¿Cómo funcionan y supervisan las finanzas vaticanas?

10:00 a.m. | 16 abr 21 (VTN/LOR).- Las finanzas en el Vaticano tienen un esquema diferente a cualquier otro Estado. Para explicar su funcionamiento, Vatican News entrevistó a la máxima autoridad del ente supervisor financiero de la Santa Sede, Carmelo Barbagallo, quien además hizo un recuento de los pasos que llevaron a implementar los mejores estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capital: “se apuntó a una mayor transparencia financiera y a una incisividad de control cada vez mayor, también a través de la intensificación de la cooperación entre las autoridades vaticanas”.

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Vatican News entrevistó a Carmelo Barbagallo, presidente de la ASIF, la Autoridad de Supervisión e Información Financiera, la institución competente de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano para la supervisión con el fin de combatir el reciclaje de dinero y la financiación del terrorismo. Barbagallo participó en la mesa redonda de clausura de la quinta edición del curso Master Anticorrupción de la Universidad de Tor Vergata. En su discurso, el Presidente de la ASIF describió la arquitectura de los controles sobre las finanzas del Vaticano y la historia reciente que condujo a su establecimiento.

Presidente Barbagallo, en primer lugar, ¿de qué hablamos cuando utilizamos la expresión “finanzas del Vaticano”?

Es mejor aclarar en primer lugar que en el Estado Vaticano no se permite ninguna actividad económica privada, ni el ejercicio privado de actividades profesionales. La venta de cualquier tipo de mercancía se confía al Estado en régimen de monopolio. Sólo un intermediario financiero, el IOR, está autorizado a operar. La administración de los bienes de la Santa Sede, tanto muebles como inmuebles, se concentra en una entidad específica: la APSA, que actúa como tesorero del Estado. En el Vaticano, que es el Estado más pequeño del mundo, las dimensiones del circulante y de los intercambios económicos y financieros con el extranjero son muy contenidas.

Pero por su naturaleza, el Vaticano es una encrucijada de flujos financieros del mundo y para el mundo.

Ciertamente, y esto sucede en virtud de la proyección universal de la Iglesia católica. También por esta razón, no obstante las reducidas dimensiones de su economía y finanzas, era conveniente que el Vaticano se dotara de estructuras y normas de control a la altura de las mejores prácticas internacionales.

¿Cuándo comenzó este proceso?

El Estado de la Ciudad del Vaticano adoptó el euro ya en 2001, pero fue en 2009 cuando firmó el Convenio Monetario con la Unión Europea, y después, en 2010, coherentemente, introdujo normas destinadas a prevenir el blanqueo de dinero y el fraude y la falsificación. Con estas mismas normas nació la primera autoridad de control financiero como institución asociada a la Santa Sede, la Autoridad de Información Financiera (AIF). En los años inmediatamente posteriores, la jurisdicción del Vaticano pasó a formar parte del Comité Moneyval del Consejo de Europa (2012) y la AIF fue admitida en el circuito Egmont (2013).

¿Por qué era importante unirse a Moneyval y Egmont?

Se trata de elecciones muy significativas. Moneyval, que opera en el Consejo de Europa en forma de Comité de más de treinta países, evalúa -y, en cierto modo, certifica- el cumplimiento de los estándares internacionales GAFI para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Egmont es un foro mundial de las UIF de más de 160 países que comparten las mejores prácticas de cooperación internacional e intercambio de información de inteligencia financiera para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

¿Qué influencia ha tenido Moneyval en la evolución posterior de la reforma?

Es también en respuesta a las recomendaciones recibidas de Moneyval que el ordenamiento jurídico del Vaticano experimentó importantes cambios en 2013 con la aprobación de la Ley XVIII, que representa la primera ley orgánica de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de vigilancia prudencial de las entidades que desarrollan profesionalmente actividades de carácter financiero. Los cambios introducidos van desde el perfeccionamiento de los mecanismos de evaluación de riesgos y el intercambio de información en materia financiera hasta la ampliación del sistema de sanciones y supervisión.

En particular, la Ley XVIII estableció un sistema “plural” de autoridades competentes, confiando a la Secretaría de Estado las políticas y estrategias generales, a la Gobernación importantes tareas administrativas y sancionadoras, a la Gendarmería y al Promotor de Justicia competencias específicas de investigación y persecución. Se ha creado el Comité de Seguridad Financiera (CoSiFi) con la misión, entre otras, de coordinar a las autoridades responsables de la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.

Se han atribuido a la AIF competencias de supervisión prudencial sobre el IOR y se ha ampliado considerablemente el perímetro de las entidades obligadas a identificar y comunicar las operaciones sospechosas a la AIF, extendiéndose a las autoridades públicas, a las que, más recientemente, se han añadido las entidades sin ánimo de lucro y otras personas jurídicas, llegando a superar el centenar de entidades. La reforma financiera del Vaticano dio un paso más en 2014, con la creación de tres nuevos organismos, todos ellos destinados, con diferentes funciones, al control financiero: el Consejo para la Economía, la Secretaría para la Economía y la Oficina del Auditor General.

¿Puede describir las medidas adoptadas en los últimos siete años?

Se ha producido una consolidación de esta estructura, en la dirección de una mayor transparencia financiera y una incisividad de control cada vez mayor, también a través de la intensificación de la cooperación entre las autoridades vaticanas, sancionada por memorandos especiales. En este contexto de creciente transparencia y de controles cada vez más eficaces, cabe mencionar las nuevas normas sobre adjudicación de contratos públicos, también conocidas como “Código de Contratación”, promulgadas el año pasado, que pretenden garantizar el uso sostenible de los fondos vaticanos mediante una gestión unificada, planificada e informada por criterios de máxima transparencia y competición, con el fin de proteger la jurisdicción de acuerdos ilegales y de la corrupción.

Finalmente, de nuevo en 2020, se modificó el Estatuto de la AIF, cambiando su nombre por el de ASIF (Autoridad de Supervisión e Información Financiera), también para enfatizar la importancia de las funciones de regulación y supervisión. Los nuevos Estatutos racionalizaron y reforzaron la gobernanza de la ASIF y completaron su organización con la creación de una Oficina de regulación específica.

¿Cuáles son los resultados del proceso que ha descrito hasta ahora?

Creo que es posible afirmar, en extrema síntesis, que las normas y estructuras que rigen el orden económico y financiero en el Vaticano -inspiradas en los principios de equilibrio de poderes y pluralidad de centros de control- son las necesarias y suficientes para fortalecer, en el actual contexto globalizado, el ejercicio de la misión de la Iglesia en una condición de mayor tutela. En este sentido, a la espera de la evaluación de Moneyval, seguimos trabajando con presteza.

En un período en el que, para contrarrestar el aumento de la pobreza y volver a poner en marcha el motor de la recuperación económica, el apoyo financiero de los Estados aumenta fuertemente la liquidez circulante y, al mismo tiempo, las “defensas” frente a los riesgos potenciales de corrupción y blanqueo de dinero podrían bajar, los sujetos delegados al control público están llamados a vigilar con la mayor atención, y la tensión ética debe seguir siendo máxima. Esta es exactamente la dirección en la que opera la ASIF, que ha reforzado la oficina de vigilancia con la llegada de un nuevo responsable”.

Absoluta transparencia en las actividades económicas y financieras

En la línea de poner al día estructuras anticuadas, el papa Francisco instó al Tribunal del Vaticano a “agilizar la cooperación internacional con los organismos de investigación de otras naciones”. Pero, sobre todo, ha salido al paso de una anomalía arrastrada desde hace siglos, subrayando “la exigencia prioritaria de que en el sistema procesal emerja, mediante las oportunas modificaciones normativas, la igualdad entre todos los miembros de la Iglesia y su igual dignidad”. Así, Francisco condena los privilegios de los altos eclesiásticos, que tienen un tratamiento investigativo y judicial diferente al de laicos que ocupan cargos de responsabilidad igual o mayor en la estructura del Vaticano.

Además, Francisco exhortó a magistrados y fiscales a que “las medidas adoptadas para lograr la absoluta transparencia de las actividades institucionales del Estado del Vaticano, sobre todo en los terrenos económico y financiero” tengan en cuenta “los parámetros y las ‘buenas prácticas’ vigentes a nivel internacional”… (click aquí para leer el mensaje completo).

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Fuentes:

Vatican News / L’Osservatore Romano / ABC / Foto: AFP