Aníbal Quiroga León ([1])

La absurda e injusta muerte de George Floyd bajo -literalmente- el yugo de la policía de Minneapolis no es, lamentablemente, un hecho aislado, ni un dato histórico en la sociedad norteamericana; es, más bien, un hecho recurrente que, de tiempo en tiempo, cobra penosa actualidad ya que el tema racial dista mucho de haberse solucionado en su seno.

El choque cultural que produjo la colonización de Norteamérica por el hombre y la mujer fundamentalmente de raza blanca, y su interacción con el uso de los hombres y mujeres de raza negra en las faenas principalmente agrícolas por medio de la esclavitud, sobre todo en los estados del sur, abrió heridas profundas que aún supuran y que distan mucho de cerrarse con salud.

Por más que la Guerra Civil abolió la esclavitud, el rezago de la segregación racial estuvo muy presente hasta finales del siglo XIX en que una sentencia de la Suprema Corte Federal de los EEUU viniese a consagrar, con el caso Plessy vs. Ferguson (1896), a nivel jurídico la oficial y legal separación de los negros y los blancos a través de la eufemística doctrina “Iguales pero Separados”. Dijo, en sustancia, aquella sesuda sentencia, que si bien conforme al Art. 1° la Constitución de los EEUU se estatuye que todos los hombres (y mujeres) nacen libres e iguales ante la ley, no dice la Constitución que esa igualdad exija que deban andar juntos, afirmó sin rubor dicho fallo. Lo que es injusto es que los hombres y mujeres de color no tengan las mismas oportunidades y servicios que los hombres y mujeres blancas; pero, no hace a esa igualdad -ni la requiere, he ahí el detalle- que deban andar juntitos, mezclados. Así que mientras tengan acceso a los mismos bienes y servicios, y al mismo costo, aún separaditos, la cláusula constitucional habrá cumplido su cometido, sentenció con gran formalidad y sin que se les arrugue la toga, la Suprema Corte.

La evidente segregación racial dispuesta eufemísticamente en este fallo fue la base jurídica de todo lo que vivió los EEUU en los primeros 50 años del Siglo XX, y cuyos coletazos llegan hasta nuestros días, a pesar de haber tenido a un gran presidente de color en la Casa Blanca, a quien lamentablemente ha sucedido un partidario de la supremacía blanca. Fue recién en 1954, en el caso Brown vs. Board of Education of Topeka en que la Suprema Corte quebró el precedente “iguales pero separados”,  mediante un overruling,  señalando que dicho precedente era profundamente inconstitucional, que no se derivaba de una adecuada interpretación del Art. 1° de su Constitución y que con tal doctrina “las instalaciones educativas separadas son inherentemente desiguales”, principio que se aplicó a todo tipo de actividades: cine, teatro, baños, transporte, eventos deportivos, etc., empezando recién por desmontarse el andamiaje segregacionista, proceso que no ha culminado. No del todo y no mentalmente, lamentablemente.

Por eso es que resulta cotidiano que cuatro policías blancos apunten y reduzcan a un hombre negro desarmado, desoigan sus súplicas de claustrofobia y de no poder respirar cuando un fornido y bien papeado Derek Chauvin posa su humanidad a través de la rodilla en el cuello de un ya reducido y esposado Floyd por 8’46’’ -lo que debió parecerle una eternidad- hasta que la vida se le escapó por la comisura de los labios. Un homicidio preterintencional ocasionado por un agente de la ley. Nada más contradictorio al lema “servir y proteger”.

¿Somos racistas nosotros?  La respuesta es afirmativa, solo que más solapas. Nuestro proceso de mestizaje fue más profundo puesto que conquistadores españoles rápidamente se amancebaron con las nativas incas, dando lugar a un criollaje que sirvió de punto medio entre los nativos propiamente dichos y los blancos europeos. Por eso nuestra discriminación es más soterrada, y de ello da cuenta Ricardo Palma cuando expresa que, en el Perú, el que no tiene de Inga, tiene de Mandinga.

Hoy nuestra discriminación es básicamente educativa, de apellidos (si son compuestos o extranjeros, mejor) y económica. Eso va marcando las clases sociales que a nivel horizontal van juntas y se sienten iguales, siempre con ganas de ascender, de trepar al nivel de la gentita, de los chic, de los GCU. Y separa y segrega a los “de abajo” con los “de arriba”, a los “igualados”, a los “nadies”, a los “cónyugues”, a los “haigas”, a los “endenantes” y, si me apuran, hasta los “aperturar” y “articular”.

La unificación educativa, pública y privada, de nuestra realidad social y cultural y el podernos reconocer en una identidad nacional -más allá del fútbol- es nuestra tarea pendiente como Nación y lo que marcará la diferencia de nuestro futuro como sociedad ciertamente igualitaria y, por ende, verdaderamente democrática.

([1]) Jurista. Profesor Principal PUCP

Empatía y Solidaridad – Aníbal Quiroga LIMAYPE https://limay.pe/politica/empatia-y-solidaridad/

Aníbal Quiroga León ([1])

“A un hombre se le cayeron tres monedas, y otro las encontró. Ambos fueron ante el juez y los dos insistían en que no les correspondía quedarse con el dinero. El que dejó caer las monedas, explicó que no merecía recuperarlas porque la pérdida se debía a su propia negligencia. El que las encontró argumentó que no podía quedarse con ellas, porque no le no le pertenecían originalmente. Después de escuchar a las partes, el juez sacó otras tres monedas de su propio bolsillo y las agregó a las otras, luego dividió la seis entre los tres. Al final dijo: ‘el que dejó caer las monedas, y tenía tres al principio, ahora tiene dos; el que encontró las monedas, también tiene dos; yo tenía tres monedas en mi bolsillo, pero ahora tengo dos. Cada uno de nosotros perdió una moneda. Este es mi fallo’”. Decisión Judicial del periodo feudal Edo (1600.)

No cabe duda que la pandemia del COVID-19 ha golpeado mucho en todos los aspectos de nuestra vida, sin que nada ni nadie se haya salvado: la salud, la libertad de movimiento, la educación, la economía, el trabajo, los salarios, los ingresos, la seguridad, las FFAA y FFPP, la institucionalidad política, el pobre desempeño del Congreso, el poco eficiente desempeño del Ejecutivo sobre todo después de un buen inicio, etc.

La vida ha cambiado abruptamente y, se ha anunciado, cambiará para siempre, pues tendremos que ir “hacia una nueva convivencia social” como dramáticamente reza el decreto supremo que extiende la emergencia nacional hasta el 30 de junio.

Eso quiere decir que, en verdad, ante esta crisis sin precedentes en la historia nacional (y en la universal por su magnitud, extensión y costo económico, aunque no por costo en decesos), todos vamos a perder algo. Todos, sin excepción. Es, como aquel refrán urbano: “cuando llueve, todos se mojan”.  Pero he aquí que, en medio de esta pandemia, cuya solución no está ni a la vista, ni será en el corto plazo, algunos no solo no quieren perder nada, sino que quieren salir gananciosos, es decir, que la pandemia represente una oportunidad de negocio, de acumular dinero a costa del sufrimiento, de la enfermedad y del deceso de los demás. Por ejemplo, algunos bancos, pese al descarado apoyo del BCR, y al soporte que ha dado el MEF, están exprimiendo a sus clientes cerrando sus tarjetas bancarias, cancelando sus créditos, ajochándolos con llamadas de cobranza, como si nada hubiese pasado, como si los clientes no hubiesen estado confinados sin poder trabajar y sin recibir sus ingresos o, peor aún, habiendo perdido su trabajo e ingresos. Cero empatía, cero solidaridad, full rentabilidad. Con ellos no es ni la crisis de salubridad, ni la crisis económica, ni la plaga que a todos nos afecta; caminan campantes como si el mundo fuera perfecto cobrando sus réditos e intereses con una mano, y recibiendo ayudas estatales con la otra.

Mención honrosa para muchas clínicas privadas que han hecho su agosto cobrando por pruebas que el Estado ha realizado gratuitamente y, cuando han sido pilladas in fraganti, han enumerado un listado de “gastos” que pretenden justificar el cobro: mascarillas, guantes, mandiles, personal, traslado, movilidad, isopos y hasta el refrigerio. Cero empatía, cero solidaridad.

El premio mayor se lo llevan las farmacias pequeñas, las del barrio, que a nivel nacional han escondido medicamentos básicos para aumentar su precio, que distribuyen medicamentos bamba en base a azúcar impalpable y harina para lucrar, como los gallinazos, del dolor y del drama de los contagiados y de sus familiares. O de aquel médico de un hospital del Callao que hacía delivery, previo depósito en su cuentita bancaria, con un medicamento que hurtaba de su centro de trabajo engrosando indebidamente sus ingresos. Cero empatía, cero solidaridad.

El premio mayor lo tienen los carroñeros del oxígeno medicinal, que han quintuplicado su precio, o que han comercializado como medicinal el oxígeno industrial no apto para consumo humano, lucrando fuertemente con el dolor y con la vida y muerte de los necesitados con algo tan esencial como el poder respirar.  Cero empatía, cero solidaridad. Quizás por eso mismo resulta tan digna la actitud del Sr. Barsallo, del Callao, al mantener en S/.15.- por M3 la recarga. Lo que debería ser normal, se convierte en heroicidad. Mucha empatía y gran solidaridad con los que sufren.

Y, asimismo, un Sacerdote en Iquitos, y dos empresas mineras, han logrado montar y donar, respectivamente, plantas de oxígeno para aliviar a los contagiados, evitando una absurda muerte por falta de algo tan esencial como elemental que debió estar en el cálculo estatal. Un gremio de empresarios ha donado un número de respiradores artificiales para salvar vidas que no se deben perder, tomando el ejemplo de Guayaquil donde la iniciativa privada sacó a la ciudad del infierno de la pandemia. Verdadera empatía y solidaridad.

([1]) Jurista. Profesor Principal PUCP

Limay.pe – Un necesario recambio ministerial- Aníbal Quiroga https://limay.pe/politica/un-necesario-recambio-ministerial/

Aníbal Quiroga León ([1])

En su última “conferencia de prensa vertical y reglada”, el Presidente de la República  al responder el nuevo dardo envenenado de ATV de tener que referirse -malaya su suerte- al escándalo farandulero/político Swing, no cabe duda que pegó un capotazo y volteando la respuesta en 360° empezó por victimizarse por una foto antigua corrida en redes y, sin responder el eje central del tema, terminó hablando de la maratón de Gladys Tejeda, las medallas de oro de los Panamericanos y el orgullo nacional.  Sólo faltó, como en los estadios de Rusia 2018 cuando jugaba la selección peruana, ponerse de pie y entonar “Contigo Perú” al mejor estilo del Zambo Cavero.

Fue uno de los “bullets” que le habían preparado para la ocasión, para que la pregunta de marras -si nuevamente tocaba en suerte- no le pillara desprevenido como la primera vez, dejándolo sin aire, y sin una respuesta coherente. Los profesionales del marketing político hablan de los “bullets” como frases cortas que se repiten machaconamente para que queden en el imaginario popular. Los llamados “bullet points” son frases o ideas cortas que recogen las características principales de un producto político. Sus destinatarios (nosotros) debemos entender rápidamente lo que es o quiere el producto. El Presidente los usa permanentemente y, en algunos casos, le venden “bullets” copiados, como -por ejemplo- “el Perú primero”, tomada de la política norteamericana “America First”; o aquella expresión “Debo alejarme hoy, para poder abrazarte mañana” copiada  del Primer Ministro italiano. Otras son nativas: “nos apegamos estrictamente a la Constitución”; “en nuestro gobierno hay tolerancia cero a la corrupción”; “todos los funcionarios públicos que prestan servicio al Estado han sido convocados por estricta meritocracia”; o, “no me van a doblegar”; etc.  Finalmente, como bien aconsejaba un viejo político, se responde lo que se quiere, no lo que te preguntan.

Sin embargo, en medio de una pandemia que aún no hemos domeñado, con carencias esenciales en materia de salubridad (lo del oxígeno medicinal es  escandalosamente obsceno) o actitudes socio-económicas inadmisibles en las que brilla por su ausencia la mínima solidaridad (como el que las clínicas cobren por pruebas moleculares que no realizan, y que el Instituto Nacional de Salud hace gratuitamente, o que las empresas de telefonía amenacen, cuales “hombrecitos amarillos”, el cortar abruptamente los servicios de conectividad (datos e internet) con la complaciente anuencia del OSIPTEL, el regulador que no regula y que juega para las grandes empresas; la actividad política también enfrenta mínimos.  Por eso tanto populismo en el Congreso y por eso el espectáculo de la semana pasada: un Premier que se resistía a pedir un voto de confianza por temor a su negación, ante un Congreso que -nacido de la improvisación, la prisa y las encuestas, con el “síndrome de Estocolmo” a cuestas- se lo iba a conceder de todas maneras, también por temor.

Quizás por ello mismo sea el momento de plantearse en serio un recambio ministerial profundo.  El Poder Ejecutivo también requiere de una necesaria oxigenación, lo que no significa que todos los ministros deban o tengan que irse, pues los mejores y funcionales a la pandemia -que no son la mayoría, lastimosamente- podrían ser reconfirmados. Pero esencialmente la cabeza del Consejo de Ministros debería cambiar: el Premier.

Si, como ha dicho el Presidente de la República, se trata de meritocracia y de buscar a los mejores, hay varios peruanos y peruanas que con holgura podrían ocupar ese cargo y colaborar más eficientemente a sacarnos de la pandemia, liderar a los ministros, tener la vocería apropiada del Poder Ejecutivo, y ayudarnos a salir de la grave secuela de crisis económica, social, de seguridad y credibilidad que aún tendremos por delante.  Pero, claro, eso pasa porque el Presidente honre su promesa de buscar meritocracia para el aparato del Estado y no la anteponga a la mera lealtad e incondicionalidad que, al parecer, es la característica básica su relación con el actual Premier y la razón de su permanencia.

([1]) Jurista. Profesor Principal PUCP

También puede encontrar el siguiente artículo en: https://guik.pe/2020/06/03/osiptel-osique/

Aníbal Quiroga León ([1])

Una de las palabras claves en medio de la pandemia que nos aqueja ha sido la solidaridad. La de nuestros vecinos, la de nuestros compañeros de trabajo, la de nuestros familiares, la de nuestros conciudadanos, la de nuestros connacionales.

Estamos en el vórtice de la mayor crisis de salubridad jamás antes conocida, no solo en el Perú, sino en el mundo entero, con su secuela de destrucción y muerte, y cuyo final para nosotros está aún por escribirse.

Confinamiento social, encierro y toque de queda. Las personas hemos sido forzadas y obligadas a aislarnos. Las familias se han dividido, los hijos se han separado de sus padres, las madres no han podido abrazar a sus hijos y los nietos no pueden siquiera acercarse a los abuelos. Los amigos solo se ven y tocan por medio de una pantalla y se nos ha anunciado que estamos camino hacia una “nueva convivencia social” en una meseta a la que no terminamos por arribar.

La economía se ha afectado en grande, casi 16 puntos del PBI en un mes, comparable con la post Guerra del Pacífico ha dicho el Presidente, la gente ha perdido su trabajo, más de cien mil escolares de escuelas privadas se han cambiado a una pública, no hay ingresos y lo único perfecto en todo esto ha sido la suspensión laboral decretada por el Ministerio de Trabajo o la quiebra de muchas empresas. La gente no recibe sus pagos y se han comido sus pocos ahorros, los que tenían.

En medio de esta desgracia social y nacional, solo nos ha unido la conectivida; el teléfono, el video, la comunicación en tiempo real y la interacción con el mundo a través del internet. La educación virtual es el lema y el teletrabajo el método. Claro, todo eso requiere tener acceso a internet, a un sistema de datos, a una conexión por telefonía de celular.

Pero he aquí, que estando vigente aun el confinamiento social obligatorio hasta el 30 de junio, cuando recién algunas actividades económicas empiezan a intentar levantar cabeza, las empresas de telefonía se han alobado y, arropados por el OSIPTEL que es el organismo regulador que debería velar por los usuarios que son los que dan vida a las grandes empresas,  ha empezado a cortar los servicios de comunicación, a “degradar” los planes de sus clientes -restringiéndoles o quitándoles el acceso a datos- porque no se han puesto al día, porque en los días de encierro o confinamiento no han tenido la bondad de ponerse al día con sus pagos. ¡Habrase visto semejante desfachatez!

Y los genios del OSIPTEL han llegado a la conclusión de que quienes tienen un sistema de post pago, sí han tenido ingresos, a ellos sí les han pagado, y hacen el perromuerto, y por lo tanto deben pagar por sus servicios y si no lo hacen, bien merecido tienen el corte, y que los pobretones del prepago son los únicos que merecen alguna ayuda.  Y los que hacen el teletrabajo también tienen ingresos, sino porque hacen teletrabajo (sin importarles si cobran o no cobrar, si les pagan o no les pagan) y que también entran en la categoría de perromuerteros.  ¡Bien merecido el corte!

Entre eso y los actuales carroñeros de la venta especulativa de los balones del vital oxígeno medicinal que tanto escasea, no hay mucha diferencia conceptual.

Claro, los genios del OSIPTEL son burócratas que, confinados o no, igual reciben sus salarios y dietas en sus casas, vía trasferencia bancaria. No son los empresarios que lo han perdido casi todo por no poder vender y carecer de ingresos, no son los jóvenes profesionales que se han quedado sin trabajo. No son las empresas profesionales MYPES que a duras penas han sobrevivido del “teletrabajo” para sostenerse, cobrando a puchos, y que dependen del servicio de datos para poder levantar pico, y los que ahora tienen que apoquinar, sol sobre sol, las cuentas del telefonía e internet para no ver cortado o degradado el servicio so riesgo de quedarse en la nada.

El regulador, que no regula nada, que juega para las grandes empresas que en el pasado han ganado muchísimo con los servicios, y que durante la pandemia han tenido ingentes ventas, porque no han regalado sus servicios durante la emergencia, y que tendrán que establecer inteligentes programas de cobranza cuando se levante la pandemia y la economía mejore sustancialmente, y no antes, pues corren el riesgo de matar a la gallina y quedarse sin los huevos.  Si todos quiebran y nadie recupera su capacidad de pago, ellos tampoco cobrarán. LQQD.

Pues de eso parece tratar la solidaridad, ¿no?; sino, de qué….

([1]) Jurista. Profesor Principal PUCP

También puede encontrar el artículo en: https://limay.pe/politica/las-otras-victimas-de-la-pandemia/

Aníbal Quiroga León ([1])

Luego de haber avanzado hasta donde ha avanzado la virosis del COVID-19 -que no es poco-, se constata que hay muchas más víctimas que aquellas de las que usualmente dan cuenta las estadísticas. Es decir, no solo han sido gravemente afectados en su salud los contaminados, lo han sido también sus familiares que angustiosamente han sobrellevado al enfermo so riesgo de contagio, los familiares de los lamentablemente fallecidos -que tampoco son pocos- que ni siquiera han podido despedirse, velar o enterrar a sus seres queridos, condenados a morir por esa simbiosis de enfermedad letal e ineficiencia absoluta de los servicios de la salud pública.

Además de la ingente cantidad de policías contaminados, lo que se percibe con facilidad en las calles, los que no quieren trabajar y los que se han excusado por factores de riesgo, se ha afectado la escasa seguridad ciudadana que teníamos antes de la pandemia, ya que los delincuentes también han estado a regañadientes encerrados -y sin bono-, por lo que han empezado a delinquir con mucho más fuerza y fiereza.  Tienen que ponerse al día…

También se ha afectado la institucionalidad democrática, desde que la pandemia obliga al aislamiento social y a no salir de casa, y ello colisiona con la metodología natural del Congreso, por más empeño virtual que le quieran poner, lo que en los hechos hace que el Poder Ejecutivo prácticamente gobierne solo desde septiembre pasado y no tenga interés en asociarse con el Congreso.  Para el Presiente Vizcarra, y sus credenciales democráticas, esta situación -ya lo hemos sostenido- representa una “tormenta perfecta”, ya que le permite el control casi absoluto de las personas por medio de la FFAA y PNP, de la economía nacional casi sin contrapeso de poderes, ni a quién rendir cuentas.  Su figura en solitario, como si gobernase solo en el Perú, como si no tuviese contrapeso constitucional, es algo que él ha alentado con sus cansinos mensajes casi a diario en TV -con el consabido tutorial del lavado de manos- como consecuencia de la pandemia.  Al final, el viernes pasado, ni el mismo se entendió y lució desconcentrado y exhausto. Tuvo que disculparse por ello.

Si, como bien se señaló desde estas páginas, estamos en guerra contra el COVID-19 -desde el punto de vista conceptual, no en una reducción militarista- contra un enemigo rápido, letal y desconocido, otra gran víctima ha sido la verdad.  Fue el Senador estadounidense Hiram Johnson, en 1917, durante la Primera Guerra Mundial a quien se atribuyó la frase: “en una guerra, la primera víctima es la verdad”. Veinticinco años después, durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill lo parafraseó señalando “en tiempos de guerra la verdad es tan preciosa que debería ser protegida por un guardaespaldas de las mentiras”. Por eso la prensa independiente es tan importante y, por eso mismo, en plena pandemia la libertad de expresión es sagrada e irrevocable.

Por ello, otra víctima es el disidente, el crítico, que termina amenazado y señalado con dedo acusador del poder tan solo por no comulgar con las ideas, ni con las decisiones, de quienes transitoriamente tienen la batuta del Gobierno, como lo evidenció el Dr. Ernesto Bustamante (twitter del 23.05.20), reputado epidemiólogo y ex jefe del INS, con más pergaminos y experiencia que el actual Ministro de Salud, al que -para nuestro mal- el encargo parece haberle quedado sobradamente grande.

Las otras víctimas no reconocidas son los pobres y olvidados de siempre en una nación pretensiosa que quería ser moderna y desarrollada, sin haberse mirado el interior ni haber paliado las agudas necesidades básicas y esenciales: educación, alimentación, infraestructura vial, apoyo logístico del Estado (aviones, helicópteros, camiones) y, oh desgracia, la tan necesaria salud pública con atención hospitalaria eficiente, con infraestructura decente, con personal médico y auxiliar de primer nivel pero, por sobre todo, bien remunerado.

Sabiendo, como se sabe, que nos movemos en un calendario cíclico e  inexorable, que empieza con: las lluvias de verano e inundaciones -en el mejor de los casos, “Niños” en el peor-; terremotos que nos pueden asolar en cualquier momento y lugar; friajes invernales; accidentes de gran magnitud debido a nuestra escarpada geografía o enmarañada selva; y ahora, grandes pandemias virales desconocidas, incontenibles y mortales, que nos poden de vuelta y media forzándonos a tener que “inducir al coma a nuestra economía”, como lo ha afirmado la joven Ministra de Economía.

Si todo eso ya es sabido, y es de todos los años, ¿Por qué como Estado, como Gobierno, como sociedad civil y como clase política con poder y recursos no hemos sido capaces de prepararnos adecuadamente? ¿De quién es esa responsabilidad histórica por la que hoy estamos pagando tan caro en vidas perdidas, con grave costo social e hipotecando nuestro futuro desarrollo nacional?

([1]) Jurista. Profesor Principal PUCP

También puede encontrar el artículo en:

https://www.lampadia.com/analisis/politica/el-constitucionalismo-gourmet

Aníbal Quiroga León ([1])

El señor Presidente del Consejo de Ministros ha declarado que las discusiones, por el mismo causadas, acerca de si le corresponde comparecer ante el Congreso de la República -con su Gabinete- para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, solicitando el correspondiente voto de confianza de que trata el Art.130° de la Constitución que, por lo demás, nunca recibió; al mismo tiempo que  exponer los actos llevados a cabo por el Poder Ejecutivo durante el pasado interregno parlamentario causado por la disolución del Congreso, conforme reza el Art.135° de la misma, son “exquisiteces técnico-constitucionales”.

Es decir, para el Premier el cumplimiento de claros y expresos obligaciones y mandatos constitucionales, resultan una delicatesen constitucional a la que, en verdad, no merece la pena prestar atención ni gastar tiempo alguno.  Como si fueran adornos intelectualoides sólo para discusiones de café de nerds constitucionales que se muerden la cola y que desconocen en verdad cómo es que funciona la cosa política, lo que él y el Presidente de la República si conocen.

Las malvadas lenguas atribuyen este tipo de expresiones a la formación jurídica (o a su ausencia, en verdad) del Premier proveniente de una universidad que no ha logrado el licenciamiento de la SUNEDU, algo que paradójicamente el propio Gobierno alienta con gran firmeza.  En casa del herrero, el cuchillo es de palo.  Como cuando el Premier confundió en televisión el principio de la libertad -aplicable a las personas naturales- para definir la función pública, que más bien se rige por el principio de taxatividad, su antónimo. Se diría, benévolamente, que de lo que adolece más bien es una adecuada asesoría ya que de cuando en cuando algún consejero bien rentado le induce a ciertos desbarros jurídico-constitucionales de marca mayor.

Ahora resulta que dar cumplimiento a un deber constitucional sobre cuya base está estructuraba la columna vertebral de nuestra forma de gobierno, y que se ha dado ininterrumpidamente y sin discusión por más de veinte años en cuatro sucesiones presidenciales sucesivas termina siendo una “exquisitez técnico-constitucional”. Una alegoría de mal gusto para de eludir un deber constitucional.

En verdad no parece ser una deficiencia en el saber jurídico-constitucional.  Se trata de algo más complicado y más profundo.  Tanto el Premier, como el propio Presidente, comulgan en una idea de democracia y de Constitución bastante alejada de su significado esencial y bastante más cercana a un pensamiento autoritario, de manera que los deberes constitucionales terminan denostados por ser producto de “mentes exquisitas”.

Nuestra Constitución perfila una democracia de presidencialismo atenuado semiparlamentaria.  Es su ADN y eso determina su viabilidad y solidez.  Por eso se exige el voto de confianza cada vez que un Gabinete inicia su andadura, por eso existen las cuestiones de confianza ministeriales y del Premier, y las censuras ministeriales y del Premier.  Cuando recaen en éste, o son protagonizadas por éste y no logra la confianza, o es derribado por la censura, se produce la crisis total de Gabinete.  Así está escrito en blanco y negro en la Constitución que los altos dignatarios han jurado solemnemente cumplir.

Lo que ocurre es que el Gobierno ha caído presa de su propio laberinto.  El Presidente anunció en TV la disolución del Congreso por una supuesta “negativa fáctica de confianza” -que ni siquiera el Tribunal Constitucional tuvo el pudor de recoger-.  Eso lo hizo con un Premier renunciado y sin Gabinete. Es decir, sin refrendo ministerial.  Luego de anunciar públicamente la disolución, recién nombró a un nuevo Premier, y al día siguiente -con éste- conformó un nuevo Gabinete con el que convalidó la disolución y el que nunca pudo concurrir al Congreso a dar cuenta de su política general y solicitar la confianza porque en los hechos ya no había Congreso en pleno, tan solo su Comisión Permanente.  En consecuencia, ingresamos al interregno parlamentario sin haberse solicitado ni obtenido la requerida confianza prevista por el Art. 130° de la Constitución.

Conformado por la vía electoral el nuevo Congreso en enero último, corresponden las dos obligaciones, la del 130° -que nunca pudo cumplir- y la del 135° por el interregno parlamentario.  Esas normas deben leerse sistemáticamente bajo el principio de la unidad de la Constitución.  ¿Es muy difícil eso? ¿En verdad es una “exquisitez constitucional”?

Un verdadero demócrata jamás rehuiría semejante responsabilidad, máxime la hora actual en que se debate el país, salidos de una inédita disolución congresal e inmersos en una emergencia nacional de grandes proporciones.

Pero no, ahora el consejero con muy mala leche le ha hecho repetir al Premier que no le corresponde solicitar el voto de confianza del Art. 130° porque su designación, y la de su Gabinete, resultan “preexistentes” al actual Congreso recién elegido.  La preexistencia es un concepto extrapolado, normalmente, de derecho de seguros, del seguro médico en particular, para excluir de una póliza la cobertura a una enfermedad “preexistente” a la firma del contrato.  Es inédito ese concepto en el derecho constitucional o en la ciencia política.  Pero vamos, siempre se puede ser innovador sin llegar a ser “exquisito”.

([1]) Jurista. Profesor Principal PUCP

Lea también el articulo en:

https://gestion.pe/opinion/el-dulce-encanto-del-control-y-regulacion-de-precios-noticia/?ref=gesr

Aníbal Quiroga León ([1])

Hay políticas públicas que, pese a su rotundo fracaso en el pasado aquí, y en el mundo contemporáneo, la sociedad política pretende regurgitar, sobre todo frente a una emergencia nacional, aflorando populismos que tratan de coincidir con las grandes mayorías necesitadas y con los justos reclamos de las principales víctimas.

La pandemia del COVID-19 que nos abate tiene muchas aristas, ya que esta enfermedad aún es de etiología, tratamiento y cura desconocidos, con una velocidad de contagio y mortandad que nos aterra y, ciertamente, a nuestras autoridades ya lucen cansadas y confusas en la estrategia para hacerle frente con real eficiencia. No por nada tenemos el nivel de contagios y letalidad que tenemos, siendo hoy día Sudamérica la región más golpeada del planeta.

En estas penosas circunstancias, habiendo constatado la ineficiente infraestructura hospitalaria de la sanidad pública para hacerle frente a la pandemia con decoro, con la inmolación del personal médico y asistencial contagiado al tratar de salvar a sus conciudadanos con los escasos recursos que el Estado provee, aún en la emergencia, constatamos que nadie, en el mundo, tiene el tratamiento ni la cura eficaz para atender a los infectados, ya que ni siquiera sabemos bien cómo ataca este virus.  Porqué algunos son asintomáticos, porqué la comorbilidad acrecienta la crisis, porqué la tercera edad es más vulnerable y sin embargo hay niños y jóvenes infectados y fallecidos. En fin.

Tampoco nadie sabe, urbi et orbi, cuál es el tratamiento eficaz.  Sorprendidos mundialmente por este violento ataque, la medicina ha respondido con lo que ha tenido y ha experimentado con algunos fármacos, o la mezcla de ellos, en el entendido de que podrían ser más o menos eficaces, sin ninguna certeza hasta hoy.  Eso ha hecho que la gente se vuelque sobre las farmacias en su desesperada búsqueda, sobre todo en su versión genérica que de por sí es más barata. Pero así como inicialmente la sobredemanda de mascarillas e implementos de bioseguridad hicieron que desaparecieran del mercado internacional, y las camas UCI, y los respiradores artificiales aún con plata en la mano, así mismo esa sobredemanda de genéricos supuestamente eficaces para el tratamiento del COVID-19 han escaseado -cuando no desaparecido- del mercado.  Entonces, la respuesta es unánime: las grandes farmacias con posición de dominio las han escondido para ganar más dinero, poniendo a la venta aquellos que son de marca, que no son genéricos, por ser más caros y redituar más ganancias.

Prontamente no pocos políticos y autoridades han planteado la necesidad de regular y controlar el precio de las medicinas genéricas, desempolvando leyes de represión carcelaria al acaparamiento y especulación, con la finalidad de regular el mercado con el miedo, y así obligar a que todas las farmacias a vender al precio original, desconociéndose las reglas esenciales del mercado, sobre todo del farmacéutico, donde hay genéricos sin comprobación de bioequivalencia, con comprobación de bioequivalencia, genéricos de marca (producidos por la misma marca original, pero a menor costo) y medicamentos originales.  En toda esa gama de calidades habrá, obviamente, una gama de precios, desde los muy baratos (aquellos que teniendo la misma fórmula química carecen de comprobación científica al no haber pasado por la prueba y certificación de la bioequivalencia -que tienen un costo- y que por eso pueden ser tan baratas, pero que nadie ha comprobado su efectividad en) hasta las más caras de marca pasando por estadios intermedios de calidad.  Es decir, desde una Mototaxi hasta un Mercedes Benz.

Pero las autoridades parecen desconocer ABC del componente del precio: el costo. Bien es verdad que ante una sobredemanda el precio tenderá a subir (es regla básica de la economía) pero para eso hay que asegurar (desde el Estado) que en una emergencia no habrá escasez de medicamentos.  Si no hay escasez, la sobredemanda será atendida y no se producirá el aumento de precio.

Pero eso no se logrará con un forzamiento a que algo se venda a un precio oficial, irreal, ya que eso producirá ineluctablemente tres efectos: a) escasez, porque no garantiza atender la demanda, sino precio barato y el stock desaparecerá prontamente del mercado; b) enriquecimiento de unos cuantos, los de siempre, en el nunca bien ponderado “mercado negro”; y, 3) un efecto paradojal, ya que la regulación estatal de precios estrechará la oferta desequilibrando el mercado y desatendiendo a la mayoría. Los supuestos beneficiarios con esta política serán los verdaderamente perjudicados.  ¿Los gananciosos? Los agentes del mercado negro, los amigotes y familiares de los pocos que tengan acceso al poco stock, que se lo repartirán entre sí.

Así como no se puede regular el beneficio económico por ley, tampoco por ley se puede asegurar que la ecuación “costo+margen de ganancia+impuestos=precio” pueda ser condicionada con eficacia manipulándose desde arriba, normativamente, su resultado: el precio.  Es como querer implantar el Ministerio del Desarrollo Verdaderamente Eficiente y Rentable, con una Sub-Dirección General de la Felicidad Perpetua, algo solo imaginable en la Venezuela de hoy.

([1]) Jurista. Profesor Principal PUCP

Aníbal Quiroga León ([1])

Para a mis alumnos de la U. de Lima y de la UPC del curso Derecho Procesal Constitucional, en época de pandemia…

La pandemia del Covid-19 que nos aqueja trae muchas aristas para nuestra sociedad, instituciones públicas, economía y vida diaria, ya que la enfermedad aún es de origen, tratamiento y cura desconocidos, pero de una velocidad de contagio masivo y letalidad de pavor. Uno de esos tantos aspectos severamente afectados, ya que se obliga al aislamiento social y al confinamiento domiciliario -es decir, a contramano con ello-, es la educación escolar y universitaria, donde la metodología natural es congregar a un grupo de alumnos en el aula alrededor del profesor, y esas aulas conforman una entidad educativa, cualquiera sea el nivel, especialidad y grado de esa educación, desde el nido, hasta la propia universidad, llegando ciertamente al postgrado.

Lo mismo puede decirse con otras actividades sociales de masividad natural, como el cine, teatro, eventos deportivos, actuaciones artísticas, desfiles y tantas otras propias de una sociedad abierta.  Por otro lado, los domicilios son en verdad sitios de tránsito y reposo para la familia, y las actividades fuera del domicilio son las principales del ser en sociedad y las que ocupaban el mayor número de horas en el día. Nuestras casas no estaban preparadas para soportarnos a todos juntos las 24 horas del día por más de dos meses.

Ahora es al revés, y esto conlleva la necesidad de adaptarnos, aceptarlo a regañadientes y sobrellevarlo con mayor o menor tolerancia.  No todos somos iguales y no todos tenemos la misma resistencia y resiliencia.  Eso, sumado a la incertidumbre de la propia dinámica de la pandemia, donde casi a diario se dan  anuncios con tutoriales presidenciales de cómo lavarse las manos, ora optimistas, ora pesimistas (más la inevitable intoxicación informativa globalizada), cuando los trabajos, ingresos, salarios y pagos se han evaporado habiendo echado mano a los ahorros -los que tenían-, préstamos familiares o simplemente con cachuelos diarios so riesgo de contagio, se ha generado -naturalmente- mucho estrés convirtiendo a las familias en verdaderas ollas de presión que por algún lado deben desfogar.  Uno de esas válvulas ha sido el de la educación virtual y las pensiones escolares/universitarias.

Pertenezco a una generación de educación escolar/universitaria sin computadoras. Tampoco había celulares. Quien quería llamar debía esperar tiempo libre para usar el teléfono público por medio de un RIN, que es algo tan exótico de explicar como la extinción de los dinosaurios ya se daba en un contexto económico muy diferente al actual, de manera que sin entender aquello, no se alcanza a comprender por qué el teléfono público requería una ficha y no de monedas.

Dos años antes de acabar la universidad llegó la TV a color -y los controles remotos-, y solo leíamos textos escritos, sean libros, separatas o fotocopias. Luego llegaron las IBM de bolita que grababan una línea y, finalmente, las primeras PC con word perfect que hoy tendrían una lentitud y prestaciones inadmisibles. Todo esto, y sus antecedentes, parecen hoy salidos del Jurassic Park.  El internet, messenger, whatsapp y comunicación virtual en tiempo real eran solo ciencia ficción.

Sin embargo, con toda la tecnología que ahora disponemos, y con muchísimas herramientas que hacen adquirir conocimientos o comunicaciones en tiempo real, aún en grupos (webinar, zoom) y otras tecnologías, no podemos reemplazar al profesor en clase; y ningún profesor puede reemplazar a sus alumnos por una pantalla con voces remotas.  Eso, que era un complemento educativo, de pronto se ha convertido en la única herramienta para transmitir el conocimiento, para enseñar y aprender.  No hay de otra.

De un día para el otro hemos tenido que adaptarnos a regañadientes, tanto profesores como alumnos. Todavía falta saber si la metodología ha funcionado y si la educación virtual reemplaza con éxito a la presencial en toda su extensión, si los planes de estudio se cumplirán razonablemente, si el semestre o el año se han perdido, mediadamente perdido o si se han impuesto al confinamiento obligatorio. Esa es una conclusión pendiente de obtener, sobre todo en un medio que no estaba preparado, donde no todos tenemos acceso a un internet decente, a tantas computadoras en casa como se requieran para los estudiantes y los que a la vez deben hacer trabajo remoto.  Algunos alumnos hacen el esfuerzo de seguir la clase por celular, lo que sublima y angustia la tarea docente.

En este contexto los padres de familia se sienten injustificadamente estafados por colegios y universidades que están obligados a dar como puedan una educación virtual.  Comprimidos como están, olvidan -o no quieren recordar- que detrás del colegio/universidad también hay profesores, auxiliares y trabajadores -otros padres de familia igualmente afectados por la pandemia- que también dependen con gran angustia de la actividad educativa virtual.

([1]) Jurista. Profesor Principal PUCP