Lo ocurrido en el peaje del río Chillón y el levantamiento de las comunidades aledañas (ciertamente, gente de bajos recursos) es una radiografía de cómo están las entrañas de nuestra sociedad. Supuestamente, somos un país con un gran desarrollo económico en la región, tenemos alejado el fantasma de la inflación y postulamos a la platea hacia el primer mundo ante la OCDE. Y, sin embargo, el Estado es incapaz de poder proveernos de lo básico: seguridad, salud, infraestructura, educación y mejores condiciones de vida.

No existe seguridad en las calles, no se ven policías y —a menos que uno sea funcionario público privilegiado— de cuando en cuando aparece un desmayado patrullero normalmente sin gasolina ni ganas de hacer nada. Para ello se ha desarrollado el esquema por el cual la propia ciudadanía debe proveerse su propia seguridad (una forma de justicia autotutelar) por medio del llamado “serenazgo”, que no es otra cosa que una policía mocha autogestionada a nivel municipal que en el fondo es poco eficaz (carece de armas) y tiene un efecto más disuasivo que real. La gracia está en que, además de los impuestos, la propia ciudadanía debe pagar ese servicio “extra” de seguridad por medio de tasas que se cobra al mismo tiempo que los impuestos municipales. Es decir, cada ciudadano paga doble: los impuestos a un Estado ineficiente que no le protege y una tasa por el servicio municipal de seguridad conocido como “serenazgo”.

Es este mismo esquema —que revela una profunda desestructuración social— el que sirve de base al peaje del río Chillón (y a los de la mayoría, como es otro abusivo -en barrio más pudiente- de Separadora Industrial), ya que la exacción a los usuarios de una carretera nacional —como la Panamericana Norte— de pronto se ven asaltados por el propio Estado que, representado por una concesionaria privada, decide de la noche a la mañana cobrarle más de tres dólares por salir y entrar a su barrio o a su vivienda, encareciendo abruptamente su ya agravado costo de vida. Y con la plata de los ciudadanos es que la empresa privada (que invierte poco y recupera mucho)l eximiendo al Estado del gasto, va a hacer las mejoras en las pistas, la extensión de estas o la construcción de nuevas, como la ansiada autopista al centro del país, ya que Lima, la capital del Perú, solo tiene una magra y roñosa autopista de 10 km. hacia el este. Es decir, lo que no quiere gastar el Estado, y que tampoco invierte la empresa privada, es puesto sobre las espaladas de los pobladores. El problema —a diferencia de Separadora Industrial o de Bujama— es que esta vez hicieron tan mal sus cálculos que chocaron con el pueblo. Y el pueblo se levantó, protestó y reclamó hasta conseguir que la concesionaria y el Estado dieran marcha atrás. Esa es la fuerza que falta a los de Surco y La Molina para lograr lo propio.

Y así como ocurre en la seguridad o en la infraestructura vial, pasa lo mismo con todos los órdenes de la sociedad. Con la salud, la educación, el tránsito, etc. Si no se aborda esto de manera directa, por más que exista la iniciativa privada, el Estado será reemplazado por la exacción a sus ciudadanos con iniciativas privadas que se disfrazan de inversión, pero que no es otra cosa que un carrusel para hacer que el sufrido ciudadano termine pagando el doble y asumiendo el costo que le corresponde al Estado, dejando de paso pingües ganancias para las empresas que digitan estas iniciativas que, claramente, son un directo latrocinio. Una cosa es investir y hacer y presentar una autopista decente, con cuatro carriles por lado que nos lleve a la modernidad en cuanto a vías de acceso a la capital se refiere, que verdaderamente funcione, nueva, con vías alternas como la ley lo ordenada y que, luego de eso, con el peaje, se “recupere” la inversión con un razonable margen de ganancia, y otra muy diferente es que todo el pago sea cargado en las espaldas del pueblo bajo la edulcorada etiqueta de un “peaje”, cuando no pasa de ser un descarado robo por un servicio que no se brinda, ni se da, ni se ha hecho aún.

Por eso, esta descarada situación ya no podrá proliferar. A la gente no se le puede engañar todo el tiempo, sobre todo cuando se le toca el ya magro bolsillo. Es un esquema que no se sostiene y que no va a funcionar mientras no se haga como corresponde. El Estado, sus autoridades y la empresa privada ya deberían haber aprendido de los varios ejemplos de hartazgo y violencia que este proceder ha generado. Era más que obvio que esto podía pasar, tan obvio que el propio contrato lo preveía, cargándole las tintas —y el costo— a la Municipalidad de Lima. Sin duda, fue una “brillante” negociación que solo terminó afectando a quien se dice proteger y de quien se dice provenir: el pueblo.

Nuestra sociedad es ciertamente contradictoria. Nos quejamos de que las cárceles estén hacinadas, de que el Estado carezca de presupuesto para alimentar a todos los presos, nos llenamos de estudios para despenalizar el derecho, descriminalizar la sociedad y tratar de aminorar la población carcelaria para la que no tenemos plata ni lugar, pero al mismo tiempo asistimos a diario al circo de las detenciones, la parafernalia de las esposas y a la degradación de ver como a los ciudadanos son llevados, entre dos gorilas, engrilletados, con las cámaras y micros en la cara, casi sin poder caminar ni respirar. Le exigimos a la justicia y a la policía más y más detenciones, y nos atiborramos de noticieros matutinos con los detenidos del día como menú esencial para despertarnos.

A ello se le suma una sorda pugna entre procuradores y fiscales.  Siendo los primeros solo abogados del Estado, han adquirido por medio de la presión mediática un inusitado poder, contendiendo con los segundos en protagonismo e importancia; cuando son los segundos las únicas autoridades para el proceso penal que tendrán que protagonizar ante el juez de la causa.  Conforme a la Constitución, el fiscal es el titular de la acción penal, el dueño de la pelota, y las partes de un proceso -en teóricas condiciones de igualdad- son los acusados y los procuradores que representan al afectado, pero que no tienen bajo su cargo ni la punición ni la persecución del delito.

Es impresionante ver como procuradores que han sido designados, sin excepción, a dedo, se solacen exigiendo meritocracia y concursos para las otras plazas del Estado. Ver como ex procuradores, que fueron incluso designados por el mismo AFF en las postrimerías de su régimen, ahora son presuntos adalides de la lucha contra la corrupción.  Y más impresionante es ver como dos famosos procuradores, absolutamente figurettis y protagónicos, se jalan de las mechas ante cámaras chocándola para la salida y diciéndose mutuamente: yo soy más procurador(a) que tú!!!!

Tampoco deja de llamar la atención cómo un exfiscal superior, desaprobado por el Consejo Nacional de la Magistratura en el examen de conocimientos para su ascenso, siempre se presenta, sin empacho, como “fiscal supremo”, cargo y título que la nación nunca le confirió, que nunca ganó, ya que fue tan solo un fiscal superior suplente de fiscal supremo. Pero hay que verlo como se despacha, inclusive con deslealtad con los que fueron sus superiores, alegándose él ya no ya de la lucha anticorrupción. Piña PPK, te lo perdiste como ministro de justicia o “zar anticorrupción”.

De acuerdo con la legislación constitucional y legal, la regla general es asistir a un proceso judicial en libertad y, excepcionalmente, hacerlo desde una detención. ¿Por qué?  Porque constituye una garantía de la administración de justicia y un derecho fundamental el que toda persona, sin excepción, sea considerada inocente hasta que por sentencia final no sea condenado en debida forma como culpable. Y eso solo pude ocurrir, por lógica consecuencia, al final de un proceso y nunca al principio. Para romper la regla general, la ley establece requisitos taxativos que se deben de presentar para que la excepcionalidad funcione: que el delito imputado sea muy grave con un pronóstico de pena superior a los 4 años; que hayan antecedentes y reincidencia; que haya pronóstico de fuga o que haya evidencia cierta de que el procesado, desde su libertad, va a afectar a material probatorio obstruyendo a la justicia.

Hemos visto el caso de Burga, procesado por pedido de extradicción desde los EEUU, o el caso de Boza, detenido malamente hasta que fue liberado por el juzgado, ya que se demostró que afrontaría lealmente su proceso sin evadir a la justicia. Pero he aquí que fiscales y procuradores pugnan por lograr la detención de todas las personas para que sus jefes y la prensa les pongan una estrellita en la frente y demuestren ante los demás que son los más machos del barrio, los ya no ya…

Siempre se recuerda que a la caída del régimen fujimorista, los entonces procuradores ad-hoc, designados y contratados a dedo por el mismo AFF, presentaban grandes estadísticas de procesados en cárcel, como si fuera eso un gran mérito, cómo lograron que los jueces metieran a la cárcel a diversos ciudadanos por hechos que no eran delitos afectándose el principio de legalidad, o como forzaron interpretaciones analógicas para aplicar a particulares legislación prevista expresamente para funcionarios públicos, falsificando diversas teorías penales.

Hoy bajo esas mismas teorías se pretende engañar y forzar a que las personas jurídicas sean también responsables penalmente, cuando son entidades morales, ficciones jurídicas creadas por el derecho para facilitar el comercio y la libertad de asociación, ya que una persona jurídica sería ilegal si fuera creada para cometer delitos; ni existirían. Y sus directivos desvían su finalidad y, por su intermedio, cometen delitos, la persona jurídica sería la primera víctima, y no la victimaria, y sus directivos habrían actuado fuera de su mandato y fuera de sus estatutos, con lo cual la responsabilidad del sujeto individual que desvió deslealmente el ejercicio de su cargo, y no de esa entelequia que llamamos persona jurídica.

Esto, que es el ABC en el derecho societario o en el derecho civil, cuesta mucho de entender a algunos penalistas que importan tesis para poder extraer conclusiones francamente desopilantes solo para dar contento a la presión mediática del momento y para conculcar los principios esenciales del derecho punitivo y la legitimidad del Estado para perseguir a los verdaderos delincuentes por delitos comprobados conforme a ley, y no por la afiebrada mente del procurador o fiscal de turno pretendido ser “políticamente correctos”.