Proyecto de Ley del Poder Judicical: Precisan labor jurisdiccional de los auxiliares de justicia

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Para precisar la naturaleza jurisdiccional de las labores que realizan los auxiliares de la administración de justicia y oficializar la incorporación de los cargos de especialista, asistente y técnico dentro de la carrera auxiliar jurisdiccional, el Poder Judicial presentó una propuesta legislativa que modifica su ley orgánica.

El objeto de la iniciativa, presentado al Congreso, es aclarar ante los usuarios de la administración de justicia y demás operadores jurídicos que los cargos de secretario, relator, oficial auxiliar de justicia, individualmente, ostentan carácter jurisdiccional.

De ahí que se reconocen tres cargos: el especialista, el asistente y el técnico jurisdiccional, que en la práctica están ejerciendo funciones y que, en consecuencia, deberían ser incorporados dentro del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por tanto, de aprobarse la propuesta, la carrera auxiliar jurisdiccional comprendería los grados de secretarios y relatores jurisdiccionales de salas supremas y superiores, y secretarios de juzgados especializados o mixtos y de paz letrados. También los grados de especialistas jurisdiccionales y de oficiales auxiliares de justicia, tanto asistentes como técnicos jurisdiccionales.

Requisitos

De acuerdo con la iniciativa, para acceder al cargo de relator o secretario jurisdiccional de sala de la Corte Suprema se requerirá ser abogado y ser mayor de 25 años. Haber servido también en forma ininterrumpida durante más de dos años, como relator o secretario jurisdiccional de sala de una corte superior, o haber ejercido la abogacía o docencia universitaria en disciplina jurídica por tres años.

Los secretarios y relatores jurisdiccionales de sala serían abogados nombrados, previo concurso, por el consejo ejecutivo distrital correspondiente.

Los primeros se encargarían de refrendar las resoluciones en el día que se expidan y autorizarían las actas de comparendos. Los segundos tendrían como una de sus funciones escribir las resoluciones que expida la sala pertinente.

Para ser especialista jurisdiccional de juzgado especializado o mixto o de paz letrado se requeriría ser mayor de 24 años; además de abogado con dos años de experiencia. Su función sería coordinar con el juez los casos en que se soliciten entrevistas y programar su agenda.

Estudios de derecho

Para acceder al cargo de asistente jurisdiccional se exigirá estudios universitarios mínimos en octavo ciclo o cuarto año de derecho. Entre sus atribuciones, igualmente, figuraría apoyar al secretario judicial en la confección de cédulas de notificaciones.

El acceso al cargo de técnico jurisdiccional demandará estudios secundarios completos, con conocimientos en archivo y bibliotecología.

Sus funciones serían formar los cuadernos de incidentes, elaborar oficios y exhortos por indicación del especialista jurisdiccional y facilitar los expedientes a los litigantes y abogados en la sala de lectura.

Peritos

En el proyecto de ley se precisa que los peritos jurisdiccionales deben reunir los requisitos que exigen las leyes procesales. Además, demostrar conducta intachable y figurar en la nómina de personas idóneas para ejercer el cargo que deben remitir los colegios profesionales o las instituciones representativas de cada profesión anualmente a la corte superior del distrito judicial correspondiente.

Directrices

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial regularía la organización de las secretarías jurisdiccionales de juzgado, fijaría el número, obligaciones especiales y reglamentaría su funcionamiento.

os secretarios jurisdiccionales de juzgado serían nombrados por concurso por el consejo ejecutivo distrital correspondiente.

No podrían ser secretarios ni especialistas jurisdiccionales de juzgado quienes tengan parentesco con el juez, con otro secretario y/o especialista jurisdiccional, o con oficiales auxiliares de justicia, refiere el proyecto de ley.

En: elperuano

El Gobierno español aprobará sus medidas anticorrupción y la reforma del Código Penal este viernes

Aquí y allá: en un país por muchas medidas que se tomen, si no cambia el modo de comportarse de la gente no pasará nada, no es cuestión de medidas sino de actitud. Eso es más ADN público que otra cosa. La noticia es interesante y demuestra que es una situación que se presenta en todos lados.

Asimismo, la Ley de Transparencia será sujeta a modificaciones por el financiamiento de los partidos políticos.

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Mariano Rajoy y Vicepresidenta española Soraya Saenz de Santamaría

 

El Consejo de Ministros tramitará este viernes el informe con las medidas que el Gobierno pretende poner en marcha para hacer frente a la corrupción y que espera consensuar con los grupos, y aprobará los proyectos de ley de reforma del Código Penal y del sector eléctrico.

La reunión del Gabinete estará presidida por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y a ella asistirán todos sus miembros excepto la titular de Fomento, Ana Pastor, quien se encuentra de viaje oficial en Panamá.

El informe para la regeneración democrática, redactado por la comisión de expertos creada al efecto, incluye unas cuarenta iniciativas contra la corrupción que conllevan la modificación de diez leyes y responde al anuncio realizado por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, en el último debate sobre el estado de la nación.

El Gobierno prevé una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que dotará de más medios al Tribunal de Cuentas para desarrollar su labor y regulará la gestión de los tesoreros de los partidos.

Además, habrá una ley reguladora del ejercicio de las funciones públicas que creará un Estatuto del Cargo Público que regule el ejercicio y las funciones de los políticos y que incluirá un control de sus declaraciones patrimoniales.

También se pretende una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los procedimientos y, con ello, la persecución de los delitos de corrupción, y una ley de Contratos del Sector Público para introducir mayores controles en la contratación con la administración pública.

El Gobierno ha emplazado a la oposición a negociar estas medidas y espera que el PSOE rectifique su negativa a llegar a acuerdos con el Ejecutivo.

Reforma del Código Penal
Algunas de las iniciativas para la regeneración democrática, como el endurecimiento de las penas por corrupción y la creación de un nuevo delito de financiación ilegal de partidos, estarán incluidas en el proyecto de ley de Código Penal que también está previsto que hoy apruebe el Consejo de Ministros.

Pero esta reforma implica modificaciones más allá del ámbito de la corrupción, como el agravamiento de las penas por provocar incendios forestales y el establecimiento de la figura de la prisión permanente revisable.

Esta nueva pena podrá ser impuesta únicamente en supuestos como asesinatos especialmente graves, homicidio del jefe del Estado o de su heredero o de jefes de Estado extranjeros, y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad.

La prisión permanente revisable no supone la renuncia a la reinserción del penado, según el Ministerio de Justicia, ya que una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal deberá valorar de nuevo las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal.

También se prevé que el nuevo Código Penal aumente las penas por piratería y que la edad mínima del consentimiento sexual quede fijada en 16 años (actualmente está en los 13).

Proyecto de ley del sector eléctrico
Además, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley del sector eléctrico, que incluye un ajuste de 4.500 millones de euros.

La disminución de esa cantidad provendrá de un ajuste de 2.700 millones de euros procedentes de la reducción de costes de las actividades reguladas (transporte, distribución y retribución a las renovables), 900 millones se fijarán en los próximos presupuestos generales del Estado y otros 900 provendrán de los peajes.

El Gobierno aprobará igualmente hoy la tarjeta sanitaria única individual e interoperable, que permitirá la identificación del paciente en todo el territorio nacional, según acordaron en su día el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

En: rtve

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