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09/04/24: Micro economía y política: como se jodió el Perú

MICRO ECONOMÍA Y POLÍTICA: CÓMO SE JODIÓ EL PERÚ

Efraín Gonzales de Olarte

Nunca pensé que el mercado llegaría a la política, hoy la crisis política peruana se debe a que los políticos, los funcionarios, los gobernantes, han convertido su accionar en un mercado de prebendas, de intercambio de favores monetarios o de puestos de empleo o de poder. Por ello, es más fácil entender lo que está pasando en el Perú con un análisis microeconómico que con los modelos de la Ciencia Política. Cada cual trata de maximizar sus ingresos, sus ganancias, sus rentas y su estabilidad laboral. Desgraciadamente, el papel del político y del gobernante se ha degradado a sólo sus apetitos e intereses personales, no hay ideología política (votan juntos los que se denominan conservadores, izquierdistas, liberales e incluso los independientes) sólo hay intereses económicos particulares.

Estos comportamientos mercantiles de políticos y funcionarios están siendo posibles gracias al monopolio del poder en dos sentidos: Por un lado, tienen la capacidad de arreglar las normas a su conveniencia y no tienen competencia ni control, en la medida que prácticamente ha desaparecido el balance de poderes, al ejecutivo no le conviene fiscalizar al legislativo, porque de hacerlo sería vacado y viceversa, el poder judicial está disminuido y tiene poca capacidad de control y no digamos el penoso Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Por otro lado, al haber cambiado la Constitución y otras normas importantes han concentrado el poder en el Congreso, cuyo poder es ahora monopólico. Como es conocido, el monopolista tiene el poder de fijar precios, salarios y ganancias, sin que nadie pueda competir con él.

¿Cómo llegamos a esta situación? Hay cuatro grandes factores: la degradación de las instituciones políticas y sociales, la irrupción del predominio de la economía de mercado y la reducción del Estado impulsada por la ideología neoliberal, la estructura política definida por la Constitución de 1993 y como resultado de fondo el debilitamiento progresivo de los principios éticos en todos los niveles de la sociedad.

La hiperinflación del primer gobierno de Alan García debilitó la mayor parte de instituciones políticas, sindicales, empresariales y sobre el Estado, generando una profunda crisis que dio lugar a la devaluación de los partidos políticos y a la proliferación de movimientos electorales, uno de los cuales dio pase al gobierno de Alberto Fujimori, quien se dio maña para hundir a los partidos políticos doctrinarios llamándolos “mazamorra negra”, hoy no hay una sola agrupación política que podamos llamar partido. Sin partidos políticos y sin organizaciones laborales y sociales la política se va convirtiendo en una carrera para llegar al gobierno y medrar y corromper. Prueba de ello es que todos nuestros expresidentes están investigados o encarcelados por actos de corrupción y más 1300 (de un total de 1800) gobernadores alcaldes están siendo investigados por actos de corrupción.

Los treinta años de neoliberalismo le dio al mercado y al sector privado toda la responsabilidad de desarrollar al país y al Estado de hacer solo lo mínimo en un país con desigualdades históricas, el resultado es que hubo crecimiento sin redistribución, las ganancias subieron por el ascensor y los salarios por las escaleras y se generó una informalidad laboral que alcanza al 70% de la PEA. La macroeconomía anduvo bien, pero la microeconomía (las economías de las familias peruanas) no. Obviamente, un país con desigualdades sociales, con informalidad y con una gran pobreza rural es un caldo de cultivo para movimientos electoreros populistas y clientelistas y para la corrupción.

La Constitución de 1993 y las normas electorales fueron causantes de la inestabilidad de los gobiernos desde el 2002, pues la elección simultánea de ejecutivo y legislativo no aseguraba la gobernabilidad, pues casi siempre el nuevo presidente no tenía mayoría en el Congreso y tenía que negociar mayorías para llevar a cabo sus políticas y, en el caso de PPK y Castillo, la oposición simplemente no los dejó gobernar y se planteaba claramente las posibilidades de negociaciones turbias. Si se eligiera primero al presidente y luego al congreso, las posibilidades de gobernabilidad serían mayores, pues el gobierno ganador podría tener mayoría en el Congreso. Adicionalmente, el voto preferencial ha sido obviamente el mecanismo generador del mercado político, pues para tener un cargo político (presidente, congresista, gobernador, alcalde) es necesario invertir o tener quien financie la campaña (no olvidar que en las últimas elecciones hay evidencias claras que varios candidatos fueron financiados por narcotraficantes, mineros ilegales), que luego tienes que recuperar la inversión o pagar la deuda. En consecuencia, el marco jurídico es, en parte, el origen del mercado político actual.

Cuando todos estos procesos se fueron combinando se fue creando progresivamente una cultura proclive a la corrupción, en la medida que los propios presidentes (Fujimori, García, Toledo, PPK, Castillo) dieron el ejemplo de cómo aprovechar el poder para fines propios. Ejemplo que fue seguido en todos los niveles de gobierno y, en casi todas las reparticiones del Estado, es evidente que la ética pública se perdió casi totalmente, y la mejor expresión son los congresistas actuales y varios funcionarios investigados por la Fiscalía y por el Poder Judicial. Cuando la crisis llega al nivel ético y moral es muy difícil, aunque no imposible, recuperar los códigos morales mínimos: no mentir, no robar, no engañar, no matar. Creo que en el Perú hay mucha gente que no ha perdido la moral, pero que están asustados por la delincuencia convertida en política.

Para salir de este atolladero habría que pensar cómo hacemos para atacar los orígenes de esta crisis: reinventar los partidos políticos, mejorar el modelo económico, rehacer la Constitución recientemente manipulada y buscar liderazgos institucionales y personales basados en la recuperación de la moral pública y pensar seriamente en el “bien común” como meta de la política y de la gobernanza.

Abril 2024