Macri modifica por decreto la Ley de Medios

El Gobierno argentino modificó hoy a través de un decreto la Ley de Medios aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Mauricio Macri, presidente de Argentina. Imagen: DW

Mauricio Macri, presidente de Argentina. Imagen: DW

El Gobierno argentino modificó el lunes (4.1.2016) a través de un decreto la Ley de Medios aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), disolvió organismos regulatorios y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), pese a que un juez había dictado una medida para frenar cambios.

El decreto firmado por el presidente Mauricio Macri fue publicado ayer en el Boletín Oficial, pero con fecha 29 de diciembre, antes del fallo judicial en su contra. El juez de La Plata Luis Arias dictó el 30 de diciembre una medida precautelar que frena el decreto que modifica la ley de servicios de comunicación audiovisual y la fusión de entes regulatorios que había sido anunciado horas antes por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, antes de su publicación, pero su resolución debe ser ratificada por la Justicia Federal.

La norma difundida el lunes dispuso la creación de una comisión para elaborar el proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de la ley de servicios de comunicación audiovisual y la ley Argentina Digital.

“Circunstancia excepcional”

Según el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, “la crítica situación del sector de las telecomunicaciones y los medios” determina, entre otras cosas, “la imperiosa necesidad de efectuar la reorganización y modificación normativa proyectada, configurando una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.

En respuesta a las críticas por apelar a un decreto, el Gobierno sostuvo que “esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida”.

El objetivo del Gobierno que aún no lleva un mes en funciones es impulsar la convergencia tecnológica entre medios y telecomunicaciones, caracterizada por la competencia entre diversas tecnologías en los servicios de video, telefonía -voz- y banda ancha -internet-.

En este contexto, consideró que “entra en crisis el régimen de regulación económica sectorial preexistente, con regulaciones y reguladores separados para las empresas de medios, por un lado, y para las telecomunicaciones, por el otro” ya que “puede generar una dispersión de criterios en su aplicación, produciendo así no sólo ineficiencias y distorsiones sino también inseguridad jurídica”.

Planes de Macri “buscarían beneficiar al grupo Clarín”

Los críticos del plan de Macri sostienen que el cambio en las regulaciones buscaría beneficiar a los grupos de medios obligados a desprenderse de numerosas licencias por la ley de medios aprobada por el Congreso durante el kirchnerismo, entre ellos el Grupo Clarín.

El decreto cambia el artículo 41 de la ley de medios que restringía la venta de medios audiovisuales, algo que ahora se permite, y facilita la integración de cadenas privadas de radio y televisión, lo que hasta ahora estaba muy restringido, precisó el diario “La Nación”. Tampoco habrá topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable, que hasta ahora era de 24, que además pasarán a regirse por la ley de telecomunicaciones.

Además, se eliminan las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable y radio y TV abierta; y los actuales licenciatarios de TV y radio podrán pedir la extensión del plazo de licencia por 10 años, sin importar cuándo sea su fecha de vencimiento actual.

Según la abogada Graciana Peñafort, una de las autoras de la ley de medios, el decreto de Macri viola la ley por varias razones, entre ellas por crear un organismo descentralizado, cuando para ello es necesario que se aprobado por el Congreso. “El esquema no cumple los estándares internacionales en libertad de expresión”, sostuvo Peñafort en su cuenta de Twitter.

“Más concentración, más oligopolios, menos controles estatales, menos federalismo, menos participación ciudadana, incumplimiento de leyes. Incumplimiento de orden judicial, adulteración de fecha en documento publico, delitos varios”, aseveró la experta.

En: DW

Informe sobre el desarrollo mundial 2015 aborda los temas de la mente, la sociedad y la conducta

Desde el trabajo fundacional de Adam Smith ([1759, 1776] 1976), los economistas han analizado los elementos psicológicos y sociales que influyen en las decisiones humanas. John Maynard Keynes reconoció “la ilusión monetaria” (la tendencia a pensar en el dinero en términos nominales y no reales) y la usó en la solución que propuso para el desempleo. También reconoció que muchas de nuestras inversiones de largo plazo reflejan “espíritus animales” (intuiciones y emociones), no un cálculo frío. Gunnar Myrdal fue un estudioso del estancamiento cultural. Herbert Simon y F. A. Hayek basaron gran parte de su trabajo en el reconocimiento de que las personas solo pueden procesar un cúmulo determinado de información cada vez y no son capaces de sopesar cuidadosamente los costos y los beneficios de todos los posibles resultados de sus decisiones. Albert Hirschman sostuvo que es útil recordar que las personas tienen motivos complejos, y valoran la cooperación y la lealtad.

Sin embargo, durante gran parte del siglo XX, a través del trabajo de Paul Samuelson y de muchos otros, surgió un movimiento progresivo hacia el rechazo de los elementos hedonísticos, introspectivos y psicológicos (Samuelson, 1938, página 344). Milton Friedman, en su famoso ensayo titulado La metodología de la economía positiva (1953), y otros académicos durante la década de 1950 argumentaron de manera convincente, a partir de las evidencias disponibles en ese momento, que los economistas podían ignorar sin temor a equivocarse los factores psicoló- gicos al realizar predicciones sobre los resultados del mercado. El actor económico individual podía entenderse como un agente desapasionado, racional y centrado puramente en su propio interés, puesto que quien no se comportara de ese modo sería expulsado del mercado por los que sí lo hacían. Los supuestos acerca del cálculo perfecto y de las preferencias fijas y completamente centradas en el propio interés de los modelos económicos convencionales se convirtieron en creencias que se daban por sentado en muchos círculos.

Los últimos 30 años de investigaciones sobre los procesos de toma de decisiones realizadas en diversas ciencias sociales y conductuales han llevado a los economistas a una etapa en la que miden y formalizan aquellos aspectos psicológicos y sociales de las decisiones que muchos de los estudiosos fundacionales de la economía consideraban importantes. La labor empírica muestra que cuando las personas toman decisiones, no tienen en cuenta todos los costos y los beneficios. Quieren cumplir con las expectativas sociales. Sus gustos no son invariables ni varían de manera arbitraria. Sus preferencias dependen del contexto en el que se ponen en juego y de las instituciones sociales que han formado los marcos interpretativos a través de los cuales ven el mundo (Basu, 2010; Fehr y Hoff, 2011).

La economía, de este modo, ha cerrado el círculo y regresado al punto de partida. Después de una tregua de unos 40 años, se está reinventando una economía asentada en una comprensión más realista de los seres humanos. Pero esta vez, se basa en un importante cúmulo de pruebas empíricas: evidencias de nivel micro extraídas de diversas disciplinas de las ciencias sociales y del comportamiento. La mente, a diferencia de una computadora, es psicológica, no lógica; maleable, no fija. Sin duda es racional abordar problemas idénticos de forma idéntica, pero a menudo la gente no lo hace; sus elecciones cambian cuando se modifican las opciones predeterminadas o el orden de las alternativas. Para interpretar experiencias y tomar decisiones, las personas utilizan modelos mentales que dependen de la situación y de la cultura. En este informe se muestra que, si se analiza la conducta humana desde una perspectiva más interdisciplinaria, se puede mejorar el poder predictivo de la economía y generar nuevas herramientas para las políticas de desarrollo.

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En: Panorama General Mente, sociedad y conducta. 2015 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial

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El Gobierno español aprobará sus medidas anticorrupción y la reforma del Código Penal este viernes

Aquí y allá: en un país por muchas medidas que se tomen, si no cambia el modo de comportarse de la gente no pasará nada, no es cuestión de medidas sino de actitud. Eso es más ADN público que otra cosa. La noticia es interesante y demuestra que es una situación que se presenta en todos lados.

Asimismo, la Ley de Transparencia será sujeta a modificaciones por el financiamiento de los partidos políticos.

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Mariano Rajoy y Vicepresidenta española Soraya Saenz de Santamaría

 

El Consejo de Ministros tramitará este viernes el informe con las medidas que el Gobierno pretende poner en marcha para hacer frente a la corrupción y que espera consensuar con los grupos, y aprobará los proyectos de ley de reforma del Código Penal y del sector eléctrico.

La reunión del Gabinete estará presidida por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y a ella asistirán todos sus miembros excepto la titular de Fomento, Ana Pastor, quien se encuentra de viaje oficial en Panamá.

El informe para la regeneración democrática, redactado por la comisión de expertos creada al efecto, incluye unas cuarenta iniciativas contra la corrupción que conllevan la modificación de diez leyes y responde al anuncio realizado por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, en el último debate sobre el estado de la nación.

El Gobierno prevé una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que dotará de más medios al Tribunal de Cuentas para desarrollar su labor y regulará la gestión de los tesoreros de los partidos.

Además, habrá una ley reguladora del ejercicio de las funciones públicas que creará un Estatuto del Cargo Público que regule el ejercicio y las funciones de los políticos y que incluirá un control de sus declaraciones patrimoniales.

También se pretende una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los procedimientos y, con ello, la persecución de los delitos de corrupción, y una ley de Contratos del Sector Público para introducir mayores controles en la contratación con la administración pública.

El Gobierno ha emplazado a la oposición a negociar estas medidas y espera que el PSOE rectifique su negativa a llegar a acuerdos con el Ejecutivo.

Reforma del Código Penal
Algunas de las iniciativas para la regeneración democrática, como el endurecimiento de las penas por corrupción y la creación de un nuevo delito de financiación ilegal de partidos, estarán incluidas en el proyecto de ley de Código Penal que también está previsto que hoy apruebe el Consejo de Ministros.

Pero esta reforma implica modificaciones más allá del ámbito de la corrupción, como el agravamiento de las penas por provocar incendios forestales y el establecimiento de la figura de la prisión permanente revisable.

Esta nueva pena podrá ser impuesta únicamente en supuestos como asesinatos especialmente graves, homicidio del jefe del Estado o de su heredero o de jefes de Estado extranjeros, y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad.

La prisión permanente revisable no supone la renuncia a la reinserción del penado, según el Ministerio de Justicia, ya que una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal deberá valorar de nuevo las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal.

También se prevé que el nuevo Código Penal aumente las penas por piratería y que la edad mínima del consentimiento sexual quede fijada en 16 años (actualmente está en los 13).

Proyecto de ley del sector eléctrico
Además, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley del sector eléctrico, que incluye un ajuste de 4.500 millones de euros.

La disminución de esa cantidad provendrá de un ajuste de 2.700 millones de euros procedentes de la reducción de costes de las actividades reguladas (transporte, distribución y retribución a las renovables), 900 millones se fijarán en los próximos presupuestos generales del Estado y otros 900 provendrán de los peajes.

El Gobierno aprobará igualmente hoy la tarjeta sanitaria única individual e interoperable, que permitirá la identificación del paciente en todo el territorio nacional, según acordaron en su día el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

En: rtve

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