PACTO POLÍTICO, CONSTITUCIÓN, DESARROLLO Y GOBERNABILIDAD: PERÚ FRENTE A LAS ELECCIONES DE ABRIL 2021
En la actual coyuntura política se ha puesto en cuestión la actual Constitución. Algunos la quieren reformar y otros cambiar. Lo cierto es que la constitución vigente, aprobada por el régimen fujimorista en 1993 después del “auto-golpe de estado”, dio el marco al funcionamiento de la economía basada en la empresa privada y a un rol subsidiario del estado, acorde con la corriente ideología neo-liberal de los años 90 del siglo pasado.
El así llamado modelo neo-liberal, generó un crecimiento inédito hasta más o menos el 2014, redujo la pobreza, pero no la desigualdad, sin embargo, no hubiera obtenido estos resultados si la coyuntura económica y financiera internacional no hubiera sido tan favorable. Por otro lado, la reducción del estado no permitió que los recursos fiscales fueran suficientes para compensar las desigualdades y deficiencias generadas por el modelo económico.
El Perú es uno de los países con menor presión tributaria de América Latina, hoy entre 13 y 14% del PBI, y con un gasto público que llega al 20% del PBI. A todas luces insuficientes para reducir las desigualdades, la pobreza, mejorar la educación, la salud e incrementar la inversión pública, además de la limitada capacidad de gestión del Estado, como se ha demostrado durante la pandemia del COVID 19.
Está claro para una gran parte de la población, que el modelo económico neoliberal más un estado chico e ineficiente son culpables de las desigualdades vigentes, de la informalidad, de las carencias en salud, del alto subempleo, de los déficits en infraestructura etc. Que algo debería cambiar con el próximo gobierno.
En virtud de esta realidad, para varios sectores políticos, el medio para resolver los problemas generados por el modelo neoliberal y la pequeñez e incapacidad del estado, es cambiar o reformar la Constitución fujimorista.
La diferencia entre reformar y cambiar la constitución es equivalente a reformar el pacto social existente o crear uno nuevo. Hay que recordar que la constitución es el resultado de un pacto social, a través de la deliberación de las fuerzas políticas representativas de la población, que se plasma en un conjunto de normas esenciales para el funcionamiento de la sociedad, la política y la economía, dentro de un sistema democrático.
Los inclinados a la reforma de la constitución son aquellos partidos y movimientos políticos que parten de la idea que el modelo neoliberal puede perfeccionarse si se hacen los ajustes. Su inspiración se basa en la experiencia de otros países y en la doctrina constitucional que propone “enmiendas” periódicas, en la medida que los problemas socio-económicos van cambiando con el tiempo.
Los que proponen una nueva constitución argumentan por su reemplazo, postura que es promovida por sectores de izquierda que creen que una nueva constitución podría cambiar el modelo económico y el tamaño y el rol del estado. De alguna manera, proponen la refundación del orden jurídico y económico. En esta corriente hay mucho de voluntarismo y, hasta cierto punto, de demagogia. Proponer un drástico cambio de la constitución requeriría de una muy amplia mayoría para que la nueva constitución tenga la legitimidad y pueda realmente funcionar. Situación que en el Perú no existe, dada la atomización no sólo de la política sino de la sociedad.
En los momentos actuales, en el que se juntan varias crisis: sanitaria, económica, política e institucional, la mayoría de los peruanos están esperando que el próximo gobierno comience a resolver los problemas más acuciantes: oxígeno, agua, bonos, alimentación y empleo. Una nueva constitución no resolvería estos problemas en lo inmediato. Su cambio tomaría por lo menos dos años, mientras tanto hay que actuar con lo que se tiene y desde donde estamos.
Bajo estas circunstancias, lo urgente y sensato es que las fuerzas de la derecha, centro e izquierda se pongan de acuerdo sobre los ajustes que requiere la constitución para llevar a un modelo económico con equidad y sostenibilidad y a un estado igualador de desigualdades. Para ello se requiere de un “pacto de desarrollo y gobernabilidad democrática” que deberían suscribir todos los partidos y movimientos participantes al término de la primera vuelta de las elecciones. Creo que este es uno de los pocos caminos para salvarnos de un colapso social al que nos dirigimos.
De esta manera, el próximo gobierno tendría posibilidades de manejar la salida de la profunda crisis en que estamos. En este momento, ninguna propuesta particular de los partidos que compiten en las elecciones es suficiente. Se requiere de un verdadero “acuerdo político”, sobre algunos puntos esenciales: manejo de la crisis sanitaria, reactivación económica, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y reducción de las desigualdades. Es sobre estos puntos que se podría establecer una agenda del cambio/reforma de la Constitución, que el propio Congreso futuro podría trabajar. En consecuencia, estaríamos forjando un nuevo pacto social sin polarización ni fragmentación, de lo contrario el Perú será ingobernable.
Lima, marzo 2021.