DESCENTRALIZACIÓN Y POLÍTICAS DE DESARROLLO, DEL 2016 HACIA ADELANTE[1]
Efraín Gonzales de Olarte
Es un hecho que la descentralización gubernamental se frenó desde el gobierno de Alan García y, aún más, en el de Ollanta Humala, hasta el punto que generar un consenso sobre la “recentralización” del proceso, es decir que las principales decisiones de asignación de recursos públicos se toman en el Ministerio de Economía antes que en las regiones o en las municipalidades. Lo cierto es que casi todos los ministros de economía han desconfiado en la descentralización, como mecanismo institucional de política económica y de desarrollo, pues temen que las cuentas macroeconómicas se desequilibren, además han recibido una gran ayuda de las variadas experiencias de corrupción observadas en varias regiones, para pensar así.
Hoy, pasadas las elecciones y dadas las conversaciones que han tenido los gobernadores regionales con el presidente electo, tomando en cuenta su propuesta de crear un Ministerio de la Descentralización, el tema ha vuelto a la agenda. Todo parece indicar, que hay voluntad política para retomar el proceso, con la esperanza que pueda ayudar a mejorar la asignación del gasto corriente y de inversión en función de las necesidades regionales y locales.
Lo que hasta ahora no tenemos es una evaluación de los efectos de la descentralización en tres campos: 1. La asignación del gasto corriente ¿es más eficiente y redistributivo que antes? 2. La ejecución de las inversiones ¿ha sido más eficaz y ha mejorado las condiciones para el crecimiento de las regiones? 3. La descentralización puede ser una palanca para el desarrollo territorial o sólo es una reforma institucional. Al no contar con estas evaluaciones, es normal pensar que la descentralización es un proceso que se ha hecho a tientas, por falta de información y planificación y relanzarlo con esta información limitada y con un pobre balance de lo avanzado, no asegura el alcanzar sus objetivos.
La idea de fondo de la descentralización era que al cambiar los sistemas de identificación de prioridades de desarrollo, el sistema de decisiones de asignación, ejecución y supervisión, en los gobiernos locales y regionales, tendría un efecto en inversiones en infraestructura más eficaces para el desarrollo de las actividades económicas territoriales, en una mejora de la educación para la producción en cada región, en una mayor actividad tecnológica y de innovación en las universidades de las diferentes ciudades. No sabemos cuánto se ha avanzado en las distintas regiones sobre estos temas.
La otra cara de la medalla en el proceso de descentralización, ha sido el proceso político y social desencadenado por la aplicación de la ley de la descentralización. Por un lado, ha obligado a generar organizaciones políticas para participar en las elecciones de los distintos gobiernos municipales y regionales, es decir ha generado una dinámica socio-política en todo el territorio nacional, con el gran defecto de la atomización de estas organizaciones, que ha generado una competencia descarnada por controlar el gobierno local o regional y, sobre todo sus recursos presupuestales. Esto ha conducido a una perversión de la participación política, cuyo peor resultado ha sido las centenas de problemas de corrupción y de malversación de fondos públicos. Todo esto en ausencia de una ética política y de una moral pública, debido a la ausencia de verdaderos partidos políticos.
Por otro lado, la descentralización ha generado un proceso de aprendizaje para gobernar, que no ha sido acompañado de una efectiva descentralización administrativa para apoyar a los gobiernos electos, en los procesos de gestión, de gestación de proyectos de inversión y en las ejecuciones presupuestales. Además, en cada cambio de gobierno ha habido una rotación del personal administrativo que ha incidido en la eficiencia y eficacia de los gobiernos. Esto se debido básicamente a dos factores: la falta de una ley sobre la carrera pública y a la tendencia de los gobernantes a colocar a sus partidarios y parientes en los puestos públicos, lo que no favorece el desempeño de los gobiernos descentralizados.
Frente a este panorama, al mismo tiempo poco claro y tan enmarañado, la cuestión es cómo se vuelve a la senda de la descentralización y cómo se hace para que una reforma tan prometedora para transformar los estilos de gobierno y para construir una plataforma pública, sea capaz de convocar al empresariado y a la sociedad civil para conjuntamente promover procesos de desarrollo y democratización local y regional. Este es el gran desafío del gobierno de Peruanos Por el Kambio.
Nos parece que la principal vía para retornar a la senda descentralista es a partir de ciertas políticas públicas, tanto económicas como institucionales. En nuestro criterio hay dos vías o, quizás tres, de relanzamiento. La primera es a través de políticas de gasto y sectoriales, la segunda es a través de reajustes institucionales y, la tercera, a través de una combinación de ambas.
La primera es la vía fiscal –mejora de los mecanismos de asignación del gasto corriente y de inversión y mejora de su calidad – que debe ir acompañada de políticas sectoriales que orienten el esfuerzo fiscal hacia los sectores o factores productivos que promoverían el desarrollo regional o local. Aquí el problema es ¿qué modelo de desarrollo regional se quiere promover?. Hasta ahora el modelo que ha generado el neoliberalismo a la peruana (mucho mercado y poco estado) es el primario exportador y de servicios (PESER) que se replica en la mayor parte de regiones, a excepción de algunas que son más de transformación productiva. En estas últimas, el crecimiento es mayor y más redistributivo, por ejemplo Lima, La Libertad o Arequipa, son regiones que de alguna manera se han promovido políticas de diversificación sectorial. Estoy convencido que la fórmula para generar “desarrollo territorial con equidad social” es cuando la descentralización estatal genera desconcentración económica y ello sólo se puede generar si las políticas del gasto e inversión pública se concentran en apoyar aquellos sectores con mayores potencialidades productivas en cada región y/o aquellos que generen un proceso de innovación y cambios tecnológicos para promover nuevos sectores productivos.
La segunda vía es la institucional. La creación de un ministerio es la alternativa propuesta por el gobierno de PPK como medio para asignar mejor y más rápido los recursos públicos. Se trata de una propuesta de ajuste institucional, que parte de la idea que la descentralización no está funcionando porque hay demasiada traba a los proceso de inversión, demasiados trámites o demasiada burocracia, adicionalmente, hay una falta de coordinación entre los cuatro niveles de gobierno existentes. Sin embargo, crear un ministerio en el gobierno central para descentralizar, no sólo es una contradicción, si no que puede ser interpretada como una reconcentración para descentralizar, lo que llevaría a una conducción centralista del proceso desde de Lima. En nuestro criterio, bastaría con hacer dos cosas: reactivar el Consejo Nacional de la Descentralización (CND) quizás incorporando algunos mecanismos de coordinación con el MEF e incorporar la Asamblea Nacional de Regiones y de Municipalidades como un organismo colegiado con representación en el Consejo de Ministros. Obviamente, la esencia de esta vía es que el problema de la actual descentralización es la falta de coordinación, la asimetría de la información entre niveles de gobierno y las trabas burocráticas para la inversión pública.
Creo que lo adecuado es la combinación de ambas vías, lo cual se debería plasmar en una “política de descentralización para la desconcentración económica”, que debería integrar una política fiscal, una política sectorial-regional y un sistema de coordinación institucional de estas políticas entre los cuatro niveles de gobierno existentes.
Lima, agosto 2016
[1] Publicado en la Revista Intercambio N° 35, pp. 8-12