Una de las pocas decisiones del Congreso de la República (CR) que ha logrado consenso general ha sido la postergación de la sesión interpelatoria al Ministro Vizcarra, debido a la gravedad de la emergencia nacional a raíz de ese Niño escondido que está asolando la zona costera de nuestro país y que ha provocado ingentes lluvias y su secuela en huaicos, trayendo muerte, destrucción, cortes en las vías de comunicación, desabastecimiento, pobreza y mayor retraso en nuestro débil desarrollo nacional.

Es que Vizcarra –nada menos que Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC)- estaba citado para el pasado jueves 16 ante el CR para responder casi 100 preguntas de un pliego interpelatorio a raíz –básicamente- del caso del nuevo aeropuerto cusqueño en Chinchero, y el trámite de su contratación, sobre todo en la última addenda suscrita por las actuales autoridades del MTC con la –hasta ahora- Concesionaria.

Mucho se ha preguntado acerca de las similitudes del pedido interpelatorio a Vizcarra con el que se dio respecto al ex Ministro de Educación Saavedra, y que desembocara en su posterior censura y renuncia forzada por iniciativa del CR. La principal diferencia estriba en que la interpelación a Saavedra fue impulsada por la mayoría opositora que, por sí sola, tiene el aplastante y suficiente número de votos para tumbarse por sí solo a cualquier ministro, o a todo el Gabinete si así lo decidiese. En el caso de Vizcarra, la addenda del proyecto de Chinchero además luce mal, y fea, y viene precedida de la renuncia de la ex jefa del regulador OSITRAN, y de todo su estado mayor, en protesta contra su suscripción, la iniciativa interpelatoria –plagada de graves epítetos y denostaciones- viene impulsada por el congresista García Belaunde, quien aparece prendido del fundillo de Vizcarra.

La mayoría opositora no parece muy entusiasmada con la misma y se ha limitado a ver su curso desde la platea, canchita en mano. Otras fuerzas opositoras han señalado que no necesariamente esta interpelación –ahora postergada- debe llevarles inevitablemente a la censura de Vizcarra. Todo parece indicar que, cuando se dé, ese será su resultado y la sangre de Vizcarra no habrá de llegar al río Huaycoloro, que tanto pesar nos ha traído a la capital.

Es que la interpelación es parte de la dinámica de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se inscribe en lo que la Constitución denomina el control parlamentario de los actos del Ejecutivo. No debería asustar a nadie y nadie debería temerle, ya que no necesariamente va a desembocar ni en un pedido de censura ni en una cuestión de confianza (dos caras de una misma moneda).  Por lo tanto, no necesariamente el interpelado tendrá que ser obligado a renunciar por decisión del CR.

¿Por qué entonces tanto temor? No solo surge de una mala lectura de la Constitución, sino, sobre todo, de la debilidad que la minoría del Ejecutivo luce en el CR y, especialmente, de la incapacidad exhibida hasta la fecha para articularse razonable y coherentemente. En vez de tomar conciencia de su debilidad numérica y de cohesionarse como los cartaginenses, lucen como la bancada más dispersa y menos eficiente, con lo cual muy prematuramente le han abierto un flanco muy débil a PPK, generando una herida política de pronóstico reservado, a la luz de los áulicos opinólogos que se desgañitan hablando, gritando y cuchicheando acerca del cuco de la vacancia presidencial.

Y es que la minoritaria bancada de gobierno anda más preocupada de sus temas personales antes que el tema de la política general del gobierno, y sus necesarias relaciones con la mayoría parlamentaria que está en manos de la oposición,por si aún no se han enterado. Una anda sin perderse ninguna foto al lado de PPK, alucinando ser nombrada nueva premier o canciller. El otro anda entre sus empresas gastronómicas y sus estrambóticas explicaciones.  El de más allá es un francotirador que se alucina gran político pero que ya ha vestido diversas camisetas y que –al margen de ser peyorativo y devoto de la recusación ad-hómine- no le importa nada y lo más probable es que abandone el barco apenas le parezca conveniente: lealtad cero. El otro anda preocupado de su imagen personal. Y el último en sus proyectos personales cuidando los intereses de su votantes en una comunidad importante, pero minoritaria. Como dicen los gringos, ninguno alcanza a ver “the big screen”

Es decir, cada uno anda en una agenda personal sin que nadie se preocupe de la agenda presidencial, ni menos aún en la del primer ministro, al que algunos incluso contradicen y enfrentan. Por eso se permiten decir, frente la interpelación, que “nadie es imprescindible” y “no sería un drama si censuran a Vizcarra” adelantándose más que la oposición a los hechos. O sea, ya le han puesto la mortaja. Ni la oposición, salvo Vitocho. Con parlamentarios así, para qué se necesitan adversarios.  El enemigo por dentro.

Un viejo proverbio dice: “si me sacas con valor, guárdame con honor”. Es decir, si haces la bravata de que vas a atacar, o te vas a defender, hazlo de tal forma que al final, sea cual fuere el resultado, tus armas no sean replegadas no con deshonor.

Eso es lo que tiene por delante el CR frente a la futura interpelación a Vizcarra, cuando esta se dé. No viene al caso si es o no vicepresidente de la República, ya que ese no es un cargo en la estructura del Estado, sino una nominación pasiva por mandado del voto popular que solo se habrá de activar cuando la Constitución diga que el vicepresidente pasará a ser el presidente en funciones o el legítimo sucesor presidencial. Vizcarra no es más ministro, ni menos, por ser vicepresidente. Es un ministro más. Pero tampoco por eso puede ni debe ser vapuleado sin ton ni son por el CR, so riesgo de perder aún más su muy escasa cuota de credibilidad y de escaso prestigio.

Luego de una primera confusión acerca de la inviable posibilidad de solicitar una inmediata deportación o expulsión de los EEUU del exPresidente Alejando Toledo (ATM), se ha dado paso a la cordura jurídica y se han puesto las cosas en su verdadera dimensión, abriéndose el camino del proceso de extradición, que es lo que corresponde en derecho.

No podía darse una expulsión inmediata, ni a una deportación administrativa, desde que ATM tiene, hasta la fecha, residencia legal en los EEUU, que es el país en el que ha buscado refugio luego de haber transitado por Francia y de habérsele negado el ingreso a Israel, luego de su salida del Perú.

Extradición es un vocablo jurídico que tiene su raíz en dos acepciones latinas: extra y dicción.  Significa la posibilidad de decir el derecho con autoridad jurisdiccional más allá de las fronteras. Es decir, en una nación extranjera. Lo que ocurre es que la autoridad de un juez, que es parte de un sistema judicial de una nación, se acaba en las fronteras terrestres, en las 200 millas y en el cielo de Quiñones.  Fuera del territorio nacional un juez peruano es un simple turista y sus órdenes y mandatos no tienen vigencia alguna.  Y lo mismo ocurre en viceversa, respecto de las órdenes judiciales del extranjero en nuestro territorio nacional.

Para que una orden judicial nacional pueda ser validada y ejecutada en el extranjero, esa orden judicial debe ser sometida a un proceso de extradición.  La extradición será activa para el país que requiere al procesado, y será pasiva para el país cuya entrega le sea requerida.

Pero he aquí que la extradición es un proceso judicial que se lleva a cabo conforme a las reglas procesales del país requerido, no del país requirente.  Lo interesante del asunto es que en la extradición el país requirente se convierte, por arte de magia jurídica, en un simple demandante ante la justicia del país requerido, y se somete plenamente a esta.  Lo que diga el país requerido será ley sagrada y tendrá calidad y autoridad de cosa juzgada, al punto que podría bien negarla y jampas entregar al extraditable, podría entregarlo con condicionamiento que deberán ser respetados por el país requirente (autorizo a que lo juzgues por esto sí, pero por esto no), o podría entregarlo sin ambages.

Lo primero que hay que observar frente a un proceso de extradición es si con el país requerido hay o no un tratado de extradición bilateral o multilateral que los vincule y que hayan suscrito y ratificado con anterioridad.  Si lo hubiera, el proceso jurisdiccional deberá sujetarse a lo previsto en ese tratado y, en lo no previsto, a las reglas jurisdiccionales del país requerido.  Si no hubiera tratado de extradición, entonces se someterá solamente a las reglas jurisdiccionales del país requerido, donde habrá que ver el cumplimiento de ciertas reglas básicas impuestas por el derecho internacional: (i) Que el proceso antecedente en el país requirente sea uno hecho en derecho con el cumplimiento del debido proceso legal, y no una persecución política; (ii) Que se cumpla con el principio de la doble incriminación, que significa que el delito por el que se persigue al extraditable lo sea en el papis requirente y también en el país requerido; y, (iii) Que la orden de entrega y procesamiento del país requirente sea hecha por la autoridad judicial competente conforme a su derecho, que el delito no esté prescrito conforme a las leyes del país requirente y que se le garantice al extraditado derecho de defensa razonable.

Si alguna de estas reglas no se cumple, al criterio y discrecionalidad de la corte de justicia del país requerido, entonces la extradición podrá ser negada.  Así de simple.

Como quiera que la extradición involucra a las relaciones internacionales de los países involucrados -requerido y requirente- también se debe tomarse en cuenta que la extradición es un proceso mixto: mitad jurisdiccional y mitad político.  Si hay tratado, la decisión judicial del país requerido deberá seguir las reglas previstas del tratado, pero si no lo hubiera, hay países en que la decisión final la toma el Poder Ejecutivo y no la Corte de Justicia.  Por ejemplo, si el Perú fuera el país requerido, la decisión final de la extradición es de la Corte Suprema de Justicia de la República en caso de ser negada la extracción.  Pero si la Corte Suprema la extradición, la decisión final es del Presidente de la república con la aprobación con Consejo de Ministros mediante una Resolución Suprema.

Lo que hay que tener en cuenta en el caso del proceso de extradición de ATM es que el Perú deberá sujetarse a lo que dice el tratado vigente entre el Perú y los EEUU.  En segundo lugar, también debe tomarse en cuenta que frente al mismo el Perú será, al lado del Fiscal del caso ante una Corte Federal de los EEUU un litigante más, sin ningún privilegio procesal, en un sistema adversarial que es muy diferente al que conocemos en nuestra realidad judicial.  Por eso deberá contar en los EEUU con una muy buena defensa que le garantice ganar el caso para no sufrir el deshonor de una contundente derrota.  No bastará pedirla y acreditarla, habrá que pelearla y ganarla en una Corte Federal de Justicia norteamericana con argumentos contundentes y pruebas válidas según el sistema procesal norteamericano.

La extracción del extraditable ATM está aún por definirse.  El final habrá que ganarlo a pulso.  No será automática, ni fácil, ni simple.

El escándalo en que se halla inmersa gran parte de la clase política y empresarial peruana, cuyos alcances y fondos está aún por conocerse, ya se ha traído abajo a otro expresidente de la República.  La extradición de Alejando Toledo (ATM) es inexorable y, aunque el proceso no tiene la inmediatez que muchos quisieran –como ocurre  -por su propia naturaleza- con casi todos los procesos judiciales aquí y en todas partes- más temprano que tarde llegará a su agónico fin y veremos, en vivo y en directo, a un más desencajado y asustado expresidente de la Nación bajando esposado de un avión severamente flanqueado por policías de requisitorias para hacer su paseíllo entre la carceleta de la PNP, la carcetela de la Fiscalía de la Nación (FN), la carceleta del Poder Judicial (PJ) hasta llegar a las manos del INPE y ser depositado, por 18 meses cuando menos, bajo prisión preventiva para afrontar las investigaciones fiscales y judiciales que le ha sido abiertas.

Es curioso constatar que para la campaña del 2001, luego del Gobierno de Transición luego de la caída de Alberto Fujimori (AFF), el principal leitmotiv de ATM fue precisamente la lucha frontal contra la corrupción, el posicionarse en las antípodas del defenestrado AFF y todo el halo de corrupción con que concluyó su frustrado intento de un tercer periodo constitucional.

Uno podría decir, entonces, que las características de ATM y AFF eran harto diferentes.  Sin embargo, pasados tres lustres de aquello venimos a constatar que eran –son- más bien personalidades bastante afines.  En un caso el eslogan “honradez, tecnología y trabajo” no fue más que un lema político, pero vació de contenido, por lo menos en gran parte de su acepción. En el otro caso, la expresión “voy a luchar contyra la corrupción” no fue más que una coartada para enmascarar una conducta abiuertamente opuesta al signifcado de ese lema.

En un caso concurrienron tecnócratas, interesasdos y ayayeros que se compraron el pleito y que –aún hasta hoy- rinden pleitesía política a su legado.  En el optro, prontamente se vió literaklmenmte asaltado por conspicuos “técnicos” e “independientes” que hoy le hacen ascos a su gobierno, lo desconocen o con el mayor cuajo escriben contra ATM sin reconocer que trabajaoron con él, para él y que muchos de ellos juraron, de rodillas y contritos, diversos cargos y fajines, algunos de l cuales dupletearon entre el Ministerio de Justicia y la Cancillería, todo para cumplir lo que papá quería.

Procuradores ad hoc, bien rentados y nombrados a por el dedo sano y sagrado, los mismos que hoy desfilan pidiendo su cabeza y solazándose con su caso, ministros y funcionarios rodearon a los unos y los otros, incluyendo en ello a quien descaradamente ayudó a “destrabar” en la Contraloría General de la República una de las pobras objetadas, que se caracterizó por tener en ascuas al sano y sagrado con llegar hasta la vacancia presidencial por su dipsomanía, y demás layas, además por su notoria mitomanía incluyendo en ello el caso de Zaraí.  Tanto insistió que fue le dieron la cartera de justicia, sin ser jurista, y logó hacerse canciller por tan solo 2 días (algo que Torre Tagle le agradece a Carlos Ferrero).

En el otro caso, era evidente que desde el SIN lo tenían cooptado, condicionando muchas de las decisiones de Estado, desde el nombramiento a ministros y altos funcionarios, hasta temas de política exterior, comercio, economía, FFAA, FFPP, diplomacia, etc.

Esas vidas hoy son paralelas.  Tanto que lo más probable es que cuando ineluctablemente se produzca la extradición y entrega bajo custodia policial de ATM, el INPE tenga que habilitarle una reclusión especial –dada su investidura de expresidente de la República- nada menos que en la DIROES, al lado del otro connotado inquilino de esta prisión especial, nada menos que quien otrora fuera su opositor y la razón política de su triunfo en el 2001.

Entretanto qué hacemos con tanto fariseo moralizador y con tanto hipócrita que antes medró y se benefició del gobierno de ATM, y hoy calla a mil voces o, lo que es peor, se muestra con total impudicia como su verdugo o informal acusador en cuanto programa de radio o TV puede hacerlo.   Nada.  Ese es el Perú.  No hay nada más delicioso que las mieles del poder, la adulación (como país virreinal que somos por historia) al poderoso y ser parte de la cohorte del verdadero poder.  Quizás esa delicia solo sea comparable con el disfrute y solazo de muchos otros de hoy al ver en el suelo a quien antes adulaban o temían, a quien antes envidiaban o seguían; ver insultado y denostado a quien antes veneraban o respetaban.  El refrán “del árbol caído todos quieren hacer leña…” no existe por gusto, el ingenio popular lo ha rescatado del fondo del insondable alma humana.  De eso veremos mucho este año, que ya se despliega con todo su furor estival.

En medio de la expectativa, incertidumbre y escándalo que se ha generado con toda justicia y previsibilidad alrededor de graves casos de corrupción institucionalizada, alguno de ellos verdaderamente emblemáticos, se viene dando una sorda –y a veces estridente- pugna entre el Congreso, y su comisión investigadora y el Ministerio Público (MP), al punto que se ha deslizado la posibilidad –y amenaza-  de que los diferentes fiscales asignados a estos casos, empezando por el mismísimo Fiscal de la Nación, sean obligados a comparecer en el Congreso, bien sea de grado (con su aceptación) o de fuerza (siendo detenidos por la PNP y llevados debidamente esposados por la fuerza). Ni más ni menos.

El problema fundamental, haciendo abstracción de los intereses subalternos que pudieren existir para frustrar o entorpecer las investigaciones fiscales en la medida de los imprevisibles alcances políticos con el resultado de las pesquisas del Ministerio Público y del Poder Judicial, parece que en este caso el Congreso carece de toda razón constitucional y, antes bien, bajo el pretexto de investigar y tomar conocimiento de hechos de público interés para ejercer su labor de fiscalización, lo que está haciendo es interferir de manera grosera, bien sea por mal asesoramiento, bien sea por interés político o simplemente por ese afán de figuretismo que asola a nuestra actual clase política como un cáncer sin remedio.

La Constitución establece de manera absoluta la separación de poderes y la configuración de las potestades de los organismos constitucionales que ella misma ha diseñado. Así, al lado del Legislativo, del Ejecutivo y del Poder Judicial (PJ), la Constitución le reconoce plena autonomía funcional, administrativa e institucional a instituciones fundamentales para la nación como el caso del Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva, el Consejo de la Magistratura y, por supuesto, al MP.

El MP ha sido definido por la Constitución como un órgano autónomo presidido por el Fiscal de la Nación (FN) que tiene rango de Fiscal Supremo. Le corresponde llevar a cabo las investigaciones, tener a sus órdenes a la PNP, ejercer la titularidad de la acción penal, ser defensor de la legalidad y la representación de la sociedad en el proceso y llevar la carga de la prueba. Su Ley Orgánica –aprobada por el Congreso- es aún más enfática: “El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación”.

Resulta claro que una Comisión Investigadora del Congreso, que atiende denuncias ciudadanas o de los propios congresistas y asuntos de interés general debiera ser antecedente a las investigaciones del MP o a la judicialización del caso en el PJ, y nunca paralelo, concomitante o pretender superponerse a los organismos del Estado que son los únicos que tienen la legitimación del Estado de Derecho para poder acusar legítimamente y sancionar válidamente con autoridad de cosa juzgada: el MP y el PJ. Por lo tanto, el límite material de la competencia funcional de una Comisión Investigadora, cuyos integrantes gozan metiéndose en los vericuetos de cada investigación, y gozan más aun desfilando por la prensa dando cuenta de esas investigaciones o hallazgos, debiera ser el inicio de una investigación fiscal en forma, bien sea indagatoria o preparatoria, ya que ambas se hacen con el debido control judicial, por lo que dan lugar al antecedente de un proceso judicial que goza de autonomía, independencia y bajo la competencia de la autoridad fiscal o judicial que se trate, sin que ello sea permanente rebotado o tenga indebido eco en una comisión congresal. Con ello se altera el Estado de Derecho, el diseño constitucional y terminan obstruyendo, imposibilitando o alterando el resultado de una investigación del MP y su subsecuente proceso ante el PJ.

Por eso bien ha hecho el FN al anunciar al Congreso –incluso por escrito- que está constitucionalmente impedido de asistir para no violar la reserva de las investigaciones, el secreto profesional que les asiste en sus funciones y por la jerarquía que existe en el MP, que es paralela a la del PJ. Y muy bien ha hecho desautorizando que los fiscales de menor jerarquía, que tienen competencia en estos mega casos deban comparecer, haciendo cerrado espíritu de cuerpo alrededor de ellos.

Finalmente, la orden de grado o fuerza no podrá ser aplicada al FN ya que goza de inviolabilidad personal y el beneficio del antejuicio constitucional ante el mismísimo Congreso de la República. Pero nos resistimos a creer que los fiscales de inferior jerarquía, desprotegidos de esta prerrogativa, puedan ser llevados enmarrocados ante el Congreso, detenidos por la PNP que debe estar a sus órdenes, por el simple hecho de defender su autonomía funcional, su prolijo trabajo, sus investigaciones, la necesaria reserva de las mismas y la legitimidad de su resultado. Es una escena que jamás debiera verse en un Estado de Derecho y en una democracia constitucional que pretende ser funcional.

Ilustración de Revista VELAVERDE N° 195 Año 5, Lunes 6 de febrero de 2017

Lo ocurrido en el peaje del río Chillón y el levantamiento de las comunidades aledañas (ciertamente, gente de bajos recursos) es una radiografía de cómo están las entrañas de nuestra sociedad. Supuestamente, somos un país con un gran desarrollo económico en la región, tenemos alejado el fantasma de la inflación y postulamos a la platea hacia el primer mundo ante la OCDE. Y, sin embargo, el Estado es incapaz de poder proveernos de lo básico: seguridad, salud, infraestructura, educación y mejores condiciones de vida.

No existe seguridad en las calles, no se ven policías y —a menos que uno sea funcionario público privilegiado— de cuando en cuando aparece un desmayado patrullero normalmente sin gasolina ni ganas de hacer nada. Para ello se ha desarrollado el esquema por el cual la propia ciudadanía debe proveerse su propia seguridad (una forma de justicia autotutelar) por medio del llamado “serenazgo”, que no es otra cosa que una policía mocha autogestionada a nivel municipal que en el fondo es poco eficaz (carece de armas) y tiene un efecto más disuasivo que real. La gracia está en que, además de los impuestos, la propia ciudadanía debe pagar ese servicio “extra” de seguridad por medio de tasas que se cobra al mismo tiempo que los impuestos municipales. Es decir, cada ciudadano paga doble: los impuestos a un Estado ineficiente que no le protege y una tasa por el servicio municipal de seguridad conocido como “serenazgo”.

Es este mismo esquema —que revela una profunda desestructuración social— el que sirve de base al peaje del río Chillón (y a los de la mayoría, como es otro abusivo -en barrio más pudiente- de Separadora Industrial), ya que la exacción a los usuarios de una carretera nacional —como la Panamericana Norte— de pronto se ven asaltados por el propio Estado que, representado por una concesionaria privada, decide de la noche a la mañana cobrarle más de tres dólares por salir y entrar a su barrio o a su vivienda, encareciendo abruptamente su ya agravado costo de vida. Y con la plata de los ciudadanos es que la empresa privada (que invierte poco y recupera mucho)l eximiendo al Estado del gasto, va a hacer las mejoras en las pistas, la extensión de estas o la construcción de nuevas, como la ansiada autopista al centro del país, ya que Lima, la capital del Perú, solo tiene una magra y roñosa autopista de 10 km. hacia el este. Es decir, lo que no quiere gastar el Estado, y que tampoco invierte la empresa privada, es puesto sobre las espaladas de los pobladores. El problema —a diferencia de Separadora Industrial o de Bujama— es que esta vez hicieron tan mal sus cálculos que chocaron con el pueblo. Y el pueblo se levantó, protestó y reclamó hasta conseguir que la concesionaria y el Estado dieran marcha atrás. Esa es la fuerza que falta a los de Surco y La Molina para lograr lo propio.

Y así como ocurre en la seguridad o en la infraestructura vial, pasa lo mismo con todos los órdenes de la sociedad. Con la salud, la educación, el tránsito, etc. Si no se aborda esto de manera directa, por más que exista la iniciativa privada, el Estado será reemplazado por la exacción a sus ciudadanos con iniciativas privadas que se disfrazan de inversión, pero que no es otra cosa que un carrusel para hacer que el sufrido ciudadano termine pagando el doble y asumiendo el costo que le corresponde al Estado, dejando de paso pingües ganancias para las empresas que digitan estas iniciativas que, claramente, son un directo latrocinio. Una cosa es investir y hacer y presentar una autopista decente, con cuatro carriles por lado que nos lleve a la modernidad en cuanto a vías de acceso a la capital se refiere, que verdaderamente funcione, nueva, con vías alternas como la ley lo ordenada y que, luego de eso, con el peaje, se “recupere” la inversión con un razonable margen de ganancia, y otra muy diferente es que todo el pago sea cargado en las espaldas del pueblo bajo la edulcorada etiqueta de un “peaje”, cuando no pasa de ser un descarado robo por un servicio que no se brinda, ni se da, ni se ha hecho aún.

Por eso, esta descarada situación ya no podrá proliferar. A la gente no se le puede engañar todo el tiempo, sobre todo cuando se le toca el ya magro bolsillo. Es un esquema que no se sostiene y que no va a funcionar mientras no se haga como corresponde. El Estado, sus autoridades y la empresa privada ya deberían haber aprendido de los varios ejemplos de hartazgo y violencia que este proceder ha generado. Era más que obvio que esto podía pasar, tan obvio que el propio contrato lo preveía, cargándole las tintas —y el costo— a la Municipalidad de Lima. Sin duda, fue una “brillante” negociación que solo terminó afectando a quien se dice proteger y de quien se dice provenir: el pueblo.

Nuestra sociedad es ciertamente contradictoria. Nos quejamos de que las cárceles estén hacinadas, de que el Estado carezca de presupuesto para alimentar a todos los presos, nos llenamos de estudios para despenalizar el derecho, descriminalizar la sociedad y tratar de aminorar la población carcelaria para la que no tenemos plata ni lugar, pero al mismo tiempo asistimos a diario al circo de las detenciones, la parafernalia de las esposas y a la degradación de ver como a los ciudadanos son llevados, entre dos gorilas, engrilletados, con las cámaras y micros en la cara, casi sin poder caminar ni respirar. Le exigimos a la justicia y a la policía más y más detenciones, y nos atiborramos de noticieros matutinos con los detenidos del día como menú esencial para despertarnos.

A ello se le suma una sorda pugna entre procuradores y fiscales.  Siendo los primeros solo abogados del Estado, han adquirido por medio de la presión mediática un inusitado poder, contendiendo con los segundos en protagonismo e importancia; cuando son los segundos las únicas autoridades para el proceso penal que tendrán que protagonizar ante el juez de la causa.  Conforme a la Constitución, el fiscal es el titular de la acción penal, el dueño de la pelota, y las partes de un proceso -en teóricas condiciones de igualdad- son los acusados y los procuradores que representan al afectado, pero que no tienen bajo su cargo ni la punición ni la persecución del delito.

Es impresionante ver como procuradores que han sido designados, sin excepción, a dedo, se solacen exigiendo meritocracia y concursos para las otras plazas del Estado. Ver como ex procuradores, que fueron incluso designados por el mismo AFF en las postrimerías de su régimen, ahora son presuntos adalides de la lucha contra la corrupción.  Y más impresionante es ver como dos famosos procuradores, absolutamente figurettis y protagónicos, se jalan de las mechas ante cámaras chocándola para la salida y diciéndose mutuamente: yo soy más procurador(a) que tú!!!!

Tampoco deja de llamar la atención cómo un exfiscal superior, desaprobado por el Consejo Nacional de la Magistratura en el examen de conocimientos para su ascenso, siempre se presenta, sin empacho, como “fiscal supremo”, cargo y título que la nación nunca le confirió, que nunca ganó, ya que fue tan solo un fiscal superior suplente de fiscal supremo. Pero hay que verlo como se despacha, inclusive con deslealtad con los que fueron sus superiores, alegándose él ya no ya de la lucha anticorrupción. Piña PPK, te lo perdiste como ministro de justicia o “zar anticorrupción”.

De acuerdo con la legislación constitucional y legal, la regla general es asistir a un proceso judicial en libertad y, excepcionalmente, hacerlo desde una detención. ¿Por qué?  Porque constituye una garantía de la administración de justicia y un derecho fundamental el que toda persona, sin excepción, sea considerada inocente hasta que por sentencia final no sea condenado en debida forma como culpable. Y eso solo pude ocurrir, por lógica consecuencia, al final de un proceso y nunca al principio. Para romper la regla general, la ley establece requisitos taxativos que se deben de presentar para que la excepcionalidad funcione: que el delito imputado sea muy grave con un pronóstico de pena superior a los 4 años; que hayan antecedentes y reincidencia; que haya pronóstico de fuga o que haya evidencia cierta de que el procesado, desde su libertad, va a afectar a material probatorio obstruyendo a la justicia.

Hemos visto el caso de Burga, procesado por pedido de extradicción desde los EEUU, o el caso de Boza, detenido malamente hasta que fue liberado por el juzgado, ya que se demostró que afrontaría lealmente su proceso sin evadir a la justicia. Pero he aquí que fiscales y procuradores pugnan por lograr la detención de todas las personas para que sus jefes y la prensa les pongan una estrellita en la frente y demuestren ante los demás que son los más machos del barrio, los ya no ya…

Siempre se recuerda que a la caída del régimen fujimorista, los entonces procuradores ad-hoc, designados y contratados a dedo por el mismo AFF, presentaban grandes estadísticas de procesados en cárcel, como si fuera eso un gran mérito, cómo lograron que los jueces metieran a la cárcel a diversos ciudadanos por hechos que no eran delitos afectándose el principio de legalidad, o como forzaron interpretaciones analógicas para aplicar a particulares legislación prevista expresamente para funcionarios públicos, falsificando diversas teorías penales.

Hoy bajo esas mismas teorías se pretende engañar y forzar a que las personas jurídicas sean también responsables penalmente, cuando son entidades morales, ficciones jurídicas creadas por el derecho para facilitar el comercio y la libertad de asociación, ya que una persona jurídica sería ilegal si fuera creada para cometer delitos; ni existirían. Y sus directivos desvían su finalidad y, por su intermedio, cometen delitos, la persona jurídica sería la primera víctima, y no la victimaria, y sus directivos habrían actuado fuera de su mandato y fuera de sus estatutos, con lo cual la responsabilidad del sujeto individual que desvió deslealmente el ejercicio de su cargo, y no de esa entelequia que llamamos persona jurídica.

Esto, que es el ABC en el derecho societario o en el derecho civil, cuesta mucho de entender a algunos penalistas que importan tesis para poder extraer conclusiones francamente desopilantes solo para dar contento a la presión mediática del momento y para conculcar los principios esenciales del derecho punitivo y la legitimidad del Estado para perseguir a los verdaderos delincuentes por delitos comprobados conforme a ley, y no por la afiebrada mente del procurador o fiscal de turno pretendido ser “políticamente correctos”.

Cuentan testigos directos de la época que al presidente “Sano y Sagrado” su entorno lo tuvo jaqueado por buen tiempo con el fantasma de la vacancia presidencial. La suma de una serie de errores políticos, su inveterada tardanza, la leyenda urbana del Melody, una posible dipsomanía y otras layas, el tema “Zaraí” y la influencia de una esposa poco carismática, conspiraban -al lado con la permanente baja en las encuestas y su debilitada credibilidad- para que desde dentro de sus propias huestes le alimentaran permanentemente con tan horrísona admonición. Total, jurisprudencia había, desde que un envalentonado Congreso echó mano a la Constitución para decretar –entonces por mayoría simple- la vacancia presidencial de AFF luego de haber pretendido renunciar por fax desde el extranjero. Es decir, la puerta existe y se podría volver a abrir.

Con esa fortaleza, uno de los más entusiastas impulsores de esta ánima, se hizo del Ministerio de Justicia –pese a no ser jurista- desde donde hizo y deshizo en materia de detenciones, procuradores ad hoc e interesadas persecuciones judiciales. Su ocaso, como “Pipino el Breve”, vino cuando logró hacerse nada menos que de la Cancillería por escasos dos días y, ante la férrea oposición de Carlos Ferrero, forzó al presidente a doblar la mano echando marcha atrás luego haber provocado la más grave crisis política de esa presidencia. Luego de aquello el personaje perdió fuerza e influencia, pasando al ostracismo político.

Ahora nuevamente se ha desempolvado el libreto de la vacancia presidencial a raíz de la censura del exministro Saavedra, luego de su interpelación, el desbande de la raleada bancada del oficialismo y la fortaleza de del panzer de la aplastante bancada de oposición que se ha hecho sentir como pisada de elefante en una cristalería.

En efecto, conforme al Art. 113° de la Constitución, la presidencia de la República vaca (es decir, concluye, termina o cesa dejando vacío el cargo) por permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. Históricamente ha sido la causal más invocada por la oposición frente a un presidente en funciones, precisamente porque es una declaración política y subjetiva que no requiere de prueba alguna, excepto la decisión conjurada por la sumatoria de los votos suficientes. En el caso de nuestra Constitución, complementada por una sentencia del Tribunal Constitucional (post AFF), con no menos de dos tercios de los votos del Congreso (87), los  mismos requeridos para el Defensor del Pueblo o los Magistrados del Tribunal Constitucional. A la aplastante mayoría de la oposición le faltarían 15 votitos. No parece una gran diferencia.

No han faltado los áulicos y áulicas que, frente al choque de trenes del Congreso y con el Ejecutivo por el ex Ministro Saavedra, su defenestración y el impasse surgido, han sugerido en todos los tonos que el Ejecutivo plantee una “cuestión de confianza” a fin de forzar al Congreso a licenciar al premier -y a todos los ministros-, de manera que si eso se repetía, PPK les daba el vuelto despachando a su casa al Congreso entero. El problema es que todo ello puede sonar muy bonito en el papel de quienes con gran infantilismo se plantean el tema político como un tablero de ajedrez, a despecho de la realidad, pretendiendo sumir al país en una espiral cuyo resultado final nadie puede asegurar, pudiendo fácilmente terminar entregando en bandeja el gobierno a grupos radicales de izquierda o algún outsider que terminara ganando las preces del electorado cansado de una política tradicional representada por estos dos ¿partidos? políticos: PPKausas y Fujimorismo.

Y es que el afán de figuración y la enfermiza necesidad de estar presente en todo y ante todos hace que algunas personas razonen ad nauseam y sean capaces de sostener cualquier pachotada con visos de ilación o de cierto conocimiento: como si se tratase de perseguir -código civil en mano- a guachimanes de una playa privada por no dejar entrar sin uniforme a las empleadas del hogar. ¡Plop!

Es verdad que el juicio político que precede a la declaración de vacancia presidencial es sumarísimo y que no requiere de prueba alguna, tan solo la sumatoria de 87 votos conformes. Punto.  Pero también es verdad que a eso se llega luego de un proceso de franco deterioro de la presidencia, de crisis de gobernabilidad y de procesos políticos internos severamente fracturados: Dilma en el Brasil o Lugo en Paraguay, por citar solo dos ejemplos cercanos. Pero, ¿Estamos acaso en ese nivel? Nuestra pobre representación congresal, que prefiere inaugurar restaurantes privados en vez de dar la pelea en el Congreso defendiendo a su ex ministro estrella, causándole dolor e indignación nada menos a su líder el Presidente de la República, ¿Está en ese nivel como para complotar contra la democracia acortando un mandato presidencial, dando un casi Golpe de Estado para perpetrar un “constitucionalicidio” que solo nos haría retroceder a 1992? Todo parece indicar que no.

Parece que no.  No se entiende, salvo la explicación de ese patológico afán de figuración  de quien siempre cree tener la razón en todo y ante todo, que siempre quiere hacerse presente, que un día asesora y el otro denuesta, de quien blande alegremente tan afiebradas tesis. Al final, como en la fábula de Pedro y el lobo  -como el caso del Canciller Pipino el Breve-, de tanto darle al tema, terminan perdiendo toda credibilidad recibiendo como cruel castigo el eterno anonimato. El problema se presentará cuando en verdad quieran decir algo bueno, nuevo o interesante: nadie les creerá y quedarán solo para la anécdota de salón o para la mofa eterna.

Artículo publicado en el diario El Comercio el 16 de diciembre de 2016

http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/tiempo-completo-anibal-quiroga-noticia-1953870?flsm=1

Ilustración: Victor Aguilar

Artículo publicado el 12 de diciembre de 2016 en Revista VELAVERDE

No se trata de la tragedia de Ricardo III, según la leyenda que Shakespeare recoge, sino la que inspira nuestra política de estos días de la confrontación entre el Gobierno, su minoría congresal y la oposición con su aplastante y abrumadora mayoría en el Congreso.  De uno u otro modo, esta confrontación se veía venir desde el desenlace de la segunda vuelta en que, literalmente, PPK le arrebató a KFH –legítimamente y por una nariz- el añorado triunfo.  Tanta ha sido su frustración que hasta hoy no parece haberse repuesto anímicamente del todo.

Luego vino la instalación del Gobierno, el nuevo Congreso y el voto de confianza ante la investidura del nuevo premier. Escarceos por aquí, por allá y por acullá. Finalmente la papeleta fue despachada y se pudo iniciar el cuarto gobierno constitucional consecutivo, algo inédito en nuestra vida republicana. El tercer acto estuvo conformado por las facultades delegadas.  Más idas y venidas y el tema logró ser salvado, con menos plazo, pero con las cuestiones importantes otorgadas.

Y ahora el primer encuentro frontal, un choque de trenes, de poder a poder. El Congreso se le prende al Ministro de Educación (que, oh! casualidad, es el único que huele a la era Humala) por dos temas accesorios, corriendo el firme riesgo de ser censurado, con lo cual su dimisión ineluctablemente deberá darse en 72 horas –quedando recusado para volver a ser ministro en ninguna otra cartera durante todo este periodo presidencial-; teniendo como telón de fondo el complejo proceso de la reforma educativa, sobre todo la universitaria, que tanta urticaria produce en uno y otro bando.

¿Cuáles son las principales razones para que a suerte de Saavedra luzca echada?  Varias y de diversa índole: primero, la composición del Congreso que no parece haber variado, cambiado o mejorado nada respecto de sus predecesores. El mismo congrezoo, con los mismos otorongos, Aldo Mariátegui dixit. Segundo, la minoría que el gobierno exhibe frente a la imponente mayoría de la oposición producto de un defectuoso sistema electoral nos hace regresar al dejá vú de los ’60. Tercero, la falta de una cabal comprensión por parte del Ejecutivo al haber renunciado a contar con un operador calificado en el Congreso que le sirva de bisagra con la mayoría congresal, como lo impone la realidad.

Además está de la fragilidad de su bancada, debilitada por su falta de unidad y cohesión, carece de un líder indiscutido. Es una “hidra” con muchas calabacitas.  Por el contrario, a despecho de la realidad, se lucen con puyas, dimes y diretes, buscando el chiche y la bolita, la frase más “inteligente”, la más hiriente, o la más ofensiva.  Y ahí está el resultado. ¡Toma Saavedra!  Sumado a ello está el hecho de que la bancada minoritaria solo mira hacia el Ejecutivo y a los cargos que puedan arrancarle a PPK.  Mechita aspira a emular a Vizcarra y se maneja en el Congreso con gran torpeza, pero alucina ser muy sagaz. Violeta está golpeado, camina rengo y con Vitocho respirándole en la nuca. Bruce carece de compromiso desde que tuvo la “solidaridad” y pertinencia de inaugurar su restaurante privado en la Costa Verde con la crema y nata del Ejecutivo en la vísperas del calvario de Saavedra. Y, de paso, con la gloriosa PNP de guachimanes privados. Sheput, prestadito nomás, juega al francotirador que no se moja por nadie, siempre cuidando las asentaderas. Costa mira de reojo a Basombrío pretendiendo ser su recambio. Los demás en proyectos personalísimos.

¿Cómo van a manejarse adecuadamente y salvar a Saavedra? Nada. Está condenado de antemano y sin atenuantes. Muy pronto veremos rodar su cabeza… Y es que conforme al Art. 132° de la Constitución el Congreso puede hacer efectiva la responsabilidad política del Gabinete, o de un ministro por separado, mediante la censura o el rechazo de la confianza (al gabinete en conjunto o a un ministro en singular, según se trate). La censura la plantea el Congreso y la confianza el Gabinete, o un ministro en singular.  Son las dos caras de una misma moneda. Es un craso error afirmar que la confianza solo la puede plantear el Gabinete.  Basta leer la Constitución.

Saavedra podría haber culminado su intervención en la interpelación pidiendo una cuestión de confianza, forzando al Congreso a votarla. Si se la negaban debía renunciar tan igual que si hubiera sido censurado.  Si la lograba, salía re-legitimado del hemiciclo.

También es verdad que el Gabinete podría cerrar filas con su ministro y pechar al Congreso exigiéndole que la confianza a Saavedra se traduzca en confianza a todo el Gabinete.  El problema es que si se le negaban se producía, como dice la Constitución, crisis total de gabinete, debiendo todo el Gabinete dimitir en 72 horas y el presidente nombrar a un nuevo premier, sin poder repetir con Zavala en el Gabinete, con todas las consecuencias que ello arrastra.  ¿Valía la pena?  No parece, porque habría ido todo el Gabinete al sacrificio y no solo Saavedra, con la crisis de gobernabilidad que eso traería.  Y si se produce una segunda negación de confianza al nuevo gabinete, el Presidente puede cerrar el Congreso, despachar a su casa a los actuales congresistas, y convocar nuevas elecciones en 4 meses para que un nuevo Congreso complete el mandato.

Las posibilidades de ello serían inimaginables. ¿Quiénes serían reelectos? ¿Quiénes repetirían? ¿Quiénes solo estarían un semestre en las mieles del poder?  ¿Cuánto les costaría volver a postular? ¿Mantendría FP sus 82 miembros? ¿Aumentarían los de PPK? O -como nadie sabe para quién trabaja- ¿Terminaría favoreciendo a Arana y a la Glave incrementando los congresistas de izquierda haciéndole el flaco favor a nuestra frágil democracia? Felizmente eso es sólo ciencia ficción. Nunca sucederá. Jamás el Congreso se haría el harakiri ni -como los lemmings- marcharía al suicidio colectivo. Eso se los puedo apostar. ¡Y les gano la apuesta!