La economía gira entorno a los principales sectores de explotación de sectores primarios, tales como la minería, agricultura, pesquería, entre otros. El gran reto, que se vuelve más relevante y necesario en nuestros tiempos, es consolidar una economía sobre la base de un país industrializado, que deje “la dependencia de la exportación de materias primas”, por la producción de las materias primas sumado al valor agregado de las nuevas tecnologías.

Una vez más mi amigo y reputado economista Javier Zuñiga Quevedo, me permite hacer extensivo a través de estas líneas y compartir con los lectores de este blog  un cuadro estadístico, que considero  uno de los más completos que he podido leer en materia económica producto de una su acucioso estudio de la economía nacional e internacional. Los invitamos a observar detenidamente, reflexionar y analizar los cuadros que a continuación se muestran, porque ahí podemos encontrar una serie de respuestas al comportamiento económico, que de una u otra manera nos muestran una foto real sobre el comportamiento de los agentes económicos en el mercado

El crecimiento del PBI mundial nos muestra como un país en constante expansión económica sobre países de la región como Colombia, México, Uruguay y países de la Comunidad Europea.

El PBI per cápita, nos muestra aún por debajo de los países de Chile, Colombia, México, pero es importante resaltar el incremento porcentual proyectado para este año 2017 (6,051.94) frente a los resultados del año 2016 (5,726.93). Más importante aún, es la proyección que se realizaba para el año 2018 de 6,368.32.

Respecto de la inflación, se mantiene establece y es congruente con los porcentajes desarrollados en los últimos cinco años. Para este año se proyecta una inflación de 3.10%. En comparación con los países latinoamericanos, Colombia muestra una reducción en la inflación respecto de sus anteriores años pasando de 5.8% a 4.1%, siendo el país con mayor inflación. Chile y México responde a porcentajes más equilibrados y estables que fluctúan entre los 2.5% a 4.5%.

La inversión pública no supera el 5% (del PBI) desde hace dos años y se proyecta que para el próximo año el porcentaje no sea diferente al anual. La inversión privada por el contrario, siempre de mayor escala, se ha visto incrementada en 18%, respecto del 2016 de un 17,80%.

La deuda externa persigue un 26% igual que el año pasado, no se ha podido reducir estos porcentajes, pese al fomento empresarial y política de inversión privada del actual gobierno.

Finalmente, es preciso señalar que las estadísticas económicas son un reflejo parcial de la realidad de nuestro país, las estadísticas sociales, culturales y los avances en materia de educación deben determinar un mayor crecimiento en los próximos años.

El Perú es un país donde la brecha social es abismal, los gobiernos deben encargarse de traducir el crecimiento económico en una mejor distribución de los recursos y de las ganancias generadas de nuestra tierra, para así lograr un crecimiento integral, aunado al desarrollo de las estructuras sociales del país, y se pueda ir reduciendo esa brecha que separa a la gente  y que no le permite acceder a un mercado en igualdad de condiciones , mediatizando su acceso a los  servicios públicos, la  educación, el mundo laboral formal , el transporte seguro, entre otros.

Desde aquí, mi agradecimiento al Doctor Javier Zuñiga Quevedo, por permitirme compartir con los seguidores de mi blog estas cifras, que estoy seguro que les van a servir de mucha ayuda, tanto para los estudiantes o profesionales que acceden a las publicaciones de este blog, para sus trabajos, reflexiones y sobre todo para los académicos que se encuentran realizando investigaciones, toda vez que es importante incorporar variables económicas a una investigación de carácter científico

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El día  06 de marzo de 2017, tuve la oportunidad de presidir en la Pontificia Universidad Católica del Perú, el grado del alumno Fernando Ríos Ramírez sobre Arbitraje de Consumo para optar el grado de magíster.

El tema es sin duda muy interesante, y felicitaciones al magíster desde este medio, porque se trata de una tesis en la cual ha tenido que investigar mucho, recabar mucha información cualitativa y sobretodo, ha tenido que trabajar con un tema que bien cierto, es relevante, es un tema también, muy cuestionado y aún no funciona como se espera en el país. Así que desde ya, la tesis ha sido todo un reto.

Efectivamente, de la investigación se desprende varias reflexiones que es preciso señalar. En primer lugar, el arbitraje de consumo es tan igual como se conoce al arbitraje en el mundo jurídico, es decir, aquí el arbitraje por mandato constitucional es jurisdiccional según el artículo 139° donde queda establecido por excepción.

Otra reflexión que sin duda viene a la mente, y que yo me encargue de conversar y debatir con el graduando era sobre la naturaleza jurídica del arbitraje del consumo, porque el arbitraje tal como ha sido concebido fue pensado para el mundo de la contratación interindividual, para cuestiones que se debatían en el derecho civil,  sobre daños o contratos; sin embargo el arbitraje de consumo es un sistema estructurado sobre la base de la contratación de consumo o masiva, entonces es realmente complejo por ser distinto.

Un tema a discutir, son las llamadas clausulas arbitrales, porque cuando en un contrato masivo, se obliga al consumidor a acudir a la vía arbitral ante la disputa de intereses o generación de conflictos, estaríamos sin duda ante una cláusula abusiva, porque no se permite al consumidor optar por otro mecanismo de resolución de conflictos como puede ser Indecopi u otros medios alternativos que la Ley prevé.

La elección de los árbitros involucra una precisión. Cuando la cámara de comercio de Lima elige a un árbitro para un asunto civil o de daño, ninguna de las partes cuestiona la reputación del árbitro. Nadie dice si es un profesor de la Universidad San Martín, Esan, Lima o Católica, si han escrito libros, o si saben si tienen una opinión formada en materia civil; sin embargo en el sistema de arbitraje de consumo, si el arbitro es especialista Derecho del Consumidor, ahí si se objeta la trayectoria del árbitro, si ha sido miembro del Indecopi, si ha sido miembro de una asociación de consumidor, si se le califica indebidamente como proteccionista o liberal, se cuestiona rotundamente, por parte de los proveedores, lo cual es sin duda inadmisible. Veo que no hay una misma vara para medir la relevancia entre el arbitraje civil y el arbitraje de consumo.

Las reglas para que este sistema funcione tienen que estar claramente establecidas, de otro lado es necesario precisar, qué incentivos tiene una empresa en ir a un arbitraje de consumo cuando es mucho más barato ir a una vía conciliatoria como el SAC que tiene indecopi que hasta ahora viene funcionando de manera adecuada, las empresas prefieren el SAC o en todo caso un proceso sumarísimo u ordinario, porque el incentivo en estos procedimientos administrativos es que toman tiempo y demoran, y la empresa desde ahí está ganando y el consumidor está perdiendo, porque el tiempo tiene un costo.

En el caso del servicio del SAC, también es una buena alternativa y la variedad de casos de Indecopi terminan por esta vía, que es gratuita, no necesita excesiva formalidad, y no hay que pagar un sobrecosto; contrario sensu, el arbitraje si es un sobrecosto, ¿quién le va a pagar a los árbitros? Indecopi ha establecido que se pagarían s/. 300.00 nuevos soles, la verdad que es una suma poco atractiva para quienes quisieran ser árbitros.

Un tema relevante, es el número de arbitrajes del cual hablamos. La estadística presenta en el plan piloto del Indecopi, que se han inscrito cinco o seis empresas para ser pasibles de este arbitraje de consumo, sumado a que ha habido uno o dos arbitrajes de consumo en todo este tiempo que viene operando el proyecto, que a mi parecer no ha sido viable.

El presupuesto de varios miles de soles destinados para la implementación del arbitraje de consumo, cuando ese dinero se pudo haber invertido en otros sistemas de resolución de conflictos como el SAC que es mucho más eficiente. Gastar esa cantidad de dinero para un sistema que aún no funciona, creo que cuando mínimo, es opinable.

Otro tema que es interesante en el arbitraje de consumo, es si las empresas están verdaderamente comprometidas a llevar a cabo este sistema. Se sabe que muy pocas empresas se han inscrito a este sistema, y algunas que están inscritas han sido denunciadas y en ningún momento han opuesto la cláusula arbitral.

De donde se tomó la data para estructurar el sistema de arbitraje de consumo en el Perú. Entiendo que se tomó de un Centro de Análisis de Resolución de Conflictos de la Pontificia universidad Católica del Perú, quienes hicieron una consultoría a Indecopi, y en esa consultoría compararon el Sistema Español con el Sistema peruano, lo cual es un craso error. España está en el viejo continente, tiene otra población, otro PBI, otra estructura de mercado, otros consumidores, y eso es totalmente diferente, además el sistema de arbitraje de consumo español, que es el modelo que ha tomado el Perú, funciona allá porque en España no existe autoridad administrativa, aquí si existe la autoridad administrativa común procedimiento sancionador, de manera que son sistemas totalmente diferentes en estructura, contenido, visión y evidentemente, naturaleza.

La pregunta a resolver es ¿estamos a un nivel cultural de mercado de parte de los proveedores de adherirse a este sistema y si lo quieren hacer con éxito? Creo que para esto se necesita lineamiento empresarial que las empresas piensen de manera casi homogénea para poder estructurar en el Perú un sistema de consumo, caso contrario, creo que va a tener muy poca aplicación, ¿por qué? Porque definitivamente no hay incentivos, a nivel del sector bancario y financiero ya se ha expresado que ellos no van a adherirse al sistema de arbitraje de consumo, porque significaría un sobrecosto, y además temen mucho a las indemnizaciones que podría dictarse, y tienen un sistema interno, como es el caso de Aló Banco o el Sistema de Defensor del Cliente financiero, que son mecanismos creados por ASBANC, para mitigar los problemas. Aquí, ¿qué incentivos tendrían las empresas para ser partícipes del arbitraje de consumo? Yo creo que ninguno.

Finalmente, otro tema que hay que resolver es la famosa simbología, las empresas que han suscrito convenios con Indecopi, no publicitan en su página web ni en sus empresas, el símbolo que significa como empresas que han optado por el arbitraje de consumo. No se trata de difundir el símbolo, porque todo símbolo finalmente es una marca, y la marca más que un dibujo es una herramienta de competencia del mercado. La marca será marca en tanto se albergue en la mente de los consumidores, y que yo sepa ese símbolo de arbitraje de consumo no está en la mente de los consumidores, porque la cultura de mercado es totalmente diferente.

Desde esta tribuna yo planteo el debate para revisar, analizar, potenciar y crear reglas de juego diferentes y distintas en arbitraje de consumo, solo así tendrá vigencia, caso contrario, desaparecerá.

Lo que si propongo es que los gremios puedan crear un sistema de resolución de conflictos a nivel gremial, como ha en algunos países europeos. Por ahí va la discusión.

En medio de la discusión generada sobre la igualdad de género, creo que lo más importante en este momento es discutir la igualdad de oportunidades que tienen las personas, sean hombre o mujeres. ¿Por qué? Porque cada persona humana sobre la base de sus estudios, cultura, entorno o todo aquello que ha adquirido en su proceso de socialización, tiene algo que dar, algo que lo hace diferente, trascendente, algo que lo hace distinto; y ese algo es lo que lo potencia para conseguir un trabajo, para emprender un negocio, para formar un proyecto vital que sea rentable para su sostenimiento, que sea socialmente relevante para su proyecto de vida.

En ese contexto, lo que se necesita es igualdad de oportunidades, más que estar  debatiendo y discutiendo en la famosa discusión de la igualdad de género. Abramos el debate a ese punto.  Lo que tiene que debatirse es si todos los peruanos independientemente de nuestra condición social , económica, nuestra historia, nuestra raza, nuestra identidad, tenemos oportunidades iguales a la hora de acceder al mercado, emprender un negocio, consumir un producto, tomar un servicio, entre otras actividades.

En el Perú todos tenemos derechos, yo lo enfoco desde el punto de vista del derecho del consumidor, porque el consumidor es en esencia persona humana. Cuando se habla sobre los derechos del consumidor, hay un derecho fundamental que se llama igualdad de trato en las transacciones comerciales, y eso se conoce como discriminación, pero no solamente discriminación de la que hablamos ahora por temas sexuales, sino discriminación desde todo punto de vista, porque el dinero de las personas vale lo mismo en cualquier mano, sea un hombre negro, blanco, homosexual, mujer, viejo, joven, peruano, extranjero, etc.

Lo que se debe discutir es la igualdad de trato en las transacciones comerciales y la igualdad de oportunidades, eso es lo que se debe poner en el tapete. Esto es lo más importante, más allá de las discusiones banales sobre el tema de género o de sexo.

Creo que es necesario nuestra la mente, abrir  nuestro ojo interior, y ver mucho más allá de aquello que nos venden los medios. Este es un tema creado por los medios, creado por los que comunican, los que informas y desinforman a la gente, y que nos quieren hacer caer en su juego. Los medios tienen una función mucho más importante y relevante que abrir debates inocuos sobre género para enfrentar a las gentes, dejando de lado otro tipo de debates que si son realmente necesarios en el Perú.

Yo me pregunto: ¿hay igualdad de oportunidades en el Perú? ¿Tenemos un hombre pobre, afro-descendiente, de mediana formación,  tendrá igualdad de oportunidades frente a un hombre blanco y medianamente formado, a la hora de postular a un trabajo? ¿Pedirán buena presencia? Según un estudio de la Universidad del Pacifico, llevado acabo hace un par de años, se estableció que hay una serie de factores sociales que inciden considerablemente a la hora de contratar una persona y que están relacionados con su apellido, su lugar de nacimiento, su educación, su lugar de domicilio, su estado civil, entre otros y en ellos no incidía  el tema del sexo, sin embrago hay se pone este tema del género como el gran debate nacional, cuando lo que subyace en el fondo como problema  del Perú, es la brecha social y la falta de igualdad de oportunidades para todos a la hora de acceder al mercado.  Es a este punto que donde debemos de llegar, abrir el debate para que el Perú sea un país distinto.

Las políticas de competencia bien estructuradas hacen que el mercado funcione adecuadamente y que se promueva eficiencias en beneficio de los consumidores, que son los destinatarios naturales de todo esfuerzo político por establecer reglas de juego claras para promover inversión, crecimiento y desarrollo para todos. Entonces el reto que nos plantean los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y su división de Practica Global de Comercio y Competitividad, el banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su división de Integración y Comercio, la Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE), y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y su Dirección de Políticas de Consumidor y Competencia; es hacer un esfuerzo conjunto para dotar a los Estados de mecanismos legales que promuevan políticas de competencia enfocadas en la competitividad, el desarrollo económico, la eficiencia del mercado  y el bienestar de los consumidores  .

En este contexto, hay muchas propuestas por delante, pero particularmente consideramos  que se debe promover competencia en los esquemas jurídicos de integración de los Estados, se debe dotar de medidas legales que fortalezcan las agencias de competencia, llevar a cabo un sostenido y permanente proceso de capacitación a los jueces , ya que son ellos quienes finalmente decidirán sobre la aplicación de las  leyes antitrust, buscar que las políticas de competencia sean comprendidas por las autoridades y líderes políticos para poder ser incluidas no solo en el discurso político , sino que formen parte de una política pública con visión de país y de ejecución continuada en el largo plazo para beneficio de los ciudadanos y del propio mercado .  Un ejemplo de esto último es México que logró incluir las políticas de competencia como parte de una política de Estado , inclusive a nivel constitucional, lo que sin duda ha generado un trabajo muy importante de su agencia de competencia  frente  a un mercado como el de hoy, lleno de presiones crecientes y extendidas.

Por otro lado, en la región no se observa enfoque de competencia en mercados regulados como los de servicios públicos, ahí hay una tarea pendiente, asimismo hay agencias de competencia débiles frente a las inevitables presiones del poder, así como ausencia de abogacía de competencia, además de restricciones anticompetitivas en los mercados. Frente a esta situación ya el Banco Mundial ha dado varias recomendaciones como la promoción de liderazgo en la producción de evidencia y conocimiento en materia de competencia, involucrar a los actores en el esquema de competencia, dar asistencia técnica en la implementación de programas integrales de apoyo para promover competencia en los mercados, y hacer análisis y estudios de impacto de la competencia en los mercados para empoderar a las agencias entre otras cosas.  Hay ejemplos claros al respecto como los proyectos llevadas a cabo en Guatemala, Kenia, Haití, Sudáfrica, entre otros.

Establecer políticas de competencia conjuntas o comunes en la región, no es una tarea fácil y así lo han reconocido los organismos internacionales que apoyan a los países para establecer estructuras jurídicas que promuevan el desarrollo desde una legislación adecuada de competencia. Sin duda una tarea difícil, porque en esta materia hay concepciones del tema, que dependen de qué escuela económica se aplica para el análisis de los mercados, falta alineamiento político de los objetivos de la competencia en cada país y hay también la desconfianza natural del sector privado ante  todo tipo de regulaciones que se establezcan en materia de mercados, aunque paradójicamente los beneficie en el largo plazo. Hay una especie de crisis de confiabilidad del sector privado cada vez que un Estado pretende sancionar normas relacionadas con la estructura del mercado y las conductas de abuso de posición de dominio o prácticas restrictivas o colusorias.

En lineas generales una adecuada política de competencia, genera crecimiento y desarrollo económico, genera beneficios para el consumidor, reduciendo la brecha de la pobreza generado bienestar social, depende los Estados como estructurar una legislación sistémica, principista y coherente.

Los derechos de los consumidores, en tanto ciudadanos  deben ser respetados en toda su dimensión  por las autoridades. Hoy a primeras horas de la mañana, cuando me dirigía a la Pontificia Universidad Católica del Perú, para tomar un examen de grado y después de haber atravesado la interminable Av. Javier Prado, a la altura de la Av. Universitaria, me encontré con un atolladero de buses, micros y combis que se encontraban parados porque habían sido objeto de las famosos operativos de los llamados inspectores municipales, aquellos hombres vestidos con sus clásicos chalecos amarillos, y que detenían a los choferes para solicitarles su brevete, Soat, licencia, permisos entre otros.

Ver tanta gente angustiada, amontonada, personas renegando y  reclamando, en este caso a la autoridad, a los inspectores municipales, no por el derecho a revisar, porque la autoridad está facultada para dicha operación, sino por la forma. ¿A quién se le ocurre hacer un operativo a las 7:00 a.m  cuando la gente va a trabajar o estudiar, en un día como hoy, que Lima amaneció totalmente mojada producto de una intensa lluvia   en la madrugada?

Encima de la angustia, de la humedad, del agua que pasaba entre los carros, y los carros que pasaban y chispeaban el agua hacia el paradero de las personas; hacer un operativo, deteniendo el tráfico, causando atolladero excesivo y caos en las calles, tener que soportar el excesivo rigorismo de la autoridad municipal  para hacer un operativo a esa hora, me parece totalmente desproporcionado y fuera de lugar, desde todo punto de vista .No hay derecho que esto  lo haga una autoridad.

Esto me lleva a una reflexión: ¿Cuál es el límite del ius imperium del Estado? ¿Cuál es el límite del poder punitivo del Estado? Los inspectores están en todo su deber  de trabajar  y de cumplir con su plan operativo de  inspección de vehículos y lo que hayan establecido al respecto, pero no tienen ningún derecho de atentar contra los derechos de los ciudadanos, ciudadanos en tanto consumidores y personas, quizás no se han puesto a pensar que el fin supremo de la sociedad y del  Estado es la persona humana, como establece nuestra Constitución. Los consumidores y los ciudadanos somos en esencia personas humanas y tenemos derechos.

No es posible que mi libre tránsito se vea afectado, porque a unos inspectores, enviados obviamente por la autoridad municipal,  se les ocurrió parar el tráfico para revisar la tarjeta de propiedad, permiso de circulación, brevete del chofer, soat, etc. a las 7:00 a.m., esto no puede ser.

La autoridad tiene que ejercerse dentro de un marco de razonabilidad y de actuación idónea,  e inteligente. La idoneidad significa eso, una actuación oportuna, precisa, coherente, en un determinado momento. Hay que analizar el tiempo espacio en el que se lleva a cabo el operativo. No pueden tratarnos a las personas de esa manera.

Me dio mucha pena ver a las personas amontonadas, madres de familia con niños en los brazos, ancianos, estudiantes, etc. Todos parados y amotinados  en la Av. Universitaria y la Av. La Marina, producto de este operativo, caminando angustiados, apurados, agachados producto de la lluvia, bajándose de los micros sin haber llegado a su destino, solo para ganarle al tiempo y ser puntuales en sus obligaciones laborales o estudiantiles,  ganar un tiempo que la autoridad inconsulta y torpemente interrumpió, todo  por cumplir a rajatabla  un plan operativo de inspecciones diseñado de espaladas a los derechos ciudadanos y lo que es peor, sin resultados a veces positivos, es decir operativos inocuos, hechos solo para amedrentar autoritariamente a los conductores.

La cabeza está para pensar, luego para peinarse. Esto debe tener en cuenta las autoridades. Esto es un vejamen a los derechos de las personas, y creo que es un vejamen a los consumidores  y usuarios, en tanto tenemos el derecho a exigir una actuación de la autoridad municipal dentro de un marco de legalidad, de razonabilidad, con empatía ciudadana.  No estamos diciendo que  no se haga el operativo, porque no estamos pidiendo eso, sino que la autoridad ejerza su función en un marco de responsabilidad, legalidad e idoneidad, y la idoneidad es una categoría propia del Derecho del Consumidor, que significa la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido  y lo que nos  ofrecen las autoridades municipales es siempre el respeto al vecino, el buen trato ciudadano, entonces cabe preguntarse dónde quedó eso que nos ofrecen en sus campañas electorales.

Este mismo concepto de idoneidad  lo podemos asumir en la relación que tiene el ciudadano con la autoridad, en este caso con la Municipalidad. Esta es una relación de ciudadanía, y por esa ciudadanía económica, y ese derecho que me otorga el hecho de pagar mis impuestos, puedo exigir de la autoridad municipal respeto a mi persona. No hay ningún derecho para que la autoridad ejerza sus funciones de manera torpe. Porque es la palabra precisa. No se puede ejercer la autoridad con torpeza, con arbitrariedades, con displicencia, de espaladas a los derechos de las gentes, mediatizando los derechos de los ciudadanos, afectando el libre tránsito, afectado el trabajo, la educación  y sobretodo afectando la tranquilidad. Las personas, en tanto seres humanos tenemos todos los derechos, menos el derecho a la infelicidad y a la intranquilidad.

Uno amanece tranquilo, se baña, toma su desayuno, se va a trabajar o a estudiar  y un municipal detiene un ómnibus para pedirle documentos. ¿No lo pueden hacer en otra hora? ¿No lo pueden hacer otro día? Por favor, no hay ningún derecho.  Autoridad no significa arbitrariedad; y la autoridad no se ejerce con torpeza, se ejerce con inteligencia.

En el pais, es necesaria una vision política y principista del mercado, del consumo y los consumidores, tema que aunque parezca baladí, es parte importante en la estructura de la llamada economía social de mercado, establecida en el artículo 58 de la Constitución. En este contexto, la denominación de SALA ESPECIALIZADA EN PROTECCION DEL CONSUMIDOR del Tribunal del INDECOPI es muy importante, porque con suficiencia, precisión y coherencia, determina desde su nombre mismo, cual es la función y el objetivo principal de este órgano resolutivo, acabando de una vez por todas con algunas interpretaciones antojadizas y maliciosas de quienes llamaron a la Ex Sala de Competencia 2 como proteccionista de los consumidores, lo que obviamente evidenciaba un total desconocimiento de la materia, del sector público y del rol institucional del Estado en cuestiones de políticas de competencia. Es natural que esta Sala proteja a los consumidores, porque ese es su mandato, lo que no quiere decir que por ello, no sea a su vez reflexiva, orientadora, capaz de proponer nuevas líneas de pensamiento jurídico y social con miras a promover una cultura distinta del mercado y del consumo

El objetivo de la Sala no solo es resolver los conflictos de protección del consumidor de manera oportuna y predecible, sino también promover una cultura de consumo responsable en el mercado y tiene la gran responsabilidad de definir, asentar y difundir los nuevos criterios y lineamientos establecidos conforme a lo dispuesto por el Código.

Por tanto, cultura de consumo responsable, buen gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial, son tres líneas directrices presentes en las líneas de trabajo funcional de la Sala con miras promover el crecimiento del mercado en condiciones de competitividad, líneas que deberían ser asumidas por el discurso político en esta materia, sin embargo no hemos escuchado a ningún candidato plantear una cosmovisión política distinta de los consumidores, las empresas y el gobierno corporativo, frente a un mercado como el de hoy, lleno de presiones crecientes y extendidas , no olvidemos que hablar de protección del consumidor implica una nueva cosmovisión del sistema jurídico, que proponga imágenes y motivaciones nuevas a la sociedad para acercarse a sus instituciones que protegen sus derechos, dejando de lado la crisis de confiabilidad ciudadana en sus instituciones tutelares y ponga al consumidor en su dimensión que corresponde, es decir como un sujeto de necesidades que acude al mercado a satisfacerlas y que requiere del Estado un marco legal sistémico y coherente que permita el respeto de sus derechos y que promueva a su vez el crecimiento del mercado dentro de un marco de competitividad e institucionalidad, en una formula costo eficiente donde ganan todos, el Estado , los consumidores y los proveedores.

El Derecho del Consumidor se encuentra en una posición privilegiada y como tal necesita aclarar sus perfiles  como una nueva disciplina jurídica, por lo tanto es tarea de los operadores del Derecho y en especial de las instituciones tutelares especializadas en consumo, el tratar de estudiar, conocer y aplicar adecuadamente  los conceptos e instrumentos de esta nueva disciplina.

Es por ello que siempre he reclamado que los problemas de derecho del consumidor que se ponen en el tapete de los órganos funcionales   del Indecopi para poder resolver conflictos de consumo, deben partir por aplicar las normas de Derecho de consumidor , contenidas en el Código y en una serie de leyes complementarias sectoriales que forman el bosque normativo sistemico de la protección del consumidor y resolver pensando en paradigmas  nuevos, renovadores y distintos al Derecho Civil Clásico, reglamentarista y aplicado generalmente con una visión limitada restringida y exegética . Por tanto se habla ya de la autonomía de la disciplina jurídica del Derecho del Consumidor , lo cual no significa de ninguna manera que no se puedan aplicar supletoriamente reglas de otras otras disciplinas, siempre que coadyuven a precisar y resolver los conflictos de consumo con una mirada constitucional , sistemica pensando en la eficiencia de las normas , la realidad del mercado  y las relaciones de consumo eficientes reales, entendendiendo el drama existencial que significa ser violentado en tus derechos como consumidor que acude al mercado a satisfacer sus necesidades y adquiere bienes y servicios  de buena fe .

El mercado es creciente y extendido  y los conflictos de consumo requieren respuestas rápidas, reales , eficientes , requiere medidas preventivas y correctivas. Los consumidores no requieren piezas jurídicas que contengan decisiones basadas en dogmas clásicos del Derecho , de base romanista y pensadas en un tiempo-espacio que no es el actual, que no es el nuestro. No se puede teorizar el Derecho Civil  o Administrativo con resoluciones que tiene que ver con los derechos de las personas en sus relaciones de consumo.  Por ello yo he propuesto que el Derecho del Consumidor es el Derecho Civil del siglo XXI, tal como lo señalé en el Congreso Internacional de Derecho Privado de Bogotá (Colombia) en el  2012 . El Derecho necesita renovarse, necesita una nueva simetria de cara al consumo actual y en respuesta a un mercado cada vez mas creciente  . Quiza algunos operadores no se han dado cuenta, pero resolver los conflictos de consumo en la dimensión exacta de las cosas, conforme a las normas del Sistema de Protección al Consumidor , no es paradojicamente inclinar la balanza hacia los consumidores, sino al contrario, significa construir un mercado mas eficiente, mas transparente, mas competitivo, significa crear una cultura de consumo responsable y significa sobre todo promover pautas de buen gobierno corporativo y de responsabilidad social para los proveedores,promoviendo  una clase empresarial  con valores institucionales y una ética del mercado que nos beneficiara a todos.

Sin una visión autonómica del Derecho del Consumidor, la interpretación y aplicación de la ley quedarían  mediatizadas y con ello perderían no solo los consumidores, sino  también los proveedores, porque el mercado transparente, ideal, de competición y modernidad quedaría aplazado.

La tutela de los consumidores debe estar articulada con los medios procesales coherentes para tal fin, en tal sentido creemos que para complementar la tutela procesal de los consumidores, es preciso determinar una vía procesal sumaria  o sumarísima para las reclamaciones judiciales derivadas de la violación de los derechos del consumidor.

Así mismo es necesario estructurar otras disposiciones especiales que tiendan a hacer más eficaz el sistema procesal, porque lo establecido en el artículo 82 del C.P.C solo está referido a la tutela jurisdiccional de los intereses difusos, entre los cuales están los derechos del consumidor,  sin embargo no hay un desarrollo orgánico desde el punto de vista procesal de la tutela de los consumidores. La idea es evitar que un consumidor que ha salido victorioso en un procedimiento administrativo ante el INDECOPI,  acuda al Poder Judicial para reclamar una eventual indemnización por los daños sufridos por la violación de sus derechos  y termine sometido a un proceso largo, tedioso, e improductivo, por haberse llevado a cabo sobre la base de normas procesales inadecuadas para este tipo de reclamaciones.

Para establecer innovaciones en materia procesal podemos partir de lo establecido en el articulo 82 del C.P.C y en tal sentido planteamos que en lo que se refiere la  legitimidad para obrar,  ésta debería ser ampliada a las asociaciones de consumidores directamente, porque quienes actualmente tienen legitimidad directa como es el caso del  el Ministerio Público no han promovido judicialmente una línea de defensa de los derechos del consumidor.

Debemos mantener para casos de interés difuso,  la disposición que establece la obligación de publicar una síntesis de la demanda en el diario oficial El Peruano y en otro de mayor circulación, lo que es importante para publicitar el tema y generar conciencia ciudadana sobre el respeto a los derechos del consumidor.  También debe mantenerse el mandato para que si la sentencia declara fundada la denuncia, sea obligatoria aún para quienes no han participado en el proceso.

La universidad como institución educativa de investigación y desarrollo, debe asumir un rol protagónico en la difusión y promoción del Derecho del Consumidor como disciplina jurídica autónoma, en tal sentido proponemos que se estructure dentro del plan de estudios de las Facultades de Derecho el curso de Derecho del Consumidor como una asignatura independiente, a fin de facilitar su estudio y mejorar sus perfiles de especialización, dada la gran cobertura e importancia social de la materia.

Las principales Facultades de Derecho del país no dictan el curso el Derecho del Consumidor como materia independiente, por ello los debates académicos, seminarios, talleres y demás eventos universitarios  de esta naturaleza,  sin duda ayudarán a esta tarea en beneficio de los consumidores y del mercado en general.

En esta tarea también podría participar el INDECOPI como institución especializada fin de establecer programas de difusión y capacitación conjuntamente con la universidad, para que el Derecho del Consumidor llegue a formar parte del sistema educativo y que se aliente y organice planes de formación para  profesores que les permitan mejorar sus competencias en esta materia, porque el Derecho del Consumidor está presente en la escena política, económica y social del país y tiene importancia en el desarrollo eficiente  del mercado

Hablar de trato digno  implica de suyo hablar del  honor, el  respeto y la  consideración  que se debe a la persona. No olvidemos que la dignidad humana es un principio elemental de Derecho Natural, y es de carácter supraestatal. El honor y la dignidad corresponden a toda persona, como derechos inalienables, innatos, e inseparables  de ella  y no se pierden ni por el pecado ni por el delito. Son de carácter humano indeleble, independiente de la situación concreta en que el individuo se halle.  Expresa Santos Britz: “El derecho de contratación, como el derecho privado en general, se basa en la dignidad y en la libertad de desenvolvimiento de la personalidad del individuo, lo cual no puede darse sin el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales.

Legislaciones de avanzada reconocen el respeto a la dignidad del consumidor como un principio de Derecho Natural que complementa el principio pro consumidor para armonizar una legislación adecuada en la protección del principal protagonista del mercado. Así por ejemplo la Constitución de la República Argentina, en su artículo 42 establece taxativamente que “todo consumidor o usuario ha de ser objeto de trato equitativo y digno”. El Código brasileño fija en su artículo 4º como primer objetivo de la política nacional, “el respeto a la dignidad de los consumidores”. Y la ley española prevé en su artículo 230 inc. e, “la tramitación de reclamaciones o quejas por lesión a la dignidad del consumidor”.

Por lo tanto cualesquiera  que sean las disposiciones legales que afecten a los consumidores, habrán de ser interpretadas en la forma que más favorezca a éstos, lo cual puede implicar en algunos casos que los jueces deban cambiar los criterios de aplicación que rigieron hasta ahora para normas dictadas con anterioridad a la vigencia del Art. 65 de la Constitución.