En el año 2011, los peruanos fuimos puestos a prueba. La elección del nuevo gobierno puso en agenda las tensiones entre crecimiento, redistribución y sostenibilidad ambiental. El 2012 debería ser el año de la conciliación para lograr estos objetivos.

Un año electoral es por definición complicado, más aún si las opciones políticas y económicas se polarizan. Peor aún, si el mundo está en medio de una recesión que parece no tener aún solución creíble.

Por ello, el 2011 no ha sido un año más, lo recordaremos como el año en que el Perú fue puesto a prueba. Por un lado, tuvimos que elegir entre los candidatos más polarizadores de la sociedad y, por otro lado, tuvimos que optar entre el continuismo del modelo neoliberal y ¿“otro” modelo? con inclusión social.

Fue un año en el que las decisiones fueron tomadas por dos gobiernos, uno neoliberal que se iba, y otro “izquierdista” con inclusión social que entraba. Sin embargo, el nuevo gobierno ensayó la idea de continuidad con cambio, al nombrar un Ministro de Economía neoliberal y un presidente del consejo de ministros de centro-izquierda. Desafortunadamente, esta fórmula sólo puede funcionar con un Estado mucho más eficaz y con un sistema político más institucionalizado. De ahí la crisis ministerial.

Afortunadamente, los fundamentos macroeconómicos son sólidos y tenemos 50mil millones de dólares de reservas internacionales, los suficientes como para soportar los vaivenes políticos y la crisis internacional, hasta cierto punto.

Sin embargo, las tensiones sociales existentes, que generan señales confusas tanto a los inversionistas como a los electores, son el resultado de un crecimiento poco inclusivo, de un estado débil para redistribuir, de la atomización de la política y de muchas expectativas de aquel tercio que votó por Ollanta Humala en la primera vuelta. El gobierno se enfrenta a un trilema: para redistribuir requiere de recursos, para obtenerlos debe seguir el crecimiento, para ello necesitamos inversiones, pero los pobladores quieren inversiones con respeto a los recursos naturales. Una ecuación que se debe resolver con negociación y conciliación. El Perú sigue a prueba.

INTEGRACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Efraín Gonzales de Olarte

El Perú es un archipiélago de departamentos y provincias desigualmente integrados, lo que impide una inclusión social más rápida y más efectiva.

En un reciente estudio del autor , en el que se ha estimado el Indice de Integración para la Inclusión Humana (IIIH) hemos encontrado que el departamento más integrado es Lima, con un IIIH= 0.45 (siendo 0: nada integrado y 1: perfectamente integrado), y el menos integrado es Huancavelica con 0.14, tres veces menos integrado que su vecina Lima. Es decir, aún el departamento más moderno está lejos de estar medianamente integrado. Obviamente, el resultado en el desarrollo humano es que Lima tiene un IDH de 0.679 y Huancavelica 0.539, o sea: a mayor integración mayor desarrollo.

El IIIH mide de manera muy simple las carreteras que unen los poblados, el acceso a electricidad y a comunicaciones, como indicador de integración física. El porcentaje de la fuerza laboral asalariada, el acceso al crédito medido por el ratio colocaciones bancarias sobre PBI departamental, miden la integración económica. Y el porcentaje de contribuyentes sobre la fuerza laboral y el gasto estatal como porcentaje del PBI departamental, como indicador de integración al estado. Todos estos indicadores, estimados en porcentajes se suman y se obtiene el IIIH, que nos da una idea multidimensional del grado en que los habitantes de cada departamento participan en los mercados, de cuales son las facilidades que tienen para comunicarse, para trasladarse y para acceder a una fuente de energía, además con cuánto contribuyen al estado y cuánto reciben en bienes y servicios públicos.

En suma, mide el grado en el que participamos en la economía y la sociedad en cada lugar del Perú. Los resultados nos dicen que más que un país somos un archipiélago de departamentos y provincias en proceso de integración. Por ello, cualquier política para impulsar la “inclusión social” no puede hacerse sólo desde la mejora y aumento del gasto social del estado, pasa por mejorar todos los componentes que permiten la integración en sus diferentes facetas. Por ello, a parte del nuevo Ministerio de la Inclusión Social, necesitamos que los otros ministerios coordinen y, sobre todo, que haya acuerdos con el sector privado para la inversión y la generación de empleo.