El escándalo en que se halla inmersa gran parte de la clase política y empresarial peruana, cuyos alcances y fondos está aún por conocerse, ya se ha traído abajo a otro expresidente de la República.  La extradición de Alejando Toledo (ATM) es inexorable y, aunque el proceso no tiene la inmediatez que muchos quisieran –como ocurre  -por su propia naturaleza- con casi todos los procesos judiciales aquí y en todas partes- más temprano que tarde llegará a su agónico fin y veremos, en vivo y en directo, a un más desencajado y asustado expresidente de la Nación bajando esposado de un avión severamente flanqueado por policías de requisitorias para hacer su paseíllo entre la carceleta de la PNP, la carcetela de la Fiscalía de la Nación (FN), la carceleta del Poder Judicial (PJ) hasta llegar a las manos del INPE y ser depositado, por 18 meses cuando menos, bajo prisión preventiva para afrontar las investigaciones fiscales y judiciales que le ha sido abiertas.

Es curioso constatar que para la campaña del 2001, luego del Gobierno de Transición luego de la caída de Alberto Fujimori (AFF), el principal leitmotiv de ATM fue precisamente la lucha frontal contra la corrupción, el posicionarse en las antípodas del defenestrado AFF y todo el halo de corrupción con que concluyó su frustrado intento de un tercer periodo constitucional.

Uno podría decir, entonces, que las características de ATM y AFF eran harto diferentes.  Sin embargo, pasados tres lustres de aquello venimos a constatar que eran –son- más bien personalidades bastante afines.  En un caso el eslogan “honradez, tecnología y trabajo” no fue más que un lema político, pero vació de contenido, por lo menos en gran parte de su acepción. En el otro caso, la expresión “voy a luchar contyra la corrupción” no fue más que una coartada para enmascarar una conducta abiuertamente opuesta al signifcado de ese lema.

En un caso concurrienron tecnócratas, interesasdos y ayayeros que se compraron el pleito y que –aún hasta hoy- rinden pleitesía política a su legado.  En el optro, prontamente se vió literaklmenmte asaltado por conspicuos “técnicos” e “independientes” que hoy le hacen ascos a su gobierno, lo desconocen o con el mayor cuajo escriben contra ATM sin reconocer que trabajaoron con él, para él y que muchos de ellos juraron, de rodillas y contritos, diversos cargos y fajines, algunos de l cuales dupletearon entre el Ministerio de Justicia y la Cancillería, todo para cumplir lo que papá quería.

Procuradores ad hoc, bien rentados y nombrados a por el dedo sano y sagrado, los mismos que hoy desfilan pidiendo su cabeza y solazándose con su caso, ministros y funcionarios rodearon a los unos y los otros, incluyendo en ello a quien descaradamente ayudó a “destrabar” en la Contraloría General de la República una de las pobras objetadas, que se caracterizó por tener en ascuas al sano y sagrado con llegar hasta la vacancia presidencial por su dipsomanía, y demás layas, además por su notoria mitomanía incluyendo en ello el caso de Zaraí.  Tanto insistió que fue le dieron la cartera de justicia, sin ser jurista, y logó hacerse canciller por tan solo 2 días (algo que Torre Tagle le agradece a Carlos Ferrero).

En el otro caso, era evidente que desde el SIN lo tenían cooptado, condicionando muchas de las decisiones de Estado, desde el nombramiento a ministros y altos funcionarios, hasta temas de política exterior, comercio, economía, FFAA, FFPP, diplomacia, etc.

Esas vidas hoy son paralelas.  Tanto que lo más probable es que cuando ineluctablemente se produzca la extradición y entrega bajo custodia policial de ATM, el INPE tenga que habilitarle una reclusión especial –dada su investidura de expresidente de la República- nada menos que en la DIROES, al lado del otro connotado inquilino de esta prisión especial, nada menos que quien otrora fuera su opositor y la razón política de su triunfo en el 2001.

Entretanto qué hacemos con tanto fariseo moralizador y con tanto hipócrita que antes medró y se benefició del gobierno de ATM, y hoy calla a mil voces o, lo que es peor, se muestra con total impudicia como su verdugo o informal acusador en cuanto programa de radio o TV puede hacerlo.   Nada.  Ese es el Perú.  No hay nada más delicioso que las mieles del poder, la adulación (como país virreinal que somos por historia) al poderoso y ser parte de la cohorte del verdadero poder.  Quizás esa delicia solo sea comparable con el disfrute y solazo de muchos otros de hoy al ver en el suelo a quien antes adulaban o temían, a quien antes envidiaban o seguían; ver insultado y denostado a quien antes veneraban o respetaban.  El refrán “del árbol caído todos quieren hacer leña…” no existe por gusto, el ingenio popular lo ha rescatado del fondo del insondable alma humana.  De eso veremos mucho este año, que ya se despliega con todo su furor estival.

En medio de la expectativa, incertidumbre y escándalo que se ha generado con toda justicia y previsibilidad alrededor de graves casos de corrupción institucionalizada, alguno de ellos verdaderamente emblemáticos, se viene dando una sorda –y a veces estridente- pugna entre el Congreso, y su comisión investigadora y el Ministerio Público (MP), al punto que se ha deslizado la posibilidad –y amenaza-  de que los diferentes fiscales asignados a estos casos, empezando por el mismísimo Fiscal de la Nación, sean obligados a comparecer en el Congreso, bien sea de grado (con su aceptación) o de fuerza (siendo detenidos por la PNP y llevados debidamente esposados por la fuerza). Ni más ni menos.

El problema fundamental, haciendo abstracción de los intereses subalternos que pudieren existir para frustrar o entorpecer las investigaciones fiscales en la medida de los imprevisibles alcances políticos con el resultado de las pesquisas del Ministerio Público y del Poder Judicial, parece que en este caso el Congreso carece de toda razón constitucional y, antes bien, bajo el pretexto de investigar y tomar conocimiento de hechos de público interés para ejercer su labor de fiscalización, lo que está haciendo es interferir de manera grosera, bien sea por mal asesoramiento, bien sea por interés político o simplemente por ese afán de figuretismo que asola a nuestra actual clase política como un cáncer sin remedio.

La Constitución establece de manera absoluta la separación de poderes y la configuración de las potestades de los organismos constitucionales que ella misma ha diseñado. Así, al lado del Legislativo, del Ejecutivo y del Poder Judicial (PJ), la Constitución le reconoce plena autonomía funcional, administrativa e institucional a instituciones fundamentales para la nación como el caso del Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva, el Consejo de la Magistratura y, por supuesto, al MP.

El MP ha sido definido por la Constitución como un órgano autónomo presidido por el Fiscal de la Nación (FN) que tiene rango de Fiscal Supremo. Le corresponde llevar a cabo las investigaciones, tener a sus órdenes a la PNP, ejercer la titularidad de la acción penal, ser defensor de la legalidad y la representación de la sociedad en el proceso y llevar la carga de la prueba. Su Ley Orgánica –aprobada por el Congreso- es aún más enfática: “El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación”.

Resulta claro que una Comisión Investigadora del Congreso, que atiende denuncias ciudadanas o de los propios congresistas y asuntos de interés general debiera ser antecedente a las investigaciones del MP o a la judicialización del caso en el PJ, y nunca paralelo, concomitante o pretender superponerse a los organismos del Estado que son los únicos que tienen la legitimación del Estado de Derecho para poder acusar legítimamente y sancionar válidamente con autoridad de cosa juzgada: el MP y el PJ. Por lo tanto, el límite material de la competencia funcional de una Comisión Investigadora, cuyos integrantes gozan metiéndose en los vericuetos de cada investigación, y gozan más aun desfilando por la prensa dando cuenta de esas investigaciones o hallazgos, debiera ser el inicio de una investigación fiscal en forma, bien sea indagatoria o preparatoria, ya que ambas se hacen con el debido control judicial, por lo que dan lugar al antecedente de un proceso judicial que goza de autonomía, independencia y bajo la competencia de la autoridad fiscal o judicial que se trate, sin que ello sea permanente rebotado o tenga indebido eco en una comisión congresal. Con ello se altera el Estado de Derecho, el diseño constitucional y terminan obstruyendo, imposibilitando o alterando el resultado de una investigación del MP y su subsecuente proceso ante el PJ.

Por eso bien ha hecho el FN al anunciar al Congreso –incluso por escrito- que está constitucionalmente impedido de asistir para no violar la reserva de las investigaciones, el secreto profesional que les asiste en sus funciones y por la jerarquía que existe en el MP, que es paralela a la del PJ. Y muy bien ha hecho desautorizando que los fiscales de menor jerarquía, que tienen competencia en estos mega casos deban comparecer, haciendo cerrado espíritu de cuerpo alrededor de ellos.

Finalmente, la orden de grado o fuerza no podrá ser aplicada al FN ya que goza de inviolabilidad personal y el beneficio del antejuicio constitucional ante el mismísimo Congreso de la República. Pero nos resistimos a creer que los fiscales de inferior jerarquía, desprotegidos de esta prerrogativa, puedan ser llevados enmarrocados ante el Congreso, detenidos por la PNP que debe estar a sus órdenes, por el simple hecho de defender su autonomía funcional, su prolijo trabajo, sus investigaciones, la necesaria reserva de las mismas y la legitimidad de su resultado. Es una escena que jamás debiera verse en un Estado de Derecho y en una democracia constitucional que pretende ser funcional.

Ilustración de Revista VELAVERDE N° 195 Año 5, Lunes 6 de febrero de 2017