Los derechos de los consumidores, en tanto ciudadanos  deben ser respetados en toda su dimensión  por las autoridades. Hoy a primeras horas de la mañana, cuando me dirigía a la Pontificia Universidad Católica del Perú, para tomar un examen de grado y después de haber atravesado la interminable Av. Javier Prado, a la altura de la Av. Universitaria, me encontré con un atolladero de buses, micros y combis que se encontraban parados porque habían sido objeto de las famosos operativos de los llamados inspectores municipales, aquellos hombres vestidos con sus clásicos chalecos amarillos, y que detenían a los choferes para solicitarles su brevete, Soat, licencia, permisos entre otros.

Ver tanta gente angustiada, amontonada, personas renegando y  reclamando, en este caso a la autoridad, a los inspectores municipales, no por el derecho a revisar, porque la autoridad está facultada para dicha operación, sino por la forma. ¿A quién se le ocurre hacer un operativo a las 7:00 a.m  cuando la gente va a trabajar o estudiar, en un día como hoy, que Lima amaneció totalmente mojada producto de una intensa lluvia   en la madrugada?

Encima de la angustia, de la humedad, del agua que pasaba entre los carros, y los carros que pasaban y chispeaban el agua hacia el paradero de las personas; hacer un operativo, deteniendo el tráfico, causando atolladero excesivo y caos en las calles, tener que soportar el excesivo rigorismo de la autoridad municipal  para hacer un operativo a esa hora, me parece totalmente desproporcionado y fuera de lugar, desde todo punto de vista .No hay derecho que esto  lo haga una autoridad.

Esto me lleva a una reflexión: ¿Cuál es el límite del ius imperium del Estado? ¿Cuál es el límite del poder punitivo del Estado? Los inspectores están en todo su deber  de trabajar  y de cumplir con su plan operativo de  inspección de vehículos y lo que hayan establecido al respecto, pero no tienen ningún derecho de atentar contra los derechos de los ciudadanos, ciudadanos en tanto consumidores y personas, quizás no se han puesto a pensar que el fin supremo de la sociedad y del  Estado es la persona humana, como establece nuestra Constitución. Los consumidores y los ciudadanos somos en esencia personas humanas y tenemos derechos.

No es posible que mi libre tránsito se vea afectado, porque a unos inspectores, enviados obviamente por la autoridad municipal,  se les ocurrió parar el tráfico para revisar la tarjeta de propiedad, permiso de circulación, brevete del chofer, soat, etc. a las 7:00 a.m., esto no puede ser.

La autoridad tiene que ejercerse dentro de un marco de razonabilidad y de actuación idónea,  e inteligente. La idoneidad significa eso, una actuación oportuna, precisa, coherente, en un determinado momento. Hay que analizar el tiempo espacio en el que se lleva a cabo el operativo. No pueden tratarnos a las personas de esa manera.

Me dio mucha pena ver a las personas amontonadas, madres de familia con niños en los brazos, ancianos, estudiantes, etc. Todos parados y amotinados  en la Av. Universitaria y la Av. La Marina, producto de este operativo, caminando angustiados, apurados, agachados producto de la lluvia, bajándose de los micros sin haber llegado a su destino, solo para ganarle al tiempo y ser puntuales en sus obligaciones laborales o estudiantiles,  ganar un tiempo que la autoridad inconsulta y torpemente interrumpió, todo  por cumplir a rajatabla  un plan operativo de inspecciones diseñado de espaladas a los derechos ciudadanos y lo que es peor, sin resultados a veces positivos, es decir operativos inocuos, hechos solo para amedrentar autoritariamente a los conductores.

La cabeza está para pensar, luego para peinarse. Esto debe tener en cuenta las autoridades. Esto es un vejamen a los derechos de las personas, y creo que es un vejamen a los consumidores  y usuarios, en tanto tenemos el derecho a exigir una actuación de la autoridad municipal dentro de un marco de legalidad, de razonabilidad, con empatía ciudadana.  No estamos diciendo que  no se haga el operativo, porque no estamos pidiendo eso, sino que la autoridad ejerza su función en un marco de responsabilidad, legalidad e idoneidad, y la idoneidad es una categoría propia del Derecho del Consumidor, que significa la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido  y lo que nos  ofrecen las autoridades municipales es siempre el respeto al vecino, el buen trato ciudadano, entonces cabe preguntarse dónde quedó eso que nos ofrecen en sus campañas electorales.

Este mismo concepto de idoneidad  lo podemos asumir en la relación que tiene el ciudadano con la autoridad, en este caso con la Municipalidad. Esta es una relación de ciudadanía, y por esa ciudadanía económica, y ese derecho que me otorga el hecho de pagar mis impuestos, puedo exigir de la autoridad municipal respeto a mi persona. No hay ningún derecho para que la autoridad ejerza sus funciones de manera torpe. Porque es la palabra precisa. No se puede ejercer la autoridad con torpeza, con arbitrariedades, con displicencia, de espaladas a los derechos de las gentes, mediatizando los derechos de los ciudadanos, afectando el libre tránsito, afectado el trabajo, la educación  y sobretodo afectando la tranquilidad. Las personas, en tanto seres humanos tenemos todos los derechos, menos el derecho a la infelicidad y a la intranquilidad.

Uno amanece tranquilo, se baña, toma su desayuno, se va a trabajar o a estudiar  y un municipal detiene un ómnibus para pedirle documentos. ¿No lo pueden hacer en otra hora? ¿No lo pueden hacer otro día? Por favor, no hay ningún derecho.  Autoridad no significa arbitrariedad; y la autoridad no se ejerce con torpeza, se ejerce con inteligencia.