En estos días se ha vuelto a poner en el tapete del debate académico y político el famoso tema del control de fusiones , que es un componente importante en toda política de competencia de un país, para promover un mercado mas competitivo.

Es un asunto complejo que necesita del acuerdo de todas las fuerzas políticas en el Congreso para llegar a un punto de equilibrio que les permita aprobar buena, sistémica, coherente y que este destinada a crear un sistema de control de concentraciones empresariales con una visión moderna, sistémica y técnicamente estructurada.

Nosotros planteamos el tema desde el año 2004 cuando escribimos un artículo en la revista del CISEPA PUCP y en el que considerábamos que el control de concentraciones es una herramienta de la competencia, han pasado  varios años y la comunidad política y empresarial sigue debatiendo el asunto y eso evidencia que no hay un acuerdo, porque no hay una cosmovisión de país, no hay una visión orgánica y sistémica de lo que significa libre competencia, quizá porque el mercado peruano es un mercado altamente concentrado y

Eso enfrenta muchos intereses, pero ya es hora que los parlamentarios analicen que es lo que más le conviene al país, al mercado y a los consumidores en general. Partamos de una premisa: nuestro país no tiene un sistema de control de fusiones. Salvo en la industria de la energía eléctrica, no existen normas que regulen de manera previa los requisitos, las autorizaciones y las condiciones a los que se deben sujetar las empresas que adoptan la decisión societaria de fusionarse

.Es previsible que una medida de esta naturaleza traiga consecuencia al sector empresarial, ya sea de manera colectiva a través de sus organizaciones –tales como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Industria, las cámaras de comercio, etcétera– como de manera sectorial –tal es el caso de las empresas avícolas, mineras, textiles, pesqueras, agroindustriales, etcétera–. Es obvio que los empresarios velan por sus inversiones y sus intereses económicos, pero no nos olvidemos de que el consumidor es el fin último, quizá el único, de toda economía social de mercado. Aplicando el aforismo jurídico de conceder un trato desigual a los desiguales, es al consumidor a quien se debe proteger, ya que es la parte más débil del sistema.

El autor español Luis Casas Pallares1 dice que la defensa de la competencia constituye actualmente, en la Comunidad Económica Europea, una forma de acción fundamental de la administración en el mercado para controlar, supervisar y dirigir los comportamientos de las empresas con el fin de mantener un régimen de competencia adecuado.

La defensa de la competencia, el llamado derecho antitrust en Estados Unidos, es una forma de intervención del Estado en el mercado diseñada para mantener una competencia adecuada. Por ello, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha indicado que el sistema del derecho antitrust se fundamenta en que: «La interacción no restringida de las fuerzas competitivas comportará una mejor asignación de nuestros recursos económicos, precios más bajos, mayor calidad y mayor progreso material

Necesidad de regular el control de fusiones en el Perú

Actualmente, existen empresas con una marcada posición de dominio en el mercado que, en un abrir y cerrar de ojos, pasan de ser encarnizadas competidoras a formar un solo poder económico como consecuencia de un proceso de fusión, formándose monopolios u oligopolios, en el mejor de los casos.

Hemos sido testigos de innumerables procesos de fusión en los que, por falta de una regulación adecuada que estudie el impacto que tendrá este acto societario, se termina, por un lado, distorsionando al mercado, y por el otro, perjudicando a centenares de familias con reducciones de personal y ceses colectivos. Finalmente, el mercado se sostiene por la oferta y la demanda, y esta, a su vez, se sostiene por el consumo, y para que exista consumo es indispensable que haya trabajo.

El Indecopi ha ganado experiencia en la aplicación de este mecanismo de control previo gracias a su aplicación en el sector eléctrico, y se encuentra en la capacidad de proponer una regulación justa y eficaz para este tema. Se trata de elaborar un proyecto coherente y razonable, sin trámites engorrosos ni onerosos, pero salvaguardando las condiciones esenciales con las que debe contar el mercado para su óptimo funcionamiento, sin distorsiones de ningún tipo.

El tema es por demás polémico y necesariamente se requerirá voluntad política para regularlo. Pero vale la pena intentarlo a cambio de tener un mercado libre de obstáculos, distorsiones y limitaciones, y sobre todo, pensando en el bienestar del soberano del mercado: el consumidor, pero además también pensando en promover un mercado más confiable, transparente y competitivo