Tomo el título de una colaboración magistral de Abelardo Sánchez León (“En las rocas”) que define bastante bien ciertos aspectos del alma humana en la sociedad actual.

El dijo: “El hombre duro no es bruto, terco o insensible. Ha asumido, porque el destino así se lo exige, un papel que debe llevar adelante aunque le rompa el alma, le cueste su felicidad y se tenga que tragar todas sus lágrimas.  Los hombre duros lloran, pero en seco.  Se guardan sus sentimientos.  Su rostro puede adquirir un tono pétreo y su voz carecer de los altos y de los bajos en la modulación, pero debe mantenerse leal al papel que el destino le ha obligado a asumir. Por nada del mundo titubea, trastabillea o tartamudea.  El hombre duro tiene un gran corazón.  Un corazón que le golpea el pecho como el martillo.  Se considera así mismo fuerte, y su eventual vulnerabilidad la matiza con una tierna sonrisa.  Ha entendido que la dureza no es otra cosa que dolor.  Que su papel no le permite zafarse o dar un paso hacia atrás.  Los hombres duros no pueden flaquear.  Miran hacia delante con una enorme tristeza”.

En la vida toca a veces enfrentar las cosas con el alma dura que tan bien  describe.  Como cuando hay que plantar cara a la traición de un amigo, a la deslealtad de un colega, a la simple maledicencia envidiosa, o cuando los pesares provengan de lo que en su origen fue una familia.

La vida académica no está exenta de estos pesares.  Parece pacífica, y hasta bucólica, pero también enfrentará antagonismos, celos, rivalidades amiguismos y pretericiones.  Habrá quienes hagan de su círculo de influencia una collerita de la que siempre estarán rodeados. Otros, traicionando juramentos e invocaciones, pondrán por delante sus afanes ideológicos por sobre el ecumenismo o la democracia frente a los que no piensa o sienten como él la realidad que nos rodea.  No faltarán quienes hablen de la libertad de pensamiento y de crítica, pero montarán en cólera y reprimirán de modo vil toda posición que no concuerde con la suya.  Inconsecuencia, que le dicen…

En la vida profesional la lucha es bastante más encarnizada.  Desde soportar las envidias y maleteos de quienes no conocemos, hasta las leyendas urbanas que se irán tejiendo del modo más verosímil posible, al punto que pasarán a ser parte de la realidad. Lealtades que se pierden, impostaciones en la adulación interesada, hasta las falsas humildades que no serán otra cosa que una grosera soberbia disfrazada.  Pero el súmmum llegará con aquellos –que no faltan- que en verdad se consideren a sí mismos como lo máximo, el ya no ya, como la versión rediviva de los más grandes profesionales de la historia.  En el mundo del derecho, siempre querrán ser una suerte de Kelsen, pero en versión andina…

En la política la situación es más dramática.  Hay que tener cuero de chancho y correa de estibador.  Es una fauna donde la lealtad y la consecuencia será tan escaza como el buen comportamiento en el tráfico limeño.  El transfuguismo, edulcorado de autenticidad principista, la puñalada trapera y la traición descarada serán moneda diaria. Ayer levantaban en hombros al líder, hoy se le insulta, denuesta y acusa.  Es patético ver a quienes de rodillas juramentaron ante su líder, luego le traicionan y abandonan del modo más descarado posible, mostrándose como eximios de la política y ejemplo de lo que debe ser la clase política.

La competencia por los cargos es fratricida y hay muchos que hipotecarían hasta a su madre con tal de llegar a la presidencia de alguna institución, por el boato que ello trae, moto, liebre y seguridad, y el hecho de sentirse presidente de algo, que sólo legará a la posteridad una fotito en una fría pared de una burocrática institución.

El hombre duro deberá transitar en medio de ello, procurando decir siempre su verdad aunque duela, a pesar de que no se le quiera oír, aunque le cueste popularidad, halago fácil y el destierro de la soledad intelectual.  Llorará en seco, sufrirá y pasará penurias afectivas, pero siempre plantará la cara hacia el futuro, como bien dice Sánchez León, con una profunda tristeza.

Hemos sido testigos de una nueva forma inquisitorial que se ha puesto de moda en los últimos tiempos: una nueva Comisión Investigadora que, con el pretexto de llegar a la verdad sobre lo encargado por el Congreso, involucra misma a diestra y siniestra, llegando al extremo de indagar entre las sábanas de los investigados para dejar debida constancia en acta de presuntos devaneos y extravíos amatorios.

La lucha política se ha trasladado a los estrados judiciales y fiscales, y cuando no funcionan allí al imperar el respeto a la Constitución y al derecho, regresa en forma de comisión investigadora en donde, paradójicamente, serán nada menos que los adversarios políticos los que funjan de severos jueces indagando por aquí y acullá y, apenas crean obtener algo, correrán de inmediato –como los autos locos, montándose uno sobre el otro- a los medios para dar a conocer la primicia, la ultimita, el dato, la pepa ganando cuanta cámara sea posible.

Y entonces las comisiones investigadoras serán caja de resonancia política. Se escudan en que no juzgan, en que no acusan, que no son ni el Poder Judicial ni Fiscales, pero se superponen inconstitucionalmente a expedientes abiertos por las mismas razones y sobre las mismas personas ante el Poder Judicial y en la Fiscalía, imputando, acusando y sentenciando a quienes investigan por diversos delitos, delitos que significan –sin ambages- decir que sus imputados son nada menos que “delincuentes”, solicitando para ellos carcelería que el Código Penal preveé –precisamente- para los delincuentes.  Entonces, en verdad son jueces políticos que pueden llevar, sin ton ni son, por simple pugna e interés político, a sufrir una carcelería por el mero hecho de ser adversario político.

Por eso tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Tribunal Constitucional, en sendas sentencias, ha reiterado la exigencia del debido proceso aún en los juicios políticos del Congreso y, por cierto, ante sus comisiones investigadoras, conforme lo ordena la Constitución.  Mucha gente se llama a rebato cuando se exige el respeto al debido proceso, pero eso es precisamente lo que da legitimidad constitucional a ese juicio político o a esa comisión investigadora, diferenciándolos de la pura arbitrariedad o de la mera persecución política.

Y la primera regla que exige el debido proceso, desde los albores del proceso heterocompositivo como forma de juzgamiento en que un tercero define la suerte de su prójimo, es la imparcialidad, virtud claramente ausente en la actuación de las últimas comisiones investigadoras.  Se ha llegado al extremo, en un caso, en que el propio agraviado, víctima del investigado, es parte de la comisión.  Es como si quien ha sido atacado, robado o violado fuese después el juez del victimario…

Pero, y ya se dijo, el objetivo político no es otro que el Presidente y lo que representa. Como no se le puede atacar directamente por la inmunidad concedida por la Constitución, se ataca a su entorno que carece de ese privilegio. Cuando se pregunta, especula o indaga acerca de las supuestas veleidades amatorias de una esposa, se está diciendo –de modo mondo y lirondo- que es el cónyuge quien ha sido adornado con aquello que se achaca a todo marido engañado.  Ni más, ni menos. ¿Parece, acaso, apropiado a un año de las elecciones? ¿Resulta razonable, a la luz de la seriedad que debe representar una comisión investigadora, atacar así la persona del Presidente de la República?

Dicen que no acusan. Espetan que no se debe tener terror a sentarse en el banquillo inquisidor de una comisión investigadora donde congresistas hacen las veces de severos jueces togados.  Repiten que con ello no se ofende, ni se denigra, y que quien no nada tiene que ocultar debería estar feliz de asistir ante una comisión investigadora que persigue adversarios políticos.  Buen, en fin…  Se podría parafrasear una lastimera copla andaluza que dice: “Si te dicen que no son tristes las despedidas, dile a quien te lo dijo que empiece por despedirse…”.  En este caso se podría decir: “Si te dicen que no afecta el honor ni la dignidad el que te imputen delitos ante una comisión investigadora, dile a quien te lo dijo que empiece a sentar a su esposa, a su hermano o el mismo ante una…”

Con la retoma exitosa de la Embajada de Japón se puso fin al inhumano cautiverio de más de 4 meses para 72 inocentes de la insania terrorista, y se contabilizaron 3 víctimas entre los buenos: dos oficiales que ofrendaron su vida por los rehenes, y uno de éstos, Carlos Ernesto Giusti, joven y reciente Magistrado de  la Corte Suprema.

El cálculo es que se producirían del 20% al 40% de bajas entre los rehenes.  Los militares tampoco sabían si sobrevivirían.  Por eso, todos tenían una carta de despedida que sólo sería leída si su vida acababa en la Embajada. Los rehenes, advertidos en el último momento del rescate, fueron presa del pavor ya que ninguno podía asegurar, salvar la vida.  Los terroristas amenazaba diariamente asesinarlos si se intentaba el rescate, y luego harían volarla la Embajada.

Los Magistrados estaban hacinados en un solo cuarto.  Por más que se les dijo que se tiraran al piso a la primera explosión, su inexperiencia en lides militares les mal aconsejó que se metieran en el clóset, resguardado por una frágil puerta de madera.  Se embutieron los que pudieron, entre ellos Giusti y, los que no cupieron, se guarecieron debajo de la cama.

Nomás al inicio de la refriega todo se oscureció y el humo ennegrecido dificultaba la visión, sintiendo que las paredes quemaban por las explosiones.  Tito Un terrorista trató de cumplir la amenaza e ingresó violetamente descargando dos ráfagas en diagonal, una hacia la pared y la otra en el malhadado clóset hiriendo a tres, uno de los cuales recibió tres impactos que no fueron de necesidad mortal. Para su mal sino, a Giusti le rebotó una esquirla que justo le seccionó la femoral, empezando a desangrarse.  Ay! se quejó,  sintiendo que algo le quemaba la pierna, pero pensó que era una herida menor.   Siendo hipertenso, en situación de stress y con una hemorragia incontenible empezó a debilitarse y cuando se les dio la orden de correr en fila india, enrumbaron hacia la libertad por un túnel, saliendo todos menos Giusti, quien se desplomó nomás al llegar a la salida.  Sus colegas, también heridos, no prestaron atención hasta ese momento en medio de la refriega y oscuridad, hasta que le vieron caer pesadamente, para nunca más volver a levantarse.

Por más esfuerzos que hizo el médico militar por auxiliarle, rápidamente fue llevado al hospital, llegando sin vida.  En un primer momento AFF, mal informado,  gritó a los cuatro vientos que todos los rehenes habían sido rescatados con vida.  El gobierno rápidamente propuso al Congreso la Ley 26779  que le declaró “Mártir de la Civilidad y Héroe de la Democracia y de la Justicia”, disponiendo para sus deudos una indemnización que jamás llegó y que jamás recibieron, hasta hoy, al cabo de 18 años.  Por expresa indicación de Carlos Ernesto, su viuda buscó a uno de los dos abogados que le había indicado en una de las cartas escritas desde su prisión.  Iniciaron una peregrinación política y judicial en la que nunca fueron atendidos.  Plantearon una Acción de Cumplimiento, garantía constitucional rápida y eficaz, según la Constitución, y con preferencia en su trámite según el proceso constitucional.  Lamentablemente cayeron en manos del 37° Juzgado Civil, a cargo de un joven e inexperto juez José Manuel Gonzales López, quien tardó más de tres años en sentenciar, allí donde la ley señala 4 meses.  Por más que se le quejó, por más que la OCMA intervino y por más que casi lloró y pidiendo disculpas por su inexcusable demora, no lo hizo oportunamente y, al final, desestimó la demanda de a pesar de que la ley del Congreso era clara e ineludible.  Este juez nunca supo quién había sido Giusti y no tenía idea de su liderazgo en un Poder Judicial en que tuvo un deplorable comportamiento.

Los amigos de Carlos Ernesto encargaron a un famoso artista famoso, a su costo, un busto de él, para que –con justicia- fuese instalado en el Palacio de Justicia.  Como el Cid, Giusti , ya muerto, imponía miedo y celos entre sus colegas vivos, por lo que el busto estuvo arrinconado en los almacenes por más de dos años.  La presión pública hizo que se desempolvara y, finalmente, en una deslucida y casi privada ceremonia, fue instalado en los pasillos de la OCMA, y no en la entrada principal como lo merece.  Esa es parte de nuestra histórica ingratitud y mezquindad, que tanto nos caracteriza.

A raíz del reciente fallo adverso de la Corte Interamericana (CIDDHH) en el caso Comandos Chavín de Huantar,  nuevamente el tema se ha puesto en el tapete, produciéndose comentarios de uno y otro lado, sobre todo de los responsables de la defensa del Estado tratando de hacer pasar un elefante por el ojo de una aguja, al enfatizar con afán -digno de mejor causa- que la sentencia ha sido favorable al Perú.

Si bien la sentencia no ha sido terriblemente adversa, ha sido adversa.  El hecho de que la CIDDHH no haya fijado dinero como pago a los terroristas, ha señalado que la sentencia es, per se, una reparación. Ha determinado que el Estado ha causado daño a los terroristas que tomaron la Embajada de Japón y que por ello existe la necesidad de establecer una reparación, al margen de que sea en dinero, monumento, flores o publicación.  Solo repara el agresor y es reparada la víctima.  El mundo al revés: quienes invadieron la Embajada de Japón y secuestraron a más de 70 rehenes por más de cuatros meses (civiles inocentes que han sufrido severas secuelas que nadie ha recordado) resultan, para la CIDDHH, las víctimas; en tanto que quienes arriesgaron su vida para poner fin a un acto ilícito, que causó tanto dolor y muerte, resultan siendo los agresores

Ha resultado candoroso ver a diversas autoridades tratando de explicar que este fallo adverso, no es adverso.  O, en todo caso, no es tan adverso…  Bueno, es cuestión de leer la sentencia y, sobre todo, su parte resolutiva en que, entre otras cosas, las Corte se reserva el derecho de auditar su debido cumplimento por el Perú, y que en un año el Perú debe rendirle cuenta exacta de su debido cumplimento.  ¿Hemos ganado?

No vamos a mejorar nuestra posición ante la CIDDHH si es que no llegamos a entender su accionar y sus procedimientos, sobre todo su carácter adversarial tan diferente al funcionamiento de nuestros tribunales.  Pero, sobre todo, si el Estado no cumple con acreditar ante la CIDDHH una defensa apropiada, dejando de enviar funcionarios de segundo nivel que poco saben de cómo ejercer su mejor defensa, o no improvisar con Letrados sin experiencia en el litigio ante el sistema interamericano –y aún en el litigio interno- como ocurrió en la última fase del caso Comandos Chavín de Huantar cuya defensa fue encomendada, con grave irresponsabilidad, al actual Premier.  Al final dejó el caso por lo que mejor sabe hacer, la política menuda, cediendo la posta a defensores sin trayectoria ni prestigio.  ¿Cómo se pretendía ganar así?  En eso las ONG’s llevan clara ventaja con su mayor experiencia, conocimiento y preparación.

Pero en medio de declaraciones triunfalistas cruzadas, del desconocimiento del carácter heroico de los Comandos Chavín de Huantar, en que los responsables de la defensa del Estado se jalonean la sentencia de la CIDDHH con las ONG’s, tirando cada uno para su lado, ha pasado desapercibido y ha sido olvidado el sacrificio del único rehén asesinado por los terroristas en la retoma de la Embajada de Japón: el Magistrado Supremo Carlos Giusti, a quien nadie –con ese mezquino olvido que tan bien nos caracteriza- ha recordado en esta ocasión.

Llegado a la Corte Suprema a los 52 años, se perfilaba de lejos como su futuro presidente.  Su liderazgo y preparación era mayor el de sus colegas sobrevivientes, alguno de los cuales ha llegado a presidir la Corte Suprema, sin el brillo y trascendencia que Carlos Ernesto le hubiese dado si la muerte no le hubiese sorprendido tan trágica como prematuramente.  El Estado, el perdedor ante la CIDDHH, se limitó en 1997 a expedir la Ley 26779  que pomposamente le declaró “Mártir de la Civilidad y Héroe de la Democracia y de la Justicia”, disponiendo en favor de sus deudos de una indemnización que jamás llegó y que éstos jamás recibieron.  Desde entonces -hasta el 2011- todos los Primeros Ministros y los Ministros de Justicia fueron advertidos de esta clamorosa omisión, pero nadie hizo nada por su debido cumplimiento.  ¿Y qué dice la parte resolutiva de la sentencia de la CIDDHH en el caso Chavín de Huantar sobre el –ese sí- cruel asesinato de Carlos Giusti? Nada.