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07/03/24: LA QUIMERA DEL DESARROLLO ECONÓMICO EXITOSO

¿Cuándo un modelo desarrollo económico es exitoso?

Efraín Gonzales de Olarte

En el Perú y en buena parte de América Latina hasta ahora no se ha encontrado el modelo de desarrollo económico capaz de resolver los principales problemas de sus habitantes: ingresos y empleo decentes, satisfacer las necesidades básicas y sociales de cada familia, acceso a servicios educativos, de salud e infraestructura básica, asegurar pensiones para la vejez, y la posibilidad de integrarse fácilmente a la sociedad del conocimiento, todo ello manteniendo un medio ambiente saludable. Es verdad que los estándares del desarrollo van aumentando constantemente, en la medida que aumenta el conocimiento, aparecen nuevas tecnologías, la constante expansión de la sociedad de la información y las aspiraciones crecientes de todos para alcanzar mayores niveles de vida y de cultura.

En América Latina se ha ensayado varios modelos de crecimiento: primario-exportador, primario-exportador y semi-industrial, industrialización por substitución de importaciones, primario-exportador y de servicios. En cada tipo de modelo la intervención del Estado ha sido variable, en el primero y el último su presencia ha sido limitada y la iniciativa privada ha constituido el motor del crecimiento, mientras que en los otros el Estado fue el promotor. Además, todos estos modelos han sido impulsados por gobiernos democráticos o alternativamente por gobiernos autoritarios, sino dictatoriales. Es decir, no ha habido estabilidad en los modelos de crecimiento por largas décadas y tampoco democracias duraderas, salvo excepciones como Costa Rica y hasta cierto punto Uruguay. Después de la segunda guerra mundial, el resto de países ha tenido períodos de crecimiento seguidos por etapas de crisis, pero la tendencia del crecimiento promedio ha sido bastante modesta en comparación con los países asiáticos, especialmente los del sud este.

El denominador común de estas tendencias ha sido la inestabilidad económica y política, que no ha permitido generar consensos nacionales para buscar el modelo de crecimiento económico que lleve al desarrollo social y humano. Obviamente, la pregunta que se plantea es: ¿por qué? No es fácil responder a esta pregunta, pero hay varios factores que pueden explicar este fenómeno tan complejo.

En primer lugar, hay factores históricos como la herencia colonial que generó la continuidad de economías primario exportadoras y Estados centralistas. El atraso económico de España y Portugal frente a los países que iniciaron la revolución industrial, impidió algún tipo de industrialización en el siglo XIX, la industrialización de varios países de América Latina sólo comenzó a raíz de la crisis de 1929, generándose la primera ola de industrialización para substituir los productos que ya no se podían importar. Luego vendría la industrialización por substitución de importaciones (ISI), posterior a la segunda guerra mundial, promovida por la CEPAL, que tuvo una década de auge y después entró en crisis, En todo caso fueron procesos de industrialización tardía, cuya principal característica fue producir para el mercado interno y no como los países asiáticos cuyos modelos de crecimiento fueron de industrialización para la exportación.

En segundo lugar, ninguno de los modelos de crecimiento logró resolver el problema de la desigualdad en la distribución de la riqueza y de los ingresos, al contrario, en cada fase de crecimiento económico las desigualdades se incrementaron. El problema central de las desigualdades de ingresos es que generan estructuras de demanda también desiguales, es decir, los que tienen altos ingresos tienen capacidad para importar los bienes industriales y servicios que deseen, en cambio los de bajos ingresos, que son la mayoría, sólo pueden comprar los productos nacionales como alimentos, ropa y algunos servicios y como su demanda agregada es relativamente pequeña no constituye una base para alentar el incremento de las inversiones para aumentar la oferta. De otro lado, las desigualdades son un freno para el desarrollo de los mercados de trabajo y capitales, que se desprende de la baja tasa de inversión. Además, las desigualdades generan tensiones sociales entre los que tienen mucho y los que tienen poco o nada. Ningún modelo de crecimiento y ningún gobierno ha logrado resolver este gran problema. Por ello, cada vez que hay una crisis de crecimiento, salen propuestas políticas de signo contrario para corregirlas, en consecuencia, se genera un péndulo entre políticas pro-mercado y políticas estatistas, generando una inestabilidad que hace perder el norte del desarrollo de largo plazo.

En tercer lugar, dada la discontinuidad de los modelos de crecimiento y las desigualdades inmanentes, la construcción de instituciones económicas, políticas y sociales ha tenido las mismas tendencias: han sido cambiantes frente a cambios en las coyunturas económicas y políticas, no han logrado reducir las desigualdades, por ejemplo: a partir de políticas sociales con metas de largo plazo en educación, salud, infraestructura básica y cultura. Sin embargo, las instituciones económicas (BCRP, SUNAT, SBS, etc.) han sido más estables que las instituciones que manejan las políticas sociales y las instituciones políticas, lo que muestra que los intereses económicos predominan sobre las necesidades sociales. Por otro lado, los partidos políticos, se han ido debilitando y se han ido desconectando de las necesidades de sus electores y del carácter igualador de las políticas estatales, es decir, las preferencias colectivas han perdido sus representantes al llegar al gobierno, con resultados económicos y sociales inciertos para todos.

Frente a este panorama complejo e inestable, uno se pregunta ¿qué se puede hacer para buscar un modelo de desarrollo capaz de resolver los principales problemas de las personas y de la sociedad? Además, ¿Quién debe o podría promover los cambios en base a propuestas que sean convincentes para los electores y los ciudadanos?, pero sobre todo que tengan credibilidad que lo que se promete se ha de realizar. La debacle en América Latina comenzó cuando los partidos que ganaban las elecciones con promesas populistas, al llegar al poder se convirtieron en neoliberales, este fue el caso de Menem en la Argentina y de Fujimori en el Perú. Es decir, se rompió la esencia de un pacto electoral: la credibilidad que progresivamente fue decreciendo y también el rol de los políticos en la promoción del desarrollo.

Las experiencias internacionales de éxito en el desarrollo han tenido varios ingredientes: 1. Mantener una estabilidad política e institucional por largo tiempo. 2. La generación de confianza en el modelo de desarrollo, cualquiera que sea, basado en que sus resultados favorezcan a las mayorías. Uno apoya lo que le favorece. 3. Construir un modelo de crecimiento capaz de aumentar constantemente las productividades, en base a la innovación tecnológica y al empuje del capital humano, acompañado de un Estado capaz de asociarse con el empresariado y, al mismo tiempo, tener una robusta política redistributiva apoyada tanto por el empresariado como por la sociedad civil. Crecimiento con redistribución es la fórmula, es decir una economía mixta en la empresariado y Estado cooperan y que se asocia a un modelo político democrático, con instituciones fuertes y descentralizado.

Obviamente, cada país debe buscar de construir su propio modelo de desarrollo, pero para ello se requiere de consensos, confianza y estabilidad política por 30 o 40 años, es decir por dos generaciones por lo menos. Todo un desafío para la América Latina tropical.

6.03.2024

22/02/24: A dónde nos lleva la inteligencia artificial (IA)

A DÓNDE NOS LLEVA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Efraín Gonzales de Olarte

Nos hemos preocupado por las potencialidades y amenazas de la inteligencia artificial (AI), pero no estamos tomando en cuenta que sus posibilidades serán aprovechadas por quienes están más equipados: los ricos, los de mayor educación, los países más desarrollados, las grandes empresas y el resto probablemente no tendrá las mismas oportunidades. En consecuencia, la mayor amenaza de la IA es que, con seguridad, va a incrementar las desigualdades entre personas, regiones y países, o sea que en el futuro habría un incremento de las divergencias en el desarrollo en el mundo, en los países y las regiones, que llevarán a un dualismo, de pronto insalvable.

Según Google “La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción”. Es decir, es una tecnología que busca emular la inteligencia y la acción humana, que requiere de conocimientos de informática, que pueden ser aplicados tanto a la construcción de un robot, como a la producción de teléfonos celulares y a la posibilidad de realizar cualquier tarea a pedido, tal es el caso de ChatGPT, que no sólo es capaz de responder cualquier pregunta, escribir un poema, pintar un cuadro, escribir una tesis  universitaria e, incluso, ayudar a resolver problemas científicos complicados. Es decir, es capaz de ir reemplazando a nuestro cerebro o acelerando sus potencialidades.

Sin embargo, las múltiples aplicaciones de la IA nos vienen desde fuera y nos convierten en usuarios pasivos de sus avances. Por ejemplo: el uso masivo de los celulares y sus programas prefabricados nos han hipnotizado y nos hemos convertido casi en sus esclavos. El efecto de estas nuevas tecnologías, basadas en la IA, están cambiando las relaciones sociales, antes teníamos los amigos del barrio a quienes conocíamos y nos juntábamos para departir o hacer deporte, hoy tenemos amigos virtuales de todo el mundo, que son imágenes y voces que no sabemos si son reales o artificiales. Estamos perdiendo, pues, el contacto humano tan necesario para vivir en sociedad. Aunque es obvio que las siguientes generaciones serán muy diferentes y serán dependientes de las innovaciones tecnológicas, de manera permanente. Es decir, habrán perdido mucho de la libertad y de la iniciativa personal

Es evidente que habrá muchos que utilizarán la IA para progresar, dentro de los parámetros que se están estableciendo en un mundo crecientemente dominado por la IA, esos serán los que tienen recursos para comprar las tecnologías, recursos para tener mayores niveles educativos y obviamente, aparecerán muchas empresas nuevas nacidas de esta matriz. Claro está que son y serán las grandes empresas las que liderarán las transformaciones e innovaciones, que nos las irán transfiriendo constantemente y, nosotros, como usuarios no sólo no tendremos opción, sino que estaremos excitados en cada aparición de algo nuevo, es decir, estaremos yendo apresuradamente a una nueva clase de alienación, de la cual será difícil salir y recuperar la libertad de pensar y actuar por uno mismo.

Pero aquellos que no tienen los recursos financieros y tienen bajos niveles de educación, obviamente se quedarán atrasados y no podrán hacer parte de la “modernidad y potencialidad de la IA” y serán los nuevos omitidos de la sociedad de la IA.

Las preguntas que me hago son: ¿quién será más libre? y “la libertad tendrá una nueva connotación? en un mundo compuesto por los que producen nuevas tecnologías, mercancías y servicios y los consumidores incapaces de revelar sus preferencias. En verdad, el capitalismo ha sido siempre así, los productores de todas las innovaciones industriales y culturales han condicionado nuestras canastas de consumo con los nuevos productos y servicios que aparecen. El capitalismo de la IA será, obviamente, mucho más innovador de innumerables nuevas tecnologías, que nos alinearán sin remedio, pero también marcará nuevos criterios de desigualdad.

Estamos advertidos.

22.02.2024

15/01/24: DESCENTRALIZACIÓN PASMADA. Cómo desbloquearla

LA DESCENTRALIZACIÓN PASMADA 2003-2023[1]

Efraín Gonzales de Olarte

Acabo de publicar el libro del título. Las principales conclusiones a las que llegué son las que siguen. Nuestra intención es volver a poner en agenda la descentralización como reforma del Estado con el objetivo de promover el desarrollo regional y local, la democracia y el desarrollo humano. En esta primera parte veremos los resultados del proceso de descentralización 2003-2023, en la segunda presentaré la propuesta para relanzar la descentralización pasmada.

  1. LOS RESULTADOS.

La búsqueda del desarrollo regional integrado, convergente, equitativo y equilibrado sigue siendo un objetivo de largo plazo en el Perú. El crecimiento económico, en el período 2003-2018, ha sido positivo de manera agregada, pero bastante desigual a nivel regional. Los principales factores de crecimiento han sido la inversión privada en primer lugar, los precios internacionales de las exportaciones peruanas y la inversión pública, que se vinculan el ciclo internacional expansivo. Dentro de este contexto, la descentralización se conectó sobre este ciclo económico, ha sido la primera vez que se lleva a cabo un proceso de descentralización don una economía en crecimiento.

La descentralización iniciada en el 2003 ha contribuido con un pequeño avance en el plano económico, ciertamente ha sido un  modestísimo factor de crecimiento regional o local, en la medida que ha mejorado la integración física, estatal y económica. La descentralización del poder de decisión hacia los gobiernos locales y regionales sobre las decisiones de inversión ha contribuido a esta tendencia, sin embargo no podemos afirmar que la descentralización haya sido, hasta ahora, un importante factor de desarrollo regional.

El mayor impacto de la descentralización ha estado en el plano político, en la medida que ha permitido la reforma de un Estado demasiado centralista y la transferencia de competencias y presupuestos a los gobiernos regionales y locales. Pero, aún en este tema, la descentralización careció de un plan de largo plazo y de una concertación amplia entre el Estado, los empresarios y la sociedad civil en cada región, provincia y distrito. Lo que no ha logrado generar una vigorosa adhesión al proceso de descentralización por las sociedades regionales y locales.

Hay cinco factores que han limitado la capacidad desarrollista de la descentralización: a. el pequeño tamaño del Estado, tanto presupuestalmente como en sus funciones, burocracia poco calificada y capacidad de gestión; b. los vaivenes en su aplicación en cada cambio de los cuatro gobiernos (2002-2020) c. la falta de un plan que orientara, coordinara y ordenara el proceso de descentralización; d. la persistente corrupción, e. fue una descentralización sin regionalización.

Un Estado que recauda apenas el 15% a 16% del PBI y gasta alrededor de 21% del PBI, en un país con grandes desigualdades regionales y locales, es insuficiente para acometer objetivos de promoción del crecimiento económico (inversión pública) y de redistribución (gasto social) de manera simultánea. En estas condiciones, la descentralización solo pudo aspirar a una mayor eficiencia en la asignación de la inversión y del gasto público, sin embargo, el Estado peruano no tiene una buena capacidad de gestión, no hubo coordinación entre niveles de gobierno y, sobre todo la corrupción se hizo dramáticamente creciente durante el período de aplicación. En consecuencia, no hubo más eficiencia en el gasto público descentralizado.

Una política de Estado como la descentralización tuvo que haber tenido un plan de largo plazo y una hoja de ruta que fuera cumplida por cada nuevo gobierno. La ausencia de metas intermedias en la descentralización ha sido notoria. Además, cada nuevo gobierno ha tenido una apreciación diferente de las potencialidades de la descentralización. Tampoco desde la sociedad y desde los sectores productivos ha habido una participación comprometida e interesada con el proceso.

La ausencia de un plan de descentralización se ha hecho patente en la forma como se ha llevado a cabo el proceso. Las etapas aconsejadas por la experiencia internacional (1. descentralización política, 2. descentralización administrativa, 3. descentralización del gasto, 4. descentralización tributaria) no fueron tomadas en cuenta. La descentralización política tuvo como falla de origen el no definir una nueva regionalización. la descentralización administrativa fue descoordinada y desfinanciada, la descentralización tributaria, que se supone es la última etapa de este proceso, se dio desde el inicio del proceso debido al incremento sustantivo del canon, las regalías mineras y de otros recursos, para cuyo manejo y asignación no estaban preparados los gobiernos regionales y locales, por lo que no se aprovechó adecuadamente de estos recursos, la única que funcionó fue la descentralización del gasto.

Estas son las razones por las cuales la descentralización a la peruana de los últimos casi 20 años, ha tenido un desempeño bien modesto y, sobre todo, ha entrado en una etapa de somnolencia.

Quizás el aspecto más negativo de este proceso ha sido la descentralización de la corrupción, hay suficiente evidencia judicial y de la procuraduría anticorrupción sobre la profundidad de este problema. El inédito ciclo de crecimiento económico, durante los diez primeros años del proceso de descentralización generó recursos fiscales mayores a los de décadas anteriores y, en la medida que los mecanismos de fiscalización por parre de la Contraloría han sido muy débiles, la corrupción ha crecido y prácticamente se ha institucionalizado en todos los niveles de gobierno. Así, la carrera política se ha convertido en una meta de enriquecimiento ilícito para quienes son elegidos alcaldes, gobernadores, presidente y otros funcionarios del Estado.

La corrupción ciertamente reduce las posibilidades de brindar mejores servicios públicos, de realizar inversiones con mayor beneficio social e incrementa la asimetría de la información pública. Se trata de una redistribución de los recursos del Estado de manera delincuencial y que favorece la concentración del ingreso en los partícipes de la corrupción. Este es, a todas luces, uno de los problemas más difíciles de resolver para la continuidad de la descentralización.

En suma, las grandes expectativas puestas en la descentralización como promotora del desarrollo regional y local han sido puestas en su real dimensión: un país económicamente concentrado espacialmente (ciudades y Lima), con un Estado pequeño y con poca claridad sobre las metas de la reforma, solo ha avanzado en una mayor democratización de la sociedad y de manera modesta en la descentralización política. En su dimensión económica, la descentralización no ha logrado reducir las desigualdades regionales, la divergencia en el crecimiento, aunque sí ha avanzado en la integración física, económica y estatal.

 

  1. LA PROPUESTA.

Pese a los modestos resultados de la descentralización, ésta continúa siendo una posibilidad –quizás la única- para reformar el Estado y para encaminar a la sociedad y a la economía a una senda distinta de desarrollo regional y local, impulsada por una democracia robusta. El hecho de haber distribuido el poder en los cuatro niveles de gobierno es un avance en sí y debería retomarse, pero requiere de un balance y, probablemente, de un relanzamiento con un plan que tenga objetivos de mediano y largo plazo para el desarrollo territorial y, en consecuencia, para el desarrollo humano. Los pasos que habría que seguir son los siguientes:

El primer paso es rehacer la descentralización política con un pacto entre el Estado, los empresarios y la sociedad civil (que debe incluir a los gremios, entidades de la sociedad civil y ONGs) también de manera descentralizada, es decir un “pacto descentralista para el desarrollo”. La verdadera reforma del Estado descentralizado debe partir de un acuerdo social y político en el que intervengan estos tres grandes estamentos de la sociedad.

Un tema esencial del relanzamiento de la descentralización es reinstaurar la reelección de autoridades regionales y locales. La no reelección ha sido un factor muy dañino para el desarrollo regional y ha promovido la corrupción

Pacto descentralista de largo plazo.

El segundo paso, es establecer una política de desconcentración económica territorial a partir de planes concertados de inversión definidos en el pacto, en los tres tipos de inversión: capital humano, capital físico y capital institucional, en cada región. Es imprescindible establecer metas de mediano y corto plazo en un plan concertado. La asociación y cooperación entre la inversión pública y privada es un tema central, para lograr el desarrollo desconcentrado de regiones. Es necesario generar incentivos para que la inversión desconcentrada tenga tasas de crecimiento bastante mayores que las de Lima. El efecto adicional de este proceso es generar una desconcentración de la base fiscal que fortalecería la descentralización del Estado. Desconcentrar para descentralizar y descentralizar para desconcentrar

Tercero, es necesario incrementar el tamaño del Estado en términos fiscales y a mejorar su calidad de gestión. La descentralización y el desarrollo regional no tendrán éxito si la presión tributaria no llega por lo menos a 20-22% y el gasto público a 25-26% sobre el PBI. Es imprescindible la ampliación de la base tributaria[2] y disminuir la dependencia de la economía fiscal los precios de las exportaciones. Es necesario que la mayor parte de los impuestos -generados regional y localmente- provengan de los sectores productores para el mercado interno: agricultura, agroindustria, industria y servicios, en las distintas regiones- y una mayor diversificación de las exportaciones internacionales. Con un Estado chico la descentralización no tendrá éxito.

Cuarto. Es necesario precisar el rol subsidiario de un Estado descentralizado. En un país con desigualdades regionales y locales, es necesaria la presencia activa del Estado en aquellos lugares (provincias, distritos o regiones) en los que el sector privado o es débil o sus negocios no son viables. Esto sucede, sobre todo, en aquellas poblaciones pequeñas, relativamente aisladas y con escasos recursos naturales, donde el Estado debería asumir el rol de productor de bienes y servicios. El Estado y el sector privado deberían cooperar para incrementar la integración económica, física y estatal, base del desarrollo territorial y para desconcentrar la inversión productiva a regiones fuera de Lima sobre la base de la acción subsidiaria del Estado en las regiones más débiles. Redefinir el rol subsidiario del Estado descentralizado

Quinto. Es preciso definir un modelo de desarrollo económico regional que debería ser Desconcentrado, Integrado y Exportador, tanto al exterior como entre regiones (DIDE). La desconcentración es en el fondo un proceso acelerado de incremento de la división del trabajo a nivel regional y de aumentos sustantivos de la productividad.

Sexto. La regionalización. Un tema que ha quedado de lado es la conformación de macrorregiones. E     sta ha sido una falla de origen del actual proceso de descentralización y no será fácil volver a procesarlo. Este problema está vinculado a dos temas: el tamaño de la “región óptima” y los intentos de crear mancomunidades regionales o regiones integradas. El tamaño de las economías regionales es importante, porque permiten activar los beneficios de las economías de escala y las externalidades, que son factores probados de mayor desarrollo.

Las mancomunidades no deberían reducirse a la coordinación de la inversión, el gasto público y las propuestas de proyectos inter gubernamentales de desarrollo, debería incluirse la integración económica como meta de largo plazo. Lograr que las regiones actuales se integren económicamente –aunque no tengan gobiernos macrorregionales- es una necesidad para el desarrollo regional y para el fortalecimiento de la democracia. Es imprescindible  establecer algún sistema de premios para promover la inversión y el gasto público por macrorregiones o mancomunidades. La descentralización “recargada” y la cooperación entre departamentos para conformar macrorregiones.

Séptimo. Un aspecto no menor y que a menudo se soslaya es el poder de la ideología descentralista, que ha decaído y debería volver a ser parte del proceso de descentralización. El conjunto de ideales sobre cómo la descentralización puede ser una vía efectiva de desarrollo regional Las ideologías, son parte del capital inmaterial que pueden movilizar las voluntades, a los ciudadanos, a los empresarios y a la sociedad civil. El poder de la ideología descentralista.

Finalmente: ¿qué hacemos con la corrupción? Tema complejo y de difícil solución, pero que es necesario acometer. Proponemos un conjunto de soluciones jurídicas, institucionales y éticas para enfrentar este corrosivo problema: 1. Crear un sistema judicial especial para el juzgamiento rápido de los delitos de corrupción, de manera descentralizada. 2. Descentralizar la contraloría de manera efectiva, que las oficinas regionales cuenten con cierta autonomía. Hacer transparentes los procesos de licitación, concesión, compras y adquisiciones, a través de plataformas informáticas, interactivas. 3. Incorporar códigos éticos y conformar liderazgos éticos a nivel de regiones y localidades. Realmente se necesita una cruzada anticorrupción. 4. Mejorar la vigilancia ciudadana ampliando las funciones de los foros para los presupuestos participativos, dándoles la función de fiscalización de los presupuestos aprobados y en ejecución. 5. Crear incentivos para premiar las buenas prácticas limpias de corrupción. 6. Hacer que los acuerdos de los presupuestos participativos sean vinculantes, lo que permitiría la fiscalización ciudadana de las ejecuciones presupuestales.

Concluimos. Para generar desarrollo humano el crecimiento económico tiene que estar en función de las personas. Para ello, la condición necesaria es la desconcentración de la inversión privada en coordinación con la inversión pública. La condición suficiente es que la inversión debe ser hecha en las tres formas de capital: humano (educación), físico (infraestructura básica y productiva) e institucional (normas simples y claras y buen gobierno) y debe generar desconcentración económica. La condición sostenible es la conversión imperativa del capital natural en capital humano y en capital físico. La condición imprescindible es la aprobación de un “pacto social” para descentralizar para desconcentrar y desconcentrar para descentralizar entre: empresariado, Estado y sociedad civil. Una descentralización sin una participación política institucionalizada y activa no tendrá los resultados que se esperan.

Lima, enero 2024

 

[1] LA DESCENTRALIZACIÓN PASMADA. Desconcentración y desarrollo regional en el Perú 2003-2020, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima diciembre 2023.

[2] Hay dos caminos para lograr este objetivo: una agresiva campaña para reducir la elusión y la evasión tributaria y un cambio progresivo de la estructura económica hacia sectores que produzcan con mayor valor agregado dirigidos al mercado interno y al externo.

10/11/23: Adolfo Figueroa Arévalo recordado en el SEPIA XX

ADOLFO FIGUEROA HOMENAJE EN EL SEPIA

UNALM 8 de noviembre 2023

Efraín Gonzales de Olarte

 

Es un honor para mí haber sido invitado para homenajear a Adolfo Figueroa Arévalo, al año de su partida. Recordar su vida y obra es tenerlo siempre presente entre nosotros y sentirnos iluminados por su legado académico y personal.

Es muy significativo que el Seminario Permanente de Investigación Agraria, recuerde a su fundador, demostrando que su espíritu dedicado a la investigación para mejorar la vida de las personas, sobre todo los que viven del campo, sigue vigente y lo sobrevive, espero que por muchos años más. Felicitaciones y agradecimiento a los directivos de SEPIA.

Pero: ¿quién fue Adolfo Figueroa? Fue un ancashino de origen rural, nació en el pequeño pueblo de Shilla del Callejón de Huaylas, estudió la primaria en la escuela rural cercana a su casa y fue enviado por sus padres a estudiar la secundaria a Lima, donde estuvo los dos primeros años en el Colegio Guadalupe, siendo el alumno más destacado de su promoción, y terminó la secundaria en el Colegio Militar Leoncio Prado. Luego estudió Ciencias Económicas en la Universidad Mayor de San Marcos y gracias a una beca de una organización internacional fue a hacer sus estudios de posgrado en la exclusiva Universidad de Vanderbilt en los Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado con una tesis sobre la distribución del ingreso en el Perú. Paralelamente, formó una entrañable familia con Yolanda su esposa y sus dos hijos: Rocio e Iván aquí presente.

Cuando volvió al Perú, fue invitado por los profesores Máximo Vega Centeno y Richard Webb a unirse a ellos para la creación de la carrera de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, dentro de la nueva facultad de Ciencias Sociales. En la PUCP enseñó, investigó y fue autoridad durante más de cuarenta años, antes de jubilares. Además, fue consultor de casi todos los organismos internacionales. Fue un ejemplo del economista comprometido con su realidad y su sociedad, la cual conocía desde sus orígenes, los del Perú profundo y llegó a ser un reconocido profesor visitante en universidades estadounidenses y latino-americanas. Durante su vida, transitó desde el estudiante de origen rural hasta el economista cosmopolita, sin perder su autenticidad de ancashino y de peruano.

Adolfo Figueroa Arévalo fue uno de los raros economistas peruanos que elaboró una teoría axiomática sobre los modelos de desarrollo, a la cual llegó después de un vasto trabajo de investigación empírica. Estudió desde las economías campesinas, los problemas del empleo, la desigualdad distributiva, la educación, mercados laborales, las políticas redistributivas, los regímenes de políticas económicas, hasta el uso y abuso de los recursos naturales no renovables y los problemas ambientales.

En su obra culminante: “Una teoría unificada del desarrollo capitalista” (2009) en la cual propone tres tipos de sociedades capitalistas: 1. la sociedad Epsilon correspondiente a los países de desarrollo capitalista temprano, 2. la sociedad Omega correspondiente a los países de menor desarrollo capitalista y 3. la sociedad Sigma, correspondiente a los países latino-americanos. La esencia de su teoría sobre el desarrollo económico se centra en la capacidad de inclusión o exclusión que tienen los países, dadas las desigualdades iniciales, que pueden llevar a la divergencia o a la convergencia económica y social en función de los procesos tecnológicos. Sostiene que en los países latinoamericanos, la sociedad sigma no ha logrado resolver los problemas de la inclusión y la desigualdad, debido a la escasez de los agentes de cambio, como el empresario schumpeteriano, siendo esta la principal limitación del desarrollo económico.

En el fondo su preocupación fue desentrañar los meandros de las desigualdades económicas y sociales, sus orígenes, sus procesos y sus impases. Nos demostró que, para proponer teorías, el camino comienza viendo cómo es la realidad, viajando a los lugares de estudios, caminando los largos recorridos de la pobreza campesina y urbana, es decir, ensuciándose los zapatos, luego construyendo la información estadística y cualitativa, para finalmente comprobar las hipótesis de inicio. Por ello, sus teorías no nacieron de la imaginación del economista sentado frente a su computadora, sino de la observación de la compleja y a veces elusiva realidad peruana y latinoamericana.

Pero, Adolfo no sólo fue un gran académico, fue también un constructor de instituciones. Fue clave en la creación y desarrollo del Departamento de Economía de la PUCP, en la posterior creación de la Maestria en Economía que al día de hoy está entre las 10 mejores maestrías en Economía en América Latina, fue varias veces jefe del Departamento de Economía, también fue Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, fuera de la universidad fue uno de los fundadores de la rama latinoamericana de la Sociedad Econométrica, fue miembro del Consejo Ejecutivo de LASA, fue miembro del comité editor de varias revistas internacionales entre ellas  World Development, estableció convenios de cooperación con las Universidades nacionales de Piura, Cusco, Arequipa y Huamanga, con el propósito de mejorar la enseñanza y la investigación. Y fue el primer presidente del Seminario Permanente de Investigación Agraria en 1985-86. Estaba convencido que la construcción institucional es una de las claves para el desarrollo de los países, pero sobre todo para la mejora de la calidad de la enseñanza e investigación en economía, sobre todo aquella que promueva la inclusión y la igualdad.

Su temprana partida es una pérdida para la comunidad académica, pues, aún esperábamos más de sus luces y de su encantadora persona.  Pero se fue dejando un acervo de conocimientos, que no existía antes de él, se fue enseñando cómo enseñar economía de manera rigurosa, explicando los problemas más complicados con el lenguaje del “canillita”. Tenía un raro e innato talento para enseñar y, sobre todo, lograba que sus alumnos aprendieran, prueba de ello es las centenas de exalumnos suyos que ponderan hasta hoy sus cualidades de “maestro”.  En otras palabras, creo que logró lo que se propuso, tanto como investigador, teórico y como profesor. En este sentido tuvo una vida completa, que hay que celebrar, aunque él nos haga falta físicamente.

Pero quizás el rasgo más destacable de Adolfo Figueroa fue su personalidad magnética y su genuina convicción de que el Perú sería mejor si se conociera mejor sus insondables problemas y la mejor manera de lograrlo es formando buenos economistas comprometidos e identificados con los problemas que genera el subdesarrollo.

Ahora que no está ya con nosotros físicamente, estará siempre presente a través de su obra, de sus enseñanzas y de su espíritu. Quienes lo conocimos y compartimos la enseñanza y la investigación, podemos decir que Adolfo mejoró nuestras vidas.

 

Lima, noviembre 2023

 

17/09/23: La importancia de ser “caviar” en el Perú

LA IMPORTANCIA DE SER “CAVIAR”

Efraín Gonzales de Olarte

Estoy seguro de que la mayor parte de quienes usan la palabra caviar y sus derivados en el Perú no saben que se trata de los huevos del esturión, pez que no existe en nuestro país. Como apelativo político, comenzó a usarse en París en mayo de 1968 cuando estudiantes de sectores acomodados, acostumbrados a consumir productos de lujo en ocasiones importantes como el caviar, fueron actores de manifestaciones estudiantiles y sindicales apoyando cambios radicales en la política y sociedad francesas. A ellos los denominaron caviares.

En el Perú de los últimos años se ha generalizado su uso tanto por políticos tanto derechistas como izquierdistas que tienen en común ser sectarios y profundamente ignorantes, con el fin desacreditar, estigmatizar o denigrar a personas que no comulgan con sus ideas y que,  proviniendo de clases medias  promueven la democracia, los derechos humanos, la separación de poderes, la justicia social, inclusión y la tolerancia y que se caracterizan por tener niveles educativos e intelectuales bastante mejores que sus detractores.

La descalificación proviene de que alguien con un nivel acomodado de vida no puede ser progresista ni debe preocuparse políticamente por los pobres o por los excluidos. Se niega la posibilidad de tener sensibilidad social y promover la solidaridad. Como si estuviera prohibido pensar en el bienestar de quienes pertenecen a una clase o grupo social distintos del propio. Se trata pues de un pensamiento profundamente reaccionario.

Así, los “caviares” y el “caviarismo” se han convertido en un fantasma al cual tanto la derecha bruta y achorada como la izquierda bruta e ignorante le atribuyen todos los males del Perú, a tal punto que el “anti-caviarismo” se ha convertido en una muletilla, que cualquier político o ciudadano que tiene un problema cuyo origen no sabe explicar, utiliza para descalificar a cualquiera que tenga una explicación lógica y coherente y, especialmente, progresista y democrática. .

Es interesante cómo “los caviares” -que no tienen organización, tampoco líderes, no tienen militantes, ni financiamiento- han sido construidos como enemigo político por los seudo políticos que, identificándose a sí mismos como “de derecha” o “de izquierda” sin ideología ni doctrina política claras, coinciden en algunas cosas importantes: en primer lugar, en su afán por gobernar promoviendo sus intereses particulares o corporativos, sin preocupación por el bien común. En segundo, en sus esfuerzos por corromper o destruir todo vestigio de institucionalidad en el país que pudiera ser obstáculo para sus intereses. En tercero, en sus ataques para hacer retroceder todo logro en términos de derechos y justicia social que se haya podido alcanzar hasta ahora. Como no son capaces o no les interesa justificar o siquiera debatir las ideas, todo se reduce a adjetivos, insultos y prepotencia.

En la práctica, los ataques de derecha e izquierda están configurando a los “caviares” como una opción de centro que, interesantemente, se va ampliando tanto hacia la izquierda como hacia la derecha menos radicales que conservan convicciones democráticas. Y ése es quizás el mayor temor de los extremos, pues estas alturas del proceso político peruano, los políticos que están en el Congreso casi todos ellos “anti-caviares” y el gobierno, tienen más de 90% de rechazo de la ciudadanía.

Quizás sea el momento propicio para conformación de un partido o un frente de centro que el Perú está reclamando para volver a dialogar, a buscar salidas conjuntas a la crisis, rescatar las instituciones que han sido objeto de cambios que las desnaturalizan y, sobre todo volver a pensar en el bien común de los peruanos.

Lima, septiembre 2023

07/06/23: ¿Quo vadis Perú? El incierto futuro de un país que no vale un Perú

¿QUO VADIS PERÚ? El incierto futuro de un país que ya no vale un Perú.

Efraín Gonzales de Olarte

El divorcio entre la economía y política en el Perú, relievada hace poco por varios analistas, tiene su origen en las reformas neoliberales que realizara el gobierno de A. Fujimori hace treinta años, tal como analizamos en el “Neoliberalismo a la peruana” (IEP 1998). Para algunos analistas económicos, esta situación significa que cualquier decisión política no ha de afectar el proceso económico y se alegran que sea así. Sin embargo, este divorcio no es para regocijarse, pues el Congreso puede, como lo está haciendo, destruir una serie de instituciones estatales que garantizan el equilibrio de poderes y el respeto a los derechos humanos, sin que la actividad económica sea afectada. Es decir, gracias a este divorcio se puede destruir la democracia sin que esto afecte la economía, la inflación y el empleo, obviamente hasta cierto punto y por cierto tiempo.

Lo peor de esta situación es que los congresistas de extrema izquierda, extrema derecha y los sin partido que no tienen quien los fiscalice, toman decisiones para limitar el poder de control y fiscalización de algunas instituciones con el propósito de quedarse hasta el 2026, es decir para seguir cobrando sus sueldos y gozando de las prebendas del poder. Frente a estas decisiones congresales el gobierno de D. Boluarte no hace nada para impedirlo, por las mismas razones y aún más. Ante un Congreso no sólo mediocre sino mercantilista y sobre todo destructor de lo poco de institucionalidad que tiene el Perú, la respuesta debería ser disolverlo, lo que sería el preludio de “nos vamos todos”. Pero la Presidenta Boluarte no lo puede hacer porque inmediatamente que deje el cargo tendrá que responder ante la justicia por los más de 60 muertes acaecidas entre diciembre y enero pasado. En consecuencia, no sólo no observa las leyes debilitantes del estado de derecho, sino que está de acuerdo con los congresistas de ir hasta el 2026.

En buena medida el Perú tiene una dictadura de la mediocridad, en la cual el Congreso es quien tiene la iniciativa para todo tipo de cambios, están reemplazando al ejecutivo y al poder judicial en varios aspectos. Lo que es inverosímil es que esta dictadura se está ejerciendo no por algún partido o coalición de partidos, pues no existen como tales, sino por grupos de congresistas que lo hacen para salvaguarda sus intereses particulares. Estamos frente a la dictadura de congresistas de una mediocridad nunca antes vista, de izquierda y derecha que, deliberadamente o no, están llevando al establecimiento de un régimen político autoritario. Es decir, el Perú se está convirtiendo en una republiqueta informal y corrupta. Una pena.

Pero: ¿cuál ha de ser el efecto de este “estilo” de gobernanza para el Perú? Por un lado, la economía seguirá dependiendo de los precios internacionales de las exportaciones y del manejo del BCRP, por otro lado, las decisiones políticas que se están tomado, dado el Estado chico que tiene el Perú y la ineficacia del aparato del estado, el efecto en la actividad económica será mínimo. Sin embargo, la reputación internacional que tiene el Perú y su Estado –crisis política, derechos humanos, abuso del poder- no es un buen aliciente para la entrada de nuevos capitales, salvo los chinos cuya estrategia geopolítica es invertir en el Perú, que es considerado el Hub de América del Sur.

La creciente presencia china en el Perú, cuyos estándares democráticos son inexistentes, está congeniando con el tipo de gobierno actual. No nos sorprenderá en el futuro que varias inversiones chinas hayan pasado por las puertas de la corrupción, con la ayuda del ejecutivo y legislativo. Parafraseando a Den Siao Ping, “no importa cuán democrático sea el Estado peruano, lo importante es que nos deje invertir”.

De aquí al 2026, la economía peruana tendrá un crecimiento mediocre, dependiente de la coyuntura internacional, que hoy por hoy está sujeta a incertidumbre, dada la invasión de Rusia a Ucrania, las elecciones americanas, la derechización de la política, casi a nivel planetario. El efecto será que probablemente baje la inflación, los niveles de pobreza no se reducirán mucho, pero la informalidad seguirá explicando el 75% del empleo y menos del 20% del PBI. Más de lo mismo.

Bajo este escenario tendremos dos años de empeoramiento de la democracia, y la probable exacerbación de conflictos sociales. Ese será el panorama en el cual se llevarían a cabo las próximas elecciones. ¿Quo Vadis Perú?

26/04/23: Las pasiones y los intereses en el Perú. La degradación de la política

Las pasiones y los intereses en el Perú: la degradación de la política, la democracia y el desarrollo[1] 

Efraín Gonzales de Olarte

En su célebre libro Las pasiones y los intereses, Albert Hirschman explicó que el advenimiento del capitalismo y del Estado moderno fue posible porque las pasiones políticas por el poder de los señores feudales fueron controladas por los intereses económicos de la burguesía naciente. Es decir, el poder absoluto de reyes y monarcas (el príncipe) fue progresivamente contrarrestado por el comercio y por la expansión de los mercados. Así, se comenzó a establecer un balance de poderes que dio forma al Estado moderno y a la democracia.

El paso de la feudalidad al capitalismo y de los gobiernos absolutistas a gobiernos democráticos permitió reemplazar al Antiguo Régimen por el Estado moderno. El nuevo poder político se establecía a través de la participación de los ciudadanos que elegían a sus gobernantes y el Estado se conformaba por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con reglas de equilibrio entre ellos, para que las decisiones de uno u otro tuvieran controles, lo que permitiría una gobernabilidad estable. Las pasiones políticas y los intereses económicos se controlaban y regulaban el Estado democrático moderno.

Este balance se ha roto en el Perú de los últimos años, sobre todo recientemente, pues los intereses y las pasiones se han coligado y están destruyendo el poco Estado que tenemos y amenazan nuestra escuálida democracia. No de otra manera se puede comprender cómo el Poder Legislativo está reduciendo las competencias del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, con la complicidad del Tribunal Constitucional, para favorecer intereses particulares. Es decir, están erosionando el ya frágil equilibrio de poderes que había en el Perú.

La pregunta que se plantea es: ¿a qué se debe este proceso de degradación política y social al que estamos asistiendo? La respuesta no es fácil, pues la situación social y política del Perú se ha hecho muy compleja. Sin embargo, parece que la respuesta va por el lado de la crisis política, caracterizada por la atomización de la representación política, la polarización social y la extrema polarización ideológica, que impide cualquier acuerdo. Debido a la precariedad de la representación política los congresistas están enfocados en sus intereses particulares, es decir, sus sueldos y los negocios que se pueden hacer a partir de su situación de privilegio.

La demolición de la Sunedu es un buen ejemplo de cómo se usa el poder político para promover los intereses particulares de ciertos congresistas en la educación “superior”, aunque el resultado futuro sea el retroceso de la calidad de la enseñanza e investigación científica y aplicada. Una verdadera regresión que traerá consigo pseudo universidades de alta mediocridad, inútiles para promover el desarrollo y mejorar la vida política. Los intereses particulares son más importantes que la calidad futura del sistema universitario.

En este contexto, el bien común es una idea que les es extraña. Las pasiones (el poder político) se usa para favorecer intereses particulares; el Estado al servicio de los que gobiernan y no de los gobernados. Todo lo contrario de la idea de un Estado democrático.

Curiosamente, la atomización política y la casi desaparición de los partidos doctrinarios han permitido que la política se convierta en un mercado de prebendas y negociados, desnaturalizando la esencia del quehacer político, que es gobernar en función de las necesidades de las grandes mayorías sobre la base de los objetivos de la Constitución. Peor aún, una representación política atomizada será incapaz de llevarnos a una gobernabilidad democrática, pues su esencia es actuar en función de sus pequeños intereses y olvidarse del bien común. Nunca como ahora hacen falta verdaderos partidos políticos, con doctrina, organización, liderazgos y cuadros suficientes para poder gobernar. El patético gobierno de Perú Libre y Pedro Castillo ha sido el fruto de la atomización política.

La polarización ideológica es un retroceso a la barbarie. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda creen que su verdad es la única válida, por lo que es imposible el diálogo. Obviamente, tras de estas ideologías extremas la forma de gobierno será siempre una dictadura, tal como la experiencia histórica lo demuestra. Además, con su accionar han logrado no solo reducir el centro político, sino convertirlo en el enemigo común, para lo cual han inventado el adjetivo de caviar, caviarado, entre otros; significantes sin significado que muestran sus carencias ideológicas y su mediocridad política. Sin embargo, la palabreja les es útil para tener un chivo expiatorio rentable para sus intereses particulares. En el fondo, los caviares en general tienen niveles de educación mejores, se comportan con principios éticos adversos a la mentira (fake news), a la corrupción, al robo y piensan en el bien común como meta de la vida social y de la democracia. Es decir, están en sus antípodas; por eso los detestan.

Esta crisis política tiene como fondo y como causa las profundas desigualdades sociales y económicas provenientes de: las desigualdades patrimoniales, educativas y de productividades, que llevan a desigualdades de ingresos, disparidades de oportunidades en el acceso a “empleos decentes” y a bienes públicos, desigualdades étnicas y culturales, y las disimilitudes en el desarrollo de las regiones, de las ciudades y de las poblaciones rurales. Sin embargo, todos estos problemas están borrados de la agenda política del Congreso y del Gobierno; estos temas o no les interesan o son incapaces de comprender su dimensión y complejidad debido a la gran mediocridad de sus representantes. Tarde nos damos cuenta de que la crisis educativa es la principal causa de tener los políticos, dirigentes y gobernantes que tenemos ahora.

Las pasiones, basadas en la vanidad, la soberbia y el poder, son ahora utilizadas para favorecer los intereses particulares asentados en la avaricia y la envidia en un país altamente desigual. El resultado será el enriquecimiento de los que logren llegar al poder, que siempre serán pocos, y la espera de las grandes mayorías por algún gobierno que promueva el avance de todos, en democracia, con tolerancia y con ética. En todo caso, este no parece ser el futuro del Perú en lo inmediato.

[1] Artículo publicado en: “Crítica y Debates. Blog coyuntura”,  IEP, abril 2023

17/02/23: La rebelión de la periferia

LA REBELIÓN DE LA PERIFERIA

Efraín Gonzales de Olarte

El Perú está organizado geográfica, económica y socialmente en un sistema centro-periferia. Lima es el centro nacional y el resto de departamentos y provincias es la periferia nacional. Sin embargo, en cada departamento cada ciudad –de acuerdo a su tamaño- es un centro de una periferia rural o de ciudades más pequeñas. La economía y la sociedad se organizan económica y espacialmente dentro de este sistema, y dependiendo de dónde uno vive estará en el centro o en la periferia.

Esta es generalmente la forma como están organizados casi todos los países en su geografía. Sin embargo, el caso peruano tiene algunas características de un sistema centro-periferia atrofiado, que permiten explicar las protestas y marchas más prolongadas de su historia y que, a estas alturas, configuran una verdadera rebelión de la periferia.

El sistema centro-periferia del Perú está caracterizado por: 1. El producto per cápita promedio de Lima es 4 veces más grande que del resto de departamentos. 2. El crecimiento de Lima es divergente del crecimiento del resto del país, es decir, la brecha de producción, ingresos y productividades se va haciendo cada vez más grande. Esta tendencia se repite entre los centros y las periferias de las regiones. 3. Esto se explica porque no hay causalidad entre el crecimiento del centro y el crecimiento de la periferia, es decir el crecimiento de Lima no necesariamente genera crecimiento del resto de regiones, así como el crecimiento del resto de regiones no genera el crecimiento de Lima. El mismo patrón se repite en cada región del Perú, pues las relaciones económicas de ida y vuelta entre las ciudades y los entornos rurales son muy débiles. 4. El resultado de este sistema centro periferia es que el ingreso promedio de un trabajador limeño es tres veces más que el de un trabajador de Huancavelica y la relación entre el ingreso urbano con el de un trabajador rural es también de 3 a 1. Esto no debería suceder en una economía de mercado. 5. Esto se refleja en el índice de desarrollo humano de Lima es 0.7, mientras que el de Apurímac es de 0.4, esta es una diferencia parecida a la que hay entre países de Europa y países africanos, es decir, una gran desigualdad en el desarrollo humano entre el centro y la periferia del Perú.

Estas cifras nos dicen dramáticamente que hay una persistente desigualdad entre los centros y las periferias, que en el tiempo no se van a igualar porque están económicamente poco integrados y es probable que en largo plazo esta situación de desigualdad y de desconexión no varíe, si las bases económicas y políticas no cambian.

Bajo esta óptica las protestas, las tomas de carretera y pedidos de cambios políticos tienen sustento. Estamos frente a la rebelión de las periferias, que han tomado conciencia política de las desigualdades, de la exclusión económica y de la falta de una respuesta a su situación, desde el Estado y de los gobiernos, pero también desde el sector privado moderno. Respuesta que podría cambiar su situación. Por ello, apoyaron a un representante de las periferias como presidente de la república y quienes votaron por él tenían grandes expectativas, creo que exageradas, que estando en el gobierno alguien como ellos, pudiera cambiar las cosas. Pero obviamente, Pedro Castillo no dio la talla, el establishment político y el congreso tampoco.

La simbólica “toma de Lima”, en realidad habría que interpretarla como la toma del centro por las periferias. Lima y las ciudades son lugares donde está el poder, desde dónde se pueden cambiar los problemas de exclusión económica y social, de desigualdad y de donde se toman las decisiones políticas. Por ello, las marchas han convertido a la periferia en un actor político, que espera una respuesta del centro, del gobierno, en una coyuntura especialmente crítica, en la que se puede definir el futuro del Perú y de la mayoría de los peruanos, sobre todo los que viven en las periferias.

Las soluciones no son muchas, la primera es la respuesta militar y policía que el gobierno de Dina Boluarte ha asumido. Esta solución está generando un gobierno cívico-militar cuyas decisiones no cambiarán los problemas que venimos de señalar, la rebelión continuará meses, quizás años, con el efecto de un país sin futuro, sin democracia y la deriva. La solución histórica sería la de asumir el reto de darle más poder a las periferias, lo que pasaría por elecciones lo antes posible, seguido de un diálogo nacional capaz de romper nuestros códigos de comportamiento social excluyente y adjetivado (terruco, DBA, DBI, caviar), admitir las diferencias, conversarlas y llegar a acuerdos, y obviamente relanzar la descentralización con el propósito de integrar los centros con sus periferias. Esta sería la salida política para cambiar el contrato social que tenemos y canalizar la enorme energía social que tienen las periferias. ¿Tendrá la presidenta Boluarte el coraje de renunciar y precipitar las elecciones? Si lo hace habrá contribuido, quizás, a un cambio mayor y en democracia.

Febrero 2023

08/02/23: IS PERU VIABLE AS A COUNTRY?

IS PERU VIABLE AS A COUNTRY?

By Efraín Gonzales de Olarte 

The Peruvian political crisis, which has been ongoing for several years, had a point of inflection when the former president, Pedro Castillo, made an inexplicable attempt to become a dictator. On December 7, the inviability of Peru, both as a country and as a nation, was confirmed, since in the last 50 years, neither rightist nor leftist governments have managed to integrate Peruvians so that they feel part of a shared collective — of “our” country, and not, as is the case with the majority of the population, of an alien country: a country that belongs to the others. The result of this crisis is the division of Peru into at least two “Perus”.

Why would December 2022 be a moment of inflection in the history of this budding country? Never before had such a Peruvian come to power: a precariously educated, working-class man with a truly provincial origin — a small town in Cajamarca, one of the poorest regions in Peru. Pedro Castillo, the rural teacher, led the roster of a provincial “political party” with a confusing set of ideas, derived from an anachronistic Marxism, to win a national election. Up to that moment, all previous government leaders had come from political, corporate, military, or intellectual elites. In other words, they had come from socioeconomic sectors enjoying higher income and post-secondary levels of educational attainment (though not always from Lima, as was the case with A. Toledo, V. Paniagua, and J. Velasco), and had been endorsed by more-or-less organized political organizations — or had had the support of the armed forces as the foundation of their power.

In fact, the coming to power of the schoolteacher Pedro Castillo was the result of a profound crisis of political representation, characterized by the political atomization and the near disappearance of doctrinal parties, which is why Castillo was able to win a national election with just 18.9% of the votes in the first round, ultimately defeating Keiko Fujimori by 40,000 votes in the second round. It was almost a penalty shootout. In other words, Castillo came to power due to the convergence of a series of circumstances developing over the last nine years, and whose origins can be traced to much earlier events, such as the 1992 “self-coup” of Alberto Fujimori’s government and its aversion to political parties, and even further back in time, to the colonial heritage that split Peru in two: the colonialists and the colonized — a duality that changed only in terms of actors and names throughout Peruvian history, and which now makes a dramatic reappearance.

Obviously, coming to terms with the election of Castillo was not easy, especially for the urban and Limeño Peru, as it generated uncertainty for several reasons. On the one hand, he came in representation of a small provincial party whose owner and leader, Vladimir Cerrón, is a Cuban-educated physician who is being investigated by the authorities, and whose party, Perú Libre, had no plan of government, properly speaking, but a set of ideas written with the aid of some Marxism manual from the last century, which proposed changes that would lead Peru to become a communist/socialist country like Cuba. Incidentally, after 30 years of experience with neoliberalism, the proposals contained in Perú Libre’s ideology created panic in many sectors of the country. On the other hand, Pedro Castillo appeared rather like a cut-to-size guest to lead the party’s roster, given that Perú Libre had overmodest aspirations: obtaining a minimal number of votes to retain its political party status and, perhaps, one or two seats in congress. This caused Castillo’s electoral campaign to be characterized by a populist discourse in the most remote communities, unvisited by the other candidates, where he promised to solve all their local problems. This had two effects: (1) the places in greatest need (e.g., southern Peru, the poorest region in the country) voted for him; and (2) they saw him as a genuine representative (i.e., they felt identified with him, for he was like them).

Castillo’s coming to power further transparentized the great socioeconomic inequalities found in Peru, both in social sectors and in regions and municipalities, which translated into multiple requests for public spending and investment. It was obvious that a leftist government had to be, at the very least, of a redistributionist nature, but this was understood by neither Castillo nor Perú Libre, for they were not prepared to propose an economic and social policy of this cut: they had neither the ideas nor the “executives” to do so.

Things took a more anthropological turn. His social origin, combined with Perú Libre’s precarious organization and the judicial problems of its leader, led Castillo to govern based on his small social foundations, prioritizing his family, friends, and neighbors from Chota, his hometown, and some Cajamarquinos, friends of his family or neighbors, and the “executives” provided by Vladimir Cerrón. Obviously, the result was translated into a familial and Chotano cronyism, which led to a utilization of government resources for the benefit of his entourage — something that previous administrations had also done, but that, in this case, was too evident: they were too transparent in their acts of corruption, and the press, especially the conservative one, took care of keeping a close tally on these dealings, given their animosity towards Castillo since his success in the first electoral round.

The biggest problem is that, due to the priority given to his entourage and the nearly absolute lack of direction in its economic and social policies, Castillo’s government was a chain of blunders (e.g., in the election of both its ministers and other officials) that caused the weakening of the government’s actions, which brought a sense of unprecedented precariousness. The fact that he had 80 ministers in his first year and a half in office gives us an idea of how improvised this administration was. It was not a leftist government — it was an incompetent government.

Paradoxically, said precariousness and instability did not affect the performance of the Peruvian economy, for it has been over 25 years since the economic cycle gained its independence from the political one. This clearly favored Castillo, as — despite not having clear policies and showing a tortuous management of the public apparatus — the Peruvian economy continued to grow, and inflation remained under control (except, obviously, during the two years of the COVID-19 pandemic). Curiously enough, said outcomes stem from the primary-exporter and service economy model (primario-exportador y de servicios, PESER) inherited from Fujimorismo, as well as the autonomy of the Central Reserve Bank (Banco Central de Reserva, BCR) and the regulatory bodies — all of which Castillo promised to eliminate during his electoral campaign.

Another aspect of the former president, by no means insignificant, were his limited communication and dialogue skills with the media; these were made evident in that pitiful CNN interview in January 2022, after which his counselors advised him not to face the press, and to establish other channels of communication to contact the population. It was for that purpose that the decentralized cabinets were established — and their audiences carefully chosen, obviously based on their affinity towards the president — providing Castillo with a platform from which, true to his syndicalist style of a “permanent candidate,” he continued promising to solve the population’s problems, knowing perfectly well it would not be possible for his administration to do so. In the best populist style, and driven by his ineptitude, he became a demagogue, feeding false hope to his voters. Most importantly, it was thanks to these platforms that Castillo started to create a strand of opinion in the populations of the provinces — that of being a president who was close to the problems of “the people” — and managed to convey the idea that Congress, the right, and the conservative media were not letting him govern. This is how he created an opinion that favored him, based on him being a leader of the people, one of them, who was not allowed to govern by the greater powers. His incompetence and the poor human capital of his various cabinets were hidden behind his transformation into the victim of a system that could not stand the fact that a provincial teacher of underprivileged origin had been elected president of Peru. The most important social effect was that his government caused the polarization of society, to the extreme of generating a growing socioeconomic dualism.

Nevertheless, said transformation went hand in hand with reports and investigations on a series of acts of corruption involving Castillo, his family, his entourage, and some of his ministers. Further evidence of this is that some of his relatives and former officials, who were being investigated by the Attorney’s Office, have either fled the country or gone into hiding. For this reason, there are those who think that the objective of the “coup” was to stop all the investigations related to corruption that the Public Ministry had started against him — this is why, in his address to the nation, not only did Castillo dissolve Congress, but also stated his intention to intervene in the Attorney’s Office and the Judicial Branch; in addition, he asked one of his aides to arrest the Attorney General of the nation who started the aforementioned investigation against him. The truth is he was not only incompetent as a president, but he was also incompetent when it came to managing the corruption he promoted and staging the coup.

After his attempted coup and his aspiration to become a dictator in the style of Maduro or Ortega, it was not surprising that a third of the population felt identified with Castillo and demanded he be reinstated, on the idea that he had been a victim. For his supporters, corruption was barely a venial sin that, in addition, remained to be proved — one like themselves had not been allowed to govern.

The next episode was the assumption of the government by Vice-President Dina Boluarte, which was accompanied by two circumstances that ended up confusing a significant portion of the population. The first one is that, upon violating the Constitution by announcing his coup, Pedro Castillo became automatically disqualified to continue to govern; as a result, Congress had the obligation to invite the vice-president to assume the presidency, in accordance with the Constitution. The second one is that — in an unnecessary act, given that Castillo was no longer president after having violated the Constitution — Congress passed a vacancy motion, in a rather theatrical fashion, to impeach the president on the grounds of “moral incapacity,” with 103 votes in favor out of the 130 possible votes. The interpretation of these events caused a significant portion of the population — especially from regions outside of Lima — to believe that Castillo had been removed by Congress, and that Dina Boluarte had been favored by his removal and was, consequently, a traitor. The truth is that a narrative was created based on the role of Congress — which was in constant confrontation with Castillo throughout his administration — as the cause of Castillo’s downfall, with Dina Boluarte as its accomplice. In her inauguration speech as president, she did not clarify why she had assumed the presidency according to the Constitution and did not distance herself from the Congress’s decision to impeach Castillo — though Congress had evidently taken advantage of the coup to finally find grounds for the impeachment (as unnecessary as it was, institutionally speaking).

After former President Castillo was put in custody, protests started to become generalized in the whole country, reaching unwanted levels of violence, with civilian casualties caused by police and army fire, but also police casualties brought about in the most brutal ways. The demands are as follows: (1) that Congress be closed; (2) that the current president, Dina Boluarte, step down; (3) that new elections be called; and (4) that a referendum be included to create a constituent assembly for the drafting of a new constitution.

The image portrayed by Castillo through his style of government was believed by a portion of the population with very little information, an extremely low capacity for discernment in political matters, and a high level of feelings of basic identification (i.e., support for their neighbors and relatives — or, in this case, for someone like themselves, who had promised the moon and the stars, but was unable to keep his promises because “they did not let him govern”). Never mind the fact that Castillo received money to promote officers or to appoint people to certain positions, as all previous administrations would have done the same, and, in the eyes of his supporters, this was not the cause of his impeachment by Congress. In addition, a significant portion of those demanding immediate elections and a new constitution have not even read the current one, which is why their stance has nothing to do with the rules governing Peruvian democracy, but with the incompetence of what they call the “political class” (as well as that of Congress) and the government’s neglect of the regions. In other words, what is worth analyzing are the social and economic outcomes of the political and economic system, and these have been rather scarce in the more popular areas and in the poorest regions.

Located in southern Peru, Puno, Apurimac, Cusco, and Arequipa are the regions with the largest number of protests and road blockades, which are the mechanism used to paralyze all activity; these, however, are spontaneous mobilizations of rural communities, combined with agitators from radical left groups and illegal sectors (e.g., drug trafficking, illegal mining and logging, and contraband), which do not come from a known organization with visible leadership. These mobilizations are a wave of discontent triggered in the protesters not only by the removal of a president like themselves, but above all by the poor performance of public institutions (e.g., health, education, utilities, and infrastructure) and by the poverty, underemployment, and informality in which the majority of people live.

Informality in Peru — characterized by the fact that 70% of the population is employed informally and generates only 20% of the gross domestic product — is an underlying problem from an economic, social, and political standpoint: it is the backdrop of the current crisis. From an economic standpoint, informality is synonymous with low productivity and, consequently, low income and precarious employment (i.e., poverty and the absence of a better future). From a social standpoint, as it does not foster stable work and production relationships, informality does not create the necessary social fabric for progress in a society (i.e., it is not possible to form guilds, unions, and associations having common interests — those with informal employment are on their own). From a political standpoint, the government does not manage to integrate those with informal employment so that they may enjoy the benefits of social security and retirement pensions — but above all, these people have no reason to organize themselves politically, and they will obviously vote for whomever offers them something or looks like them. As the Peruvian government apparatus is small, following the structural adjustment of the 1990s, it is unable to reduce inequality and provide more opportunities for the large majority of people. Informality is the latest form of the aforementioned duality and lack of socioeconomic integration in Peru.

From this perspective, the current protests are, in reality, a wake-up call given by people demanding a government that takes care of them and integrates them. Informality is the best route to social segregation. For these reasons, these protest mobilizations have no interlocutors with whom the government could dialogue to reach an agreement, thus the political settlement is fairly uncertain, and Peru may well be at the brink of social collapse or anomie, or at the gates of a military coup.

The current crisis has exacerbated the fragmentation of Peruvian society, which translates into: (1) the growing confrontation between Lima and the rest of the country, which decentralization has not managed to assuage; (2) the labor and economic informality stemming from the inability of the Peruvian development model (primary-exporter and service economy) to integrate those with informal employment; and (3) an inefficient and relatively small government apparatus, evidently incompetent when it comes to solving differences of an economic, social, and cultural nature. Ultimately, Castillo’s administration and his coup have unveiled the precariousness of Peru as a country.

EPILOGUE

It is evident that the settlement of the current political and social crisis in Peru, after Castillo’s coup, is not to be righted in the short term (and, perhaps, not even in the medium term), given the complexity of Peru’s predicaments — a fragmented society in social, regional, and cultural terms, overwhelming socioeconomic inequality, informality, political atomization, an economic model unable to create enough “decent” employment, a small and inefficient government apparatus corroded by corruption, and a dual education system unable to promote social equalization. These are problems requiring a sort of refounding of the country.

In the short term, three possible scenarios are expected: (1) a transitional government that manages to swiftly call an election; (2) a military coup; or (3) social anomie (i.e., the current situation as a futureless way of social survival). Given these problems, Peru does not seem to be viable as a country, unless a social or political miracle occurs — as former President Manuel Prado once said about our country’s inner workings, the problem will either solve itself or remain unsolved. On this occasion, no settlement mechanisms seem to exist.

Lima, January 2023

12/01/23:

¿ES VIABLE EL PERÚ COMO PAÍS?

Efraín Gonzales de Olarte

La crisis política peruana, que tiene ya varios años, ha tenido un punto de inflexión cuando el ex –presidente Pedro Castillo cometió un inexplicable intento de convertirse en dictador. El 7 de diciembre se confirmó la inviabilidad del Perú como país y como nación, puesto que, en los últimos cincuenta años, ni gobiernos de derecha ni de izquierda han logrado integrar a los peruanos, para que se sientan parte de un colectivo compartido, de “nuestro” país y no -como la mayor parte de la población- como país ajeno, un país de los otros. El resultado de esta crisis es la escisión del Perú, por lo menos en dos “Perús”.

¿Por qué diciembre del 2022 sería un momento de inflexión en la historia de este país en ciernes? Nunca antes, había llegado al poder un peruano salido de las clases más populares, con precaria educación, de origen verdaderamente provinciano, de un pequeño pueblo de Cajamarca una de las regiones más pobres del Perú. El profesor rural Pedro Castillo encabezó la lista de un “partido político” provinciano con un confuso ideario de un marxismo anacrónico, para llegar al gobierno. Todos los anteriores gobernantes han provenido de las élites políticas, empresariales, militares o intelectuales, es decir de sectores socio-económicos de mayores ingresos, niveles educativos superiores, no siempre limeños (A. Toledo, V. Paniagua, J. Velasco) y con organizaciones políticas más o menos organizadas o con las fuerzas armadas como sustento del poder.

En verdad, la llegada del profesor de escuela Pedro Castillo al poder ha sido el resultado de una profunda crisis de representación política, caracterizada por la atomización política y por la casi desaparición de los partidos doctrinarios, razón por la cual pudo llegar al gobierno con sólo 18.9% de votos en la primera vuelta y ganar por 40mil votos a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Fue casi como una definición por penales. Es decir, llegó al poder por la confluencia de una serie de circunstancias,   que se fueron gestando en los últimos nueve años, aunque con orígenes antiguos que provienen del “auto golpe” de 1992 del gobierno de Alberto Fujimori y de su aversión a los partidos políticos y aún más allá en el tiempo, de la herencia colonial que escindió al Perú en dos: los colonialistas y los colonizados, dualismo que sólo cambió de actores y nombres durante la historia peruana y que ahora aparece nuevamente de manera dramática.

Obviamente, para el Perú urbano y limeño la elección de Castillo fue un resultado difícil de digerir, pues generó incertidumbre por varias razones.  Por un lado, vino representando a un pequeño partido provinciano cuyo propietario, Vladimir Cerrón, es un médico formado en Cuba e investigado por la justicia, cuyo partido no tenía un plan de gobierno propiamente hablando, sino un ideario escrito con la ayuda de algún manual de marxismo del siglo pasado, que proponía cambios que llevarían al Perú a ser un país comunista-socialista tipo Cuba. Por cierto, el Perú que venía de tener una experiencia de 30 años de neoliberalismo, las propuestas del ideario de Perú Libre generaron pánico en muchos sectores. Por otro lado, Pedro Castillo aparecía, más bien como un invitado de ocasión para encabezar la plancha presidencial, pues las aspiraciones de Perú Libre eran muy modestas: lograr un mínimo de votos para seguir vigente como partido político y, de pronto, sacar uno o dos congresistas. Esto hizo que la campaña electoral llevada a cabo por Castillo se caracterizara por un discurso populista en los pueblos más alejados, donde los otros candidatos no llegaron y donde llegaba prometía resolver los problemas del lugar, lo que tuvo dos efectos: los lugares con mayores carencias votaron por él –por ejemplo: el sur peruano que es la región más pobre-  y lo vieron como un representante genuino, es decir se identificaron con él, pues era uno como ellos.

Su llegada al poder hizo más transparente las grandes desigualdades socio-económicas que tiene el Perú, tanto de los sectores sociales como de las regiones y localidades, que se tradujeron en múltiples pedidos de gasto e inversión pública. Era obvio que un gobierno de corte izquierdista tenía que ser, por lo menos, redistribucionista, pero esto no lo entendieron ni Castillo ni Perú Libre, pues no estaban preparados para proponer una política económica y social de este corte, no tenían ni las ideas ni los cuadros para hacerlo.

Las cosas fueron por otro camino más antropológico. Su origen social, más la precaria organización de Perú Libre y los problemas judiciales de su líder, llevaron a Castillo a gobernar sobre tomando en cuenta sus pequeñas bases sociales: primero su familia, sus amigos y vecinos de Chota y algunos cajamarquinos, los amigos de su familia o vecinos, y los “cuadros” proporcionados por Vladimir Cerrón. Obviamente, el resultado se tradujo en un clientelismo familiar y chotano, que a la postre terminó en un uso de los recursos del Estado para beneficio de su entorno cercano -cosa que también hicieron los gobiernos anteriores- pero que en este caso fue demasiado evidente, fueron muy transparentes en sus actos de corrupción y la prensa, sobre todo conservadora, se ocupó de llevar la cuenta de estos manejos, dada la animadversión que le tuvieron desde el triunfo de Castillo en la primera vuelta electoral.

El problema mayor es que debido a la prioridad dada a su entorno y la casi absoluta ausencia de un norte en las políticas económicas y sociales, el gobierno de Pedro Castillo fue un rosario de desaciertos tanto en la elección de sus ministros y otros funcionarios, que a la postre debilitaron las acciones del Estado, dando la sensación de una precariedad nunca antes vista. El haber tenido ochenta ministros en un año y medio de gobierno, da una idea de la improvisación de aquel gobierno. No era un gobierno de izquierda sino un gobierno inepto.

Paradójicamente, dicha precariedad e inestabilidad no afectó el desempeño de la economía peruana, pues hace más de 25 años que el ciclo económico está divorciado del ciclo político, lo que obviamente favoreció a Castillo, pues, pese a no tener políticas claras y mostrar un tortuoso manejo del aparato público, la economía peruana siguió creciendo y la inflación estuvo controlada, salvo obviamente durante los dos años de la pandemia del COVID 19. Curiosamente, dichos resultados provienen del modelo económico primario-exportador y de servicios (PESER) heredado del fujimorismo, de la autonomía del Banco Central de Reserva y de los organismos reguladores. Cuestiones que Castillo prometió liquidar durante su campaña electoral.

Un aspecto no menor en el ex –presidente, fue su limitada capacidad de comunicación y de diálogo con el periodismo, que se vio reflejada en aquella penosa entrevista de CNN en enero del 2022, razón por la cual sus asesores le aconsejaron no enfrentar a la prensa y establecer otros medios de comunicación, para entrar en contacto con la población. Para ello, se establecieron los consejos descentralizados de ministros, a los cuales invitaban selectivamente a sus auditorios, obviamente afines el presidente, donde fiel a su estilo sindicalista y de candidato permanente siguió prometiendo resolver los problemas de la población, a sabiendas que con su gobierno no sería posible resolverlos. En el mejor estilo populista, se fue convirtiendo a fuerza de su ineptitud en un demagogo que fue creando ilusiones a sus votantes. Pero lo más importante es que, gracias a estas reuniones fue generando una corriente de opinión en las poblaciones de las provincias, el ser un presidente cercano a los problemas del “pueblo” y se dio maña para transmitir la idea de que la derecha, el Congreso y la prensa conservadora no lo dejaban gobernar. Es así como creó una opinión favorable a él, basada en que era un gobernante del pueblo, uno como ellos, que los grandes poderes no lo dejaban gobernar. Su ineptitud y la pobreza de sus distintos gabinetes ministeriales fueron escondidos tras de su conversión de víctima de un sistema que no soportaba que un maestro provinciano de modesto origen fuera presidente del Perú. El efecto social más importante es que su gobierno polarizó la sociedad, al extremo de ir generando un dualismo socio-económico creciente.

Sin embargo, dicha conversión caminó de manera paralela con las denuncias e investigaciones de una serie de hechos de corrupción que lo involucraban a él, su familia, a su entorno más cercano y a algunos de sus ministros. Prueba de ello es que algunos familiares y ex funcionarios investigados por la fiscalía o se han fugado o están en la clandestinidad. Por ello, hay quienes opinan que el “golpe de estado” tuvo como objetivo parar todas las investigaciones sobre corrupción que le había iniciado el Ministerio Público, de ahí que en su mensaje a la nación no sólo disolvía el Congreso, sino que intervendría en la Fiscalía, el Poder Judicial y pidió a un edecán suyo que detenga a la Fiscal de la Nación, quien la comenzó a investigar a él. La verdad es que no sólo fue incompetente como presidente, pero también fue incompetente para manejar la corrupción que promovió y para dar el golpe de Estado.

Tras de su intento de golpe de Estado y de su deseo de convertirse en dictador al estilo Maduro u Ortega, no sorprendió que un tercio de la población se identificara con él y pidiera su reposición, bajo la idea de que había sido una víctima. Para los que lo apoyan la corrupción era apenas un pecado venial, que además habría que probar. No lo habían dejado gobernar a uno como ellos.

El episodio siguiente fue la asunción al gobierno de la vicepresidenta Dina Boluarte que tuvo dos circunstancias, que a la postre confundieron a buena parte de la población. La primera es que Pedro Castillo al irse contra la Constitución anunciando su golpe de estado, automáticamente quedaba inhabilitado para seguir gobernando, en consecuencia, el Congreso debía invitar a la Vicepresidenta para que asumiera la presidencia, tal como señala la Constitución. La segunda es que el Congreso en un acto innecesario –dado que Castillo había dejado de ser presidente por ir contra la Constitución-  aprobó teatralmente la vacancia del presidente, por incapacidad moral con 103 votos de los 130 posibles. La interpretación de estos sucesos hizo que, para buena parte de la población -sobre todo de las regiones fuera de Lima- Castillo había sido destituido por el Congreso y que Dina Boluarte había sido favorecida por su destitución, en consecuencia, era una traidora. Lo cierto es que se creó una narrativa basada en el papel del Congreso, que estuvo enfrentado a Castillo durante todo su gobierno, como el causante de la caída de Castillo y Dina Boluarte como la cómplice del Congreso. Ella en su discurso de entronización como presidenta no aclaró porqué llegaba a la presidencia de manera constitucional y no tomó distancia de la decisión del Congreso de vacar a Castillo, que a todas luces había aprovechado del golpe, para encontrar finalmente una causal de vacancia, aunque innecesaria institucionalmente hablando.

Después que el expresidente Castillo fuera puesto en prisión preventiva, las protestas se fueron generalizado en todo el Perú, llegando a una violencia indeseada, con muertos civiles por balas de la policía y del ejército, pero también con muertes de la policía hechas de manera feroz. Las consignas son: que se cierre el Congreso, que renuncie la actual Presidenta Dina Boluarte, que se convoque a nuevas elecciones y se incluya un referéndum para crear una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución.

La imagen que había transmitido Castillo, a partir de su estilo de gobierno fue creída por una población con muy poca información, una bajísima capacidad de discernimiento político y mucha identificación de nivel básico, es decir apoyo al vecino, al pariente a alguien como uno, que había prometido el oro y el moro, y que como no lo dejaron gobernar no pudo cumplir con sus promesas. No importa que haya recibido dinero para ascender oficiales o para nombrar gente en ciertos cargos, pues esto lo habrían hecho todos los gobiernos anteriores y, para sus partidarios, esto no era causa de su vacancia por el Congreso. Además, buena parte de los que piden elecciones inmediatas y piden una nueva Constitución, no la han leído, por lo que su postura no tiene que ver con las reglas que norman la democracia peruana, sino con la incapacidad de lo que denominan la “clase política”, el Congreso y el olvido de las regiones por el Estado. Es decir, lo que interesa analizar son los resultados sociales y económicos del sistema político y económico y, éstos, han sido bastante exiguos con los sectores más populares y con las regiones más pobres.

El sur peruano: Puno, Apurimac, Cusco, Arequipa, Ayacucho son las regiones con mayores protestas y tomas de carreteras, que es el mecanismo para paralizar las actividades, sin embargo, son movimientos espontáneos de pobladores rurales, mezclados con agitadores provenientes de grupos radicales de izquierda y de sectores ilegales como el narcotráfico, la minería y tala ilegal, el contrabando que no proceden de una organización conocida o que tenga liderazgos visibles. Es una marea de descontento gatillada por la salida de un presidente como ellos, pero sobre todo por el pobre desempeño de las instituciones del Estado –salud, educación, servicios públicos, infraestructura- y por la pobreza, el subempleo y la informalidad en que vive la mayor parte de la gente.

La informalidad en el Perú, caracterizada porque el 70% de la población tiene un empleo informal, pero que sólo contribuye a crear el 20% del producto nacional, es un problema de fondo tanto económico, social y político. Es el telón de fondo de la crisis actual. Desde el punto de vista económico la informalidad es sinónimo de bajas productividades y, en consecuencia, de bajos ingresos y empleos precarios, es decir de pobreza y de ausencia de un futuro mejor. Desde el punto de vista social, la informalidad, al no generar relaciones de trabajo y de producción estables, no genera el tejido social necesario para el progreso en sociedad, es decir, no se logran formar gremios, sindicatos, asociaciones, que tengan intereses comunes, los informales bailan con su propio pañuelo. Desde el punto de vista político, los informales no logran ser integrados por el Estado para ser favorecidos por la seguridad social, las pensiones de jubilación, pero sobre todo los informales no tienen razones para organizarse políticamente y, obviamente, van a votar por el que les ofrezca algo o se parezca a ellos. Como el Estado peruano es chico, como fruto del ajuste estructural de los años noventa, no tiene capacidad de reducir las desigualdades y de dar mayores oportunidades para las grandes mayorías. La informalidad es la forma más moderna del dualismo y de la falta de integración socio-económica en el Perú.

Bajo esta perspectiva, las protestas actuales son en realidad un llamado de atención para tener un Estado que se ocupe de ellos y los integre. La informalidad es el mejor camino a la desintegración social. Por estas razones, estos movimientos de protesta no tienen interlocutores con quienes el gobierno podría dialogar para lograr algún acuerdo, por ello la salida política es bastante incierta y el Perú puede estar al borde del colapso social, la anomia o ad-portas de un golpe militar.

La crisis actual ha exacerbado la fragmentación de la sociedad peruana, que se traduce en la creciente confrontación entre Lima y el resto del país, que la descentralización no ha logrado encauzar, por otro lado, la gran informalidad laboral y económica resultado de la poca capacidad de integrar del modelo de desarrollo peruano (primerio-exportador y de servicios) y de un estado relativamente chico e ineficaz, que es a todas luces incompetente para resolver no sólo las diferencias económicas sino también las diferencias sociales y culturales. El gobierno de Castillo y su golpe de Estado, finalmente han develado la precariedad del Perú como país.

EPÍLOGO

Es evidente que la salida de la crisis política y social que vive el Perú, pos golpe de estado de Castillo, no se ha de corregir en el corto plazo y de pronto ni siquiera en el mediano plazo, pues los problemas del Perú son muy grandes y complejos: una sociedad fragmentada tanto social  regionalmente y culturalmente, grandes desigualdades socio-económicas, informalidad,  atomización política, un modelo económico que no tiene capacidad de generar suficiente empleo “decente”, un Estado pequeño e ineficaz corroído por la corrupción, y un sistema educativo dual incapaz de promover la igualación social. Son problemas que requieren una suerte de refundación del país.

En el corto plazo, se avizoran tres escenarios: un gobierno de transición que logre convocar a elecciones en el corto plazo, un golpe de Estado militar o una anomía social, es decir, la situación actual como forma de supervivencia social sin futuro. Dados estos problemas el Perú no parece ser un país viable, salvo que se dé algún milagro social o político, o como dice el viejo dicho de Manuel Prado, en el Perú los problemas se resuelven solos o no se resuelven. En esta ocasión no parecen existir mecanismos de solución.

Lima, enero 2023