Desde que la población del Distrito de Puente Piedra reaccionó de manera violenta, protestando contra los peajes que bloqueaban el libre tránsito de los pobladores de la zona, se puso por primera vez en tela de juicio el famoso tema de los peajes y los “negociados” que habían existido de por medio entre las constructoras y la Municipalidad de Lima y el Gobierno Nacional.

Desde esa fecha hasta la actualidad, mucho se ha comentado sobre los peajes, muchas autoridades se han pasado la responsabilidad de los contratos, las concesiones, adendas y todo con esto con un halo de corrupción.

Independientemente de todo esto, lo importante es lo que subyace detrás de todo.Observemos que si uno hace un viaje de Huaral o desde Ancón hasta Lurín, tiene que pagar tres peajes lo cual es inaudito en un espacio de menos de 50 kilómetros. De hecho es tan inaudito, que esto sucede en pocas partes del mundo, o únicamente en el Perú, donde uno paga tantos peajes para distancias tan cortas, lo que evidencia un acto completamente abusivo.

No ha existido una supervisión adecuada de los llamados Organismos a tutelar a los usuarios o consumidores, llámese OSITRAN, SUTRÁN, entre otros; y por supuesto, la misma Municipalidad de Lima, la misma gente que firma el contrato, y que jamás se puso en los zapatos de la gente, jamás se pusieron en el lugar de los pobladores que tienen que transitar de un lugar a otro pagando un peaje por una distancia tan corta. La pregunta es: ¿Hay un tema aquí de interés público? Nosotros consideramos que sí, y que tenemos entendido que los mismos contratos hay una cláusula que establece que por una razón de alto interés público debidamente comprobada pudiera revisarse o en todo caso resolverse (dependiendo del estudio); sin embargo es una variable que nunca se ha tocado, nunca nadie ha opinado al respecto, y aquí deberían entrar a tallar quienes están llamados a hacer prevalecer los derechos de la gente, llámese la Defensoría del Pueblo, que pueda mediar en el asunto, OSITRAN, que es el organismo regulador, o el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de ninguno de ellos hemos visto nada al respecto.

Ahora los transportistas de transporte de carga y pasajeros se encuentran en huelga en La Libertad y Piura (cuarto día) por el alto costo de los peajes que demandan una inversión elevada, por ejemplo el peaje de Lima a Tumbes para un vehículo de seis ejes (camiones pesados o tráilers) costaba un promedio de S/. 600.00 nuevos soles, lo que hacía en un ida y vuelta un aproximado de S/. 1, 200.00 nuevos soles, simplemente, excesivo.

De nuevo se pone el tema en discusión, todo el mundo propone soluciones o paliativos, pero nadie habla ni comenta ni propone una revisión al contrato, habiendo interés público al respecto. Creo que es una buena oportunidad para que, de una vez por todas, revisar de manera coherente, principista y sistémica los contratos y se proponga una fórmula que satisfaga a todas las partes e intereses sobre este tema.

(*) Imagen: www.laprovinciadigital.com

 

La inestabilidad política que hemos vivido en los últimos meses (que terminó con la renuncia de nuestro ex presidente), ha sido óbice para que no hayamos visto un crecimiento importante en la economía en los primeros meses, más aun, muchos de los indicadores proyectados para el presente año no se han podido comprobar. Esperamos que en los siguientes meses, se observe un gran crecimiento económico para el país, pero que este crecimiento, sea un crecimiento sostenido y permanente, que pueda traducirse en beneficios para todos los peruanos.

Las cifras que presentamos a continuación sobre las variables económicas a marzo de 2018, nos muestran un primer panorama del año, que esperamos que mejoren porcentualmente a lo largo de los siguientes meses.

Como siempre gracias a la gentil colaboración de nuestro dilecto amigo, el economista Javier Zuñiga, uno de los profesionales en la materia más reconocidos del país, quien con mucha maestría y estudio propio del análisis de un académico reconocido, nos muestra el comportamiento económico en el multinivel internacional.

A continuación, un breve detalle de lo que expresa Javier, respecto de la economía del país hasta el mes de marzo.

Las cifras económicas al mes de marzo del presente año, nos muestran variantes que tomaremos en consideración para este reflexivo análisis de las potencialidades y perspectivas que nos ofrece la economía del país  en los próximos meses, de tal manera que el entorno político, económico y social influyen progresivamente en la estabilidad de nuestra economía.

A nivel internacional, el PBI se proyecta de la siguiente manera:

– Se proyecta un menor porcentaje de crecimiento para España y Alemania respecto del año anterior.

– Estados Unidos podría crecer gradualmente de 2.20% a 2.30% en este año.

– China se proyecta a mantenerse en un 6.50% en este año. Cabe recordar que sus porcentajes han descendido gradualmente desde el 2010.

– Japón es otro de los países que no proyecta un crecimiento mayor a 0.70%

– Chile es el país de la región latinoamericana con mayor crecimiento, proyectando un 3.30% este año.

– Brasil, Colombia y México mantienen con un PBI entre 2.20% y 2.60% con ligeras variaciones por país.

A nivel nacional, Perú  tiene una proyección de 3.5%, porcentaje mayor al del año pasado.

Respecto de la inflación, el Perú tiene una estimación de 1.80% de inflación para el presente año. Según proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) se esperaba que este año la inflación tenga un porcentaje de 2.0%.

El tipo de cambio se esperaba que la cifra fluctuara entre los 3.24% y los 3.34%, sin embargo, al mes de marzo  tenemos una tasa de cambio de 3.23%. Se proyecta a diciembre del presente año un incremento porcentual en 3.28%.

Perú es uno de los países con menor salario mínimo de toda América Latina. El salario mínimo es $263 dólares mensuales, en comparación a Chile con $413 dólares, Argentina $513 y Panamá $ 744 dólares.

En el 2018, se espera el crecimiento de los sectores de pesca, construcción y manufactura; con un 23,5%; 8,9% y, 4,8%; respectivamente; a su vez, un crecimiento importante de la Minería en un 5,3%; sin embargo, nuevos estudios proyectan una cifra de 3.8%, mucho más cera a la actual de 3.2%

Finalmente, el promedio final promediado en los diversos sectores respecto del PBI es de 3.5%, proyectado para el presente año.

Recordemos que como política de país, debemos afianzar y consolidar nuestros sectores de producción y extracción, desarrollando innovación y capital intelectual, que ponga nuestros productos en la palestra del mundo, otorgándole la plusvalía necesaria que evidencia un real crecimiento nacional, y que nos permita competir con los más altos estándares de calidad en el mercado.

 

 

 

 

 

Desde esta plataforma virtual siempre hemos saludado todas las iniciativas que busquen ampliar el abanico de los derechos de los consumidores, tanto en los procedimientos administrativos como en los derechos frente a las transacciones comerciales. En este sentido, hace unos días se ha anunciado que el INDECOPI a través de la Comisión de Protección al Consumidor presentará un proyecto al Congreso de la República que tiene como objeto otorgarle el 20% del monto de las multas a los consumidores. Al respecto, es necesario hacer algunas precisiones.

En primer lugar,  no debe entenderse que este porcentaje de la multa  constituye  una indemnización o reparación civil propiamente dicha  por los eventuales daños que se le haya causado al consumidor. Como sabemos la indemnización por los daños y perjuicios, se solicita ante la vía judicial y no en la vía administrativa, aunque hay ya una tendencia a que esta situación cambie en el futuro.

En segundo lugar,  es importante resaltar que este monto será materia de debate, y no debemos dar por fijado un 20%; en perspectiva, podríamos tener un mayor porcentaje. A nuestro parecer, el porcentaje establecido no debería ser mayor al porcentaje tope de las multas otorgadas a las asociaciones de consumidores, toda vez que un consumidor como ciudadano, persona natural, también asume gastos “extras” por un producto defectuoso o un mal servicio, por ello lo dispuesto en el proyecto nos parece adecuado y coherente.

Por otro lado, no se debe confundir en la norma este porcentaje,  con los costos del procedimiento, toda vez que el patrocinio y asesoramiento jurídico, en muchas ocasiones puede ser mayor que el 20% de la eventual multa. Solo pensemos en los casos donde las multas son extremadamente bajas o donde se sanciona a la empresa con una amonestación, lo dispuesto en el proyecto seria inocuo.

En tercer lugar, se ha mencionado que se busca fomentar una cultura de reclamo, lo cual a nuestro parecer es erróneo. La acción del INDECOPI y de todos los operadores debe estar orientada a la promoción no de una cultura de reclamo, sino de una cultura de consumo, que tiene un alcance integral y responde de manera eficiente a las exigencias del mercado.

El desarrollo de una cultura de consumo, no solo busca incrementar los reclamos, sino que involucra una verdadera educación al consumidor, que este conozca sus derechos y las maneras de ejercitarlo a través de la vía procedimental o la sociedad civil. Una cultura de consumo involucra una educación de los derechos del consumidor desde las etapas formativas de la persona, no como una clase escolar, sino como parte de una formación ciudadana continua, cuya participación involucre las juntas vecinales, entidades locales, entre otras. No se busca que todos reclamen por reclamar, sino que reclamen cuando se tenga que reclamar, no se busca una cultura de conflicto, sino una cultura de conciliación.

En cuarto lugar, debemos señalar que se busca que el proveedor pueda atender el reclamo en un plazo no mayor de 15 días, con lo que reduce el plazo conferido a través del artículo 6 del Reglamento sobre el Libro de Reclamaciones que establece que el proveedor tiene un plazo de 30 días para atender el reclamo del consumidor.

Finalmente, es importante precisar y tomar en cuenta estos puntos relevantes, toda vez que lo que se busca es una protección efectiva al consumidor, el impacto de la norma tiene que beneficiar al consumidor y no perjudicarlo. Por ende la misma norma debe responder al esquema que siempre planteamos, es decir, debe tomar en cuenta la suficiencia conceptual, precisión normativa y coherencia sistémica, de lo contrario su reglamentación terminará contradiciendo el objeto de la misma, es decir, la protección al consumidor, y eso no debe  suceder.

(*)Fuente: Imagen www.pcm.gob.pe