, primero yo y luego mi familia o algún amigo íntimo.

Sin embargo, tenemos códigos de comportamiento social que provienen de la ética, es decir, de algunos principios como: la confianza, la verdad, el egoísmo, el altruismo, la solidaridad, la caridad, que son propios de los humanos. Principios forjados en el proceso de la convivencia social a partir de nuestra parte racional e inteligente, como personas. La naturaleza humana oscila entre el egoísmo y el altruismo, influidos por los comportamientos primarios y por las reglas éticas y por las normas legales.

Las costumbres, en nuestro caso los códigos de comportamiento social, son la fuente del Derecho. Es decir, nos organizamos como sociedad formalizando y legislando sobre la base de nuestras costumbres y proyectando nuestra cultura hacia una convivencia basada en los principios éticos señalados. Esto nos lleva a tener un estado que nos organiza como país y a un gobierno que maneja el estado. El estado nos permite reducir muchas incertidumbres y poder comportarnos aminorando los temores primarios. Es importante entender que el estado -más allá de su organización, sus reglas, sus procedimientos- lo llevamos en la mente, es decir, asumimos que nos proveerá de su seguridad, justicia, identidad y en los estados modernos: salud, educación y servicios básicos, y si no lo hace tenemos un estado débil, en el que confiamos poco. Pero para ello, también debemos tener la obligación de pagar impuestos y cumplir las normas.

Nosotros tomamos decisiones basados en nuestros instintos primarios, nuestra moral cotidiana, las normas establecidas por el estado y en la capacidad y calidad del estado que tenemos. Por ello, el comportamiento de un alemán será distinto al de un nigeriano o al de un peruano. En Alemania nadie se muere de hambre y el que no tiene empleo tiene un seguro de desempleo, es decir las necesidades básicas están aseguradas, por otro lado, la ética protestante es parte de la cultura alemana, decir la verdad es un imperativo moral, pagar los impuestos es una obligación social, pero también recibir bienes y servicios del estado es un derecho que se verifica diariamente, es decir, el estado de derecho y de bienestar funcionan como un reloj. Por ello, sería muy difícil que en Alemania Angela Merkel se vacune a ocultas y sin decirle a la población que lo está haciendo, pues lo hará como parte de la vacunación de toda la población, sin distinciones.

Nuestro caso es, desafortunadamente muy distinto. Por un lado, la pandemia nos ha mostrado que un país con muchos pobres y con grandes desigualdades sociales el instinto de sobrevivencia está a flor de piel sobre todo de los sectores vulnerables. Frente a la pandemia, nuestro estado se ha mostrado enormemente débil en la gestión: las dificultades de repartir bonos, alimentos, la falta de oxígeno, y, sobre todo, su incapacidad de hacer cumplir las normas.

Las dificultades de conseguir vacunas a nivel internacional, en buena parte por la falta de información sobre la evolución de la pandemia y la falta de precaución hizo que la adquisición de vacunas haya sido y seguirá siendo una tarea que no garantiza que todos los peruanos sean vacunados. Si a esto incorporamos la cultura peruana que privilegia el egoísmo, sobre todo por razones de sobrevivencia, y la escasa confianza en el Estado peruano – el estado como pacto social no ha entrado en nuestro disco duro-, en consecuencia, no tenemos ninguna seguridad de lo que podamos recibir de él. El resultado es nuestro código de comportamiento social que se expresa en: sálvese quien pueda, pepe el vivo, los cojudos se joden, el que no corre vuela, no seas lorna. Encima la justicia para penalizar a los infractores funciona tarde o nunca. Lo que lleva a una pugna entre las reglas establecidas por el gobierno durante la pandemia y los comportamientos que no las cumplen. Total, un estado tan débil tampoco me va a aplicar la justicia.

Si todo esto se da en el contexto descrito, no hay que sorprenderse que los involucrados en el “vacuna-gate” se hayan comportado como lo han hecho. No justifico su comportamiento, pero habría que preguntarse si cualquiera de nosotros no habría hecho lo mismo en su lugar. Es probable que los principios morales hayan caído frente a los temores primarios.

Aquí es donde aparece las razones de fondo de dichos comportamientos, que tiene que ver con la poca credibilidad que tiene el estado que tenemos y que no hemos logrado integrarlo en nuestras mentes, como un pacto social, que supeditaría el egoísmo al altruismo, y que por ejemplo nos asegurara una salud pública y una jubilación decente. No creemos en el estado que tenemos y, más bien lo asediamos, pues no es nuestro, es del que se lo apropia. El resultado: no confiamos en que todos recibiremos la vacuna.

Luego viene nuestra cultura, nuestra ética y nuestros comportamientos, que oscilan entre los instintos primarios (yo como funcionario de salud de primera línea tengo alta probabilidad de infectarme con la COVID19 y de morir, entonces me vacuno) y las normas formales que te dicen que tu turno vendrá de acuerdo al plan de vacunaciones, pero tú no le crees, pues no crees en nuestro estado y tienes un “pata” en el ministerio que te puede ayudar a conseguir la vacuna.

El otro componente de nuestra situación, que es una herencia colonial, es que si tienes algo de poder en el estado lo vas a utilizar en tu provecho. Esta es la historia de la corrupción tan bien documentada por Alfonso Quiroz. La corrupción es parte de nuestros códigos de comportamiento social, que son sólo contrarrestados si se tiene fuertes convicciones cívicas, una moral religiosa o política que piense en el otro y en el bien común.

La triste celebración de nuestro segundo centenario de la independencia es que no hemos logrado construir un estado de todos y para todos, una república con la cual nos identifiquemos colectivamente y no nos comportemos primariamente, con la desconfianza como norma de relacionamiento social y con la incapacidad cumplir las normas legales que tenemos.

Quizás la mejor manera de conmemorar el bicentenario es promover la reconstrucción del estado, el desarrollo económico basado en un balance adecuado del bien individual y del bien común y, sobre todo, promover una ética social capaz de convertirse en ideología del desarrollo humano.

Febrero, 2021

DESIGUALDADES SOCIALES Y PENSIONES DE JUBILACIÓN EN EL PERÚ

Efraín Gonzales de Olarte

¿Es posible establecer un sistema de jubilación equitativo en un país con gran desigualdad socio-económica entre personas, familias y regiones y altos índices de pobreza? En verdad proponer una solución es bastante difícil, dadas estas condiciones de inicio.

Según el INEI, en el año 2019 el ingreso promedio mensual del 20% más pobre del Perú era de 1,112 soles, mientras que el 20% más rico era de 9,820. Una diferencia de 1 a 8 entre estos quintiles. Adicionalmente, el 20.2% de la población total está en condición de pobreza y tiene un ingreso menor a 1400 soles al mes, que es el mínimo vital para una familia de cuatro personas. En el ámbito rural, el 40.8% de la población está por debajo de este ingreso mínimo vital y en la sierra rural este porcentaje sube a 45.2%. Estos datos nos dan una idea de la gran desigualdad de ingresos y de los altos niveles de pobreza aún existentes. Es sobre esta base que hay que ver las posibilidades y características de un sistema de pensiones de jubilación. Estas desigualdades y esta pobreza nos hacen presumir que los principios que deberían estar en la base para un sistema de pensiones deberían ser: la solidaridad redistributiva y la eficiencia financiera. Principios, que en general no son fáciles de conciliar.

Adicionalmente, el Perú tiene una alta informalidad laboral, según el INEI la informalidad urbana en el Perú el 2019 oscilaba entre 79.9% en Huancavelica y 58.7% en Lima. Somos uno de los países más informales del hemisferio. Lo que obviamente, complica el establecimiento de un sistema de pensiones, pues la informalidad laboral significa que la mayor parte de trabajadores del Perú no tienen un registro laboral formal, o sea no tienen seguro social de ningún tipo y probablemente no son pagados a través de planillas registradas en el Ministerio de Trabajo.

Bajo estas condiciones para establecer un sistema de pensiones equitativo y sostenible requiere de varios ingredientes y, sobre todo, de una estrategia de corto y largo plazo.

En el corto plazo lo que cabría es establecer un proceso de transición entre el múltiple sistema de pensiones que existe en el Perú (SNP, SPP, Sistema de pensiones de las fuerzas armadas y policiales) y un nuevo sistema integrado. Obviamente, una tarea así requeriría de un proceso de información a los potenciales pensionistas y de una decisión política fuerte.

Por ahora sólo me ocuparé de las posibilidades de establecer las condiciones que requeriría un sistema integrado de pensiones en el largo plazo, a partir de los niveles de ingreso (pobreza), de las desigualdades sociales y regionales existentes y de los altos niveles de informalidad.

Asumimos que las familias de los dos quintiles más pobres no están en condiciones de ahorrar, es decir, aquellas que tienen un ingreso menos a 2000 soles al mes, en consecuencia, no tendrían capacidad de aportar a cualquier sistema de pensiones. Sólo a partir del tercer quintil las personas podrían ahorrar y/o cotizar a un sistema de pensiones, en consecuencia, es necesario encontrar un sistema que, por un lado, pueda generar subsidios cruzados de los quintiles ricos a los quintiles pobres y, al mismo tiempo, favorecer mayores pensiones relativas a quienes tienen mayores ingresos. La idea es tener un lado redistributivo y, por el otro, uno que premie los mayores ingresos relativos con mayores pensiones.

Para ello, es necesario definir una pensión mínima universal, que recibirían todos los pensionistas, con un nivel que pueda asegurar un consumo mínimo vital al jubilarse, en el caso peruano podría ser de 1,400 soles al mes o de 16,800 al año. Sobre esta base los trabajadores de los tres quintiles superiores recibirán una pensión adicional en función de sus aportaciones anuales. Sin embargo, sus aportaciones tendrían dos destinos un 20% iría al fondo común de pensiones de jubilación FCPJ y 80% a sus fondos individuales. El FCPJ sería complementado por aportes del estado provenientes de los impuestos directos y por el manejo financiero del fondo, de tal manera que asegure la pensión de jubilación mínima. La condición sine-quanon para tener derecho a una pensión es estar formalizado, es decir, registrado como contribuyente con RUC o RUS, o estar en planilla electrónica.

Adicionalmente, todo aportante al sistema de pensiones tendrá un seguro de salud que seguirá vigente al jubilarse. Este tema es crucial para el éxito de un sistema de jubilación.

Es obvio, que este sistema tendrá éxito en la medida que la economía tenga una tasa de crecimiento capaz de crear nuevos empleos y capaz de aumentar la productividad del trabajo en todos los sectores. Esto implica que el sistema de pensiones tiene que estar conectado a la dinámica económica sectorial y regional. Para ello se requerirá no sólo políticas macroeconómicas estables, que generen simultáneamente baja inflación y empleo, para ello la política monetaria y fiscal de corto plazo deberán tener metas de mediano plazo en términos de empleo y de productividad. Complementariamente, y de manera crítica serán necesarias políticas sectoriales que promuevan aquello sectores con mejores posibilidades de crecimiento en producto, productividad, empleo y en exportación interregional o internacional.

En el caso peruano una jubilación decente sólo será posible si se reduce en el mediano plazo las desigualdades familiares (personales) y regionales, y se elimina la pobreza. Por ello, un sistema de pensiones no será exitoso si no está imbricado en un sistema económico que genere crecimiento (producción y productividad) empleo y redistribución de los frutos del desarrollo. Quien crea que se puede crear un sistema de pensiones al margen del modelo de desarrollo está haciendo demagogia.

Febrero 2021

LA CONSTITUCIÓN, EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ

Efraín Gonzales de Olarte

En la actual coyuntura política se ha puesto en cuestión la actual constitución. Algunos la quieren reformar y otros la quieren cambiar. Lo cierto es que la constitución vigente, aprobada por el régimen fujimorista en 1993 después del “auto-golpe de estado”, dio el marco al funcionamiento de la economía basada en la empresa privada y a un rol subsidiario del estado, acorde con la corriente ideología neo-liberal de los años 90 del siglo pasado.

El así llamado modelo neo-liberal, generó un crecimiento inédito hasta más o menos el 2015, redujo la pobreza, pero no la desigualdad, sin embargo, no hubiera obtenido estos resultados si la coyuntura económica y financiera internacional no hubiera sido tan favorable. En cuanto el crecimiento mundial comenzó a declinar la economía peruana, dependiente de precios y de la demanda internacional por las materias primas y productos agrícolas, comenzó a declinar y a hacer más agudas las desigualdades y el aumento de los niveles de pobreza. Por otro lado, la reducción del estado por las reformas neo-liberales no permitió que los recursos fiscales fueran suficientes para compensar las desigualdades generadas por el modelo económico. Es muy importante entender que el neoliberalismo genera crecimiento con desigualdad, sólo corregible si, por ejemplo, la presión tributaria es mayor al 20% del PBI.

En consecuencia, se comenzó a asumir que la incapacidad del modelo para favorecer a todos los peruanos de manera más o menos pareja, además de la constatación que los ingresos y bienestar de los grupos sociales pertenecientes al 10% de la población crecían a tasas claramente más elevadas que el 50% de la población, era una realidad incuestionable. Además, se ha deducido que el modelo neoliberal y el estado no tienen la capacidad de revertir los efectos del ciclo económico y financiero internacional.

Debido a estos factores, se ha inferido que parte del problema es la constitución vigente que ha reducido la capacidad y la calidad del estado –tal como hemos constatado durante la pandemia del COVID19- en consecuencia, es necesario cambiarla o reformarla. Lo cierto es que la constitución fujimorista ha sido funcional mientras la coyuntura económica internacional fue favorable, ahora que viene la época de las vacas flacas parece que ya no lo es.

Es importante tomar en cuenta que: la diferencia entre reformar y cambiar la constitución es equivalente a reformar el pacto social existente o crear uno nuevo. Hay que recordar que la constitución es, en primer lugar, el resultado de un pacto social, a través de la deliberación de las fuerzas políticas que representan a la población electoral, que plasman los acuerdos bajo la forma de un conjunto de normas esenciales para el funcionamiento de la sociedad, la política y la economía, dentro de un sistema democrático.

Los partidarios de la reforma de la constitución son aquellos partidos y movimientos políticos que parten de la idea que el modelo neoliberal puede perfeccionarse si se hacen los ajustes necesarios. Su inspiración se basa en la experiencia de otros países y en la doctrina constitucional que propone “enmiendas” periódicas, en la medida que los problemas socio-económicos van cambiando con el tiempo.

Los que proponen una nueva constitución argumentan por su reemplazo, postura que es promovida por sectores de izquierda que creen que una nueva constitución podría ayudar a cambiar el modelo económico y el tamaño y el rol del estado. De alguna manera, proponen la refundación del orden jurídico y económico. En esta corriente hay mucho de voluntarismo y, hasta cierto punto, de demagogia. Proponer un drástico cambio de la constitución requeriría de una muy amplia mayoría para que la nueva constitución tenga la legitimidad y pueda realmente funcionar. Situación que en el Perú no existe, dada la atomización no sólo de la política sino de la sociedad.

Los que opinan que el cambio de constitución es para volver al modelo estatista, al chavismo que ha fracasado, tampoco tienen razón, es simplemente una oposición ideológica de los que apoyan el neoliberalismo. Dados los cambios estructurales acaecidos en el Perú en los últimos treinta años, existen algunas estructuras que no es fácil ni deseable cambiar, por ejemplo: tener una política macro-económica que mantiene una baja inflación, bajos déficits fiscales y una moneda fuerte, por otro lado, la cultura emprendedora es un activo importante para el desarrollo, la apertura de la economía y la globalización hace parte del contexto cotidiano de las personas.

La sociedad y la economía peruana funcionan hoy sobre la base de estos parámetros, en consecuencia, presumo que quienes quieren cambiar la constitución tendrían que tomar en cuenta estos factores, sobre cuya base habría que hacer propuestas innovadoras que utilicen estas bases para, por ejemplo, reducir la desigualdad social y regional, reorientar el papel del estado. En consecuencia, también el cambio de la constitución es, en la práctica una reforma en una dirección mucho más social y de crecimiento más equitativo.

A estas alturas del siglo XXI no cabe otra cosa que proponer un sistema económico más productivo y, sobre todo, mucho más equitativo. Para lograr ello, lo mejor sería que las fuerzas de la derecha, de centro y de la izquierda se pongan de acuerdo sobre los ajustes en la constitución que llevarían a desarrollo con equidad y sostenibilidad y a un estado igualador de desigualdades, para lo cual debería proponerse su reforma. Este si sería un pacto social que haría que la constitución tenga legitimidad, genere cohesión social y promueva el desarrollo humano en el largo plazo.

Lima, 29 enero 2021

EL PÉNDULO DE LARGO PLAZO SE MUEVE

Efraín Gonzales de Olarte

La pandemia del COVID19 está sirviendo de cortina a un fenómeno que venía desde algunos años atrás: el ciclo económico de largo plazo ha entrado en descenso. En 1990 el Perú cerró un ciclo de largo plazo que venía desde 1950 y comenzó otro, cuyo pico tuvo lugar entre 2012-2014, a partir de entonces el ciclo ha comenzado su declinación y el modelo neoliberal que lo sustenta no tiene soluciones endógenas para prolongar su vigencia. Lo mismo sucedió con el modelo de industrialización por substitución de importaciones (ISI), que se agotó pese a las políticas proteccionistas del primer gobierno de Alan Garcia (1985-1990), que llevó al Perú a una profunda crisis económica, política y social.

De acuerdo a las tendencias históricas los ciclos de largo plazo duran entre 40 y 50 años y se deben a importantes cambios tecnológicos que alteran drásticamente los procesos productivos, de comercialización y el empleo de la fuerza de trabajo. En general cada nuevo ciclo nace del agotamiento tecnológico y del estancamiento relativo de la productividad total de factores. Las nuevas tecnologías relanzan el crecimiento económico y aparece una nueva estructura económica y social y nuevos modelos de crecimiento.

Obviamente, la caída del PBI el 2020 se debe principalmente a las cuarentenas y medidas para evitar los contagios del SAR, sin embargo, antes de la pandemia, los pronósticos de los economistas eran que el crecimiento económico se había debilitado y en consecuencia las probabilidades de incremento de la pobreza y la desigualdad estaban dadas. En mi criterio, esta crisis potencial ya no era un a de corto plazo, debido a los factores externos de siempre, sino que los factores externos estaban variando y el modelo primario-exportador y de servicios (PESER) tenía límites, pese a las políticas sectoriales favorables a los sectores mineros, agrícola y financiero. El entorno exterior ha ido cambiando y el Perú ha insistido en un modelo que depende de las rentas diferenciales y no del crecimiento de las productividades de los sectores industriales y de servicios.

La pandemia ha acelerado los procesos de investigación aplicada que estaban en curso y que han creado un nuevo paradigma tecnológico.  Ciertamente el Perú, para relanzar un nuevo ciclo de crecimiento, tendrá que ir adaptándose e incorporando las nuevas tecnologías basadas en: la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas, las redes neuronales, el manejo de las “big-data”, las “block-chain” que ciertamente cambiarán los procesos productivos de todos los sectores y particularmente el de servicios, que hoy cuenta por 2/3 del PBI y de la PEA. En consecuencia, el nuevo modelo de crecimiento tendrá que repensar el papel de los servicios en el crecimiento y el desarrollo económico, pues, seguir basando el dinamismo económico en las exportaciones mineras y gasíferas, sólo generará algo de crecimiento con mayor desigualdad.

El nuevo ciclo de largo plazo es probable que tenga su punto de inflexión hacia 2024-2025, así que la economía pos-pandemia no se presenta como un retorno al crecimiento, sino como el fin de un ciclo primario-exportador. Para entonces será necesario pensar en un modelo de desarrollo que cambie los sectores generadores de mayores productividades, mayor empleo y mayor equidad y estos estarán en los servicios.

PC ene2021

LA TRAGEDIA PERUANA: LA POLÍTICA CONVERTIDA EN UN MERCADO 

Efraín Gonzales de Olarte 

Para entender la política en el Perú no se requiere de Ciencia Política, se requiere de micro-economía. Desafortunadamente, el hacer política en el Perú se ha convertido en un negocio turbio, no de otra manera se podría entender lo que está sucediendo hoy en nuestro país.

La política, entendida como la actividad que permite gobernar una colectividad en base al poder que se constituye en el estado, es el camino que permite la gobernabilidad de grandes colectividades países, regiones o federaciones. En consecuencia, los que participan en política tienen un interés altruista, es decir, piensan en su participación en función de los otros. Para ello se organizan partidos políticos sobre la base de alguna doctrina sobre cómo debe ser la sociedad y qué debe hacer el estado para llevar a esa sociedad al ideal doctrinario. Por ello, hay el liberalismo, la social-democracia, el social cristianismo, el socialismo, el comunismo y la anarquía que es la negación del estado.

En el Perú ocurrió un gran proceso de hiperinflación en los años ochenta del siglo pasado, que debilitó los partidos que, hasta entonces, existían varios de los cuales tenían décadas de existencia. La llegada al poder de Alberto Fujimori fue la confirmación que los partidos estaban en serios problemas, pues fue elegido con un movimiento electoral denominado Cambio 90 y los partidos políticos establecidos apenas obtuvieron 20% del electorado.

A partir de entonces la política pasó a ser dominada por movimientos electorales, que se fundaban cada vez que había nuevas elecciones, ninguno con alguna doctrina conocida, todos con ofertas electorales de corte clientelista: empleo, salud, educación, carreteras, agua potable, etc. Bajo esta perspectiva la política se convirtió en una carrera para tomar el poder para provecho propio de los gobernantes y sus allegados, es decir de su clientela política que votaban por ellos y los apoyaban a cambio de prebendas, de empleo, de manejo de fondos. Poco a poco hacer política se fue convirtiendo en un negocio particular, se llegaba al estado para hacer negocios. Asi, a partir del gobierno de Fujimori la corrupción –que existe en el Perú desde su constitución como república- comenzó a hacer parte de la política y de los comportamientos políticos. Se llegaba al gobierno para usar los recursos del estado en provecho propio. La prueba es que hoy el Perú tiene el triste privilegio de tener a todos sus presidentes de los últimos treinta años con juicios por corrupción, en prisión, fugados o suicidados, además de una gran cantidad de gobernadores regionales y alcaldes procesados también por actos de corrupción.

Hoy, en el Perú tenemos corrupción de todas las dimensiones. En grande, como el caso del “Club de la construcción”, en el que las empresas constructoras más grandes del Perú están también involucradas en actos de corrupción. Pero la hay mediana y pequeña. Obviamente, si desde la presidencia de la república se gobierna haciendo negocios la política está degrada y, sobre todo, el ejemplo es seguido en todo nivel: los gobiernos: central, regionales y locales, el congreso de la república, el poder judicial.

La corrupción ha hecho metástasis en el Perú y la gente participa en política pensando en maximizar sus ingresos –que es una de las premisas de la teoría micro -económica-, no en servir al resto, no en usar el poder que se tiene al llegar al gobierno o al estado para el beneficio de los demás, sino en provecho individual.

Si uno quiere entender porque los últimos congresos elegidos para legislar se convirtieron en un mercado político, la respuesta está en la degradación de la política, la pérdida de valores morales y la crisis de la justicia peruana.

Por ello, buena parte de los gobernantes y congresistas llegan a sus puestos para hacer negocio, al mismo tiempo que gobiernan. Obviamente, no se pueden robar todos los presupuestos, pero si un porcentaje de ellos.

Cuando un congresista juró “por dios y por la plata” u otra congresista dijo que no había recuperado su “inversión”, o cuando un ex contralor con procesos legales por corrupción se hace elegir congresista para tener inmunidad, estamos frente a casos tan claros como penosos del nivel al que ha llegado la política en el Perú.

Cuando la participación en política se convierte en la participación en el mercado político, el país obviamente ha entrado en una crisis sistémica de muy difícil recuperación. Más aún, cuando esta forma de actuar se ha convertido en “normal” en la “regla”, que el no lo haga es considerado un tonto o alguien hay que sacar del “negocio”, hemos tocado el fondo de la degradación ética de la política y ya compromete el futuro del desarrollo democrático y civilizado del Perú.

El reto es cómo revertir una situación de esta magnitud. En primer lugar, necesitamos de una recuperación de la moral pública y de la ética ciudadana, y esto corresponden a la nueva generación, a los jóvenes, que han irrumpido en la arena política de manera espontánea y masiva, al parecer con otros referentes éticos. En segundo lugar, el Perú requiere de gobernantes probos, que den el ejemplo, como lo dieron Fernando Belaunde y Valentín Paniagua, de honradez y sólidos principios morales. La promesa peruana pasa por una nueva generación de políticos que hagan del estado el medio para mejorar las oportunidades de todos, para reducir las desigualdades y la pobreza y que no piensen en la política a partir de sus bolsillos.

Lima, 18-11-2020

LA ECONOMÍA Y LOS ECONOMISTAS EN LOS LOCOS AÑOS VEINTE DEL SIGLO XXI

Efraín Gonzales de Olarte*

“Las ideas de los economistas son mucho más poderosas de lo que generalmente se piensa. De hecho, el mundo no está gobernado por otra cosa. La vida de las personas, que muchas veces creen que son independientes de lo que piensa esta disciplina, suele estar determinada por la teoría de algún fallecido economista”. (John M. Keynes)

INTRODUCCIÓN

La carrera del economista profesional es un producto del siglo XX. La Economía es probablemente la disciplina más estandarizada de las ciencias sociales, es la única que cuenta con un premio Nobel específico y tiene un alto nivel de formalización matemática y estadística. Los currículos de enseñanza de la economía son bastante parecidos en todas las universidades del mundo, sus diferencias provienen más bien del énfasis que le dan a algún tópico en especial o el predominio de algún o algunos profesores líderes de sus especialidades o de cierta temática. Además, existe una bien consolidada comunidad académica-investigadora, prueba de ello son los centenares de revistas especializadas que publican resultados de investigaciones, sobre todo empíricas.

Estamos frente a una disciplina muy consolidada y existe una comunidad de economistas tanto académicos como profesionales que comparten una forma de analizar la economía como actividad económica, en general separada de otros fenómenos, aunque sin desdeñarlos, y una forma de ver las sociedades desde la economía y sus bases teóricas e ideológicas.

Después de más de dos siglos de la publicación de “La riqueza de las naciones” de Adam Smith la Economía como ciencia se ha desarrollado, conformando corrientes de pensamiento diferenciadas que han permitido el debate entre distintas escuelas económicas: la clásica, la neoclásica, la keynesiana, la neo-keynesiana, la marxista y diferentes radicalismos. A diferencia de la física o la química, los fenómenos económicos han ido cambiando al compás del crecimiento y desarrollo económico, de las innovaciones tecnológicas, cambios institucionales e incluso a partir de la intervención de los economistas –ministros o consejeros económicos- con  propuestas de políticas económicas basadas en una u otra teoría[1], en consecuencia, el objeto de la ciencia económica es mucho más variable que los fenómenos naturales, tanto así que la rama de “economía socialista” creada durante el siglo XX hoy está prácticamente desactivada. Actualmente, los cambios que influyen sobre el análisis económico y la formulación de teorías son la globalización económica y financiera, el cambio climático, las migraciones, la pobreza y la persistente desigualdad y su impredecible dinámica.

EL PARADIGMA ECONÓMICO, LA POLÍTICA Y LA ETICA

El paradigma actual de la economía, entendido como la comunidad de economistas que comparten la teoría económica y la economía política con epistemologías afines, está confrontada a dos grandes problemas: Por un lado, existe una discrepancia ideológica sobre el papel del mercado y el papel del estado, que desemboca en propuestas de “políticas económicas” distintas. Esta controversia es la que influye grandemente en la “política” pues existen dos grandes propuestas: la liberal/conservadora que apuesta por la estabilidad económica –baja inflación- y la social demócrata/socialista no comunista, que apuesta por el pleno empleo de los trabajadores y la redistribución. Obviamente, la política hoy depende mucho de la escuela económica que adopte un gobierno.

Por otro lado, las propuestas normativas, hechas a partir de la teoría, no siempre tienen el resultado esperado, pues el mundo económico y no económico se mueven dentro de marcos de incertidumbre, que a menudo desafían el carácter predictivo de las teorías existentes. En consecuencia, la economía no tiene todavía –aunque es poco probable que la tenga- la precisión que tiene la física o la química capaces de lanzar naves espaciales a otros planetas o de generar medicinas capaces de vencer enfermedades. Esta es su frontera con las ciencias y, es precisamente, ahí que comienza su carácter de ciencia social, es decir, aquella en la cual el observador economista es simultáneamente parte interesada de lo observado o más bien es sobre todo un actor social. Los economistas son, desde esta perspectiva actores sociales privilegiados y cuenta con cierto poder que no emerge del voto sino del lugar y la imagen que hemos creado en la sociedad y de la información económica y financiera que manejamos.

Siendo así, los fundamentos éticos de la ciencia económica son cruciales, pues la capacidad que tienen los economistas de influenciar en la política, en el comportamiento de las personas, en la cultura es bastante mayor que el de otros científicos sociales, en la medida que pueden influir en los precios, las inversiones, el ahorro, los cambios tecnológicos, que tienen efectos específicos y directos en la vida de las personas, en su bienestar y sobre todo en su libertad. El problema es que no siempre aciertan en sus recetas y resultados y esto hace que tengan una responsabilidad moral sobre sus actos y sus propuestas de política.

Sin embargo, uno se pregunta si el mundo estaría mejor sin los economistas y la respuesta es no, pues pese a que la disciplina económica no es una ciencia exacta, se ha llegado establecer algunas bases sólidas sobre el funcionamiento de la economía moderna, gracias a la contribución de decenas de economistas teóricos y empíricos, basta señalar, en primer lugar, el establecimiento de un sistema de estadísticas económicas y financieras a nivel de todos los países y a nivel mundial, que permite tomar decisiones y hacer el seguimiento del comportamiento de las economías nacionales y regionales, por otro lado hay una bien establecida teoría macroeconómica y amplia evidencia empírica que permite tomar decisiones lógicas e informadas, luego los métodos de medición y análisis empírico se han desarrollado enormemente con la ayuda de la informática, además, la teoría microeconómica aplicada a los negocios ha demostrado ser muy efectiva en la toma de decisiones de los distintos agentes económicos. Richard Stone Economista Inglés ganador del premio Nobel en 1984, solía afirmar: “Si hubiera más economistas el mundo sería un mejor lugar”, él fue el creador de la contabilidad social uno de los pilares de la gestión macroeconómica moderna. Sin embargo, es conocida la frase: “donde hay dos economistas hay tres opiniones”.

ECONOMIA E IDEOLOGIA

Por ello, la labor de los economistas se lleva a cabo con una tensión entre la teoría en la que uno cree y la responsabilidad ética que se tiene al aconsejar una u otra receta económica al estado, a una empresa o a un partido político. Es aquí donde aparece la ideología como elemento “subjetivo” pero al mismo tiempo necesario en la “acción económica”[2], que muchos economistas inconscientemente no la hacen explícita. Tomaré de Piketty[3] su definición positiva de ideología: “Es un conjunto de ideas y de discursos a priori plausibles con miras a describir cómo debería estructurarse la sociedad”(pp. 16, traducción nuestra) . En general, todo economista tiene una idea u opinión de cómo debería funcionar la economía, a partir de esta idea si es académico su teoría se verá influenciada por su ideología, sobre todo en el análisis de las “variables de comportamiento” es decir, de cómo cada persona se comporta para tomar decisiones de producción, de consumo, de ahorro o inversión. Pero si no es académico propondrá acciones económicas congruentes con su ideología. En ambos casos, hay una relación dialéctica entre la teoría y la práctica, que guía los pasos del economista. Obviamente, la ideología hace más social y más humana a la economía, pero al mismo tiempo la hace menos precisa y más sujeta al escrutinio y la deliberación pública.

Dentro de este contexto hay dos corrientes de economistas que se contraponen, pese a compartir en muchos casos las mismas teorías. Por un lado, los economistas para quienes el objetivo del análisis económico es la  evolución de la producción, los ingresos, la inversión, la inflación, cuyos resultados se constituyen en fines en si mismos. Es decir, hay una fuerte orientación a que las metas económicas sean el incremento de las cosas hay una suerte de “cosismo” y se asume que si estas metas se cumplen las personas tendrán más empleo, más bienestar, más ingresos. Por otro lado, los economistas que proponen como objetivo el bienestar, la igualdad de oportunidades, el desarrollo de las personas, como metas de las políticas y de las acciones económicas, para lo cual es necesario el crecimiento del producto, la inversión, los ingresos. Obviamente, son dos puntos de vista ideológicamente contrapuestos, y que contraponen las cosas versus las personas como objetivo de la acción económica. Esta controversia se proyecta a la política, ya que las representaciones políticas asumen una u otra postura económico-ideológica, por ello podemos traer a la memoria aquella frase: “tras de todo político hay un economista muerto”. Es aquí, donde el debate se hace más político e ideológico que científico, lo que me permite concordar con Albert Hirschman, quien sostenía que la economía es una ciencia moral.

LOS ECONOMISTAS HOY

La formación de los economistas, más allá de las materias que aprenden, está muy relacionada con el tipo de país y sociedad en la que viven. Pese a las grandes tendencias hacia estandarización de los cursos y los contenidos de ellos y, pese al alto nivel de matematización de la disciplina, en cada país la formación de los economistas responde al mercado de trabajo. Por ello, los economistas que desean ir al sector privado o al sector público aspiran a bachilleratos, licencias y hasta maestrías, en cambio los que quieren tener una carrera académica o de investigación tienen que ir hasta el doctorado. En este nivel los economistas americanos se forman para convertirse en profesores universitarios, es decir, hay una especie de endogamia, en cambio en los países europeos muchos de ellos optan por la carrera pública o por la carrera política, en varios países europeos ha habido primeros ministros doctores en economía. Probablemente, esto se debe a la tradición estatista de Europa que, desde Napoleón, se creó escuelas y universidades para formar a los funcionarios públicos y a los políticos. Es decir, hay un objetivo social en la formación de estos economistas, mientras que en los Estados Unidos hay más bien un objetivo académico deliberado y, hasta cierto punto, una separación de los economistas académicos de la política. Es famosa la frase de Paul Samuelson –gran teórico de la economía neoclásica- que él nunca había pisado Washington ni quería hacerlo.

En América Latina los economistas, formados en las universidades nacionales, se parecen más a los economistas europeos, en la medida que se forman para ir al sector privado o público, algunos para hacer política, pero una parte de ellos tratan de obtener sus doctorados en universidades anglo-sajonas e incursionan en el mercado universitario americano, en las agencias multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en las diferentes agencias de las Naciones Unidas o en el Banco Interamericano de Desarrollo. Las principales causas de este fenómeno son: de un lado la formación estandarizada que tienen, que les permiten alternar en los mercados internacionales de economistas y, de otro lado, las universidades latinoamericanas no constituyen todavía un mercado atractivo para los doctores en economía, entre otras razones porque durante mucho tiempo las universidades latinoamericanas han sido profesionalizantes y han tenido poca investigación y, sobre todo, mucho menores recursos públicos y privados para fomentar la investigación. Recién en las dos últimas décadas algunos países han dado un salto cualitativo y sus principales universidades son ahora también de investigación[4].

En todo caso, hay una importante movilidad de economistas latinoamericanos hacia el norte y una menor proporción vuelven a sus países de origen. Por el momento, hay una balanza negativa de economistas del sur, es decir la fuga de talentos aún no ha cambiado de tendencia. Quizás la globalización de las comunicaciones y las nuevas tecnologías informáticas ayuden a integrar a estos economistas y, quizás, se constituyan en puentes entre la academia de economistas del norte y la del sur, pero también se involucren en los problemas de nuestros países.

EL FUTURO DE LA ECONOMÍA Y DE LOS ECONOMISTAS

Pero el siglo XXI nos está mostrando que el capitalismo a nivel mundial está cambiando hacia rumbos inéditos como fruto de varios fenómenos que es bueno recordar: 1. La acumulación intensiva de capital físico y el incremento enorme del capital humano, que está llevando a niveles de riqueza global, nunca antes vistos. Paralelamente, la pobreza ha ido disminuyendo, pero no a la velocidad con que ha crecido la riqueza, razón por la cual ha rebrotado el problema de las desigualdades distributivas en todo el mundo[5]. Lo inédito es que las distancias entre pobres y ricos se han hecho mucho más amplias. 2. La investigación científica y tecnológica ha llevado a la denominada “cuarta revolución industrial” que más bien habría que decir la segunda revolución informática, que ha puesto a disposición de la población una serie de instrumentos que está cambiando no sólo la estructura de los mercados, las instituciones económicas y no económicas, sino también la cultura. La inteligencia artificial, big data, block chain, machine learning el internet de las cosas, las redes neuronales, han comenzado a cambiar la forma de producir, de comerciar, de investigar, de comunicarse e incluso de pensar. 3.  Los sistemas políticos, que fueron funcionales al capitalismo de naciones-estado hasta finales de la segunda revolución industrial, están siendo cuestionados. Hoy con la globalización se hace cada vez más necesario algún nuevo sistema de gobernanza mundial, sobre todo en materia económica, financiera y ambiental. Creo que se requiere de un Estado mundial. En consecuencia, tanto la estructura de mercados, sobre las cuales se dan distintos niveles de regulación, requiere de nuevas instituciones y de nuevas miradas desde la economía. 4. Los evidentes cambios ambientales, que no pueden ser acometidos de manera individual por los países obligan a la integración de esfuerzos, a cambios en las matrices energéticas y, consecuentemente, a cambios en los procesos de crecimiento urbano e industrial. Estamos frente a un fenómeno que requiere de visiones económicas distintas, de modelos de crecimiento de muy largo plazo, en los cuales se debe incorporar el capital natural como la variable clave de la sobrevivencia humana en la tierra.

La economía como disciplina está incorporando todos estos fenómenos, pero de manera bastante lenta y no con mucho entusiasmo, entre otras razones porque a los fenómenos de corto plazo se les presta mayor atención pues están en función de intereses inmediatos, además, la frase de John M. Keynes “en el largo plazo no vivimos” se presenta como un obstáculo para problemas que requiere de soluciones de largo plazo, pero que deben comenzar hoy. Por ejemplo, para reducir las emisiones de carbono se requieren de nuevas tecnologías, que ciertamente encarecen los costos de producción y de consumo, lo que reduce las ganancias, en consecuencia, se establece se ha establecido un “trade off” entre mantener las ganancias de corto plazo versus asegurar la sostenibilidad ambiental futura. Problemas que requieren de enfoques teóricos y empíricos distintos a los vigentes. Los El hiper-consumismo que hoy es la esencia del capitalismo y contribuye  claramente al calentamiento global. Los economistas estamos frente a estos desafíos.

Tengo la impresión que la economía y los economistas a inicios de los años 20 del siglo XXI estamos frente a la posibilidad de un cambio paradigmático, tanto en las teorías, las metodologías, como en la enseñanza e investigación. En las teorías será necesario crear modelos que transiten del corto al largo plazo y que incluyan los problemas ecológicos y ambientales, para que las propuestas de acción –políticas económicas o decisiones empresariales- interioricen la necesidad de reducir las tasas de ganancias a cambio de asegurar la sostenibilidad ambiental y, al mismo, tiempo mejorar los mecanismos redistributivos. En las metodologías, es imprescindible comenzar a incorporar la inteligencia artificial y las otras innovaciones informáticas[6] tanto en los procesos de investigación como en las propuestas de acción. En la enseñanza la incorporación de habilidades blandas, pero sobre todo de competencias específicas será imprescindible incorporar en los planes de estudios en todos los niveles de enseñanza. No cabe duda que el uso de big-data, block-chain y la programación informática deberá incluirse en los programas de enseñanza de la economía. Dentro de las habilidades blandas o soft-skills, el tema de la comunicación debe ser incorporado de manera decisiva, pues, por alguna razón cuando los economistas tratan de comunicar sus ideas no se hacen entender por la mayor parte de gente, no logran traducir en lenguaje fácil sus puntos de vista. El efecto es que se da la sensación que la economía es sólo para iniciados o que tras del lenguaje economista se oculta algo. Esta imagen es necesario revertirla. La investigación económica requiere de abrirse mucho más hacia otras interpretaciones, los economistas debemos incrementar la investigación multi e interdisciplinaria, pues los fenómenos a los cuales hacemos frente se presentan de manera multidimensional, por ejemplo se requiere de más relación con la ciencia política, para no sólo proponer “qué hacer” en políticas económicas y de desarrollo, sino también “cómo hacerlo”.

Finalmente, creo que vivimos tiempos excepcionales en los cuales la innovación y los cambio científico-tecnológicos nos han llevado a cumbres de desarrollo económico, social, político nunca antes vistas, que requieren de comprensión, análisis, interacción, humildad y ética para no terminar arrollados por nuestro propio progreso. Es necesario reciclar la economía y los economistas actuales y formar economistas para un mundo diferente en el que fuimos formados los economistas como el que suscribe este artículo.

Sin embargo, hay que señalar que hay varios temas que van a tener una importante influencia en los futuros economistas, IA, los temas psicológicos, la economía conductual, la incorporación del capital natural en el análisis, la globalización, la interdisciplinariedad frente a la creciente multi-dimensionalidad de los problemas que ha aumentado con la globalización.

Estos primero veinte años del siglo XXI se han vuelto muy confusos, muy contradictorios, hay más riqueza pero también hay más desigualdad, hay una tendencia a deshacer muchos avances importantes: la integración europea, la lucha contra el calentamiento global, la no proliferación de armas nucleares, el creciente racismo. Son de alguna manera años locos, que esperamos produzcan nuevos caminos económicos, sostenibilidad ambiental y mayor equidad. Los economistas deberíamos ser proactivos para lograr estos objetivos, es una responsabilidad moral.

Lima, verano 2020

* Publicado en: Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, UNIR, Madrid, junio 2020

[1] Las más célebres de estas teorías han sido la keynesiana que, a decir muchos, permitió la salida de la crisis de los años treinta el siglo pasado, y la teoría estructuralista/cepalina en América Latina que promovió el modelo de substitución de importaciones en los años 50 del siglo pasado.

[2][2] La acción económica es, en mi concepto, poner en la práctica lo que te aconseja tu teoría económica, tanto a nivel micro como macro económico.

[3] Thomas Piketty (2019): Capital et idéologie, Editions du Seuil, Paris.

[4] Brasil, Chile y México son los países en los cuales sus principales universidades comienza a aparecer en los rankings internacionales de calidad, entre las 200 mejores universidades del mundo. Otros países como Colombia, Argentina y Perú están avanzando en esta dirección.

[5]Según Piketty (op. Citada) señala que el número de mil-millonarios ha ido creciendo con gran rapidez mientras que los ingresos de las clases medias y de las pobres han tenido porcentajes mucho más bajos, lo que explica que el mundo es hoy mucho más desigual que en los años 50-80.

[6] Al parecer la inteligencia artificial puede comenzar a reemplazar algunas especialidades en la economía, notablemente la econometría. Es más algoritmos sofisticados podrían incluso desarrollas la teoría estadística y econométrica.

KEYNES ESTÁ DE VUELTA PARA SALIR DE LA CRISIS COVID19

Efraín Gonzales de Olarte

Cuando se dio la enorme crisis de 1929, los economistas neoclásicos discutían como salír de ella, sin dar pie en bola. Hasta que John Maynard Keynes propuso una teoría según la cual la intervención del estado sería crucial para salir de la crisis. El gasto público sería la clave para reactivar la demanda y, en consecuencia, la economía. Su receta tuvo un éxito sin precedentes antes y después de la segunda guerra mundial, cuando los países beligerantes quedaron devastados económicamente y había que reconstruirlos.

La teoría keynesiana se constituyó así en la salvadora del capitalismo y hoy que tenemos una crisis económica de gran dimensión, aunque con un origen distinto a las crisis del 29 y de la pos guerra, Keynes está de vuelta para enfrentar la paralización impulsada por el covid19 y por el neoliberalismo, que redujo el estado a su mínima expresión y, recién ahora, nos damos cuenta que la mano invisible del mercado no puede arreglar una crisis, tiene que ser la mano muy visible del estado, pero de un estado que funcione. Nuevamente al salvataje del capitalismo.

La pregunta que uno se hace es ¿tendrán éxito las recetas keynesianas en el Perú? No me cabe duda que en otros países las tendrán por varias razones que explicaré.

El reciente discurso del Presidente Martín Vizcarra es un buen reflejo de la vuelta del keynesianismo, pues buena parte de su discurso aludió a mayor gasto público, mas bonos de emergencia, mayor inversión, crédito al sector privado. Es decir, la salida de la crisis económica pasa por reactivar la demanda, dado que la oferta –la capacidad productiva- ha sido poco afectada por la pandemia.

La intención es buena y seguramente van a funcionar en los países con un estado eficaz y eficiente, que no es el caso del Perú. Hemos sido testigos de las grandes dificultades de gasto que han tenido los gobiernos regionales y el propio gobierno central durante la pandemia, ya sea por incompetencia administrativa, por temor a tener problemas judiciales, o simplemente porque los gobiernos regionales y locales no están diseñados ni equipados para acometer sus propias funciones y menos una pandemia. En este sentido, la descentralización impulsada por el gobierno de Alejandro Toledo ha sido un fracaso, en otras razones por problemas de diseño y de secuencia en su aplicación.

Por ello, si se quiere que las políticas keynesianas funcionen en el Perú, la primer regla es que sea ejecutada totalmente por el gobierno central, la segunda regla es que cree un comité de ejecución de gasto integrada por técnicos –economistas, abogados y politólogos- de probada capacidad técnica y moral, para que sea los que califiquen con rapidez los proyectos de inversión del estado y la ejecución de los gastos extraordinarios destinados a la lucha contra la pandemia y al proceso de reactivación progresivo. Para ello habrá que flexibilizar la normatividad que se tiene para la aprobación del gasto público, que está basado en la extrema desconfianza sobre los funcionarios públicos y sus fáciles tendencias a la corrupción. Constatamos cuán importante es la moral pública para administrar políticas estatales, en casi ningún modelo económico se considera los comportamientos inmorales o amorales como una variable relevante. En el Perú si lo es.

La vuelta de Keynes nos lleva a otro tema. La combinación de neoliberalismo extremo como ha sido el caso del Perú con pocos comportamientos morales, no sólo ha achicado al estado si no que lo ha convertido en tremendamente ineficiente y corrupto. En este sentido el neoliberalismo extremo también ha fracasado en el Perú. Lo que pasa es que no solamente es un problema del tamaño del estado sino que aún sigue teniendo las taras del estado colonial, cuyos niveles de corrupción han sido convenientemente analizados por Alfonso Quiroz.

El siguiente paso, después de la pandemia, será la de reformar el estado en sus tres niveles de gobierno, lo que significa rehacer la descentralización.

Lima, 29 de julio 2020