LA LEY Y LAS UNIVERSIDADES
Efraín Gonzales de Olarte
El problema de la universidad peruana no es de falta de supervisión, su problema es de falta de visión de su importancia y su rol en el desarrollo. Esto no se resuelve con una nueva ley sino con una política universitaria.
De aprobarse la ley universitaria con las características del proyecto en discusión, nada, absolutamente nada, garantiza que la situación futura de las universidades vaya a mejorar. Todo lo contrario, si se aprueba la elección universal de autoridades y su no reelección, el resultado sería catastrófico. Por un lado, se desatará un populismo pernicioso, parecido o peor al de la política nacional. Serán elegidas autoridades que prometan todo, así no tengan capacidades y credenciales académicas y de gestión. Si a esto se agrega la no reelección de autoridades, cada periodo de gobierno se convertirá en un reparto del botín. La razón de fondo de estas dos situaciones es que las planas docentes de la mayor parte de universidades son de baja calidad académica. Esto llevaría en el futuro, que la mediocridad se institucionalice, gracias a la norma que se quiere aprobar.
Si se creara una superintendencia de universidades, se debería cerrar un considerable número de universidades, por las razones anteriores. Pero lo más probable que esto no suceda, primero porque la elección de los miembros de la superintendencia provenientes del ejecutivo tendría los mismos defectos que la elección de los miembros del TC, es decir estaría politizada. Segundo, porque se abrirían grandes posibilidades de fomentar la corrupción, en la medida que la superintendencia dará permiso para nuevas universidades, carreras, maestrías, etc.
Es obvio, que una ley no resuelve el problema central de la universidad peruana que es su calidad. La calidad, en cualquier parte del mundo, depende de tres factores: una plana de profesores en su mayoría doctores de universidades serias, recursos financieros suficientes para pagarles sueldos adecuados, una infraestructura adecuada y recursos para la investigación. Para esto, el gobierno debería promover una política de desarrollo universitario que pasa por proponer metas de calidad e incrementar drásticamente el presupuesto de las universidades públicas, sobre cuya base estas deberían fijar los estándares académicos para las universidades privadas, que tendrían que invertir para estar a la altura de las públicas.
*Publicado en el Suplemento D1 de El Comercio el 5 de agosto del 2013