Con mucho agrado el pasado día 03 de febrero, tuve la posibilidad de dictar una clase titulada: “Políticas públicas para el desarrollo del mercado”, en la Escuela del INDECOPI a un buen grupo de entusiastas estudientes de Derecho Ingenieria y Economia , que estan estudiando el Curso de Extensión, dirigido a fortalecer los conocimientos de los alumnos en temas de mercado , competencia, consumidor y propiedad intelectual 

Compartí  con los alumnos, quienes demostraban un alto interés por aprender sobre la temática del mercado, la competencia y en especial los consumidores, pero en nuestro dialogo les deje bien en claro el enfoque sistémico con que se deben diseñar las políticas publicas para promover el crecimiento del mercado en una economía  como la nuestra.

Frente a las distintas opiniones que me brindaban sobre el mercado, les expresé que lo  más importante es que el mercado se desarrolle sobre un marco de legalidad e institucionalidad, y que las políticas públicas  estaban destinadas a crear un mercado mucho más eficiente, competitivo y sobretodo transparente, ese es el reto y desafío que todo Estado debe tener para poder estructurar una política adecuada para el desarrollo y crecimiento del mercado y que tiene que ser evaluada, sobre la base de los objetivos y metas que el propio Estado se propone alcanzar a través de la ejecución de las políticas publicas, por ello la viabilidad económica , política  y social tiene que ser siempre considerada para plantear una política publica y esperar que funcione eficientemente.

Pude proponer a los estudiantes, líneas de pensamiento jurídicas nuevas, innovadoras y renovadoras. Les mencioné que una política pública no es lo que quiere un gobierno, sino que una política pública es una cosmovisión que hay que tener en materia del Estado y que son de largo plazo, de larga aliento, que son consensuadas e integradas con los actores políticos, pero sobretodo que sean eficientes para empujen la barrera del crecimiento económico y pueda cerrarse la brecha de pobreza que hay en el país.

Me llamó la atención que los estudiantes de Derecho siempre opinaban sobre la base de las leyes  con una visión unidimensional de las cosas y los estudiantes  de economía  e ingeniería tenían una visión mas amplia y pluridimensional de las cosas. Al respecto les dije que abran su mente y liberen su ojo interior para ver mas allá de las leyes , porque éstas suelen equivocarse y ser erráticas algunas veces.  Sé que a veces a los abogados nos es difícil  definir un tema sino acudimos a la ley, por eso  los reté a pensar diferente,  a romper esquemas y paradigmas mentales sobre determinados temas, porque no es en las leyes donde está el Derecho para ser aplicado, sino que el Derecho está en la realidad, en el mundo existencial del hombre, en su vida y en la esencia de las cosas  . La ley es un instrumento que le sirve al hombre para resolver conflictos e incertidumbres jurídicas y que es utilizada por los operadores jurídicos para actuar con equidad y justicia.

Hace unos días pregunté a una jóven abogada que opinaba a cerca de los comentarios que habían salido en los medios sobre la educación y si ella consideraba que la educación debería estar sujeta a la supervisión del Estado. Me contestó tajantemente que opinaba en contrario. Que no. Porque la educación es un servicio que está en competencia y por ende, hay varios operadores de mercado que prestan el servicio y que por lo tanto no debería ser supervisado por el Estado.

Esa respuesta que respeto, es opinable  y me llevó a una reflexión, que estuve pensando toda esta semana y que la planteo en los siguientes términos:

¿La educación es un bien que está en el comercio de los hombres? Cuando estamos contratando los servicios de un colegio, estamos frente a un acto traslativo de cosa-precio o estamos frente a un acto traslativo de servicio-precio, como por ejemplo cuando compramos pan, cuando compramos un artefacto, o cuando contratamos el servicio de un gasfitero o un electricista, que se agota en un solo acto. Se da el servicio y yo pago el precio que corresponde.

¿Estamos en materia de educación frente a un servicio de esa naturaleza o es un servicio distinto, sui generéis?

En qué se diferencia cuando yo contrato el servicio de un gasfitero  o cuando compro un artefacto,  respecto al servicio de la educación?

La educación es esencia un servicio público prestado por el Estado, y obviamente en el Estado peruano es deficientemente prestado,  en condiciones que no son competitivas y ese es un problema de gestión y políticas públicas.

La educación no deja de ser un servicio público y como el Estado lo presta de manera deficiente, ha permitido que los privados puedan prestar el servicio, sin embargo, no es un servicio donde el Estado haya dejado en plena libertad a los operadores, como quien por ejemplo pone un restaurant, sería impensable que haya una supervisión o una entidad que supervise la prestación de servicio de los restaurantes, eso obviamente, el propio mercado lo va a corregir, porque si el restaurant atiende bien o mal, serán los propios consumidores los que sancionaran a la empresa, dejando de ir a consumir a ese mal proveedor. A lo sumo el Estado le exige licencia de funcionamiento, que tenga cierta condiciones de higiene y sanidad, para garantizar un buen servicio, pero hasta ahí nada más, el Estado no podría penetrar en la prestación misma del servicio.

En la educación es diferente, es un servicio prestado por el Estado y los privados, pero los colegios no tienen absoluta libertad, por eso existe un Ministerio de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL), que son las que supervisan que la prestación del servicio se dé en buenas condiciones, que los operadores cumplan con lo ofrecido, que el currículo, los cursos y los docentes respondan a lo que el Estado considera adecuado en materia educativa. Igual pasa con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), la última institución pública creada para supervisar las universidades y que está muy activa, controlando que las universidades públicas y privadas presten adecuadamente el servicio. Por lo tanto ¿Frente a qué tipo de servicio público estamos cuando hablamos de educación?

La respuesta es obviamente frente a un servicio público sui generis, que tiene que ser supervisado por el Estado. Esto nos lleva a reflexión sobre el tema de los colegios, muchos de ellos vienen prestando el servicio de educación a diestra y siniestra, en condiciones que a veces no son las adecuadas para garantizar un eficiente  proceso de enseñanza y aprendizaje para los menores y que tienen ser necesariamente miradas y supervisadas por el Estado, incluyendo el tema fundamental de pensiones, que es un tema que nadie quiere tocar, so pretexto  que el mercado se controla solo y que no se puede controlar los precios. Evidentemente, no estoy postulando control de precios como solía hacerse épocas de gobiernos estatistas  y de economía centralmente planificada  el Estado como era hace varios años atrás, pero si puede observar y establecer ciertas reglas de supervisión para que esos precios no sean precios inequitativos, y estén de acuerdo con la oferta que hace el colegios los padres de familia , porque la decisión de los padres de familia de matricular a su hijo en un determinado colegio, es una decisión trascendente en la vida de una familia, sin lugar a dudas. .

Así como un proyecto importante para los padres de familia es comprar una vivienda, también la educación de un hijo y la decisión de matricularlo en un colegio, del cual  se tiene ciertas expectativas, es también una decisión muy importante en el proyecto vital de una familia, porque yo matriculo a un hijo en inicial o en primaria y va a estar ahí posiblemente durante 10 años, y este colegio tiene que formarlo desde el punto de vista cognitivo y meta-cognitivo, formarlo para la vida, en el saber, saber hacer y ser , para que sea un hombre de bien, de tal manera que la decisión de los padres es una decisión trascendental y que el Estado no puede negar ni discutir, por ello al igual que se ha reclamado para la contratación inmobiliaria ciertas reglas generales para evitar engaños y abusos en materia económica, considero que del mismo modo podrían establecerse reglas tipo cláusulas generales de contratación en materia educativa, para evitar abusos , cobros excesivos, cobros no pactados, ni informados, retenciones  y penalidades indebidas, entre otras situaciones que atacan el derecho a la protección de los intereses económicos que tiene todo consumidor y que están garantizados por mandato constitucional .

Hay que reflexionar sobre este tema, porque un colegio no  puede establecer  sus propias reglas para prestar el servicio educativo, dejando de lado disposiciones de orden público en materia educativa. Creo que la famosa frase que el “mercado se regula solo” no es tan cierta, porque el Estado tiene que encargarse de observar al mercado, de supervisarlo eficientemente y corregir aquello que no funciona bien y que no garantiza un mercado transparente, creciente y competitivo, caso contrario las propias fuerzas del mercado terminarán acabando con el propio mercado.

El servicio educativo tiene que ser puesto bajo la lupa y la atención del Estado, no solo en cuanto al tema de currículo, plan de estudios, profesores, infraestructura, sino de la prestación misma del servicio y de las condiciones económicas en las que se vienen prestando actualmente. El consumidor, en una relación de consumo, tiene el derecho a la protección de sus intereses económicos. La educación  de hoy, ya está inmersa en el mundo de la contratación masiva.

Todos estamos muy afectados por los huaycos y las inundaciones que han azotado la capital del Perú, Lima y principalmente los distritos aledaños, como San Juan de Lurigancho, Chosica, y otras ciudades como Piura, Chiclayo, etc.

Más allá de los fenómenos naturales como las lluvias y los huaycos, que son inevitables y son producto de las lluvias y la naturaleza del país, no podemos olvidar una tarea muy vinculada al quehacer de las autoridades, y me refiero especialmente a los alcaldes y gobernadores regionales, que tienen que demostrar haber hecho planificación adecuada para minimizar los riesgos de desastres naturales, además de la ejecución de obras como la descolmatación de  ríos, limpieza de cauces, ampliación de canales, enmallado de rocas, entre otras obras  que movilizan necesariamente recursos, a través de Defensa Civil y otros organismos.

Estos desastres naturales nos han demostrado una vez más la falta de cultura de prevención que tenemos muchos peruanos, porque a pesar  que sabemos que no se deben habitar las zonas cercanas a los ríos, hay gente que sigue viviendo ahí, inclusive hay terrenos en asentamientos humanos  que han sido adjudicados  y promovidos por algunas  autoridades, dejando de lado cualquier situación de prevención, creando riesgos innecesarios en la población.

Estos fenómenos nos hacen reflexionar sobre esa labor de prevención que está tan unida al quehacer directo de las autoridades, hay que preguntarse si se hicieron a tiempo las obras de planificación, prevención y soporte; esto no se ha hecho oportunamente, generando las consecuencias que todos ya conocemos.

Yo, como muchos piuranos lamentamos la situación, me sumo a la campaña de donación que se han hecho a las familias afectadas, pero como académico no puedo dejar de opinar sobre este tema.

Esperemos que los fenómenos naturales pasen, no haya más pérdidas humanas, ni materiales y fundamentalmente que las autoridades demuestren capacidad de gestión y movilización para poder hacer obras con los recursos que cuentan y no generar zozobra en la población.

Una reflexión que es preciso señalar a raíz de la renuncia de la Presidenta del Consejo Directivo de Ositran, es la idoneidad con la que vienen funcionando los Organismos Reguladores.

Si tenemos una mirada que va mucho más allá, de lo que se ha discutido, sobre la viabilidad del contrato del Aeropuerto de Chinchero, en el Cuzco, lo que en el fondo subyace, es la crisis que se está dando en los Consejos Directivos de algunos  Organismos Reguladores.

Desde hace buen tiempo, los Organismos Reguladores vienen funcionando de manera incompleta, es decir, con uno o dos miembros faltantes en cada Consejo Directivo, es como que a un auto le falte una llanta y siga rodando. Qué consecuencias trae consigo esto? Que, obviamente, al no estar completos los miembros del Directorio, no se tomen decisiones adecuadas, coherentes con lo que realmente necesita el sector, ahí la regulación, que tiene que ser muy eficiente  y sólida, no se da, porque se mediatizan y retrasan a veces  las decisiones que se deben de tomar a nivel de Directorio.

Este es un tema que con urgencia tiene que ver el Ejecutivo, de completar los miembros del Directorio, y terminar con esa interpretación que un director es nombrado eventualmente por cinco años, pero desde el plano real, solamente está en el cargo el plazo que  faltaba completar al director vacante. Es decir, si termina su mandato un director y se demoran dos años en convocar al nuevo, cuando se nombra al nuevo director ( por 5 años) , éste solo estará en el cargo tres años, restándole los dos años que estuvo pendiente la convocatoria, lo que es una inconsistencia que tiene que ser corregida.

El otro tema pendiente, es la falta de fortalecimiento institucional de los organismos reguladores de cara a los procesos de inversión en infraestructura de servicios públicos, lo que se evidencia por ejemplo en el poco tiempo que se les da para opinar en los contratos de concesión, en temas a veces de mucha complejidad, las dietas de directores llegan a 2,700 mensuales a pesar de que tienen que aprobar y opinar sobre contratos de varios millones, eso es inaudito, subsisten las opiniones no vinculantes de los organismos reguladores en relación a los contratos de concesión, demora en la aprobación de expedientes técnicos, problemas de coordinación y flujo de información en la suscripción de actas de acuerdo, trato directo, adendas y en la  ejecución de los contratos de concesión.