¡La suerte está echada! Es una expresión atribuida al gran Julio César cuando,  al marchar sobre un punto de no retorno, decidió cruzar el Rubicón para rebelarse contra el Senado romano, dando inicio a una prolongada guerra civil.

Cuando lea estas líneas habremos cruzado el rubicón de nuestro proceso electoral y los votos (y la suerte) habrán decidido quién gobernará los destinos del Perú hasta el 2021, justo para nuestro bicentenario. Nada menos.

La carrera electoral iniciada con el verano ha sido sosa y mediocre, con un Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al que el desafío le ha desbordado (su suertudo presidente se ha quejado de que estas elecciones han sido las más difíciles de afrontar), con una legislación farragosa, mal aplicada y peor interpretada, con exclusiones difíciles de sustentar que -al fin de cuentas- terminaron por allanar ostensiblemente el camino a la candidata.

La segunda vuelta ha sido, de parte y parte,  una cadena de errores y horrores.  Más por parte del contendor que de la contendora. Por eso es que la suerte luce definida a favor de una candidatura, la que estará en plena resaca cuando estas líneas vean la luz pública. Sólo un golpe en la polla, un golpe de suerte, la divina providencia, el diosito peruano o el azar podrían hacer que los hados cambien su sino.

La ciencia política distingue al buen candidato del buen estadista.  Lo ideal es que en una misma persona se junten las dos cualidades. Es el caso de Felipe Gonzáles, Obama, Miterrand, etc. Pero lamentablemente no siempre se da. Paniagua se reveló como un gran estadista, pero nunca fue un buen candidato. A PPK le pasa lo mismo: sería un gran estadista para un Perú moderno, pero lamentablemente ha sido un mal candidato y, si por ventura, se alzase con el triunfo, no lo sería por sus dotes como aspirante presidencial, que pocos ha exhibido, sino por una suerte de magia reflexiva in-extremis del electorado peruano.

Carente de fuerza, poco carismático, sin mimetización con el elector, sin ese vibrato que conecte con la gente para definir su voto y, sobre todo, sin esa fuerza patriótica que tanto gusta al electorado. No cabe duda en que sería muy buen estadista, técnico, honrado y democrático, pero no es un buen corredor en las elecciones como para encandilar al electorado. Ha exhibido una clamorosa falta de reflejos.

Cómo puede ser que al acusársele de haber sido enjuiciado por un gobierno militar, en vez de defender su inocencia, no haya gritado que una acusación de un gobierno golpista es una condecoración democrática que solo un demócrata que repele el golpe de Estado sabe apreciar. Cómo se puede entender que en el fragor de la campaña no le haya recordado a su contendora quién es el que manda y quien es la mandada, así como su herencia política, con todo lo que esa mochila traía. O abandonar la campaña por casi 8 días dejando a la contendora suelta en plaza. Lo del secretario general del partido de la contendora fue un golpe mortal a la yugular que tampoco supo aprovechar. Y así por el estilo.

Al final de cuentas se gana o se pierde en el terreno de juego. Para poder ganar lo esencial es desear hacerlo con todos las fibras de su ser. El resultado es una sumatoria de aciertos y de errores, y el triunfo se ofrece a quien más acierta y a quien menos yerra. Los romanos enseñaron: “Amat Victoria Curam” (“la victoria solo alcanza a los que se preparan más”).

El reto vital de nuestra democracia, que llega inéditamente a su cuarto recambio constitucional sin alteraciones ni rupturas democráticas, es lograr el desarrollo nacional con paz social, la institucionalidad y la consolidación de nuestro sistema constitucional de gobierno (no exento de necesarias mejoras y ajustes que requieren de pocas –pero importantes- reformas constitucionales).

De haber ganado la opción de la candidata, sus 73 congresistas pesarán no necesariamente para bien y deberá apelar al “self restraint” (autocontrol) para no equivocar el rumbo del sistema democrático cayendo en la peligrosa autocracia que paradójicamente debilitaría su mandato. De ganar el contendor, deberá desarrollar estrategias constitucionales y políticas que le permitan gobernar con ostensible minoría en el congreso para no debilitar su mandato.

En uno y otro caso deberán tenderse los necesarios puentes del consenso, del diálogo, del renunciamiento y de la cesión de pretensiones a favor de los demás o en aras de la gobernabilidad. De no lograr eso, el panorama -en uno u otro caso- será de pronóstico reservado.

Cuentan que Galileo, al  salir de la Inquisición donde tuvo que abjurar –so riesgo de morir quemado- su tesis heliocéntrica del mundo, masculló está expresión (“y, sin embargo, se mueve”) en señal de rebeldía ante su convicción en una lucha desigual contra la arbitrariedad y el oprobio característico fanatismo contra los que osaran pensar diferente.

Felizmente la humanidad ha evolucionado, y el Estado democrático de derecho nos consagra –a todos por igual- libertad de pensamiento y opinión.  A pesar de ello, la defensa de convicciones y principios atrae hoy –agazapados en el anonimato de las redes sociales que provee la tecnología del Siglo XXI- a algunos que se alocan evidenciando su fanatismo, como el de los destinatarios de la admonición de Galileo en el Siglo XVI.

El Tribunal Constitucional (TC) anunció mediante un “comunicado” haber llegado a un mayoritario veredicto en el hábeas corpus (HC) de Alberto Fujimori (AFF) contra la condena a 25 años que le impuso la Corte Suprema, y que hoy goza de autoridad de cosa juzgada y cuyo contenido ha sido validado por el TC.  Sin embargo, el texto del fallo recién se terminó de redactar y dar a conocer una semana después. Esto es inusual -es bastante informal- y no se condice con la importancia de la labor jurisdiccional del TC. Ni la Corte Interamericana de DDHH (CORTEDDHH) de San José, ni la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ni siquiera en nuestra Corte Suprema habría obrado así.

Es casi seguro que AFF sea responsable de lo que se le imputa.  Y muy probablemente también sea responsable de crímenes de lesa humanidad, como fue sentenciado por la CORTEDDHH en los tristes casos “La Cantuta” y “Barrios Altos”.  De eso queda muy poca duda.  El problema es otro, y es que tal condena, para ser legítima en un Estado de derecho, debe responder a los estándares de los DDHH que precisamente defiende de la CORTEDDHH con base de la Convención Americana de DDHH (Convención), por lo que debe estar impuesta por un tribunal imparcial, sobre la base de la acusación del Ministerio Público y –por sobre todo- luego de un juicio justo que responda a los estándares del debido proceso definidos por la propia CORTEDDHH y recogidos por nuestra Constitución.

Dos eran las bases del HC de AFF contra su condena: (i) La ausencia de un tribunal imparcial; y, (ii) La condena por sobre lo que no fue acusado, no existe en la legislación peruana, no fue materia de la autorización de Chile al conceder la extradición e AFF hacia el Perú y no parte de la acusación del fiscal.

El juez San Martín ha reconocido en diversas oportunidades (Caretas de 5/5/16) que consultó acerca de la sentencia condenatoria con colegas españoles y, más allá del texto de esa correspondencia -consignada textualmente en el valiente voto disidente del magistrado Sardón-, resulta evidente que, como presidente del tribunal que juzgó y condenó a AFF, casi 2 años antes de escuchar a su defensa, ya tenía en mente cómo condenar a AFF, articulando con sus colegas y con la propia acusación fiscal la necesaria adecuación para que tal condena no se le escape de las manos. Es decir, AFF fue juzgado en la indefensión. Consultados dos connotados juristas –también españoles- de mucho prestigio, eso constituye una evidente falta ética que demuestra la ausencia de imparcialidad, lastrando el fallo condenatorio en su legitimidad.

El otro argumento del HC es el cintillo de “crimen de lesa humanidad” con que se cierra la condena a AFF (apartado 823) en la parte 4ta. del fallo titulada “Decisión”.  El propio San Martín ha reconocido que esa tipificación está fuera del sistema jurídico peruano, y los hechos demuestran que no estuvo ni en la autorización chilena de la extradición ni en la acusación del Fiscal en el juicio oral. ¿Cómo entonces aterrizó en la condena a AFF?  La explicación es iniciada por San Martín cuando dice que esa calificación es meramente formal, que no trae ni más condena, ni más años, ni cambia el tipo de los delitos por los que fue sentenciado.  Casi, diríamos, un saludo a la bandera.  Lo mismo dice el TC y ratifica en su redundante voto singular el magistrado Espinosa –quien ojito-ojito fungió de jefe de asesores de San Martín en la Corte Suprema- minimizando la gravedad de un delito cometido en agravio de la humanidad y sus consecuencias (inhabilitado para la amnistía y/o el indulto).

Nadie discute que la intromisión en el correo de San Martín sea un hecho irregular.  El problema es que cuando se ha juzgado la corrupción en el Perú, se ha recurrido a ese irregular método, y tanto la Corte Suprema como el TC han validado eso como prueba lícita alegándose ser hechos de público interés.  Es decir, un poquito de su propia medicina.

Cómo sostener que es inocuo lo que es agraviante. Como sostener que nada cambia cuando hay una calificación mortal que hace mucho más graves los efectos de una condena.  Para el derecho sanción es todo aquello que afecta la esfera jurídica de la persona.

Nadie dice que no merezca esa calificación, ni que los crímenes juzgados no lo fueran.  Ese no es el punto. De lo que no queda duda es que –por su trascendencia y su importancia para el Perú- AFF merecía un juicio justo inobjetable y legítimo, lo que parece no haber tenido.

No se entiende cómo en aras de la CORTEDDHH se afecta la Convención que ésta protege y aplica, ya que sus Arts. 8° y 9° señalan que nadie puede ser juzgado por lo que no está en la acusación (principio acusatorio-contradictorio) y nadie puede ser penado por aquello que no es delito conforme a su legislación, ni condenado a lo que la ley describe clara e inequívocamente de modo previo a los hechos juzgados.  La pegunta es: ¿Cómo, en nombre de la CORTEDDHH y de su jurisprudencia se puede actuar contra el texto expreso de la Convención y de la propia Constitución?

Defender principios cuesta, sobre todo cuando estamos en un medio hostil, unilateral y arbitrario.  Pero justamente eso es lo que garantiza el derecho, que los derechos fundamentales sean para todos, sin excepción.  Esa es justamente la estatura altura moral que distancia al Estado derecho de las autocracias que manipulan los procesos contra sus enemigos.  Es una paradoja que el tribunal de San Martín haya hecho uso de alguno de los instrumentos que el propio AFF utilizara en su autocracia contra sus enemigos políticos.

El Prof. Juan Montero, excepcional jurista, de la misma facultad de derecho de Valencia a la que San Martín recurrió, escribió a propósito de la defensa del juicio justo: ”el respeto de esos derechos no depende de las personas ni de los casos concretos, pues lo que hace que esos derechos sean fundamentales es que corresponden a todos los seres humanos, sin hacer distinción alguna(…) Existen ideologías políticas para las que no deben respetarse siempre esos derechos, y lo sostienen así desde una cierta manera de entender la seguridad en detrimento de la libertad. Todos sabemos a dónde se ha llegado desde esas concepciones. (…) Existen otras ideologías para las que el respeto de los derechos depende de que el mismo sirva para alcanzar una cierta manera de entender la igualdad, siempre a costa de la libertad, y también todos sabemos a dónde se llega estas otras concepciones. (…) a la postre unas  y otras llegan al mismo resultado, (…) a la negación de la dignidad. (…) Vuestra opción en el fondo no es más que la negación de los derechos y (…) significa, correlativamente, que todo vale para lograr la pretendida verdad”.

Carlos Blancas Bustamante (CBB), además de destacado jurista y profesor universitario es, ante todo, un hombre bueno en el buen sentido de la palabra, a decir de Machado.  Al cabo de 30 años de entrañable amistad es lo que en justicia se puede constatar en un medio egoísta, competitivo y fratricida donde las envidias y  exclusiones son pan diario.

Barranquino de nacimiento, hombre de familia, hizo sus estudios en el Colegio Inmaculada recibiendo una innegable impronta jesuita que le llevó, tan solo en cuarto de media, a afiliarse a la Democracia Cristiana en 1964 abriendo paso a su vida política.  La formación universitaria la recibió en la Facultad de Derecho de la PUC y su predilección fue el derecho público, el derecho constitucional y el derecho laboral.

Luego de los iniciales escarceos políticos en la vida universitaria, participando activamente en la entonces poderosa FEPUC (Federación de Estudiantes), ya en su vida profesional pasó a hacer vida militante en su partido.  Por eso es que muy joven, con 38 años, jura en julio de 1985 como Ministro de Trabajo del primer Gabinete en el primer gobierno del entonces joven presidente Alan García, dando forma a la alianza de gobierno APRA-DC.  Estando en una Cartera de su especialidad, hizo muy buena labor y meritorio papel.  Lamentablemente la grave crisis de los penales Frontón y Lurigancho, con trágico saldo en víctimas, hizo rodar la cabeza de Luis González Posada, entonces Ministro de Justicia, dando lugar a que el Presidente García hiciera un enroque con CBB entregándole la Cartera de Justicia hasta 1988.

En su paso por Justicia literalmente vió –paradojas de la vida- desde el 6to. piso del edificio del Banco Continental en Lampa –sin participar ni en la gestación ni en su ejecución- el equivocado intento de estatizar la banca, que nunca le fue consultado y que tanto pesar trajo para el Presidente García, dando nacimiento al movimiento Libertad liderado entonces nada menos que por Mario Vargas Llosa, intento que tanta complicación económica trajo para el país y para el propio primer gobierno aprista.  Quizás la historia no lo registre pero gracias a CBB la barrera judicial levantada por los dueños de los bancos contra ese errado intento fue finalmente acatada por el gobierno.

Regresó a su práctica profesional y a intentar hacer vida partidaria hasta que la militancia en la Democracia Cristina cayó en estado de nirvana, hasta la actualidad.  Hoy solo pertenece a un lugar en la historia política del Perú.  Pero CBB siguió militando sus ideas socialcristianas en su vida profesional y personal.  También regresó a la docencia universitaria en su alma mater.  La maledicencia, que nunca falta, y la intolerancia que siempre sobra en la sociedad peruana de toda laya, intentó vetar su regreso a la cátedra Constitucional, y el decano de entonces ordenó que sólo dictara el curso de laboral.  Sus amigos y discípulos lograron, entonces, vencer tan antidemocrático veto y, desde entonces, constituye un innegable referente constitucional y laboral en su Facultad formando a cientos de estudiantes. Incansable estudioso y preocupado lector de la realidad nacional, sigue la política día a día, siempre informado, siempre versado, siempre entretenido y siempre generoso en la docencia, a que ha sumado los grados de Magister y de Doctor en Derecho, e innumerables publicaciones, siendo la más reciente, como para el momento, el “Derecho Electoral Peruano”, la obra más versada y completa de esa especialidad.

Quizás el rasgo más importante en CBB es el apego a su ideal socialcristiano y la lealtad a sus amigos, discípulos y colaboradores.  Es, pues, un hombre digno e íntegro. Y, además, un buen amigo siempre enseña con su ejemplo de vida. Pocos como él.

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Expreso mi solidaridad con Rafo León, a quien no conozco personalmente, pero a quien si conozco por sus colaboraciones que me han acompañado desde la universidad.  Con una pulcra prosa hace radiografía y sátira semanal de sociedad peruana, sobre todo de la pituquería-huachafería limeña.  Estoy seguro que la Corte Superior corregirá tan débil como poco sustentada sentencia.  Un poco más de tolerancia, correa y democracia no nos vendría mal, sobre todo entre comunicadores, si es que realmente queremos construir una sociedad democrática.  Por que como bien se ha repetido -desde Marguerite Duras hasta Gabo, pasando por Bryce- uno escribe para que lo quieran…

Ni en los más cálidos sueños de verano, ni Freddy Chirinos ni Gilbert Violeta se pudieron haber imaginado condiciones más favorables para la campaña de la segunda vuelta, como la que han protagonizado Kenji Fujimori (KF) y su hermana candidata Keiko Fujimori (KSF), ambos hijos de papá Alberto Fujimori (AFF), el expresidente.

Siempre se ha sabido que KF, quien ingresó a la pubertad y adolescencia como hijo de presidente de la república, con todas las prebendas, facilidades, gollerías y engreimientos, ha sido engreído de papá AFF, y que éste lo prefería como candidato antes que a su hija KSF.  Después de todo, como buen nisei, AFF es machista y eso se le escapa por los poros.  Para su lamento, la ocasión (KSF fue joven, improvisada y abrupta primera dama en su primer gobierno cuando KF era tan sólo púber) y los tiempos hicieron que su dinástico legado político recayese en su hija KSF y no en su pichón.

Por eso es que KF se siente con derecho a reclamar la cabecera del fujimorismo. Por eso pecha a la hermana y, en una suerte de profecía  autocumplida, proclama su derrota en la segunda vuelta y reivindica para sí el liderazgo nada menos que para el 2021.  Y por eso trata de hacer su propio juego.  La diferencia es que KF, al contrario de su hermana que luce cierto orden y chanca la lección paporreteándola disciplinadamente, expone cierta oligofrenia política ante la cual conceptos como: partidos políticos, democracia interna, institucionalidad y Estado democrático de derecho poco o nada le dicen.

Se puede afirmar, entonces, que esta semana, el mejor vocero de la campaña por el voto a PPK para la segunda vuelta ha sido KF.  Y no ha sido un exabrupto, o impromptus: no.  Revela una desinteligencia, rebeldía, envidia y juego propio quizás desde el origen mismo del liderazgo de KSF impuesto por la pragmaticidad de papá AFF desde la DIROES y que KF mastica, pero no termina de asimilar, envalentonado por su voto preferencial. Lo que olvida es que ese voto no es a él, ni a lo que representa políticamente, sino al apellido, a la mochila que le hace estar donde está.  Esa es quizás la lección más importante que aún le falta  aprender.  Ya se ha dicho que si fuera Kenji Quispe, o Sánchez, otra sería su realidad.

Al manjar del pastel se han sumado las cerezas de los congresistas Chacón y Becerril que, embriagados por la cifra repartidora del Congreso 2016-2021, han adelantado la “salida por la puerta grande” de papá AFF de su carcelería en la DIROES impuesta por una condena de la Corte Suprema que goza de la autoridad de cosa juzgada que obliga a su cabal cumplimiento conforme al mandato constitucional.

Al lado de ello KSF le ha saltado a la yugular a PPK acusándolo de viajar a los EEUU bien sea por negocios, bien sea por supuestos problemas de salud.  Y lo simple y sencillo es que PPK es también papá en segundas nupcias y la única hija de su segundo matrimonio cumplió la mayoría de edad graduándose en la preparatoria para la universidad.  Hay quienes por la política lo sacrifican todo, y la familia paga los platos, sobre todo en gente joven y ambiciosa.  Hay quienes, sin embargo, no están dispuestos a sacrificar ni a los hijos, ni a la esposa por la política, el trabajo o por ninguna otra ambición personal, ya que hay momentos en la vida familiar que se dan una sola vez, y no vuelven.  Una graduación, la mayoría de edad, un matrimonio, un bautizo o un sepelio.  Debería ser -más bien- un activo, una buena señal, de PPK percibírsele como amoroso padre dispuesto a deponer toda ambición personal  por acompañar a su hija.  Claro, quien no ha tenido una verdadera familia no entiende de qué va eso.

Lo que a PPK le hace falta es conectar con la gente.  Extender su halo democrático sobre el fantasma autoritario que rodea, no sin razón, a la dinastía Fujimori que se cree con derecho a repartirse periódicamente el poder en el Perú.  AFF sostenía que “había nacido para ser gobernante”, como confiesan sus allegados. Parecería que antes que el amor de un buen padre de familia, esa ambición política es el principal legado a sus cachorros.  Ahí está el detalle.

Publicada la Ley 30425 que modifica parcialmente el régimen de las AFP’s permitiendo que los mayores de 65 años retiren –si lo desean- hasta el 95.5% de su fondo acumulado, el Primer Ministro –autodefinido como “demócrata” y “constitucionalista”- anunció que el Presidente de la República presentaría una demanda de inconstitucionalidad contra esta Ley ante el Tribunal Constitucional (TC).

Este no sería un  hecho inédito, pero si poco usual.  Conforme  la Constitución, sólo hay 7 autorizados –legitimados en la jerga forense- para llevar  una ley del Congreso al examen del TC a fin de que valide su constitucionalidad –y vigencia- o disponga su expulsión del sistema jurídico con la derogación absoluta de la ley cuestionada, perdiendo vigencia a nivel nacional (erga omnes en la jerga forense).

El primero de esos legitimados es el Presidente quien, para hacerlo, requiere del voto favorable del Consejo de Ministros apoderando a un Ministro a que lo represente en la formalización y sustentación de la demanda. En la historia del TC han sido muy pocas veces en que el Presidente ha hecho uso de esta facultad constitucional y, normalmente, cuando no ha estado de acuerdo con una ley del Congreso, ha movido a su bancada para que esta la presente ya que también están legitimados el 25% de los Congresistas. Pero, claro, eso cuando el Presidente tiene control sobre su bancada, no como en el presente caso en que el Presidente y sus ministros van por un lado y la bancada oficialista por el otro.  Una cosa de locos.

Un antiguo maestro de prácticas repetía un viejo proverbio árabe que enseñaba que el envalentonado reto a una pelea debe ser culminado con honor, no con deshonor.  Es algo básico de aprender ante el litigio, sea civil, penal o constitucional.

¿Por qué un Presidente ha planteado poquísimas acciones de inconstitucionalidad? Un expremier dijo que un Presidente no se debía exponer a una derrota en el TC.  Por lo tanto, si en el caso de la ley que modifica el régimen de las AFP’s el Presidente no está seguro de tener un triunfo en el TC, ojito-ojito, tendría que asumir el costo político de una derrota constitucional.

Para que una ley sea inconstitucional debe afectar un postulado o un principio de la Constitución. Es el ABC del derecho procesal constitucional. No es suficiente que la ley sea fea, o mala, o que estemos en contra de ella: eso no marca su inconstitucionalidad.  La ley inconstitucional es aquella que groseramente sale de los parámetros o postulados o estructuras constitucionales y, en el fondo, significa una anómala modificación constitucional. Por eso el TC la puede derogar para todos y a nivel nacional.

No parece ser el caso de esta modificación de la ley de al AFP’s.  Luce como ley populista, aprobada en medio de un proceso electoral, para el aplauso de la tribuna y aparece como poco técnica.  Pero eso, de por sí, no la hace inconstitucional.  Tampoco lo es porque sea inconveniente a las AFP’s y les complique el negocio. En verdad no se entiende porque en un libre mercado las AFP’s exigen una protección tuitiva del Estado para tener un mercado cautivo, cuando eso, por la ley de la oferta y la demanda, debería ser obtenido por una verdaderamente atractiva oferta de servicios que atraigan a los pensionistas, al punto que el pensionista sienta que está más protegido y saldrá ganancioso en el sistema de la AFP’s, y no como aparece hoy en el imaginario del pensionista que está convencido de que mientras él pierde su dinero, las AFP’s engrosan sus arcas.

Mientras las AFP’s le explican al pensionista sobre la crisis de los metales, la bolsa de Hong Kong, el dólar, Obama y el petróleo en el medio oriente justifican que, piña, haya perdido parte de su capital, ellas nunca pierden obteniendo anualmente pingues ganancias.  Tampoco tienen cómo justificar que 100, 150 0 250 soles mensuales sean verdaderamente “pensiones” tal como está definido en la Constitución, ya que con esos montos el pensionista no vive, se muere.

Por eso el Presiente debe meditar bien, y estar mejor asesorado, si realmente debe plantear esta demanda de inconstitucionalidad y si tendrá viabilidad y éxito. Si no asegura eso, mejor que no saque la espada, que se la guarde para mejor una ocasión verdaderamente plausible.

Pasadas las elecciones queda claro que habrá una nueva composición en el Congreso, en donde a partir del 28 de julio el fujimorismo tendrá una clara hegemonía.  Lo que no se sabe es si esa mayoría congresal será la del Presidente de la República o de la oposición.  De eso dependerá la gobernabilidad del próximo gobierno.  Y es que el resultado del 10 de abril debe, necesariamente, validarse con el “ballotage” del próximo 5 de junio, que debe legitimar al nuevo Presidente cuando el candidato más votado en la primera vuelta no supere el 50% de los votos válidos.

Las celebraciones y triunfalismos de la primera vuelta deberían ser relativos.  Normalmente la segunda vuelta tiende a favorecer al segundo antes que al primero, cuando alrededor de aquel se junten los votantes de quienes fueron descartados para el repechaje.  Eso obliga a replantear profundamente la estrategia electoral de cara a la segunda y decisiva vuelta, si en verdad se quiere llegar al éxito.

Lo primero que debe decirse de las pasadas elecciones es que su realización fue marcadamente deficiente por la ONPE.  Colas inmensas, desorganización, menos orientadores y gente deambulando.  ¿Cuánto del ausentismo registrado fue efectivamente ausentismo y no ciudadanos que no pudieron votar por culpa de la ONPE?  Claro, si las mesas eran de 200 electores y ahora ese número se ha duplicado, habrá menos mesas pero más votantes en la cola. Simple aritmética. En las dos horas y media que a una ciudadana le tomó  votar sacó la cuenta que la demora en la votación era de 5 minutos por elector.  A 350 electores, se requerirían casi 30 horas por mesa para que todos voten.  Un caos.

Por otro lado, los ganadores parciales han empezado a sus primeros escarceos, acercándose a los votantes de quienes quedaron fuera de tabla.  Resulta difícil pronosticar a quién apoyará el electorado de la izquierda: si a la hija de quien dio un golpe de Estado liderando un gobierno autoritario, o al gringo pi-pi-key de centro derecha, liberal y pro inversión, pero comprobadamente demócrata.

Un primer resbalón fue protagonizado por la reelecta congresista Chacón, al anunciar que el padre de su candidata saldría pronto y “por la puerta grande” a pesar de estar condenado a largos años de prisión por la Corte Suprema. O se le escapó el inconsciente o reveló un secreto a voces de su partido o simplemente se le vió el fustán. Se convirtió así en la mejor propagandista de PPK reavivando los fantasmas ciudadanos acerca de las verdaderas intenciones de Fuerza Popular de si llegar al gobierno con tan abrumadora mayoría congresal.

La izquierda desunida conforma la tercera fuerza electoral, pero que vota -sobre todo en el sur, ya estaba visto- por quien sea que represente sus opciones.  De momento la Vero ha capitalizado ello, pero podría haber sido cualquier otro dirigente que hubiese encabezado esa opción, ya que históricamente ha sido el sur izquierdista el que ha determinado las últimas elecciones; sin perjuicio de representar esa cara olvidada y atrasada de una nación que cree haber ingresado a la modernidad, el desarrollo y el avance económico cuando aún mantiene una lacerante pobreza y niveles de vida intolerables con un sueldo mínimo vital de apenas $250 a pesar de lo cual algunos se llaman a espanto, cuando eso es lo que gastan en un almuercito con dos amigos, vinito incluído.

Algunos partidos han pasado la valla electoral con las justas y la noche de los cuchillos largos anuncia caer sobre su dirigencia.  Otros han desaparecido del mapa electoral producto de su poca democracia y pésima conducción.  Otros eran meramente ilusión y nunca pasaron –en conjunto- del rubro “otros” con menos del 1%.  No entiende como gente medianamente inteligente puede ser tan ciega al evaluar sus ambiciones personales con sus posibilidades políticas.

Y finalmente, el partido de gobierno que simplemente ha desaparecido por implosión. Mientras al Presidente le costaba muchísimo mantener su neutralidad en el proceso electoral, como lo manda la Constitución, desde el twitter se lanzaban envenenados dardos que soliviantaban el ánimo electoral sin contribuir en nada.

La mayor prueba: la reciente modificación de la ley de las AFP’s.  El Presidente y el Ejecutivo estaban en contra de su aprobación y los congresistas del partido de gobierno votaron a favor.  Como dice Grupo Río: “una cosa de locos”.

Cuando lea esto ya sabremos quienes han pasado al “ballotage” o segunda vuelta, dispuesta en la Constitución para legitimar al nuevo presidente de la República cuando en la primera ronda el candidato mayor obtenga menos del 50% de los votos válidos.

Es un albur vaticinar quién habrá pasado en el segundo lugar, ya que el primero parece estar definido.  Pero, a despecho de ello, sí podemos analizar algunos gestos que se han dado en la campaña electoral que, sin duda, han marcado la preferencia del electorado, aunque sus protagonistas no lo acepten.

Encadenarse al Palacio de Gobierno o salir a revelar intimidades conyugales en el “valor de la verdad” no le dio rédito alguno a su protagonista, quien más bien parecía haber perdido la brújula del ridículo.  Nunca pasó del 1% hasta que fue malamente retirado.

Lucir evidentemente beodo en una entrevista matinal, en el noticiero de mayor rating a nivel nacional, le valió a un ex presidente condenarse a la galera de los “otros” que -en conjunto- tampoco superan el 1% de la preferencia del electorado.  Y encima sale a decir malamente que el proceso electoral está enrarecido (¿?).

Otro candidato en alza, cual locomotora de desvencijados vagones ahítos por llegar al Congreso aún a costa del candidato, frenó intempestivamente su auge al mostrarse como “príncipe”, como señorito sin calle ni empatía despreciando un sombrero de regalo (sólo tenía que ponérselo!!!) y a una chicharronera de mercado que le alcanzara una porción.  El sebo se lo tuvo que tragar después con la andanada de críticas, que se tradujeron en el bajón de la preferencia electoral, por mostrarse como pituquito limeño sobrado y altanero, coronado con el indecoroso desplante una candidata a vicepresidenta en otra plancha, lo que en la hora digital y celularizada fue visto urbi et orbi y en todos sus ángulos.  Hasta el último día pidió disculpas por sus “humanos errores”, y es posible que se le perdone al mismo tiempo de negársele el voto.

Otra candidata parece permanente con botox, inexpresiva, no se le mueve ni una ceja, apegada al libreto y prendida de la mochila heredada de papi, con la cual está cómodamente sentada en el primer lugar de las preferencias.  Pero eso no le garantiza nada en la segunda vuelta ya que tendrá que enfrentarse al fantasma del antivoto, también en alza, a una poderosa opinión pública joven y  adversa que ha demostrado mover sus fuerzas cuando lo de la repartija y la ley pulpín. No es moco de pavo.

Un candidato de la tercera edad aduce no tener arrugas, cuyo hándicap es el pasaporte americano y su longevidad, tuvo la mala suerte de toser malamente en el evento del CADE, en vivo y en directo y a nivel nacional, además de aparecer leyendo sin convicción ni apropiada dicción en el debate presidencial, sin altos ni bajos, sin calor y sin comunicarse con la mayoría del electorado que no deja de apreciarlo sólo como el mal menor.  No conecta con la gente y –con un apellido difícil de pronunciar e imposible de escribir- parece poco probable que conecte con el electorado popular, ni que este llegue a identificarse con su figura y propuestas, ya que para ellos no pasa de ser un gringo bonachón.  Pero gringo al final de cuentas. Y un poquito mayor.

El carisma (del griego khárisma) es la cualidad o don natural que tiene quien atrae a los demás por su presencia, palabra o personalidad, por que es agradable, favorecedor, motivador o suscita la admiración de sus seguidores gracias a su “magnetismo personal”.  En un don con el que se nace, y que va de la mano con la empatía y la simpatía.  Un político antipático jamás podrá contar con el favorecimiento del electorado, por más que sea un buen técnico u honrado gestor de la cosa pública.  Carismáticos fueron Belaúnde y Felipe González.  Poco carismático su sucesor Aznar. Buen presidente fue Paniagua, pero mal candidato ya que luego de su gestión sólo obtuvo el 5% de la votación.

Nuestros políticos, a excepción de alguno, son poco carismáticos, poco empáticos y nada simpáticos.  Más bien destacan por su franca antipatía que restan votos y alejan al electorado.  ¿Aprenderán la lección de que los gestos en política, el comportamiento escénico y el necesario carisma son elementos esenciales para ganar una campaña electoral?

Contagiado por la efervescencia de la campaña electoral, Gonzalo soñó qué hacía si, como los entusiastas participantes en la carrera presidencial -algunos con pura ilusión-, ganara Presidencia de la República. E hizo su listita:

1. Haría la autopista “Del Pacífico” uniendo Tacna con Tumbes, con tres carriles por lado, circunvalando pueblos y ciudades. Parece inconcebible que en pleno Siglo XXI, con éxito económico y desarrollo, el Perú tenga apenas remedos de autopistas en alguna parte del sur, a duras penas entre Playa Jahuay y Barranca, entre Chiclayo y Piura, y alguito más por allí.  Cruzar Chincha, hoy, tarda casi una hora.
2. Haría la autopista elevada entre Iquitos-Tarapoto, y por tierra de Tarapoto a Cajamarca-Chiclayo, con un ramal a Trujillo.
3. Construiría una vía férrea al lado de la autopista “Del Pacífico” que acompañe la conectividad multimodal entre Tumbes y Tacna, con una alternativa férrea al transporte aéreo y terrestre, solo que masiva y barata. Con ello todos los mercados se ampliarían relanzándose la economía a velocidades siderales.
4. Haría la autopista entre Lima y Huancayo, con ramal hacia Tarma y San Ramón. Es inconcebible que la Capital tenga hacia el este un remedo de autopista de ¡solo 10 kilómetros!, y que sea un suplicio cualquier trasporte, encareciendo y dificultando el abastecimiento de Lima, alejando el mercado limeño a los productores del ande y la amazonía. Impajaritablemente todos los eneros la carretera central quedará bloqueada por los puntuales huaicos de la época de lluvias, como en todos los tiempos.
5. Convertiría la “Marginal de la Selva” en la autopista “Del Oriente” que conecte transversalmente el Perú central, de norte a sur, con conectividad al oeste hacia la autopista “Del Pacífico”.
6. Trasladaría al sur chico la reserva estratégica constituída por la Brigada Blindada acantonada en el Rímac, a espaldas del Palacio de Gobierno, que históricamente sólo ha servido para respaldar los golpes de Estado, fortaleciendo al golpista, para instalar una Brigada de Ingeniería y Rescate con capacidad de movimiento aéreo y terrestre a nivel nacional, apoyando a la ciudadanía ante tanto desastre natural, muchos actualmente irresolubles a sólo 40 kms. al este de Lima.
7. Crearía la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, como maestría, para especializar a quienes serán funcionarios de nuestra burocracia en cualquiera de sus ramas y ubicaciones, terminando con las improvisaciones, clientelismos, amiguismos y nepotismo que tanto daño hacen a la ciudadanía y al desarrollo nacional.
8. Impulsaría la reforma constitucional para unificar el Sistema Electoral, hoy dividido en tres entes que caminan por su lado, cuando no peleándose entre ellos.
9. Reformaría la Constitución para devolver al sistema democrático peruano el Senado, a despecho del descrédito ciudadano por los congresistas, a fin de adecentar el actual Congreso que, luego de cada proceso electoral, siempre evidencia un peor nivel peor al anterior.
10. Extirparía de la política a tanto farsante y profesional del populismo-clientelismo, de falsa moral, tránsfugas, trasvestistas y mitómanos, cínicos de la palabra y campeones del eufemismo y la hipérbole.
11. Impulsaría un gran acuerdo nacional -como el “Pacto de la Moncloa” o los “Acuerdos de Punto Fijo”- que unan a las fuerzas políticas alrededor de temas básicos de las políticas de Estado en materia de seguridad, defensa, educación, salud y desarrollo, economía, sistema cambiario e inversiones; haciendo que los grandes actores de la política dialoguen sobre aspectos suprapartidistas y metaindividuales al ego político, evitando la permanente guerra fratricida de nuestra la historia política en casi 200 años de república, y que hace del lema “Firme y Feliz por la Unión” una expresión retórica y vacía de contenido. Infelices, mayoritariamente pobres e históricamente desunidos en partidas de aventureros y caudillos sin verdadero sentimiento nacional.
12. Trasladaría el INPE al Ministerio del Interior, ya que se trata de un tema de seguridad y de cumplimiento forzado de órdenes del Poder Judicial. Su actual ubicación solo lastra al Ministerio de Justicia, le resta rol de consejería jurídica al Ejecutivo y condena al Ministro de Justicia al primer motín en cualesquiera de las siempre hacinadas y paupérrimas prisiones, flor de diaria corrupción.

Ejecutaría una profunda reforma de la policía nacional refundando sus escuelas de formación, elevando sustancialmente su moral, salario, infraestructura y equipamiento, que provea la necesaria seguridad que hoy no existe, con policías que no hay, policías que dan la espalda al tránsito que deben vigilar, o que conversan o se enamoran entre sí, o chatean o hablan por celular, durmiendo en patrulleros, desguarneciendo a la ciudadanía y contrariando su principal deber.

La segunda discusión respecto del malhadado Art. 42° de la Ley de Partidos Políticos, adicionado recién el 18 de enero último en medio de fragor electoral, es su cuestionable bondad normativa que concluye con una gravísima e inapelable sanción: la exclusión definitiva del proceso electoral a quien la autoridad electoral encuentre culpable.

Para empezar esta norma aparece inconexa. En su primera parte describe la conducta de las organizaciones políticas que serían sancionadas, ya que en principio no está dirigida a los candidatos, sino a: “Las organizaciones políticas, en el marco de un proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, salvo aquéllos que constituyan propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada bien entregado como propaganda electoral. Esta conducta se entiende como grave y será sancionada con una multa de 100 UIT que será impuesta por la ONPE en un plazo no mayor de 30 días”.

De por sí esta norma es discutible en cuanto a su bondad legislativa, ya que sobre un supuesto de hecho normativo, que puede tener gamas, matices y gradaciones (como toda conducta humana) impone una sanción única, lo que el derecho sancionatorio llama “pena tasada”.  Es decir, la norma no deja a la autoridad electoral la gradación la sanción según la gravedad, intensidad y reincidencia en los hechos –como ocurre con todas las sanciones- estableciéndose mínimos y máximos de la pena: amonestación, multa leve, multa grave, multa gravísima.  No, los genios legisladores del Congreso –futuros candidatos- se han hecho el harakiri y pusieron para un solo supuesto, sin atenuantes ni agravantes, una sola sanción: una multa de nada menos que casi 400,000 soles que –por supuesto- saldrá del bolsillo de los adherentes al partido sancionado, ya que la organización política nutre su patrimonio del bolsillo de éstos.

Pero el súmmum del yerro jurídico aparece en la coletilla que le sigue a la parrafada de esta norma, cuando el alegre y poco culto legislador dijo: “Dicha prohibición se extiende a los candidatos a cualquier cargo público de origen popular, y será sancionado por el JNE con la EXCLUSION del proceso electoral correspondiente”.

Las mismas taras de la primera parte referida a las organizaciones políticas se extiende, mutatis mutandi, a los candidatos de cualquier índole y de toda laya y, sobre todo, en cualquier momento.  No solo afecta a los candidatos a las alcaldías distritales o provinciales, o a gobernadores regionales, ni tan solo a los que van en las listas congresales, sino que afecta nada menos que a los candidatos presidenciales, otorgándole poder -a la autoridad electoral-, a sacarlos del proceso alterando de muy mala manera el mapa electoral.  Ya no serán los sufrangantes en las urnas los que elegirán a sus autoridades, sino que serán tres seres, del JEE, o cinco del JNE, quienes decidirán en vez de los 16’000,000 de electores que conforman el colegio electoral en el Perú.

Ahora resulta que por brindar con cerveza un candidato soporta una exclusión.  La otra por entregar un premio en un concurso de hip-hop. El otro por asistir a una persona minusválida, y así….  ¿Cuál es el límite temporal de la norma? No lo dice, así que hasta el día anterior a las elecciones la autoridad podría seguir recibiendo los pedidos de exclusión, un claro contrasentido.

Ciertamente al JNE este proceso se le ha ido de las manos y flaco favor le ha hecho a nuestra democracia.  Pasará a la historia como la autoridad electoral más ineficiente.  Pero el principal autor de este desaguisado es el Congreso al haber aprobado a destiempo, parcialmente y con una norma deplorable, lo que tendría que ser una necesaria sanción para evitar lo que en el pasado se llamó “el pisco y la butifarra” cuando el voto era a viva voz y se premiaba a los electores de un bando y se castigaba con el callejón oscuro a los del otro.

¿Qué hacer? Le corresponde a la autoridad aplicar la ley no solo con  criterio de conciencia, como manda la Constitución, sino también hacer una gradación de la sanción a través de una ponderación de valores y su proporcionalidad, de manera que entrando su ratio legis primero se amoneste, luego se multe, y solo ante la reiteración de la evidencia de compra de votos, se expuse al culpable redomado. No a la primera de bastos por tomarse una chela con sus electores.  Eso no es aplicar la ley. Eso es deformarla a límites que pueden resultar altamente peligrosos en cuanto a la legitimidad de un proceso electoral y su válido resultado.

Imagen de http://larepublica.pe/impresa/carlincatura/751102-carlincatura-del-viernes-25-de-marzo-de-2016

I

No se trata de copiar el título de la célebre novela de John Dos Passos “El paralelo 42”, sino del actual Art. 42° de la “Ley de partidos políticos” –en principio sólo con 41° artículos- modificada por la Ley 30414 que en su Art. 3° le añade un Art. 42° -que originalmente no tenía- y que dice: “Las organizaciones políticas, en el marco de un proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, salvo aquéllos que constituyan propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada bien entregado como propaganda electoral. Esta conducta se entiende como grave y será sancionada con una multa de 100 UIT que será impuesta por la ONPE en un plazo no mayor de 30 días. Dicha prohibición se extiende a los candidatos a cualquier cargo público de origen popular, y será sancionado por el JNE con la exclusión del proceso electoral correspondiente”.

Esta modificación por adición entró en vigencia el pasado 18 de enero, ya que el día anterior fue publicada en el Diario Oficial.  El proceso electoral para elegir este 10 de abril a un nuevo Congreso y al Presidente de la República estaba ya convocado e instaurado desde finales del año pasado.

Basado en esta norma el JNE decidió excluir a Acuña de la carrera electoral y, con base en ella, hay más de 40 de exclusiones en curso que podrían, en un supuesto extremo, dejarnos sin candidatos hábiles al final de la contienda y alterar profundamente el mapa electoral en el Perú.

La primera discusión es si esta ley se aplica o no a los actuales partícipes del proceso electoral en curso. Una segunda es la cuestionable bondad de la norma con tan grave sanción, y cómo debería darse su correcta aplicación.

En cuanto a lo primero, no cabe duda que la norma está vigente desde el 18 de enero último. Un grave error jurídico –que desnuda una precaria formación legal- es considerar inaplicable esta norma, como no vigente. Es decir, ha sido promulgada, está publicada, la Constitución dice que será vigente desde el día siguiente, pero algunos consideran que estaría en el limbo jurídico y no es aplicable al presente proceso electoral.  A esta posición naif contribuyó el propio presidente del JNE que, con la mayor candidez, solicitó que el Congreso le “aclarase” e “interpretase” si la norma era aplicable o no  a las presentes elecciones, renunciando al rol de intérprete de la ley ante un caso concreto, como le manda la Constitución. Por supuesto que el Congreso le dio la callada por respuesta, no sin cierta sorna. Y ciertamente era claro que sí estaba –y está- en plena vigencia.

La teoría de los hechos cumplidos explica el presente caso, señalando que la ley es aplicable a las consecuencias jurídicas de los hechos nuevos con una nueva ley.  Quienes sostenían que como al principio del proceso eleccionario no estaba vigente, por lo que sólo regiría para el siguiente, estaban profundamente errados.  Y miren como acabó la cosa.

El tema es simple: si una norma dijera que un campeonato se hace con 16 equipos y, al mismo tiempo, una regla dijera que tomar la pelota con la mano durante el juego por quien no es el arquero trae como consecuencia la tarjeta amarilla, todos entenderíamos.  Pero si a la mitad del campeonato la norma cambia y dijese que este se hace con 24 equipos y que la sanción por tomar la pelota con la mano, sin ser el portero, será sancionada con tarjeta roja directa, todos entenderíamos.  Nadie podría decir que la sanción solo será aplicable para el siguiente torneo ya que este se inició con otras reglas de sanción(¿?). Ciertamente el campeonato no se va a alterar: empezó con 16 y acabará con 16 y la regla de los 24 regirá para el siguiente (teoría de los derechos adquiridos). Pero la nueva regla de conducta durante el juego de algo que todavía no ha pasado -coger el balón con la mano por quien no es portero durante un partido- traerá como válida consecuencia la nueva sanción ahora prevista: tarjeta roja y expulsión definitiva del partido.  Así de simple y claro.