Los vaivenes del pretendido indulto para AFF es un verdadero parteaguas en la política nacional que ha divido al país en partes iguales: que abogan por el indulto –humanitario o no- y los que se niegan a aceptarlo alguno llamando a las calles a la protesta general. Desde la carta abierta de un artista plástico, hasta la comunes opiniones de comunicadores sociales. Desde el ruego de la familia (o la imposición, según se vea), pasando por los prematuros agradecimientos de júnior, hasta la cerrazón absoluta de quienes creen que lo correcto es que AFF entregue lo que le queda de vida al servicio de su prisión.
Es este crispado contexto, hasta se ha recordado al expresidente Leguía, muerto en prisión preventiva antes de que comparecer a su ajusticiamiento. PPK se encuentra en una encrucijada política: si concede el indulto, es posible que logre una mayor gobernabilidad, el abuenamiento con la mayoritaria bancada de oposición que le tiene a mal traer, recibiendo aire fresco para su alicaído gobierno. A contramano, se embroncará con el sector oenegero, los defensores de DDHH y con los medios de comunicación antifujimoristas. Se le irá la MINJUS.
Como ya se había previsto, tal indulto será judicialmente cuestionado, cuando no directamente acusado a la Corte Interamericana de DDHH señalándosele el ser una contravención a las sentencias de “La Cantuta” y “Barrios Altos”, de manera que el asunto llegaría, en una suerte de per saltum, directo y sin escalas al tribunal supranacional. Su resultado: pronóstico reservado, ya que nunca sabríamos cuál sería la posición final de la CIDDHH, sobre todo cuando el gobierno de AFF, y sus asesores, enemigos acérrimos de la CIDDHH. El riesgo sería que por sentencia judicial, o internacional, se anule el indulto y se ordene nuevamente el encarcelamiento del indultado, con el descrédito político del indultante. Pero si se alegase con inteligencia, tal vez la papeleta pueda ser salvada en la CIDDHH.
Chile recién ha autorizado el juzgamiento de AFF por delitos de lesa humanidad. Si eso es así: ¿Cómo pudo condenársele por esos delitos hace más de 10 años cuando tal autorización no existía?
La otra posibilidad –como lo habíamos adelantado- es que el gobierno haga la consulta a la propia CIDDHH, pues esa es una de sus competencias, sujetándose a lo que esta opine en forma vinculante: si dice que sí, será sí y todo el mundo acatará; y si dice no, pues será no, y estará fuera de las manos de PPK.
Esta dicotomía enfrenta, desde el punto de vista moral, entre lo justo en un Estado de derecho y la misericordia como intenso valor cristiano de compadecimiento con el dolor ajeno y su correlato en el perdón. Es una opción absoluta pues entre lo uno y la otra no hay punto medio.