Hace aproximadamente un mes fueron elegidos los presidentes de los organismos reguladores para este nuevo periodo y en efecto después de un concurso fallido y luego de varias actividades de selección, finalmente el gobierno eligió a los presidentes , escogiendo dentro de los postulantes, aquellos que consideró tenían los mejores pergaminos para el encargo de conducir los destinos de los órganos reguladores en un momento difícil y complejo de inversiones en infraestructura de los servicios públicos que demandan una atención especial del Estado frente a la presión social .

En materia de agua potable y alcantarillado , el encargo recayó en el Economista Iván Lucich Larrauri, gran profesional de las canteras de SUNASS y a quien tuve el gusto de conocer cuando me desempeñaba como miembro del Directorio de SUNASS y a quien autorizamos una especialización en recursos hídricos en Alemania, en el año 2011, sin duda su experiencia será fundamental para el cumplimiento de sus funciones al frente de un organismo que tiene una gran tarea, toda vez que una  de las líneas programáticas del gobierno y dotar de agua potable a un gran sector social que demandan este derecho. Cabe precisar que Ivan Lucich Larrauri, fue el primero en ser nombrado, ya que los demás concursos fueron declarados desiertos en un primer momento.

En materia de telecomunicaciones, el encargo recayó en el Dr. Rafael Eduardo Muente Schwarz, profesional de experiencia y profesor universitario, que tendrá una gran tarea frente a un sector de creciente espacio público donde los consumidores demandan cada vez más imágenes y motivaciones nuevas del regulador para mejorar la cobertura y la respuesta rápida en los servicios de telefonía fija y sobre todo celular, que tiene un incremento sostenido en nuestro país.

En materia de energía, gas y fiscalización minera, el encargo recayó en el Dr. Daniel Schmerler Vainstein, profesional que venía laborando en el Tribunal de dicho organismo y que también tiene relación y experiencia en la materia.

Finalmente en materia de infraestructura de transporte de uso público, el encargo recayó en la Dra. Rosa Verónica Zambrano Copello, profesional de experiencia en el sector y a quien también tuve l gusto de conocer cuando fue mi alumna en la Escuela de Graduados de la PUCP y quien desde ese entonces denotaba un manejo delas principales categorías conceptuales de Derecho Regulatorio , que son necesarias para cumplir con eficiencia su labor, más aún en un organismo reguladores que tuvo una participación relevante en el fallido contrato del aeropuerto de Chincheros y necesita recuperar la confianza ciudadana de cara un proceso sostenido y creciente de inversión en infraestructura que demanda el país.

Estamos seguros que estos destacados profesionales cuentan con la idoneidad profesional suficiente para enrumbar nuevos aires de regulatorios y establecer los mecanismos de mejora y de innovación que sean necesarios para mejorar su performance de cara a una agenda institucional  y una cartera de inversiones que no deja de tener su lado político y ante lo cual deben estar atentos para evitar cuestionamientos a su labor, la misma que debe  estar siempre sustentada sobre la base de criterios técnicos.

Lo primero que tiene que hacer en mi concepto es alinear su plataforma de trabajo con un enfoque sistémico, que articula tres elementos, primero política publica, entendida como la cosmovisión política del gobierno en la materia regulatoria del sector específico, es decir, agua, energía, telecomunicaciones infraestructura de transporte, en segundo lugar la normatividad  en la que se sustenta la política pública y tercero la institucionalidad de quien va a hacer que se cumpla la política pública establecida por el gobierno.

Es decir, política pública, norma e institución, son los tres ejes que deben estar articulados para el buen funcionamiento institucional y en ese sentido una tarea  para los actuales presidentes es hacer un diagnóstico institucional para ver si su actual estructura funcional y administrativa responde a los nuevos retos y desafíos que exigen la sociedad a los reguladores en la hora actual, en la que estamos frente a un mercado de servicios públicos crecientes, pero lleno de presiones política y socialmente extendidas.

A continuación damos algunos alcances sobre la situación de reguladores que es preciso superar con prontitud. Así, si tenemos una mirada que va mucho más allá, de lo que se ha discutido, sobre la viabilidad del contrato del Aeropuerto de Chinchero, en el Cuzco, lo que en el fondo subyace, es la crisis que se está dando en los Consejos Directivos de algunos  Organismos Reguladores.

Desde hace buen tiempo, algunos  Organismos Reguladores vienen funcionando de manera incompleta, es decir, con uno o dos miembros faltantes en cada Consejo Directivo, es como que a un auto le falte una llanta y siga rodando. Qué consecuencias trae consigo esto? Que, obviamente, al no estar completos los miembros del Directorio, no se tomen decisiones adecuadas, coherentes con lo que realmente necesita el sector, ahí la regulación, que tiene que ser muy eficiente  y sólida, no se da, porque se mediatizan y retrasan a veces  las decisiones que se deben de tomar a nivel de Directorio.

Este es un tema que con urgencia tiene que ver el Ejecutivo, de completar los miembros del Directorio, y terminar con esa interpretación que un director es nombrado eventualmente por cinco años, pero desde el plano real, solamente está en el cargo el plazo que  faltaba completar al director vacante. Es decir, si termina su mandato un director y se demoran dos años en convocar al nuevo, cuando se nombra al nuevo director ( por 5 años) , éste solo estará en el cargo tres años, restándole los dos años que estuvo pendiente la convocatoria, lo que es una inconsistencia que tiene que ser corregida.

El otro tema pendiente, es la falta de fortalecimiento institucional de los organismos reguladores de cara a los procesos de inversión en infraestructura de servicios públicos, lo que se evidencia por ejemplo en el poco tiempo que se les da para opinar en los contratos de concesión, en temas a veces de mucha complejidad.

Por otro lado las dietas de directores llegan a 1,500 soles por sesión , es decir  3,000 soles mensuales incluido impuestos, es decir,  liquido 2,700 mensuales a pesar de que tienen que aprobar y opinar sobre contratos de varios millones, eso es inaudito,  si es que se desea contar con especialistas que constituyan una verdadera masa crítica que aporte y coadyuve al fortalecimiento institucional de los organismos reguladores y evitar su crisis y su deterioro que terminen afectando su funcionamiento y su idoneidad profesional. Además dos sesiones de directorio al mes, eventualmente no son suficientes frente a las demandas ciudadanas, y debería proponerse una ampliación  al igual que las dietas, ese es un tema que debe ser puesto en el tapete de la nueva gestión

Asimismo subsisten las opiniones no vinculantes de los organismos reguladores en relación a los contratos de concesión, demora en la aprobación de expedientes técnicos, problemas de coordinación y flujo de información en la suscripción de actas de acuerdo, trato directo, adendas y en la  ejecución El otro tema de la crisis de reguladores, es el poco tiempo que se le da para opinar en los contratos de Concesión, Asimismo, el regulador se casa por treinta años con una concesión, sin embargo no se le permite, si quiera, participar en el proceso de concesión. Es un tema complejo que por supuesto tiene que ser estudiado y analizado con cuidado.

Lo importante es que hay nuevos líderes en los reguladores y que están motivados para innovar su gestión de cara a las inversiones para mejorar la infraestructura de servicios públicos en el país. Éxitos.

El Derecho es como el lenguaje, es puramente convencional, no es lógico como las matemáticas. Lo importante en el Derecho, como en el lenguaje, no es la lógica estructurada, sino el hecho que todos lo entiendan, por ello al decir que es como el lenguaje, significa que debe ser socialmente eficiente, es decir que lo que importa es que el Derecho funcione, y no solo que sea correcto.
En efecto, la transacción de intereses en conflicto en una sociedad, todos la aceptan, así , en el lenguaje, el uso es su eficiencia y en el Derecho, su observancia es la eficiencia. Para que las leyes sean más participativas, es necesario que tengan aceptación y ello sucederá en la medida que la ley esté internalizada en la cultura de las sociedades donde opera como norma.
La cultura no es lo que la gente sabe, como se cree erróneamente, cultura es como la gente se conduce y la cultura jurídica es cómo se comportan los destinatarios de las leyes -que somos todos- y para cumplir las leyes es necesario diferenciar entre saber y entender, dentro del contexto cultural de una sociedad, más aun en el Perú que es un país multicultural y heterogéneo desde todo punto de vista.
El Derecho está basado en la cultura, incluso me atrevería a decir que es en esencia un producto cultural, pero en nuestro país, muchas veces se ha elaborado el Derecho mas como una pieza de biblioteca, que como una ley con eficiencia social y luego cuando la ley que no es observada por la comunidad, se dice que no hay cultura de respeto a la ley, pero no se toma en cuenta que la gente no cumple la ley por falta de cultura, sino que la ley no se ajusta a la cultura del pueblo. Las leyes son hechas por gente culta, pero que no entiende o no comprende la cultura del pueblo adonde está dirigida la ley.
En preciso anotar que en la actualidad inclusive ya no se habla de democracia con un significado único en política, sino que se ha dado lugar a la democracia electoral, la democracia de gobierno y la democracia de las culturas, que es hacia donde debe apuntar el correcto trabajo político de un gobierno para lograr niveles de aceptación y eficiencia.
El Derecho debe expresarse como se expresa la sociedad, pero además debe considerar sus intereses, porque el objeto del derecho no es la ley, sino la vida de la gente, por ello entre el Derecho y la vida hay una relación. El Derecho es la vida misma, regida por normas que encarnan valores y el abogado como líder social que es, debe ser capaz de descubrir los intereses que tiene el pueblo en la ley. El Derecho se trata de cómo vivir.
La forma como se viene afrontando la falta de confiabilidad ciudadana en el sistema jurídico del país, es porque se sigue razonando el Derecho -y por ende la ley- con una cosmovisión rezagada u equivoca del conflicto social, se mide y analiza la realidad sin considerar el sentir social, se sigue considerando el sistema judicial como un sistema de normas , de leyes, sin embargo de lo que se trata es de conflictos sociales y tener en cuenta que solucionar conflictos es una necesidad humana, esa es la variable de medición y lo importante es que la solución sea lo más eficiente posible.
Debe asumirse la solución de conflictos con un estándar de cultura de servicio, de cultura de calidad y entenderlo como un servicio a la comunidad y para ello es necesario un trabajo político de una nueva cosmovisión, no es un trabajo legal, no se trata de estructuras lógico jurídicas o de autoridades, se trata de una cultura de servicio, donde el publico perciba los servicios la justicia como un resultado concreto, visible, plausible, tangible, independientemente del tecnicismo legal del resultado.
En este planteamiento que propongo para refrescar el Derecho como ciencia social, es necesario nuevas estructuras de razonamiento jurídico, donde sea necesario perforar la ley para analizarla y estudiarla en su funcionamiento eficiente, no en su logicidad ni en su terminología, entender el conflicto no como un asunto de ley, sino como un asunto humano, donde se exponen dramas sociales y culturales de la gente y que eventualmente no son recogidos por el Derecho basado únicamente en normas. En este contexto, hay nuevos retos y desafíos para los juristas y estudiosos del Derecho. Yo desde hace buen tiempo desde esta plataforma de opinión planteo nuevos escenarios y nuevas reflexiones en materia de Derecho y creo necesario una nueva cosmovisión jusfilosófica y propongo pasar de la corteza del Derecho, al objetivo final del Derecho en sí mismo, es decir : el cómo vivir y el vivir feliz, esa es la meta de un sistema jurídico eficiente.