Las políticas de competencia bien estructuradas hacen que el mercado funcione adecuadamente y que se promueva eficiencias en beneficio de los consumidores, que son los destinatarios naturales de todo esfuerzo político por establecer reglas de juego claras para promover inversión, crecimiento y desarrollo para todos. Entonces el reto que nos plantean los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y su división de Practica Global de Comercio y Competitividad, el banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su división de Integración y Comercio, la Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE), y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y su Dirección de Políticas de Consumidor y Competencia; es hacer un esfuerzo conjunto para dotar a los Estados de mecanismos legales que promuevan políticas de competencia enfocadas en la competitividad, el desarrollo económico, la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores .
En este contexto, hay muchas propuestas por delante, pero particularmente consideramos que se debe promover competencia en los esquemas jurídicos de integración de los Estados, se debe dotar de medidas legales que fortalezcan las agencias de competencia, llevar a cabo un sostenido y permanente proceso de capacitación a los jueces , ya que son ellos quienes finalmente decidirán sobre la aplicación de las leyes antitrust, buscar que las políticas de competencia sean comprendidas por las autoridades y líderes políticos para poder ser incluidas no solo en el discurso político , sino que formen parte de una política pública con visión de país y de ejecución continuada en el largo plazo para beneficio de los ciudadanos y del propio mercado . Un ejemplo de esto último es México que logró incluir las políticas de competencia como parte de una política de Estado , inclusive a nivel constitucional, lo que sin duda ha generado un trabajo muy importante de su agencia de competencia frente a un mercado como el de hoy, lleno de presiones crecientes y extendidas.
Por otro lado, en la región no se observa enfoque de competencia en mercados regulados como los de servicios públicos, ahí hay una tarea pendiente, asimismo hay agencias de competencia débiles frente a las inevitables presiones del poder, así como ausencia de abogacía de competencia, además de restricciones anticompetitivas en los mercados. Frente a esta situación ya el Banco Mundial ha dado varias recomendaciones como la promoción de liderazgo en la producción de evidencia y conocimiento en materia de competencia, involucrar a los actores en el esquema de competencia, dar asistencia técnica en la implementación de programas integrales de apoyo para promover competencia en los mercados, y hacer análisis y estudios de impacto de la competencia en los mercados para empoderar a las agencias entre otras cosas. Hay ejemplos claros al respecto como los proyectos llevadas a cabo en Guatemala, Kenia, Haití, Sudáfrica, entre otros.
Establecer políticas de competencia conjuntas o comunes en la región, no es una tarea fácil y así lo han reconocido los organismos internacionales que apoyan a los países para establecer estructuras jurídicas que promuevan el desarrollo desde una legislación adecuada de competencia. Sin duda una tarea difícil, porque en esta materia hay concepciones del tema, que dependen de qué escuela económica se aplica para el análisis de los mercados, falta alineamiento político de los objetivos de la competencia en cada país y hay también la desconfianza natural del sector privado ante todo tipo de regulaciones que se establezcan en materia de mercados, aunque paradójicamente los beneficie en el largo plazo. Hay una especie de crisis de confiabilidad del sector privado cada vez que un Estado pretende sancionar normas relacionadas con la estructura del mercado y las conductas de abuso de posición de dominio o prácticas restrictivas o colusorias.
En lineas generales una adecuada política de competencia, genera crecimiento y desarrollo económico, genera beneficios para el consumidor, reduciendo la brecha de la pobreza generado bienestar social, depende los Estados como estructurar una legislación sistémica, principista y coherente.