LA CASI IMPOSIBLE FORMALIZACIÓN EN EL PERÚ
Efraín Gonzales de Olarte
La informalidad es un problema que tiene más de diez definiciones, en consecuencia, su tratamiento puede ser tan disperso como definiciones hay. Si realmente no hay unanimidad conceptual y tampoco definición jurídica convencional puesta en algún código o ley, ¿cómo resolverlo?
Se asume que en el Perú el 70% del empleo es informal y no menos del 40% PBI también es informal. En el primer caso se refiere a aquellos trabajadores que no tienen contrato laboral, que no tienen beneficios sociales y que probablemente reciben salarios por debajo del mínimo legal. En el segundo caso los productores no tienen un RUC, es decir no tienen un registro tributario que los incorpore como contribuyentes.
¿Por qué no se formalizan? En verdad por tres razones: porque el Estado peruano es tan débil que no los puede registrar y controlar, porque sus productividades son tan bajas que no tienen capacidad de pagar impuestos, seguros sociales, y otras cargas, sin perder, y, finalmente, porque hay una ideología de asedio al estado, sacándole la vuelta, no pagando impuestos y beneficiándose con los impuestos no pagados.
Estamos frente a un problema “duro” casi imposible resolver por un estado débil, bajas productividades y la cultura de “pepe el vivo” que atraviesa todas las capas sociales.
El actual gobierno, que había prometido avanzar con la formalización, hasta el momento ha fracasado, como lo han hecho gobiernos anteriores.
En nuestro criterio para poder formalizar es necesario avanzar en estos tres frentes, de lo contrario no es posible. Pero ante todo nos tenemos que preguntar y responder de manera convincente. ¿Qué entendemos por formalización? y ¿por qué es necesaria la formalización?
De las múltiples definiciones sobre formalización nos quedamos con aquella de que un agente económico es formal si está registrado en las instituciones del estado que le corresponden y que, en consecuencia, se rige por el marco legal económico existente. La formalización es necesaria pues asegura que las actividades económicas se realizan dentro de un marco institucional y legal que garantiza igualdad de derechos y obligaciones de los agentes económicos: empresarios, trabajadores, consumidores, estado. Es decir, la formalización es integradora del mercado con el estado y viceversa.
La meta de la formalización no sólo es legal e institucional, es sobre todo una que define ciertos niveles de productividad que garanticen los costos de la formalidad, consecuentemente exige ciertos niveles de inversión, de calificación de los trabajadores y tecnología adecuada, que en su conjunto permitan la competitividad de los productores y de los trabajadores. Es decir, la formalización presiona a mínimos productivos. Esta es la razón por la cual en el Perú la informalidad es tan alta, es decir, la mayor parte de los productores no cuentan con niveles de capital adecuados, sus trabajadores son poco calificados y sus tecnologías son o tradicionales o de baja calidad.
Por estas consideraciones la lucha contra la informalidad es, en realidad, una lucha por mejorar los niveles de desarrollo productivo, con sus tres componentes, mejoras en la productividad, fortalecimiento del estado, en sus tres niveles de gobierno y el cambio de cultura y la ideología del productor y la del trabajador.
En primer lugar, las mejoras de productividad pasan fundamentalmente por una combinación de mayor inversión – la cual a su vez depende de acceso al crédito- mayor calificación de los trabajadores, de acceso a información sobre posibilidades de negocio. Pero, para que estos tres factores sean efectivamente promotores de aumentos de la productividad se requiere discriminar a las empresas y concentrarse en la pequeña y micro empresa, pues la grande y la mediana no sólo tienen acceso a estos factores, sino que ya tienen productividades que las hacen competitivas. Para promover actividades que inicialmente son de pequeña escala se requiere políticas sectoriales-regionales, es decir, es importante escoger qué sectores se debe apoyar y en qué regiones y una política de estado pro productividad.
En segundo lugar, el fortalecimiento del estado tiene dos niveles, por un lado es necesario recuperar la “credibilidad” en el estado, mediante el funcionamiento eficaz de sus instituciones, en sus tres niveles de gobierno. Por otro lado, es necesario simplificar procedimientos y requisitos para la formalización, esto nos lleva a una reforma de segunda generación, pero que tiene un profundo trasfondo ético y moral. La simplificación se debe basar sobre la “confianza” que a su vez descansa sobre principios éticos como: la honradez, la verdad, el respeto de los derechos de otros. Hoy lamentablemente, estos principios no sólo se han perdido, sino que hacer lo contrario es lo más común.
En tercer lugar, como derivación de lo anterior tenemos uno de los principales problemas que tiene el Perú, su cultura forjada durante el proceso de reformas estructurales combinada con una dictadura en los años 1990 y 2000. La idea liberal que combina libertad con competencia mercantil, ha sido degrada a competencia en base a corrupción, engaño y el comportamiento de Pepe el vivo. Es una cultura chicha donde todo vale, las normas sólo las usamos si nos favorecen y hay que usar del estado para medrar, para asediarlo. Es decir, el estado no es nuestro sino ajeno.
Obviamente, lograr cumplir con estos tres objetivos para la formalización es casi imposible en el Perú. Por ello, cada vez está más vigente que nunca aquella frase: en el Perú los problemas se solucionan solos o no se solucionan.