Abuso de autoridad en la función pública: El caso ‘Lady Profeco’ en México

En 2013, Andrea Benítez buscaba con ansias una mesa en el restaurante de moda Máximo Bistrot, ubicado en la colonia Roma, un barrio de clase media-alta en el Distrito Federal de México. No podía esperar su turno en la lista. Se sentía privilegiada. Su padre, Humberto Benítez, era el director de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), institución encargada de defender los derechos de los clientes. Después de desahogarse en Twitter -“pésimo servicio”-, Andrea, conocida como ahora “Lady Profeco”, no tuvo más alternativa: llamó a unos funcionarios de la Profeco que clausuraron el negocio.

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El berriche de la señorita tuvo como consecuencia el cierre del establecimiento de comidas de una manera muy arbitraria. Sin embargo, el impacto de las redes sociales frente a la prepotencia y el abuso dieron a conocer esta situación que indignó a muchos ciudadanos.

Investigaciones posteriores en este caso tuvieron como consecuencia la separación definitiva de 4 y suspensión temporal de 3 funcionarios. Así, la Secretaría de la Función Pública (SFP) recomendó a la Profeco las sanciones correspondientes por lo que consideró un caso de abuso de autoridad y aprovechamiento de las instituciones por parte de la hija del hoy ex procurador y los funcionarios sancionados.

Posteriormente, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer la destitución del entonces titular de la Profeco, Humberto Benítez Treviño, por orden del presidente Enrique Peña Nieto, siendo nombrado en su reemplazo Alfredo Castillo Cervantes.

Los funcionarios despedidos de la Profeco e inhabilitados para ejercer cargos públicos por un año fueron el subprocurador de Verificación, el director general de Verificación y Vigilancia y el jefe de departamento de Verificación de Normas Oficiales Mexicanas de la Profeco.

Enseñanza: Todos los funcionarios públicos que tienen una responsabilidad en el gobierno, además de cumplir sus funciones dentro del marco de la Ley, están obligados a desempeñarlas con absoluto profesionalismo y ética.

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El Poder Ejecutivo promulgó la Ley del Servicio Civil

La norma, que reordenará el sistema público, será implementada en seis años. Su aprobación ha generado marchas y protestas en Lima y ciudades del interior del país

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El Ejecutivo promulgó este jueves 4 de julio la Ley del Servicio Civil, que fue aprobada el martes en el pleno del Congreso en medio de protestas en Lima y ciudades del interior del país.

La ministra de Trabajo, Nancy Laos, sostuvo que la norma otorga beneficios tangibles a los trabajadores públicos y negó que esta tenga como finalidad generar una ola de despidos.

En esa línea, explicó que los trabajadores del régimen CAS (Contrato Administrativo por Servicios) podrán acceder a dos gratificaciones por año en función a su sueldo y la posibilidad de contar con la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Dijo que si bien la incorporación de las entidades a la carrera de servicio civil es voluntaria, señaló estar convencida que ningún trabajador desaprovechará las oportunidades que ofrece la nueva norma.

Además, explicó que la ley será implementada en las instituciones del Estado en un plazo de seis meses.

Tras su promulgación, el Gobierno tiene un plazo de 180 días para elaborar el reglamento de la Ley del Servicio Civil.

La norma lleva la rúbrica del presidente Ollanta Humala y del primer ministro, Juan Jiménez Mayor.

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