¿LA POLÍTICA IMPORTA PARA LA ECONOMÍA, EN UN PAÍS ENVENENADO POR LA CORRUPCIÓN?
Efraín Gonzales de Olarte
Hemos sostenido en este Blog, que la economía está desconectada de la política en el Perú. Es decir, mientras la actividad económica tiene su ruta propia, lo que sucede en la política apenas la afecta. El Perú es un barco que ha escogido un rumbo y el timón está en manos del MEF y del BCRP, quienes sólo controlan que la dirección sea la misma. Cualquier variación de la economía viene del exterior, ya sea por subida o bajada de los precios de los minerales, del petróleo, por la variación de la tasa de interés americana o de la bolsa de valores de NY. En cambio, la política, por muy turbulenta que sea, no tiene algún efecto sustantivo sobre el proceso económico, incluyendo la política del gasto. La pregunta es ¿por qué?
Curiosamente, los Estados Unidos de Trump se está pareciendo al Perú en este aspecto, pues la turbulencia desatada por varios libros publicados y el artículo anónimo del NY Times sobre el presidente americano, no ha afectado en nada ni la bolsa, ni las expectativas de corto plazo. Si esto es así, un eventual impeachment tampoco afectaría las tendencias de la economía americana, porque el origen de su dinámica proviene de decisiones tomadas por la anterior administración del presidente Obama y, sobre todo, por las decisiones de los agentes económicos frente a precios relativos pre-Trump y en un mundo con menos proteccionismo. Claro el presidente americano, oportunista como es, se atribuye la buena performance de la economía como si fuera efecto de las decisiones que ha tomado su gobierno. Más bien es muy probable que, en cuanto las medidas proteccionistas que ha tomado comiencen a tener efecto, la tasa de crecimiento de la economía americana comience a declinar. Esto es lo que varios analistas prevén.
Obviamente, hay algo que ha cambiado en los últimos tiempos que hacen que la política no esté conectada con la economía. La principal razón de esta ausencia de causalidad es el grado de institucionalidad que tiene tanto el Perú como EEUU. Curiosamente en el Perú la desconexión se debe básicamente a que las instituciones políticas y gubernamentales son débiles, en cambio en EEUU se debe a que son fuertes. ¿cómo explicar esta paradoja?
La respuesta obvia es que Perú no es EEUU, no sólo porque somos una economía pequeña primario exportadora, sin mucha industria y mayormente informal, mientras que EEUU es todo lo contrario. Es decir, el Perú tiene una economía incompleta[1] y un desarrollo institucional precario, mientras que EEUU tiene una economía con sectores primarios, industriales y de servicios articulados con grandes escalas, es decir una economía completa y tiene una estructura institucional –normas y organizaciones- que funcionan cualquiera que sea el gobierno, es decir tiene un estado fuerte. En el caso peruano la principal institución, el Estado, apenas puede recaudar el 15% del PBI y su gasto público no tiene el impacto suficiente para, por ejemplo, hacer variar el nivel de actividad económica de manera importante, con lo cual su impacto en el ciclo económico es realmente pequeño y aún menor en el empleo. En EEUU una variación de la tasa de interés por la FED tiene impacto tanto en los niveles de consumo e inversión, como en el empleo, es decir tiene un impacto político.
Sin embargo, los acontecimientos recientes en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura y en la Fiscalía de la Nación, nos han mostrado que una de las principales razones porque las instituciones no funcionan es la corrupción, es decir, la corrupción ha hecho que la política ayude a la desconexión de la política de la economía, en la medida que ésta altera los resultados esperables de la justicia, en función de intereses particulares de quienes la administran. En otras palabras, se tiene la sensación que la justicia tiene un precio, en el mercado informal de la corrupción. En consecuencia, estamos frente a un problema moral y ético, que está en la base de la debilidad institucional, pues es obvio que esta cultura corrupta se ha generalizado a casi todos los niveles del estado, en el gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades y muchas empresas. La consecuencia es que todo aquello que podría resolverse por las vías legales tiene dos caminos: la corrupción o la informalidad, que permiten evadir impuestos o generar enriquecimientos ilícitos. Un país con estos dos atributos es muy difícil que se pueda desarrollar y, peor aún, es muy probable que su democracia se debilite progresivamente, tal como ya está sucediendo.
Si bien la corrupción parece ser una “herencia colonial” pues según Alfonso Quiroz ésta existe hace dos o tres siglos, lo que si hemos comprobado es que el pasado gobierno fuji-montesinista potenció la corrupción a niveles tales y tan evidentes, que hoy el Perú se ha convertido en un país donde el comportamiento corrupto se ha vuelto una regla, mientras que la probidad y la honradez es una excepción. Los casos de Oderbrecht, el club de la construcción, las coimas en el poder judicial, las licitaciones fraudulentas en gobiernos regionales y locales, nos ilustran este proceso y desgraciadamente la corrupción parece haberse instalado para quedarse. Pero lo más peligroso es que la heredera de Fujimori maneja el Congreso siguiendo las lecciones y los estilos dejados por su progenitor y su asesor. Lo que significa que se van a oponer a cualquier reforma que vaya en contra de la corrupción, pues, su cálculo político para llegar al poder, y obviamente medrar, se verá comprometido. La peor herencia que dejo el gobierno de Fujimori es la crisis moral que asuela al Perú.
Por estas razones, la iniciativa del Presidente Vizcarra, de reformar el poder judicial, es algo que no sólo hay que apoyar, sino que de no hacerse el Perú se convertirá en una republiqueta dirigida por Pepe el vivo y apañada por Juan el indolente. Es decir, un país chicha y sin futuro civilizado. Pero no basta con reformar el poder judicial, que será verdaderamente una gran tarea, habrá que reformar también el sistema congresal, dotándole de dos cámaras y, lo más importante, siendo más estrictos con los valores morales de quienes quieren llegar al congreso. Luego habrá que encarar también la reforma de la administración del ejecutivo, perfeccionando la descentralización, fortaleciendo la contraloría y dotando a la ciudadanía de una capacidad de vigilancia mayor. Hoy esto es posible con un adecuado uso de las redes sociales y de las tecnologías de la información. Sólo con un poder ejecutivo moderno y eficiente, un congreso realmente representativo de diputados y senadores aptos, tanto en sus niveles de educación, pero también en sus valores éticos y morales, y con un poder judicial confiable, es que podremos hablar del “equilibrio de poderes” que tienen las democracias avanzadas y que permiten una gobernabilidad moderna. Quizás en aquel momento la política se vuelva a conectar con la economía, pues el bien común definido desde el estado y la política deberá dar el marco institucional y legal para que la economía de mercado asigne eficientemente los recursos y reduzca las desigualdades.
Lima, setiembre 2018
[1] Ver mi libro con el mismo nombre, Fondo Editorial PUCP 2015