El Derecho Procesal Constitucional en el Perú constituye, como en la mayoría de los países iberoamericanos, una rama escindida casi al alimón del Derecho Procesal y del Derecho Constitucional, que se enfoca en la protección y defensa de la Constitución –control orgánico– y de los derechos fundamentales de las personas –jurisdicción de la libertad–. A través de esta especialidad, se regula la sistemática de los mecanismos y procedimientos judiciales destinados a garantizar la supremacía constitucional y la correcta interpretación de las normas constitucionales. Como se puede entender con facilidad, su sentido finalista es lograr –a través de cualquiera de los procesos orgánicos o de la libertad– la más apropiada y actualizada interpretación constitucional.