Las universidades públicas tienen recursos limitados para mejorar la formación de sus alumnos y casi nada para la investigación. El no dotarles de más recursos fiscales y de una política de largo plazo es propio de quien considera la educación pública un gasto antes que una inversión. Esto es un error.

Esta semana ha sido notorio que varias universidades han publicado avisos en periódicos pidiendo que los recursos, que ellas generan por iniciativa propia, no se utilicen para mejorar los sueldos de los catedráticos y piden al gobierno que estos aumentos se hagan con transferencias corrientes.

Este hecho es realmente insólito por dos razones: 1. Porque en países que aspiran a llamarse emergentes, como el Perú, los gobiernos hacen todo lo posible para incrementar los recursos de sus universidades –públicas y privadas- pues consideran que el verdadero desarrollo sólo se logra con más investigación en ciencia y tecnología y con mejores profesionales. Ejemplo: Brasil, Chile, China, México. 2. Porque el Estado peruano tiene hoy más recursos fiscales que nunca y, paradójicamente, no tiene capacidad de gasto, sin embargo chicanea a las universidades.

Es pues un absurdo pedir a las universidades públicas que comiencen a generar fuentes de ingreso si quieren que sus profesores ganen más. Esto en la práctica es ir a una privatización solapada, pero además es una pésima idea si se piensa en desarrollo de largo plazo. No sé a quien se le ha ocurrido que las universidades públicas tienen capacidad de generar recursos económicos, más allá de los derechos por examen de ingreso que cobran y que es su fuente adicional de ingresos. Ir más allá es imposible. Sólo sería posible si: 1. Las universidades tuvieran capacidad de generar recursos para la investigación, para lo cual debería existir un sector privado que demande investigaciones aplicadas a sus negocios, esto en el Perú no se da. 2. El sector público tuviera una política de promover la investigación, como lo hacen México o Brasil. 3. Si las universidades públicas comenzaran a cobrar pensiones como en el caso de Chile, pero esto equivaldría a su privatización.

Es obvio, que este gobierno y el Estado peruano no tienen una política para la Educación Superior, que convierta a las universidades en agentes del desarrollo de largo plazo.

Lima, 1 de octubre 2012
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Un año después del susto de escoger entre el SIDA y el cáncer, el Perú sigue en piloto automático en lo económico y uno se pregunta dónde está el piloto en los político. Es obvio que ha sido un año de transición en varios temas y que podría esperarse mejoras sustantivas en lo social y lo distributivo.

Al escuchar el discurso del Presidente Humala en fiestas patrias, un año después de las dramáticas elecciones del año pasado, pareciera que la economía ha ido bien casi sin intervenciones importantes del MEF o del BCRP, en piloto automático. Este es el resultado de una transformación importante de la orientación económica del gobierno, que pasó de las metas de equidad a las metas de eficiencia, obviamente para tranquilidad del sector empresarial y para la decepción de muchos de los que votaron por él.

Es aquí donde se encuentra el nudo político, pues está comprobado por la experiencia de los doce años pasados que este tipo de crecimiento basado en la eficiencia, no lleva a la equidad y que para que se dé mejoras distributivas se requiere de un mayor y más eficiente gasto estatal y, sobre todo, de un estado capaz de ejecutar con efectividad las políticas distributivas. La otra alternativa es modificar el modelo de crecimiento y acercarlo al que se prometió en la gran transformación, con intensidad en las políticas sectoriales.

El problema del gobierno es que no ha logrado afinar la maquinaria del estado para manejar con efectos importantes en la igualdad, las políticas sociales y sectoriales, es decir el darle gusto al sector empresarial genera un descontento entre los que votaron por el Humala redistribucionista. El gobierno se encuentra entre dos fuegos: el sector liberal que pide más de lo mismo, con mejor política social y los sectores que votaron por él y que piden, a menudo a través de las protestas sociales, volver a los objetivos de crecimiento con redistribución.

Mientras el gobierno no resuelva esta tensión la gobernabilidad del Perú será complicada. Por ello, se tiene la impresión que falta el piloto político capaz de fortalecer el estado, de generar progresivamente políticas sectoriales, en coordinación con los gobiernos regionales. El discurso insinuó tímidamente esta posibilidad. Ese es el camino.

Publicado en el suplemento D1 de El Comercio, del 6 de agosto del 2012

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Mientras nuestros vecinos, Brasil, Colombia y Chile, están preocupados por hacer parte de la tercera revolución industrial, los peruanos nos preocupamos por exportar materias primas.

La tercera revolución industrial, científico-técnica o revolución de la inteligencia, define la nueva era del desarrollo. En el Perú nos vanagloriamos de tener altas tasas de crecimiento, mejores a las de varios países desarrollados, sin embargo, no tenemos en cuenta la “calidad de nuestro crecimiento”, basado en exportaciones de materias primas, construcción, comercio, algo de manufactura y servicios, todos ellos correspondientes a la primera y segunda revoluciones industriales. Seguimos pensando que podemos desarrollarnos en base a revoluciones pasadas.

Según el Nobel Joseph Stiglitz los países que funcionan en base a recursos naturales tienden a ser pobres y desiguales en el largo plazo. A esto le llama la “maldición de los recursos naturales”. Sólo algunos aprovecharon sus recursos para cambiar su factores de crecimiento, v.g.: Bostwana y Australia. Al Perú, para tener viabilidad, le falta tener la inteligencia de usar los recursos obtenidos por las exportaciones primarias para crear otras fuentes de riqueza e ingresos. Los países del norte lo hicieron en base a la industrialización en los siglos XIX y XX, hoy lo hacen en base a la tercera revolución industrial, que integra energía renovable, tecnología de las comunicaciones y robótica, siendo el principal factor la gente capacitada y calificada. Crecimiento gracias a la inteligencia aplicada.

Para aspirar a este salto, se requiere de un gobierno, una clase empresarial y una academia que sean capaces de cooperar para entrar en la tercera revolución, aun sin haber pasado por la segunda revolución a plenitud. Como el gobierno está ahogado en los problemas sociales de los recursos naturales, sólo quedan aquellos empresarios y las universidades que avizoran otra calidad de crecimiento, que se base en la investigación aplicada, la innovación conjunta y la transferencia tecnológica. Si se conformara este “núcleo revolucionario” habría esperanza de cambiar nuestro vetusto modelo de desarrollo. El Perú puede hacerlo, hay gente capacitada, empresas (algunas) y universidades (pocas) que podrían dar el primer impulso.

Necesitamos urgentemente dejar las revoluciones pasadas y entrar en el futuro. De lo contrario las Congas, Espinares y otras más, seguirán confirmando la maldición de los recursos naturales.
Publicado en el Sumplemento D1 de El Comercio, 9 de julio 2012 Leer más »

La inclusión social es la pertenencia participativa en la sociedad en la que viven las personas es, sin duda, la condición esencial para conseguir la expansión de sus capacidades (capabilities) y desempeños (functionings). Sin embargo, dicha inclusión requiere de un contexto físico, económico, institucional y cultural que la facilite, es decir requiere de mecanismos concretos de integración en la sociedad. La inclusión social es la condición sine quanon para el desarrollo humano, en cambio la integración es el medio instrumental para l inclusión social.

Para integrarse, las personas requieren en primer término el poder establecerse en el espacio y tener las facilidades para moverse e interactuar en determinado lugar, para lo cual el acceso a una vivienda, disponer de energía y otros servicios, y de vías de comunicación permite su integración física. En segundo lugar, el acceso a los mercados de bienes, servicios, trabajo o de crédito es la forma fenoménica de la integración económica de la sociedad capitalista, quien no puede participar en los mercados estará fuera de la división social del trabajo y no podrá conseguir los satisfactores necesarios para su desarrollo humano. No obstante, el mercado no es el único y, en muchos casos es incapaz, de suministrar una serie de bienes y servicios, sobre todo cuando los mercados están poco desarrollados, tienen fallas, son incompletos o simplemente no existen, lo que hace que existan sectores excluidos de ellos. Si esto sucede, el Estado es el que suplanta, complementa o reemplaza al mercado e integra a las personas en la sociedad poniendo a disposición de ellas los bienes y servicios, pero sobre todo legitimando el derecho de pertenecer a la sociedad por el simple hecho de ser alguien nacido en un país. Esta es la inclusión estatal. En cuarto lugar, la integración cultural. La cultura entendida como el modo ser colectivo de partes o de toda la sociedad tiene componentes éticos y estéticos que se traducen en costumbres, reglas de comportamiento consuetudinario, manifestaciones artísticas, prácticas religiosas y muchas más, permite amalgamar la integración social al generar referentes colectivos.

Si existe integración con todos los componente señalados la inclusión social discurrirá de manera fluida. Por ello, es importante poder evaluar y estimar los medios de integración.

Los componentes de la integración, cualquiera que ellos sean, tienen la ventaja de constituir metas para las distintas políticas, acciones y agencia, tanto para los gobiernos en sus distintos niveles como para el sector privado con y sin fines de lucro. Es decir, tiene un carácter práctico y operativo.

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¿Cuál es la contribución de las universidades al desarrollo del Perú. ¿Producen profesionales de calidad? ¿Hacen suficiente investigación aplicada al desarrollo? ¿Obtienen un retorno positivo en el largo plazo para el país y para las regiones?

Salvo tres o cuatro universidades peruanas, la casi totalidad de las más de 120 universidades no figuran en los rankings mundiales en un lugar decoroso. Esto significa que las universidades públicas y privadas, donde estudian las mayorías, no tienen un nivel que las convierta en factor de desarrollo. Los rankings clasifican a las universidades por: 1. La calidad de sus profesores, en las universidades del norte no es posible ser catedrático sin un doctorado, aquí cualquier licenciado o bachiller lo puede ser. 2. Por el número de publicaciones arbitradas por pares, en el Perú sólo tres universidades aparecen con este tipo de publicaciones. 3. Por el número de citaciones de los artículos o libros publicados por sus profesores, es decir por la reputación y calidad de ellos. 4. Por el acceso virtual a los resultados de las investigaciones y a las tesis de maestría y doctorado presentadas anualmente.

Aquellas universidades que se esfuerzan por tener estos atributos, que tienen buenos profesores y buenos alumnos, buena infraestructura, presupuestos de investigación y sueldos decentes para sus profesores, son un factor de desarrollo. Si vemos los rankings todas las universidades que están por debajo del puesto 500 pertenecen a países desarrollados o países en los cuáles el estado le da importancia a la educación superior como México, Brasil o la India.

En el Perú no hay consciencia de la importancia de la universidad para el desarrollo, lo que se refleja en los magros presupuestos de las universidades públicas y los bajos sueldos de sus catedráticos, y en la bajísima calidad de las universidades privadas que se atreven a ofrecer educación superior con gasto por alumno que no permite tener buenos profesores ni menos hacer investigación. Por ello, la universidad en el Perú no es un factor de desarrollo, sino un espacio estacionario.

El gobierno debería plantear una política universitaria guiada por los criterios de los rankings internacionales, con una meta para que, por lo menos veinte universidades, puedan llegar a ellos. Entonces la universidad peruana será factor de desarrollo.

*Publicado en el Suplemento D1 de El Comercio, 14 de mayo 2012 Leer más »

El Perú tiene una aguda desigualdad distribución del ingreso y de la riqueza antes de impuestos. Esta desigualdad “dura” es fatal para el crecimiento de largo plazo, pues se perenniza. Por ello, las políticas redistributivas tienen que estar dirigidas a alterar la distribución antes de impuestos, no después.

Una de las paradojas del crecimiento económico del Perú es que no ha servido para que los escolares puedan comprender lo que leen o realizar una regla de tres. Seguimos a la cola educativa de América Latina, pese a las altas tasas de crecimiento.

La falla es que el modelo de crecimiento no tiene mecanismos endógenos –es decir generados por sus propios componentes- que distribuyan mejor sus frutos, para que las familias tengan mayores ingresos y puedan dar una buena educación a sus hijos. En consecuencia, es el estado el encargado de redistribuir para compensar las desigualdades generadas por el modelo primario exportador y de servicios que tenemos. Pero, nuestro estado es chico e ineficiente.

Chico porque no logra superar el 18% del PBI como presión tributaria, que no alcanza para compensar las desigualdades existentes antes de impuestos. Si el estado dedicara la mitad de estos recursos fiscales a la redistribución -9% del PBI- en educación, salud, infraestructura básica, e investigación, quizás podría revertir la desigualdad, pero para ello tendría que incrementar la presión tributaria a no menos de 24%, lo que significaría una reducción del ahorro privado y, en consecuencia, una reducción de las inversiones y una probable reducción del crecimiento.

Ineficiente, porque no es capaz de invertir y gastar adecuadamente los recursos que tiene. Es decir, si tuviéramos un estado prusiano la desigualdad post impuestos sería menor, aún sin aumentar la presión tributaria.

Las soluciones saltan a la vista, o se aumenta la presión tributaria y se crece menos o se reforma y moderniza el estado, o ambas cosas a la vez. Pero ninguna de estas soluciones ha de resolver el problema de fondo: la desigualdad (dura) de ingresos y riqueza antes de impuestos. En consecuencia, ninguna política redistributiva será efectiva si no hay mecanismos que redistribuyan ingresos y riqueza antes de impuestos, ya sea por políticas de empleo, de innovación tecnológica u otras.

*Publicado en el Suplemento D 1 del diario El Comercio, el 16 de abril del 2012
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Las declaraciones de Bill Gates han causado extrañeza o protesta en los medios económicos y políticos peruanos. Pero la verdad es que ha puesto el dedo en la llaga del crecimiento económico peruano: que no es parejo para todos.

El ingreso promedio anual por persona en el Perú es aproximadamente 13mil soles (65mil por familia). Es obvio que la mayoría de peruanos está ganando muy por debajo de este ingreso y una minoría muy por encima. Es evidente, que si analizamos al Perú en base a promedios vamos a tener la impresión de Bill Gates, que ya somos un país que no requiere de ayuda internacional.

En el fondo Gates tiene razón, pues un país con ese nivel de ingreso ya no requiere de la ayuda o de la cooperación internacional y podría andar por si sólo. El problema es que el Perú es un país muy desigual, donde ni el mercado ni el estado han logrado generar menor inequidad. Lo más grave es que hay razones estructurales que reproducen los factores de desigualdad de manera permanente.

Dicho de otra manera, Gates acierta al afirmar que si los peruanos ganaran el ingreso promedio en su mayoría, les alcanzaría para tener una vida más digna, con acceso a más bienes y servicios, a comprar más bienes duraderos y a enviar a sus hijos a institutos superiores y universidades. Pero ese no es el caso por la gran desigualdad existente.

Por otro lado, con ese ingreso no deberíamos recibir más ayuda internacional, pues tenemos los ingresos suficientes para no necesitar pedir donaciones, préstamos o cooperación. El problema es que los que tienen más no están dispuestos a compartir, a invertir para generar más empleo o a pagar más impuestos. Tampoco el estado tiene la capacidad de cobrar más impuestos, ni para redistribuirlo bien. Preferimos resolver la desigualdad con ayuda externa antes que con solidaridad interna.

En el fondo, las fuentes de ingreso y riqueza están muy mal distribuidas en el Perú y esto no es culpa de Gates, que cree que somos un país más equitativo, más solidario y con más estado. Sería bueno que vuelva al Perú para demostrarle que desarrollo no es igual a mayor ingreso promedio, sino a ingreso mejor distribuido.

Publicado en el suplemento D1 de El Comercio del 19-03-2012 Leer más »

¡Conga va o no va!, plantea la necesidad de resolver el problema de la equidad social y de la sostenibilidad ambiental de manera simultánea, de lo contrario no habrá solución duradera.

“El desarrollo humano es el proceso de expansión de las libertades y capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y tienen motivos para valorar, ampliando sus opciones para llevar una “buena vida” (A. Sen)”, sin que ello sea a costa de la reducción de las libertades de la generación siguiente. Por ello que todo uso de la naturaleza, extracción de minerales o uso del agua, debe servir para que los habitantes del lugar y de la región aprovechen de manera equitativa sus frutos, sin agotar las posibilidades de desarrollo para sus hijos y nietos.

Para ello es necesario establecer una “deliberación pública razonada” que permita lograr acuerdos sobre la base de “soluciones intermedias” en que las partes estén dispuestas a darse concesiones para lograr acuerdos. De pronto, si se extrema el objetivo de sostenibilidad de la naturaleza, se puede restringir el crecimiento económico y dejar sin empleo e ingresos a la gente, o viceversa. Aquí es necesario evaluar los riesgos de una u otra decisión, sobre la pérdida de libertades y derechos humanos.

Al Estado le toca promover esta deliberación. En un país donde los problemas de desigualdad no se han resuelto en 200 años es necesario aprovechar de esta oportunidad para sentar las bases de una salida que no deje contentos a una parte y descontentos a la otra, sino que deje medios contentos a todos. Para ello, es necesario poner primero a la gente y después a las cosas, o mejor hay que hacer para que las cosas se organicen equitativamente para todos en el presente, sin que les dejemos cerros pelados sin agua a la siguiente generación.Artículo publicado en el Suplemento D 1 de El Comercio, Lima, 20 de febrero del 2012 Leer más »

Publicado en el Suplemento D1 del El Comercio el 19 de diciembre del 2011

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EL TRIÁNGULO IMPOSIBLE Y LA GOBERNABILIDAD

Efraín Gonzales de Olarte

Los problemas socio-ambientales en las regiones agro-mineras son en realidad conflictos distributivos, que no tienen soluciones óptimas. En consecuencia requieren de negociaciones que deben tratar de resolver el triángulo imposible, para darle gobernabilidad al gobierno actual.
En las regiones donde coexiste la agricultura y la minería hay tres objetivos que no se pueden alcanzar de manera simultánea: la sostenibilidad medio-ambiental, la equidad social y la eficiencia empresarial. Si las empresas mineras quieren maximizar sus ganancias lo harán a costa de perjudicar a los productores agropecuarios, tanto por el uso alternativo del agua como por la contaminación. Si los pobladores quieren que las empresas mineras, para compensar, les financien proyectos de desarrollo y establezcan controles estrictos sobre los efectos nocivos sobre el medio ambiente, éstas obtendrán menores beneficios, es decir serán menos eficientes. Siempre habrá un conflicto entre ganancias (eficiencia), empleos adecuados, sueldos y salarios (equidad social) y mantenimiento de las condiciones naturales para vivir (sostenibilidad ambiental). Estas tensiones distributivas generan un triángulo imposible de resolver, si cada parte quiere obtener para si el pedazo más grande de la torta, bajo estas circunstancias el conflicto será latente.

En situaciones de triple conflicto no hay solución óptima, alguien o todos tienen que ceder algo para que el conjunto pueda funcionar. Los productores y los pobladores tienen representantes identificados, la naturaleza no y su respuesta ante agresiones, de productores o pobladores que la sobre utilizan y no la respetan, es dejarlos sin recursos en el largo plazo. Además, en estos conflictos hay intereses de muy corto plazo (ingresos para las personas), de corto plazo (ganancias para las empresas) y de largo plazo (salvaguarda del medio ambiente) que se mezclan. Por ello, la intervención del estado es fundamental, pues finalmente es el único que puede representar los intereses de la naturaleza, es el redistribuidor y es el fiscalizador del cumplimiento de los acuerdos negociados.

Para que el estado cumpla con su función se requiere de tres requisitos: 1. La disposición de las partes a ceder de manera transparente y equitativa. 2. Capacidad técnica estatal para que los términos de los acuerdos sean creíbles y eficaces. 3. Mecanismos de control estricto en la ejecución de los acuerdos. Así, la gobernabilidad es posible.

Publicado en el Suplemento D1 del Diario El Comercio, el 14-11-2011

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