Negociación. Imagen: https://www.diariodelexportador.com/2017/04/introduccion-la-negociacion.html
El Pleno del Congreso aprobó en primera votación y exoneró de la segunda el dictamen que propone aprobar una Ley de negociación colectiva en el sector estatal, esto con el objetivo de que los trabajadores puedan negociar con el Estado sus incrementos salariales.
El dictamen -que recoge iniciativas de los partidos Alianza para el Progreso, Frente Amplio, Acción Popular y Fuerza Popular- propone derogar el Decreto Legislativo 1442, que creaba la planilla única de pago del sector público, el cual, según los miembros del Legislativo, bloquea, restringe y suspende la negociación colectiva en el Estado.
El proyecto fue aprobado casi a las 11:00 p.m. del jueves 18 de octubre con 63 votos a favor, cero en contra y 7 abstenciones. Luego de ser sometidas a voto varias otras iniciativas legislativas, fue exonerada de la segunda votación faltando unos minutos para el cierre de la sesión.
POSTURA DEL EJECUTIVO
El dictamen estuvo en la agenda del Pleno del Congreso durante varias semanas, por lo que fue debatido en diversas ocasiones en mesas de trabajo. En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó reiteradas veces que tal decreto no regula la negociación colectiva.
“(El decreto) resulta aplicable a las acciones en materia remunerativa que unilateralmente pudieran desarrollar las entidades a partir de su vigencia y en adelante y no afecta en modo alguno los derechos otorgados mediante normas legales con rango de ley, que vienen percibiendo los trabajadores, ni tiene relación con la negociación colectiva en el sector público, lo que será materia de una ley distinta, de acuerdo con el mandato del TC”, explicó en un comunicado publicado.
El titular del MEF, Carlos Oliva, reiteró durante estos debates que la negociación colectiva será regulada vía proyecto de ley, para ser debatido y aprobado por el Congreso.
LA CONTRAPROPUESTA
La ley aprobada se contrapone al Decreto Legislativo Nº 1442, derogado hace unas semanas. Este tenía por objeto establecer disposiciones sobre la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos a fin de contribuir a la asignación y utilización eficiente de los fondos públicos destinados a los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público. Se buscaba tener claro cuánto gana cada trabajador del Estado y que el MEF sea quien lidere este esfuerzo.
Con ello, se buscaba garantizar la transparencia, legalidad, eficiencia, eficacia, sostenibilidad y responsabilidad fiscal, a fin de contar con información confiable sobre la inversión del Estado en los ingresos de personal –remuneraciones y pensiones– en el sector público, sin afectar los derechos de los trabajadores.
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