THE CHILEAN NEOLIBERAL EXPERIMENT IN QUESTION: THINGS AND PEOPLE

Efraín Gonzales de Olarte[1]

The successive economic crises of the eighties of the last century, in Latin America, led to the application of the recipes of the “Washington Consensus (CW)”, collegiate opinion of multilateral organizations, renowned economists and the Department of the American Treasury of 1989. In essence, this consensus had three central points: the liberation of all the markets intervened or regulated by the states, the privatization and withdrawal of the state from productive activities, the promotion of free enterprise and private investment, which in its set and breadth generated the so-called economic neoliberalism or neoliberal model.

The set of ten recipes contained in the CW was applied in a varied way in almost all Latin American countries. The one that stood out for its early application and within a dictatorial government was Chile and, over time, the model was maintained even by the democratic governments that replaced Pinochetism, both right and left. Chile’s growth was paradigmatic and became the “model” to imitate, not only in macro-economic management, poverty reduction, but also in several of the institutional reforms: the pension system, labor market regulation, the quasi privatization of higher education, etc. The neoliberal model worked much better in Chile than in the other countries of Latin America. There was, however, a critical issue: the inequality of wealth and income, which over time increased. This issue seemed of less concern, since GDP per capita went from US $ 2,500 in 1990 to 22,000 in 2018, which covered the other results, the problem was that personal income did not grow as the product, today the average monthly income is of only 550 dollars. Additionally, social programs (education and health) did not help reduce human inequalities. Apparently the inequality thesis proposed by Thomas Piketty (El Capital in the 21st Century) was validated in Chile, that is, profits growth was greater than revenue growth.

Two weeks ago, it could be said that Chile, already considered a high-income country, had only the task of improving equity and social services for all Chileans.However, when the Santiago metro ticket was increased by 30 pesos (a few cents od dollar), nobody would think that a social revolt of dimensions and violence absolutely unknown in Latin America would be triggered.

How to explain that the exemplary country bursts like a social bomb and calls into question the most successful model and experience of neoliberalism? Trying to answer this question, I have some hypotheses to propose. The first is that growth is not the same as development, production in Chile grew steadily, its physical infrastructure improved, poverty was reduced, but the welfare of the Chileans of below did not improve as much as the welfare of the Chileans of Above, that is, it has not been an equitable growth, there was no development for all and the inequalities generate resentment and envy. The second is that the predominant Economic Science cares more about things than people, since the objectives of the policies are always: increase of the product (thing), improvement of competitiveness (lowering of things to sell), the increase of investment (new things), economic stability reflected in low inflation rates (that things don’t cost more) and etc. Growth is how to get more and more and cheaper things, the secondary thing is if these things are distributed with private criteria or with social criteria, and even more if these things are available to everyone, consequently, what happens with the People will be dependent on how things evolve and are handled. People were the adjusting variable of things, the world only seen from the top of the social pyramid. The third is that the excessive individualism promoted by neoliberal theses leads to the weakening of human relations and the reduction of the principles of coexistence: solidarity, empathy, charity, dignity and finally social justice. The latter has become functional to economic justice defined by the economic model predominant, which has certainly generated a crisis of moral values.

I think that this set of factors is at the origin of the indignation of Chileans that has led them to break good manners, but above all to show that democratic and institutional mechanisms are strongly weakened in their essential bases, as well as their ethical foundations. The way out of this crisis goes through the restitution of human values, the change of moral and democratic referents and to prefer people over things. That is, a whole review of the neoliberal model and in general of the idea of ​​development.

Lima, October 2019

[1] Professor of Economics, PUCP

EL EXPERIMENTO NEOLIBERAL CHILENO EN CUESTIÓN: LAS COSAS Y LAS PERSONAS

Efraín Gonzales de Olarte[1]

Las sucesivas crisis económicas de los años ochenta del siglo pasado, en América Latina, llevaron a la aplicación de las recetas del “Consenso de Washington (CW)”, opinión colegiada de organismos multilaterales, economistas de renombre y el Departamento del Tesoro americano de 1989. Este consenso tenía en esencia tres puntos centrales: la liberación de todos los mercados intervenidos o regulados por los estados, la privatización y el retiro del estado de las actividades productivas, la promoción de la libre empresa y de la inversión privada, que en su conjunto y amplitud generó el denominado neoliberalismo económico o modelo neoliberal.

El conjunto de diez recetas que contenía el CW fue aplicado de manera variada en casi todos los países de latino-américa. El que sobresalió por su aplicación temprana y dentro de un gobierno dictatorial fue Chile y, con el correr del tiempo, el modelo fue mantenido incluso por los gobiernos democráticos que reemplazaron al pinochetismo, tanto de derecha como de izquierda. El crecimiento de Chile fue paradigmático y se convirtió en el “modelo” a imitar, no sólo en el manejo macro económico, la reducción de la pobreza, sino también en varias de las reformas institucionales: el sistema de pensiones, la regulación del mercado laboral, la quasi privatización de la educación superior, etc. El modelo neoliberal funcionaba mucho mejor en Chile que en los otros países de América Latina. Hubo sin embargo, un tema crítico: la desigualdad de la riqueza y de los ingresos, que con el correr del tiempo se incrementó. Este tema parecía de menor preocupación, pues el PBI per cápita pasó de US$ 2,500 en 1990 a $22,000 en 2018, lo que cubría los otros resultados, el problema fue que los ingresos personales no crecieron como el producto, hoy el ingreso mensual promedio es de sólo 550 dólares. Adicionalmente, los programas sociales (educación y salud) no ayudaron a reducir las desigualdades del desarrollo humano. Al parecer en Chile se convalidó la tesis de desigualdad señalada por Thomas Piketty en su libro El Capital en el Siglo XXI, es decir, el crecimiento de las ganancias fue mayor que el crecimiento de los ingresos.

Se podría decir que a Chile, considerado ya un país de ingresos altos, sólo le quedaba como tarea mejorar la equidad, mejorar la política social y el acceso a oportunidades para todos los chilenos.

Sin embargo, cuando se aumentó 30 pesos (unos cuantos centavos de dólar) el boleto del metro de Santiago, nadie pensaría que se desencadenaría una revuelta social de dimensiones y violencia absolutamente desconocidas en América Latina. ¿Cómo explicar que el país ejemplar, reviente como una bomba social y ponga en cuestión el modelo y la experiencia más exitosa del neoliberalismo?

Tratando de responder a esta pregunta, tengo algunas hipótesis a proponer. La primera es que crecimiento no es lo mismo que desarrollo, la producción en Chile creció de manera sostenida, mejoró su infraestructura física, se redujo la pobreza, pero no mejoró el bienestar de los chilenos de abajo tanto como mejoró el bienestar de los chilenos de arriba, es decir no ha sido un crecimiento equitativo, no hubo desarrollo para todos y las desigualdades generan resentimiento y envidia. La segunda es que a la Ciencia Económica predominante le importa más las cosas que las personas, pues los objetivos de las políticas son siempre: incremento del producto (cosa), mejora de la competitividad (abaratamiento de las cosas para vender), el incremento de la inversión (cosas nuevas), estabilidad económica reflejada en bajas tasas de inflación (que las cosas no cuesten más) y etc. El crecimiento es cómo lograr tener cada vez más cosas y más baratas, lo secundario es si estas cosas se reparten con criterios privados o con criterios sociales, y aún más si estas cosas están al alcance de todos, en consecuencia, lo que pase con las personas estará en función de cómo evolucionan y se manejan las cosas. Las personas fueron la variable de ajuste de las cosas, el mundo sólo visto de lo alto de la pirámide social. La tercera es que el excesivo individualismo promovido por las tesis neoliberales lleva al debilitamiento de las relaciones humanas y a la reducción de los principios de la convivencia: la solidaridad, la empatía, la caridad, la dignidad y finalmente la justicia social. Esta última se ha hecho funcional a la justicia económica definida por el modelo económico predominante, lo que ciertamente ha generado una crisis de los valores morales.

Creo que este conjunto de factores están en el origen de la indignación de los chilenos, que los ha llevado a romper las buenas maneras, pero sobre todo a mostrar que los mecanismos democráticos e institucionales están fuertemente debilitados en sus bases esenciales, así como sus fundamentos éticos. La salida de esta crisis pasa por la restitución de los valores humanos, el cambio de los referentes morales y democráticos y por anteponer a las personas sobre las cosas. Es decir, toda una revisión del modelo neoliberal y en general de la idea del desarrollo.

Lima, octubre 219

[1] Departamento de Economía de la PUCP

CORRUPCIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONGRESO DEL PERÚ.

El fondo de la cuestión 

Efraín Gonzales de Olarte

El 30 de setiembre será recordado como el día en que el presidente del Perú Martín Vizcarra, interpretando la Constitución aprobada por el gobierno de facto de Alberto Fujimori en 1993, disolvió el Congreso de la República –dominado por una mayoría fujimorista-aprista-  ante la negativa de una cuestión de confianza que había presentado. Un acto tan audaz como controvertido. La decisión ha sido apoyada por más del 80% de la población y la popularidad del presidente llegó a 79%. Sin embargo, los ex- congresistas presumen desconocer dicha medida, aduciendo que fue inconstitucional y que fue un golpe de estado.

Lo cierto es que los constitucionalistas peruanos y las opiniones en general están divididos unos –la mayoría- sostienen que fue constitucional la disolución y otros que no. En consecuencia, quien podría dirimir esta controversia interpretativa es el Tribunal Constitucional (TC), encargado de velar la constitucionalidad de todos los actos públicos y privados. El problema es que el TC está compuesto por algunos de los jueces que abiertamente apoyan al fujimorismo en consecuencia no tendría la imparcialidad que se requiere en este caso.

Sin embargo, el tema de fondo, tras de todo este zafarrancho político, es que el presidente Vizcarra está empeñado en la lucha contra la corrupción, que en el Perú tiene nombre propio: Oderbrecht, la compañía brasileña constructora que desde inicios de este siglo operó en el Perú y en otros países en base a un sistemático sistema de corrupción de políticos y altos funcionarios, para obtener las licitaciones de una gran cantidad de obras de infraestructura. Sin embargo, la oposición al gobierno de Vizcarra, encabezada por el fuji-aprismo, trata de apañar a sus dirigentes y eludir la justicia, para lo cual el mejor camino era vacar al presidente. Hay que tomar en cuenta que los cuatro últimos presidentes están siendo investigados, procesados o fugados, además de varios ex autoridades y altos ex -funcionarios también están en investigación por la fiscalía. Ante tales amenazas, el fuji-aprismo optó por  impedir que el poder judicial sea imparcial cooptando a varios jueces y vocales, blindó al Ex Fiscal de la Nación Pedro Chavarry para que influya en las investigaciones a los acusados de corrupción amigos suyo y, como última medida, trataron de elegir nuevos miembros del TC para obtener fallos favorable a los investigados por corrupción.

El meollo de la disolución del congreso es, pues, un asunto ético y moral, que ha dividido al Perú en dos partes: De un lado, aquellos que de una u otra manera están involucrados en la corrupción, que incluye a empresarios peruanos y no sólo a políticos, que están tratando de huir de la justicia y aquellos, como el presidente Vizcarra y una gran parte de la ciudadanía, la intelectualidad, varios medios de comunicación, que quisieran que los corruptos sean juzgados y sentenciados y que el Perú recupere la ética y la moral y destierre la corrupción que está desintegrando la sociedad peruana. Es importante tener en cuenta que el proceso de lucha contra la corrupción está siendo llevada por una “fiscalía especial” que ha demostrado no sólo entereza moral, apego al derecho, voluntad de llegar a los culpables, pero también una valentía digna de apoyo, que genera una esperanza fundada de lucha contra la corrupción.

Lamentablemente, el Perú ha sido incluido entre los 50 países más corruptos del mundo, lo que nos está convirtiendo en una “republiqueta bananera”, en un país sin futuro civilizado y atrasando las posibilidades de un desarrollo. De ahí la importancia de la disolución del congreso, pues equivale a disolver una forma de hacer política para favorecer intereses particulares manchados por la corrupción.

La disolución del congreso esperamos que sea el inicio de una nueva etapa en un país cuya estabilidad económica no se condice con su crisis política y moral. Es necesario moralizar la política y el Estado.

Lima, 11 de octubre 2019