El 28 de julio de 1963 Fernando Belaunde juramentó la presidencia de la república iniciando su primer gobierno (1963-1968). Lo hizo ante un Congreso dominado por una mayoría adversa a la que había ganado la carrera presidencial. Adquirió ese derecho en las elecciones generales de 9 de junio anterior –donde no votaron los analfabetos, ni aquellos entre 18 y 21 años, ni militares, ni policías- obteniendo un magro 39.1%, apenas un 6.6% del total de la población cifrada en casi 11’000,000 para entonces. Superó a Haya por escasos 4.7% y a Odría en 13.6%.

Con esas cifras no tenía mayoría en un Parlamento que dominaba la  férrea oposición y sus escasas alianzas no lograron superar la fragilidad congresal.  El resultado: lucha fratricida, censuras a ministros y gabinetes, ingobernabilidad y debilidad política que fueron el pretexto y coartada para el Golpe de Estado de 1968, impidiéndole cumplir los 6 años del mandato presidencial conforme a la Constitución de 1933.

La necesidad de una segunda vuelta en las elecciones presidenciales nace precisamente de la constatación anterior y la evidencia que un presidente no puede resultar bien elegido, ni tener solidez para gobernar, si no logra la adhesión de la mayoría de los electores. Por eso, precisamente, se prevé en las modernas constituciones -Argentina acaba de estrenar el balotaje-.  Para eso se pacta en la Carta Política que si los contendores presidenciales no obtienen la mitad más uno de los votos (mayoría absoluta), entonces no habrá ganador y deberá hacerse una segunda elección solo entre los dos primeros, uno de los cuales se alzará con el resultado que forzosamente obtendrá mayoría absoluta en el electorado luego del repechaje. A eso se le conoce en la ciencia política como el balotaje.

Nacido en Francia (de allí su nombre) en la mitad del Siglo XIX con la Tercera República, tuvo gran auge en el resto de Europa, cundiendo como modelo.  Pero quien fue su fervoroso partidario, imponiéndolo en la Constitución de 1958 que inauguró la V República Francesa, fue De Gaulle. Quizás impresionado por el desgobierno y fragilidad política de la IV República instaurada en la post guerra, durante la cual fue ingratamente postergado -pese a ser el vencedor de la Resistencia- su desquite llegaría cuando los fracasados políticos de la IV República le buscaron en su apacible retiro para que se haga cargo de las riendas de su zarandeada nación. Impuso condiciones, una nueva Constitución y se aseguró la elección por medio del sistema indirecto que luego reformó dando paso a la elección directa que rige hoy, con un mandato de 7 años (de los más longevos del mundo), generando una necesaria fortaleza al nuevo gobierno por medio de una esencial legitimidad. Esa es la clave del balotaje impuesto inicialmente para la Asamblea Nacional –logrando una mayoría legitima en el Congreso- extendiéndola a la presidencia con la reforma constitucional de 1962, con lo cual el sistema se consolidó y se volvió modélico al dotar de legitimidad al presidente que así resulte electo, evitándose que se le elija con un escueto 35% con el rechazo de más del doble del electorado.

Nuestra Constitución de 1979(D) instauró el balotaje por primera vez en el Perú para la elección del presidente de la república, con la finalidad de otorgarle  legitimidad al necesariamente lograr la adhesión de la mayoría absoluta del electorado, reforzando –al mismo tiempo- la solidez institucional del nuevo gobierno. Y sí que ha dado resultado, conforme a las experiencias vividas desde 1990.

En el balotaje es usual que el segundo voltee al primero de la primera vuelta. Normalmente, al primer finalista le resulta más difícil hacer alianzas y lograr la adhesión de los votos de quienes se quedaron fuera del partidor para la segunda vuelta y de los indecisos. Suele darse el “Síndrome Pacheco”, aquel maratonista peruano del último panamericano que punteó toda la carrera hasta el kilometro final, llevando en la nuca al cubano Pérez para, en el rush final, ceder paso quedando relegado al triste consuelo del segundo lugar. Es la estrategia básica: pasar la valla de la primera vuelta y, en la segunda vuelta,  hacer de la cosa otro cantar ya que el balotaje tiende a favorecer al segundo antes que el primero. A tener en cuenta.

En la historia de humanidad, la evolución del hombre (y de la mujer) data de muy antiguo. Desde el “homo hábilis” que pobló la tierra hace 2’000,000 de años, hasta el “homo sapiens” que apareció entre 40,000 y 25,000 años a.c., pasando en el intermedio por el “homo erectus” y el “homo de Neanderthal”, denominaciones asignadas a estos “homínidos”.

Desde esa perspectiva la evolución de la humanidad en la era cristina es nada: poco más de 2000 años. Desde la historia antigua (800 años a.c.) hasta el esplendor romano 200 años d.c., pasando por el medioevo, el oscurantismo, la ilustración hasta llegar a la era moderna con la concreción del Estado de Derecho a finales del Siglo XVIII, las grandes revoluciones libertarias, el proceso de industrialización, la modernización de la economía y el imparable avance tecnológico alcanzado en los inicios del Siglo XXI que nos ha llevado a avances científicos impensables,  enviando al hombre (y la mujer) de la era moderna fuera de los confines de la tierra lanzándolos hacia el espacio interestelar.

Se tiende a pensar que ese progreso, que lleva de la mano un mayor desarrollo cultural, cívico y democrático, también debería haber logrado la necesaria evolución del alma humana a fin de contenerse frente a tropelías sin nombre, al abuso, la muerte del enemigo, la eliminación de inocentes como forma de demostración de poder, o sencillamente de quien –sin ser enemigo- no comulga con el asesino, o por sólo imponer la fuerza, un dios, una nación, una frontera o un descarriado ideal que hace creer al criminal tener una posición mental de superioridad sobre sus víctimas.

No es un tema de cultura, de educación ni de desarrollo cívico. Desterremos el maniqueísmo de pensar que la vesanía humana es privativa de los pueblos subdesarrollados, atrasados, incultos o pobres.  Lamentablemente no es así y, existencia de malvados, abusivos o sádicos cortan horizontalmente la existencia de la humanidad pululando en todos los lares y de toda laya.

¿Cómo explicar, sino, los horrores de los campos de concentración y los millones de víctimas inocentes –niños, mujeres y ancianos- gaseados en la mitad del Siglo XX por alemanes provenientes de una de las sociedades más cultas de Europa con estándares muy exigentes en su educación? ¿Cómo entender que hermanos, familiares, amigos y vecinos se matasen unos a otros en la Guerra Civil española por el sólo hecho de que el conflicto trazó, de la noche a la mañana, una línea divisora entre los unos y los otros? ¿Cómo comprender que en Argentina, Chile o Uruguay la represión indiscriminada contra la subversión propiciara secuestros, muerte y desaparición de miles de personas, muchos de ellos conocidos o familiares de los verdugos? ¿Cómo aceptar que Sendero aniquilara pueblos enteros del ande para imponer su ideología basada en el terror? ¿Y cómo explicar que sociedades desarrolladas y modernas se vean prontamente asaltadas por turbas, desmanes, muertes y latrocinios ante una catástrofe en Nueva  Orleans o ante una huelga de su policía en Nueva York o Los Angeles, donde bastó la ausencia de control y de sanción -que impone el derecho para los crímenes- para que ciudadanos pacíficos -hasta el día anterior modelos de civilidad-  sacaran sus armas  dando rienda suelta a sus atávicos temores, frustraciones y fanátismos frente a sus pacíficos vecinos, echando por delante lo que –los estudiosos del alma- llaman “el impulso de dominio” que lleva al ser humano al delicioso y peligroso ejercicio del poder sin límites.

Causar el sufrimiento del otro, su desdicha o su muerte por el solo prurito de poderlo hacer o en nombre de un descarriado ideal produce en algunos un insondable placer que nos pone muy lejos de nuestra esencia humana. Y es curioso porque la humanidad ha logrado muestras excelsas en el arte, en todas sus dimensiones, creaciones culturales y arquitectónicas que evidencian un alma depurada y una especial sensibilidad del espíritu que e, precisamente, lo que nos  distingue de los animales irracionales.

Sin embargo no todo nuestro espíritu ha evolucionado de modo uniforme y, a pesar del desarrollo alcanzado, en la escala de la evolución humana aún mantenemos serios rezagos que, día a día, nos acercan más a los homínidos, evidenciado que aún estamos muy lejos de haber logrado una verdadera evolución del alma humana.

Una vez más las relaciones con Chile se han tensado.  El origen de este soterrado, pero evidente, enfrentamiento es la disputa sobre la soberanía del denominado “triangulo terrestre” en el extremo de la frontera, precisamente allí donde está delimitada el inicio de la frontera.

La verdad es que en la historia de las relaciones entre el Perú y Chile las tensiones territoriales siempre han jalonado nuestro azaroso y trágico destino común.  Estamos condenados a convivir a punta de contenciosos, siempre generados por Chile a contra el Perú.  Desde la tragedia de una cruenta guerra, con despojo territorial, cobro de indemnizaciones, muerte y destrucción, pasando por haber destruído la economía del Perú generando un atraso de casi 30 años, hasta la ocupación de nuestra nación por más de tres años.  Durante la ocupación, en Lima, se izó la bandera chilena y sus tropas desfilaron por nuestras calles.  Como los nazis en París de la Francia ocupada durante la II Guerra  mundial, saqueos y ese crimen de lesa humanidad que fue el incendio de la biblioteca nacional luego de vaciar cuanto estante pudieron.

Sin embargo, hoy más que nunca, mantenemos con Chile intensas relaciones comerciales y empresariales.  Mientras sus afiebrados  políticos y militares siguen desarrollando hipótesis bélicas contra el Perú, sus empresarios nos ven como un potencial mercado en el que desarrollan pingues ganancias.  Mientras los halcones de su diplomacia nos amenazan de modo directo (“no vamos a tener una tímida respuesta en defensa de nuestro territorio…”), seguimos hablando de “hermandad”, “buenos vecinos” y grandes inversiones, de las que esperan –ley en la economía- incrementar sus capitales –“retorno” en la jerga económica”-  a costa del bolsillo de los peruanos.  Evidentemente es una clara contradicción y en eso deberíamos revalorar nuestra política económica con Chile hasta tanto todos, absolutamente todos, los contenciosos hayan sido efectivamente superados.

Y es que la política chilena hacia el Perú ha tenido siempre esa metodología: se ha desarrollado a punta de contenciosos.  Ese es el leit motiv de su diplomacia.  Ese camino fue señalado por Diego Portales en el Siglo XIX y se ha cumplido con escrupulosidad. A Chile no le conviene dejar de tener  reclamos hacia el Perú. Nunca dejarán de tenerlos.  Pero, al mismo tiempo, apuntan hacia nuestra energía (gas), hacia nuestras riquezas naturales y hacia un intenso intercambio comercial.  Una paradoja que nos perjudica.

No queda duda que en la artificialidad del impasse por el “triángulo terrestre”  Chile carece de absoluta razón y fue creado por la diplomacia chilena del Presidente Piñera para aminorar en Santiago el adverso impacto de la sentencia de la Corte de la Haya en la delimitación marítima, por la cual, por primera vez en su historia, Chile retrocedió sus líneas hacia el sur, en lo que había sido un permanente avance histórico hacia el norte, a costa del Perú.

La creación del Distrito de “La Yarada-Los Palos” (Ley 30358) se ajusta perfectamente al Tratado de 1929 con que se zanjó (¿para siempre?) la delimitación territorial con Chile, disponiéndose el retorno de Tacna a seno nacional y sentenciándose la irremisible pérdida de Arica, ya que Chile jamás quiso cumplir el Tratado de Ancón de 1883 al fin de la Guerra del Pacífico.  En el Tratado de 1929 se pactó claramente que la frontera terrestre entre Chile y Perú quedó establecida en un punto marcado a 10 Kms.  al norte del puente sobre el Río Lluta, en el arco formado donde el mar termina y empieza la tierra, punto que recibió el eufemístico nombre de “Concordia”.  La creación artificial del “triangulo terrestre” obvia eso y fija arbitrariamente ese inicio en el hoy denominado Hito No. 1, ubicado a 256 mts. tierra adentro.  Al omitir el arco, generando una paralela, se da nacimiento a este malhadado “triángulo terrestre” de  32,000 m2 que es, ahora, la nueva manzana de la discordia.

Debemos revisar intensamente nuestra verdadera relación con Chile.  Mientras todos los temas territoriales, políticos y de buena vecindad no queden verdaderamente zanjados para siempre, pongamos en la congeladora las demás relaciones comerciales y empresariales en las que servimos de apetitoso mercado.  Sinceremos nuestra verdadera relación, ya que es evidente que la política de las “cuerdas separadas” no ha resultado beneficiosa para el Perú.

A principios del Siglo XX subsistía en el Perú rezagos del fuero eclesiástico, donde las leyes canónicas -de la Iglesia Católica- se anteponían a las leyes del Estado cuando se trataba de juzgar -no solo por infracción a las leyes de la iglesia, sino a las leyes civiles y criminales- a sus clérigos de cualquiera jerarquía.

Con la Carta de 1933 la separación entre el Estado y la Iglesia Católica fue mucho más clara. En años previos se había aprobado leyes de secularización del matrimonio civil, registro civil (de nacimientos y matrimonios) y divorcio vincular. Hoy no queda duda que el Perú es un Estado secular, aunque la Constitución siga proclamando, dentro del Capítulo “Del Estado, la Nación y el Territorio”,  en su Art. 50° que: “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas”.

Significa que estamos dentro de un Estado laico, que la católica es una confesión opcional que convive con otras y que no tiene más valor que el moral para quienes la profesan. La fe católica es enteramente voluntaria, separada de las leyes del Estado, que subsiste con otras confesiones igualmente respetadas por el Estado, aunque su énfasis esté en la católica por ser mayoritaria y por su aporte a la formación histórica y cultural del Perú, tanto colonial como republicano.

El “fuero eclesiástico” fue defendido por los canonistas, donde todas las causas civiles y penales contra los ministros cristianos eran competencia de los jueces eclesiásticos, excluyendo a los jueces ordinarios de la república. Explicaron que no les resultaba justo que los sacerdotes, que tenían la misión de juzgar a sus fieles, sean a su vez juzgados por estos, con menoscabo del respeto que debían merecer los representantes de Cristo en la tierra encargados de señalar el camino de la salvación. El Concilio de Macón dijo: “Sería indecoroso que los sacerdotes fueran sometidos al juicio de los seculares a quienes administran la Eucaristía y los demás sacramentos”.

Hace varios lustros que la Iglesia Católica soporta diversas acusaciones, urbi et orbi, por diferentes formas de abuso sexual contra los fieles que se acercaron con fe a quienes predicaban la palabra del Señor y debían ser ejemplo de vida, sobre todo con gravísimas agresiones a menores.

Quizás movidos por la historia del fuero eclesiástico y la vergüenza del escándalo, recién los más altos dignatarios de la Iglesia han reconocido que la primera respuesta no fue la más apropiada. El silencio, la sordidez de la tapadera, el solo alejamiento del abusador fueron sus principales reacciones. Pero los abusos sexuales son, además de pecados capitales según la ley de Cristo, delitos muy graves contenidos en el Código Penal que es aplicable –sin excepción- a todos los ciudadanos, dentro de los cuales hoy están, sin ninguna duda, los clérigos y ministros de la Iglesia Católica, cualquiera sea su jerarquía o denominación, en la medida en que las leyes canónicas de la Iglesia no tienen validez jurídica dentro de la sociedad civil, ni en el Estado de Derecho, sino sólo vigencia moral para quienes abrazan la fe cristiana.

Pero el abuso sexual, en particular la pedofilia, es un grave delito contra seres obnubilados o engañados por falsos profetas, que usan con alevosía la fe cristiana, su autoridad moral y, en muchos casos, la edad de los fieles, como instrumento de depravaciones arruinando la vida a sus víctimas con permanente secuela psicológica.  En estos casos no estaremos sólo frente a un pecado capital contra la Iglesia, ni se trata sólo de seres descarriados del sendero cristiano cuyo castigo deban purgar con abstinencia, alejamiento, expulsión o excomunión, como son los castigos de la iglesia.  Estamos, antes que nada, frente a verdaderos delincuentes que deben ser juzgados con las leyes del Estado que castigan con especial rigor esas conductas, precisamente por su gravedad. Lo que se debe imponer –además de la penitencia eclesial- es la ley penal del Estado que empieza por la obligada denuncia por notitia críminis o denuncia de parte al Ministerio Público (titular de la acción penal según la Constitución), la imputación ante un juez penal, el procesamiento público por un tribunal de justicia y la privación de la libertad por el plazo de ley a ser cumplida en una prisión estatal para quien sea culpable. Como ocurre a diario con cualquier ciudadano infractor.  Ni más ni menos.

Fue precisamente Cristo quien nos enseñó que los deberes con la fe van de la mano con los deberes ciudadanos cuando apostilló: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22, 21).

Artículo publicado en el diario El Comercio el 13/11/2015

Ilustración tomada de El Comercio (Giovanni Tazza)

http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/al-cesar-lo-que-cesar-anibal-quiroga-leon-noticia-1855782?flsm=1

Como resulta obvio, ya se ha dado la largada de la carrera electoral del 2016 hacia la meta representada por el sillón presidencial y, como en la alegoría animada que  presta el título, los diversos candidatos –que representan opciones y posibilidades muy diversas- corren desesperadamente atacándose inmisericordemente los unos a los otros, con muy variado armamento y munición, desde las acusaciones de transfuguismo, las deslealtades, los roedores, los acomodos y conveniencias, hasta las acusaciones fiscales, penales y constitucionales por doquier, pretendiendo bajarse la llanta y ponerse cabes, los unos a los otros. ¿Fair play? Nada, eso es para los perdedores…

Candidatos abundan. Alguna vez se dijo que en el Perú hay gran facilidad para fabricar candidatos presidenciales. Todo mono con cabeza cree que puede llegar a la presidencia de la república. Y, de algún modo, la historia y la realidad política alientan esos sueños de opio. En los ’90 el fujimorismo legó a la clase política la enseñanza que, un desconocido, sin preparación ni clase ni raza política, podía alzarse con el premio mayor, arrebatando al establishment, al empresariado y a la mayoría de los medios de comunicación, derrotando a un prestigiado novelista que –luego de esa debacle- ganaría el nobel, pero en literatura, no precisamente en política.

Para lograrlo, bastaba estar en el momento y lugar oportuno a fin de que la ansiada ola de popularidad llevase en su cresta al ganador en un surfeo electoral directo hasta palacio de gobierno. Fue la imagen del no partido, del no programa, de la improvisación y del candidato que se hizo de la mayoría en un tsunami electoral, del que luego el país pagaría la factura. Luego de eso, todos –de uno u otro modo- han querido emular a Fujimori, y se han posicionado en el rompiente pretendiendo montar en la ola ganadora. Pero, en este corsi e recorsi las historias nunca se repiten y nadie más ganó la tinka electoral.

Tenemos los candidatos grandes: la heredera de Fujimori, cuyo mayor activo es la herencia de papá y el recuerdo en su electorado de la añorada gestión de papi. Si fuera Keiko Pérez carecería de toda opción. Luego está PPK, la versión andina del Tío Sam, también arropado por el empresariado y la mayoría de los medios, aceptado por clase política que, siendo importante, no deja de ser una elite en términos del colegio electoral. Será muy difícil que el mayoritario electorado provinciano, sobre todo el progresista del sur, extienda su voto a quien perciben como un gringo empresario exponente del capitalismo yanqui. Su pasaporte y la partida de nacimiento también conspirarán en su contra. El APRA, que no deja de ser un partido organizado pese a su magra representación congresal, apuesta con toda fuerza al segundo lugar pasando al ballotage, donde daría el batacazo alzándose con la victoria final en la segunda vuelta. Llevan a su indiscutible carta  ganadora ya en dos oportunidades,  bajo el axioma de no cambiar lo que ya ha demostrado eficacia y triunfo.

Los demás correlones son como pequeñas comparsas, con más entusiasmo que posibilidad alguna, y que sólo animarán la fiesta dándole un toque folklórico.  Entre ellos, el del partido de gobierno con una cara más presentable que el anterior, pero no necesariamente más popular -y las elecciones se ganan con votos, no con bonitos rostros-.

¿Cuál será el desenlace en la meta? Nadie lo sabe a ciencia cierta, ni los gurúes en comunicación que asesoran a los candidatos, cuales personal trainers, con un abultado presupuesto, como es de rigor.  Pero, sea cual sea este, hay tres ideas que deben estar al margen de toda discusión, discrepancia o duda: (i) Deben haber elecciones limpias y transparentes, que recojan la verdadera voluntad popular, debidamente auditadas por la ONPE, el JNE y los organismos internacionales; (ii) Se reconocerá como legítimo sucesor presidencial al legítimo ganador electoral, sea en primera vuelta, sea en segunda; y, (iii) Habrá una transferencia democrática  -la cuarta sucesiva en 20 años de alternancia constitucional- que el 28 de julio transfiera la banda presidencial al legítimo electo. Ni un minuto antes, ni un minuto después.

Los abogados cumplen una función social al servicio de la justicia y del derecho.  Son servidores y colaboradores esenciales de la justicia y de los magistrados, en general. Al menos, eso dice la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Su actuación -en el Estado de derecho y ante la sociedad- legitima toda actuación de las autoridades (judiciales, parlamentarias, constitucionales, administrativas, arbitrales, policiales, militares, etc.), ya sea como defensor, asesor, ilustrador o informador.  Inclusive como acusador ya que, al fin de cuentas, fiscales y procuradores son también abogados.

No podrá reputarse como debido un proceso del Estado –en cualquiera de sus manifestaciones- si sus partes no tengan un abogado de su libre elección. También lo dice la Constitución, y el Pacto de San José, como un derecho fundamental y una garantía constitucional de la administración de justicia, en general.

Es evidente que en los últimos tiempos la función del abogado ha decaído muchísimo, por muy variadas razones.  Desde la nula participación gremial en la sociedad, pasando por el escaso control deontológico que se ejerce sobre la abogacía, hasta la proliferación de facultades de derecho que gradúan con poca calidad profesional.  Y eso se nota día a día, cuando los pilares básicos y esenciales del derecho son desconocidos, olvidados o, simplemente, ignorados por ausencia de una bibliografía básica en la formación del abogado.

Pero también las autoridades contribuyen al desprestigio y baja estima social de abogado.  El problema es que esas autoridades olvidan que –antes que autoridades- son también abogados y que gracias a ese título han llegado a ser autoridades.  Una paradoja.

Una prueba de ello es la reciente malhadada disposición en el Palacio de Justicia, que desde hace unas semanas, impide a los abogados ingresar por la puerta principal. Members only… Luego de 80 años de haber si inaugurado, y de haber permitido que abogados y magistrados ingresen por la misma puerta, ahora el abogado debe entrar por la puerta de atrás, ya que el acceso principal ha sido reservado, cancerbero de por medio, para “magistrados y autoridades”.  Una clara alegoría –en la hora actual- del descrédito de la abogacía ante la justicia.  ¿Y el Colegio de Abogados?  Bien gracias, muy ocupado en sus fratricidas luchas, cada vez más irresolubles.

La Corte Suprema, a través de su Consejo Ejecutivo, no se queda atrás y con la RA No. 025-2012-CE-PJ “exhorta” a los jueces del país a exigir –compulsivamente- a los abogados a presentar una “constancia de habilitación” emitida por un Colegio de Abogados.  Es decir, ya no es suficiente estar graduado, ni tener título, ni tampoco estar colegiado; ahora en cada juicio el abogado debe demostrar que es abogado, entregando una certificación, lo que es ilegal ya que va contra la ley de simplificación administrativa y el principio de la buena fe. Y, de pasadita, incrementa indebidamente las arcas de los Colegios de Abogados (encareciendo el proceso, a expensas del cliente).

Este descrédito también ocurre en la actividad privada. En una institución creada para la autorregulación de la prensa, una vez se procesó a dos periodistas. Estos, ante la eventualidad de ser sancionado, acreditaron a su abogado defensor quien formuló sus alegatos.  Cuando pidió ser escuchado antes de la resolución, le dijeron que no, que ellos eran una entidad ética, y que no le daban cabida a la defensa legal (¿?).  En otra ocasión un afanoso procurador ad hoc (abogado designado a dedo) recibió la solicitud de un defensor para poder exponer los argumentos de su defendido a quien éste públicamente acusaba.  Recibió la negativa por respuesta, “ya que no tenía obligación de escucharlo, porque -según él- eso era para el juez…” Es decir, podría acusarlo, podía sindicarlo como delincuente, podía exigir una pena de cárcel, pero no podía perder su valiosísimo tiempo escuchando a un defensor que por escrito había solicitado ser escuchado como simple colaborador de la justicia.

Sin embargo, una y otro ignoraron la esencia de la defensa y lo básico de la ley. Desde 1992 el Art. 293° de LOPJ dice: “El abogado tiene derecho a defender o prestar asesoramiento a sus patrocinados ante las autoridades judiciales, parlamentarias, políticas, administrativas, policiales y militares y ante las entidades o corporaciones de derecho privado y ninguna autoridad puede impedir este ejercicio, bajo responsabilidad”.