Con buen pie se inició el pasado  6 de setiembre del presente,  en el Congreso de la República, en la Comisión de Protección del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, el debate sobre el seguimiento al Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes,  más conocida como Ley de la comida chatarra, así como también se inició el debate para evaluar el fortalecimiento de los organismos reguladores de los servicios públicos  y del INDECOPI.

Esta comisión presidida por el Congresista Miguel Antonio Castro Grandez, quien fuera mi alumno en las aulas universitarias, tiene un gran reto  y lo importante es que ha comenzado por convocar a todos los actores que de alguna u otra manera directa u indirecta están relacionados con la  temática, objeto de debate. Eso tiene un mérito sin duda y además su discurso inicial ha sido inteligente, no confrontacional, ha sido de apertura, pero a su vez ha demostrado firmeza y decisión para hacer las cosas bien, para hacer que las cosas sucedan y se den los cambios legislativos que deban darse, demostrando una madurez profesional y política que destacamos. Desde ya me sumo al trabajo técnico que ha convocado y agradezco desde esta tribuna su gentileza de hacerme participe en la sesión inaugural de la Comisión

Es importante escuchar  a los actores, pero más importante aun es la voluntad que se tenga para promover los cambios necesarios a nivel legislativo para promover un mercado más transparente y competitivo. Ya desde hace tiempo en esta palestra hemos escrito sobre el tema  de la comida saludable  y hemos señalado que se debe incorporar estándares de calidad que garanticen el derecho a la salud y el derecho de los consumidores a acceder a alimentos de calidad. Asimismo en cuanto a los organismo reguladores y el INDECOPI, es una gran debate y una gran tarea, porque sin duda deben darse cambios en ambos casos, y al respecto ya hemos escrito sobre el rol de los reguladores y la necesidad de fortalecerlos institucionalmente y en el caso del INDECOPI, es un necesario también repensar algunas de sus funciones y la forma como viene operando en relación a su papel al frente de la protección de los consumidores.