Archivo por meses: marzo 2016

¿PADRES SECUESTRADORES?

En las últimas semanas se han difundido –a través de los diferentes medios de comunicación– dos noticias cuyos protagonistas han sido padres que fueron procesados por la comisión del delito de secuestro, y que, por requerimiento del Ministerio Público, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva.

El primero de estos casos ocurrió en la región Arequipa y motivó una gran indignación. Delia Flores fue detenida por intentar inscribir en el Registro Civil a un menor de 3 meses de nacido –como su hijo–, sin la constancia de nacimiento y utilizando documentos fotocopiados. Las autoridades policiales “sospecharon” que el menor era un niño raptado en un centro de salud en el mes de octubre pasado. Flores estuvo detenida por una semana, ordenándose su ingreso al Establecimiento Penitenciario de Pucchun, por la presunta comisión del delito de secuestro agravado, obteniendo su libertad cuando se determinó, en los resultados de la prueba de ADN, que era la verdadera madre del niño.

El segundo caso tuvo como protagonista al ciudadano norteamericano Dustin William Kent, quien llegó al Perú con la finalidad de recuperar a su hija de 5 años de edad, sustraída en los Estados Unidos por su ex esposa y madre de la menor, quien la trasladó incumpliendo una orden emitida por un Tribunal de justicia que otorgaba la custodia de la niña al padre. Kent fue detenido por la Policía Nacional y la niña entregada a la madre sin tomar en consideración a quién le correspondía la tenencia legal. El Poder judicial ordenó dos meses de prisión preventiva para el progenitor por participar en el delito de secuestro agravado (delito penado con cadena perpetua); el Ministerio Público solicitaba 18 meses de esta medida coercitiva de carácter personal, lo que en verdad no se entiende de un órgano considerado “defensor de la legalidad”.

Delia Flores-Imágenes Perú21.pe

Delia Flores-Imágenes Google

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SEPUR ZARCO: Por la dignidad de las mujeres

30 años esperaron las mujeres de Sepur Zarco para que sus victimarios fueran condenados. Tras ser esclavizadas y abusadas sexualmente en un destacamento militar, Guatemala reconoce esos crímenes que fueron ignorados hasta ahora.

Más de una decena de mujeres debieron esperar 34 años para este reconocimiento por parte del Estado. Detrás de la sentencia, sin embargo, hay una historia más profunda, de autoafirmación, un proceso mediante el cual Guatemala logró juzgar un delito que había sido excluido de las violaciones a Derechos Humanos luego de la firma de la paz.

No son las mujeres más débiles de Guatemala. Al contrario. Han tenido que pasar más de 30 años en un proceso (personal y colectivo) para ellas entender su silencio y entonces buscar la forma de destruirlo. Hoy han conseguido que su voz resuene, fuerte, en idioma q’eqchi’, frente al Tribunal A de Mayor Riesgo. Y su silencio, el que guardaron durante décadas, ahora es una sentencia.

Hay culpables. Hay condenas. El Ejército de Guatemala las hizo esclavas y abusó de ellas sexualmente a principios de los años 80, en el destacamento Sepur Zarco. La violencia sexual contra 15 mujeres q’eqchies fue juzgada y el exteniente Steelmer Reyes Girón, el máximo encargado de Sepur Zarco, ha sido condenado a 120 años de cárcel por delitos contra deberes de la humanidad en su forma de violencia y esclavitud sexual y múltiples asesinatos; y junto a él, el jefe de los comisionados militares, Heriberto Valdez Asij, deberá cumplir una condena de 240 años, por haber participado en la desaparición forzada de siete campesinos y la violación sexual —como delito de lesa humanidad— cometida contra las mujeres que sobrevivieron a Sepur Zarco.

SEPUR ZARCO 2

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