La carta magna establece en su artículo 9 que el Estado es el garante de la salud en nuestro país, no solo tiene el deber de estructurar y sistematizar la política pública en el sector salud, sino que debe procurar los medios necesarios para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. A su vez, en el artículo 65 menciona que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, y con mayor énfasis en lo referido a la salud y la seguridad de la población.

La norma constitucional que precisa lo expuesto, debe ser congruente con lo que acontece en el mercado y la función que cumplen las Instituciones públicas, sin embargo, hemos podido observar que ello no es así; dado los últimos acontecimientos suscitados en nuestro país respecto de productos con indicaciones que no corresponden con lo establecido en las normas alimentarias.

En esta oportunidad, los temas de consumidor vuelven a la palestra, toda vez que la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó el dictamen que busca garantizar que las 24,000 farmacias y boticas del país tengan un stock mínimo de medicamentos genéricos.

Debemos mencionar que tanto la Superintendencia Nacional de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Ministros, Digemid, Digesa Ministerio de Salud y otros entidades públicas conexas a la materia han aprobado esta iniciativa.

Lo que se busca es lograr que mayor cantidad de personas puedan acceder a medicamentos básicos y que se encuentren al alcance de todos. A la par con esta medida, que afirmamos beneficiará a muchas personas; es una buena oportunidad para traer a colación otros puntos de importancia respecto de las industrias farmacéuticas.

No debemos olvidar que el Indecopi ha multado a las cadenas de farmacias por coludirse en cuanto a los precios y ganancias de la venta de medicamentos y la cantidad de los mismos, a su vez el tema de los precios cobra mayor importancia, toda vez, que las medicinas varían por la zona en la que se encuentra la farmacia, pudiendo observarse variaciones estrepitosas que van desde comprar un medicamento a 5 soles en una determinada farmacia, y comprar el mismo medicamento en otra farmacia a 25 soles.

Recordemos también, que las grandes cadenas farmacéuticas ofrecen bonificaciones para la venta de medicamentos que le generan mayores ganancias, y ello es un incentivo perverso para que los químico-farmacéuticos ofrezcan los productos que le generan ganancias personales, y eviten ofertar productos genéricos.

A todo esto debemos añadir, que los precios de los medicamentos en el Perú son mayores que los precios en la región, y esto puede deberse a una escasa educación nacional, poca cultura de consumo, una normativa endeble con las empresas, exoneración de impuestos que tienen algunos fármacos importados como los del VIH (que paradójicamente son los que tienen un precio excesivamente elevado), entre otros factores.

Finalmente, creemos que la medida del Congreso para garantizar el acceso de medicamentos genéricos a más ciudadanos consumidores, es una medida positiva y en buena medida coadyuvará a solucionar problemas que se suscitan en el sector salud; sin embargo, no debemos olvidar que las Instituciones públicas debemos trabajar eficientemente por desarrollar programas integrales de atención a los ciudadanos, fomento de una cultura de consumo, y fiscalizar y sancionar a las empresas que lesionen las buenas prácticas mercantiles y que terminen por vulnerar los derechos de todos los consumidores, después de todo, la protección del consumidor es una tarea de acción social, en la que participamos todos , pero que demanda un rol tutelar trascendente de parte de las instituciones llamadas a hacer cumplir el mandato del artículo 65 de nuestra Constitución.