“Las uvas están verdes”: Con mucha razón Esopo describió, en una fábula, la explicación de la sonora frustración de quien no puede alcanzar algo y, piconazo, se torna a despreciar aquel objeto que ansiaba en su íntimo deseo. Precisamente eso ha pasado con un candidato a la presidencia, sistemáticamente ubicado con los pitufos, con menos del 2%, que anuncia con bombos que el proceso está viciado y que no se “puede prestar” a lo que considera un posible fraude.  En verdad, alguien engañó malamente al hijo de papá haciéndole creer con ser el outsider de esta campaña y que muy pronto estaría en la cresta de la ola directamente hacia el sillón de Pizarro.

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“Resolveremos con arreglo a ley y a la Constitución”: Es la frase cliché de los órganos jurisdiccionales para intentar explicar su comportamiento funcional, sobre todo cuando hay una justificada expectativa frente a un desenlace decisorio.  Pero, en la actual campaña, la camiseta le ha quedado grande al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)  frente a lo que el país espera.  Sobre todo su suertudo presidente.  Naif, frente a la aplicación de la ley, le echa la culpa al Congreso, abdicando de su función de interpretar la ley y la Constitución en forma definitoria en materia de justicia electoral. Luego aparece blandengue cuando se dirige al Ministerio Público solicitándole que, contra la ley, no cambie a un magistrado provisional, por uno titular, como corresponde, debido a las suspicacias generadas en la actual coyuntura electoral.

La apreciación general es de que este JNE no garantiza, a nadie, una verdadera justicia electoral que –como manda la Constitución- sea limpia y segura en un proceso electoral que terminará con la legítima designación del nuevo presidente de la República, así como del nuevo Congreso, para el próximo quinquenio, periodo en el que afrontaremos -nada menos- que el Bicentenario de la Independencia Nacional.

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“Las formas sobre el fondo”:  Frente a la decisión del JNE de confirmar la primera resolución de la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas (OROP), dejando fuera al candidato que araña el segundo lugar en las preferencias electorales, la polémica ha sido interminable y ha dado para todos los gustos.  Desde la aplicación irrestricta de la ley para todos, bajo el principio de igualdad, hasta la aplicación teleológica de la norma ponderando su finalidad en la interpretación del juez electoral.  Ha sido candoroso escuchar a un candidato a una curul en el Congreso sostener que, a diferencia del candidato tachado, los otros 18 partidos “han cumplido escrupulosamente con la ley”, cuando eso jamás ha ocurrido.  Para empezar, el partido de este buen señor ha tenido serias acusaciones de falsificación de firmas tan solo para inscribir al propio partido. Hace menos de dos meses un importante cuadro se le fue acusando ausencia de democracia interna en la designación de los candidatos al parlamento, con lo cual también estaría fuera de la ley.  Y así por el estilo, las mismas perlas, con todos los demás de este pelotón de candidatos presidenciales, la mayoría interesadamente aupados en tibios marsupios de alquiler, ya que los llamados “partidos políticos” –salvo uno por su antigüedad y evidente organización- distan mucho de ser propiamente tales y no pasan de ser clubes de patas entusiasmados, ensimismados y ambiciosos de poder, que se juntan a última hora, cafecito por medio, para tentar el ansiado gancho del outsider, la tinka electoral -para ser claros-, que los catapulte al premio mayor.

Por eso tanta informalidad y falta de cumplimiento de formas de casi todos.  Por qué la OROP, con su desorbitado y jadeante jefe a la cabeza, se puso tan exquisita con uno solo de los candidatos, aplicando una vara jurídica diferente y discutible.  Son cosas del Orinoco… En el ínterin, el sistema se debilita y entramos en un indefinido compás de espera: ¿Postulará? ¿No postulará? Si lo vetan, ¿A quién se irán esos votos?, ¿Me los llevaré yo?

Lo cierto es que, a diferencia de la justicia ordinaria, y aún la constitucional, la justicia electoral tiene en la Constitución un claro mandato teleológico ya que debe apreciar los hechos cuestionados “con criterio de conciencia” en función, precisamente, de aquello que sea mejor para los fines de la consolidación democrática, la certeza y transparencia de las elecciones y, sobre todo, el garantizar la legitimidad de su resultado.