Archivo de la categoría: Derecho y Doctrina Jurídica
Se eliminó la pena de «expatriación»
Se entiende por expatriación a una clase de pena, restrictiva de la libertad, aplicable
Inmunidad (¿o impunidad?) parlamentaria
Según la Constitución (artículos 99.º y 100.º), un congresista que comete un “delito en el ejercicio de sus funciones” o una “infracción constitucional” solo puede ser acusado por la Comisión Permanente ante el Congreso, que está en capacidad de suspenderlo y luego procesarlo judicialmente (antejuicio), o de inhabilitarlo o destituirlo (juicio político). Además, goza de inviolabilidad, pues no es responsable por los votos u opiniones efectuados en el ejercicio de sus funciones (artículo 93.º).
En cambio, si el congresista comete un “delito común” —por ejemplo, maltrata a sus trabajadores, mata a un perro o contrata a “empleados fantasmas”— goza de inmunidad, y, por tanto, no puede ser detenido, salvo flagrante delito, ni procesado si no lo autoriza el Congreso (artículo 93.º).
A propósito del Congreso Nacional de Magistrados
Pero parte de esa mala imagen, no parte de la actuación del juez, sino de un exacerbado sentimiento de rechazo a lo que representa el Poder Judicial.
La intervención del Estado en los Contratos
El Código Civil de 1984, mediante su artículo 1355º, permite que por consideraciones de interés social, público o ético, el Estado dicte leyes para imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. Como señaló en su oportunidad el autor del proyecto de la parte general de los contratos del Código Civil, el recordado maestro sanmarquino Max Arias-Schereiber Pezet, esta norma se encuentra inspirada en un interés comunitario (social, público y ético) y no se aplicará a «las condiciones de validez y forma de los contratos celebrados antes de la vigencia del nuevo Código (1984), pues en caso contrario se estaría infringiendo la norma constitucional sobre irretroactividad de la ley. Esto no significa que este Código no se aplique inclusive a las consecuencias de los contratos en ejecución».
Comentando este artículo, otro notable maestro, Manuel de la Puente y Lavalle, expresó lo siguiente: “No cabe duda que la razón de ser del artículo (1355º) es principalmente regular el intervencionismo del Estado en la contratación”. En otro pasaje de su clásica obra «El Contrato en general», el maestro peruano agregó que “las reglas y limitaciones a que refiere el artículo 1355º del Código Civil son aplicables tanto a los contratos celebrados antes de dictarse la ley que las imponga como a los celebrados después”.
Con posterioridad, y contrariamente a lo expuesto por la doctrina citada, la Constitución Política de 1993 incorporó en el artículo 62º, el principio de intangibilidad (o santidad) de los contratos, con el siguiente tenor:
Desafíos del Abogado moderno
El crédito de un abogado no viene de los juicios que gana, sino de los que evita, porque «la abogacía moderna, como la medicina, se va haciendo cada día más preventiva que curativa»; resultando necesaria una mayor capacitación y perfeccionamiento a fin de agudizar la inteligencia en la comprensión de los problemas que se presenten y en la búsqueda de posibles soluciones.
La querella «no presentada»
Los «delitos de persecución privada»
En términos generales, debemos decir que los delitos son aquellas conductas que son socialmente insoportables generando efectos desestabilizadores del orden comunitario, por lo que exigen que el Ministerio Público, en nombre de la sociedad se dedique a su persecución, investigación y sanción.
El «actor civil» en el proceso penal
El día del Juez
En grave afectación de la autonomía e independencia jurisdiccional, éste se conformaba, además de los representantes de la propia institución, por aquellos del poder legislativo y del poder ejecutivo; con lo que la intromisión estaba asegurada y el equilibrio de poderes desestabilizado.